ANALISIS POLITICO

análisis político
No. 9 ENE/ABR 1990

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS Y
RELACIONES INTERNACIONALES (IEPRI)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA


TABLA DE CONTENIDO

ESTUDIOS

La paz en la administración Barco: de la rehabilitación social a la negociación políticaANA MARÍA BEJARANO SANDOVAL

Elementos para una fundamentación del delito político en Colombia: una reflexión a partir
de la historia
IVÁN OROZCO ABAD

DEMOCRACIA

Relación entre la sociedad civil y el Estado
LUIS ALBERTO RESTREPO MORENO

COYUNTURA

Por una asamblea constituyente democrática
HERNANDO VALENCIA VILLA

La conferencia de presidentes de Cartagena para la lucha antinarcóticos
ALFREDO VÁZQUEZ CARRIZOSA

¿Hacia dónde va la Perestroika?
DIEGO CARDONA CARDONA

DEBATE

Panamá y Nicaragua: dos interrogantes sobre Centroamérica
PIERRE GILHODES

RESEÑAS

Actores en conflictos por la paz: el proceso de paz durante el gobiernoANA MARÍA BEJARANO

Un sistema de seguridad y defensa sudamericano,
ALFREDO VÁZQUEZ CARRIZOSA

Tribunal permanente de los pueblos: proceso a la impunidad de crímenes de lesa
humanidad Liga internacional por los derechos y la liberación de los pueblos
HERNANDO VALENCIA VILLA

BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA

La investigación - acción - participativa en América Latina
ORLANDO FALS BORDA


Estudios La paz en la administración Barco…

LA PAZ EN LA ADMINISTRACIÓN
BARCO: DE LA REHABILITACIÓN
SOCIAL A LA NEGOCIACIÓN
POLÍTICA*

Ana María Bejarano**

"La paz política es un objetivo
irrenunciable para la Colombia de
hoy. Pero no la paz sin entorno,
sino inseparablemente unida a
profundas transforma ciones
económicas, sociales y políticas.

Su alternativa es la
autodestrucción. Es decir,
ausencia de alternativa". 1
la
El jueves 27 de febrero de 1980 el

Comando Jorge Marcos Zambrano del
Movimiento 19 de Abril se tomó la
embajada de la República Dominicana.
Desde allí, el movimiento guerrillero
lanzó por primera vez su propuesta de
paz, la cual contenía tres puntos
principales: amnistía para los alzados en
armas, cese del fuego y diálogo nacional.
Exactamente diez años después, el
domingo 11 de marzo de 1990,
Rosemberg Pabón Pabón, el
"Comandante Uno", participó en las
elecciones para la alcaldía del municipio
de Yumbo en el Valle del Cauca. Pocos
días antes, el M-19 había hecho entrega
de sus armas y firmado un acuerdo
definitivo con el gobierno de Virgilio
Barco. Este acuerdo, el primero que en la
historia na cional permite la

*

La elaboración de este artículo fue financiada
por FESCOL. "Politóloga, investigadora del
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales.

**

 Politóloga, investigadora del Instituto de
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo,
Actores en conflic to por la paz, Bogotá, CINEP Siglo
XXI, 1989, p. 19.

reincorporación de un grupo armado con
garantías para su plena participación en el
régimen político vigente, es el resultado
de una larga década de encuentros y
desencuentros, de negociaciones y
rupturas, de treguas y reiniciaciones del
enfrentamiento. Es resultado de las
propuestas que ha lanzado la guerrilla
desde el campo de combate, como
también de los esfuerzos de las dos
últimas administraciones por recoger las
banderas lanzadas desde la oposición
armada y convertirlas en políticas de paz
respaldadas por el gobier no.

Las negociaciones desatadas para dar fin
a la toma de la embajada de la República
Dominicana pueden catalogarse como el
preludio de esta década de negociación
entre el gobierno nacional y el
movimiento armado. Sin embargo, una
vez culminado el episodio, se retornó al
esquema autoritario y represivo que desde
1978 marcó la administración Turbay
Ayala. Las ofertas de amnistía
condicional, la confor mación de la
primera Comisión de Paz y el
levantamiento del estado de sitio pocos
días antes de la culminación de su
período, poco hicieron para modificar la
imagen de un gobierno intransigente que
hacía imposible cualquier negociación
seria con la guerrilla.

Luego vino el período de Belisario
Betancur durante el cual el país presenció
un drástico viraje en la concepción
gubernamental del conflicto interno, cuya
consecuencia lógica fue el diseño de un
modelo de tratamiento radicalmente
distinto al anterior. Reconocimiento oficial
de las causas internas "objetivas y
subjetivas" de la violencia, negociaciones
y acuerdos con la guerrilla, apertura
política del ré gimen, Plan Nacional de
Rehabilitación para las zonas afectadas
por el enfrentamiento armado: tales


Estudios La paz en la administración Barco…

fueron los signos positivos con que
comenzó la administración Betancur
(1982-1986). Incumplimientos de parte y
parte, rupturas sucesivas de la tregua,
ausencia de reformas, bloqueo
parlamentario, oposición militar, crisis
econó mica: los obstáculos y las
frustraciones no se hicieron esperar. El
cuatrienio culminó con un, balance pobre
en términos de sus logros para la paz.
Pero dejó sentado un precedente imposible
de desconocer hacia el futuro: la
solución negociada del conflicto interno
no sólo es posible, sino también
imprescindible.

Esta es una lección que la administración
siguiente (1986-1990) tardó en reconocer.
Esforzándose por resaltar sus diferencias
frente al mandatario anterior, Virgilio
Barco diseñó una estrategia integral para
la paz en la cual, sin embargo, estaba
ausente el componente principal para
lograrla: la negociación con el adversario.
Pasados dos años de su puesta en marcha
y sin resultados positivos, el gobierno de
Barco tuvo que abrir de nuevo las puertas
al diálogo con los insurgentes. Así se
inició el itinerario de conversaciones que
acaba de culminar con la reincorporación
definitiva del M-19 a la vida política
legal.

El presente trabajo se propone un análisis
del modelo puesto en vigencia a lo largo
de la administración Barco para poner fin
a la confrontación armada y superar la
crisis del régimen político en Colombia.
No se presenta en estas páginas un
estudio detallado del proceso de paz
realizado durante la administración
Betancur. Sin embargo, el peso de tal
experiencia así como la evaluación de la
autora sobre la misma, aparecen
implícitos a todo lo largo de este
documento. Por último, y pese a no tener
pretensiones teóricas, considero necesario

hacer algunas breves precisiones sobre las
nociones de crisis, solución negociada del
conflicto y apertura política que están
presentes como sustento de todo el
análisis.

En cuanto a la naturaleza de la crisis que
ha dado origen al conflicto armado en
Colombia es preciso aclarar que se trata
de una crisis caracterizada por la
debilidad del Estado, que sumada a la
pérdida de legitimidad del régimen político
resulta en un desbordamiento
creciente de los conflictos sociales y
políticos por fuera de los canales
institucionales de mediación y regulación.
Ante el debilitamiento crítico de algunos
aparatos estatales como el de justicia, la
sociedad civil asume progresivamente la
defensa directa de sus intereses sin
esperar ni acatar la mediación legítima
del Estado. Este, a su vez, incapaz de
mantener el monopolio del uso de la
fuerza, asiste impotente a la fragmentación
del poder en manos privadas que
impulsan por sus propios medios el
crecimiento de una violencia cada vez
más descentralizada2.

El conflicto armado, característico de las
tres últimas décadas en Colombia, no ha
podido ser definido como una guerra
civil, sino como una lucha prolongada
entre un Estado débil y una insurgencia

2 Para un análisis más amplio de la crisis política
colombiana véanse los trabajos de Francisco Leal
Buitrago, "La crisis del régimen bipartidista", en
Estado y política en Colombia, Bogotá, CEREC-
Siglo XXI, 1989, y "Crisis estructural y problemas
de coyuntura en la Colombia actual" (borrador);
de Eduardo Pizarro, -Democracia restringida y
desinstitucionalización política", en Pedro
Medellín Torres (compilador), La reforma del
Estado en América Latina, Bogotá, FESCOL,
1989; de Mark W. Chernick, "Insurgency and
Negotiations. Defining the boundaries of the
political regime in Colombia", Columbia
University, draft version, June 1989.


Estudios La paz en la administración Barco…

en armas, no derrotada, pero aún
minoritaria 3. En este caso, en el que
ninguno de los dos polos enfrentados
tiene la capacidad para alcanzar la
victoria definitiva sobre el otro, la
solución negociada no sólo es factible
sino absolutamente necesaria para evitar
la prolongación indefinida y la
degradación del conflicto. Esta solución
no contempla, por supuesto, fórmulas
tendientes a una nueva distribución del
poder estatal entre los actores armados.
Ella supone, más bien, a la par con la
renuncia al uso de la violencia como
mecanismo de acción política, una
redefinición de las normas que rigen la
controversia política, es decir, un
reacomodo del régimen político. En
suma, una conexión estrecha entre las
negociaciones tendientes a la finalización
del conflicto armado y la apertura del
régimen político vigente, constituye
condición sine qua non para la solución
negociada de conflictos como el
colombiano.

El escenario ideal en relación con el
proceso mismo de negociación sería aquel
en el que los actores armados enfrentados
estuvieran unificados, de tal manera que
sus voceros en las mesas de negociación
contaran con la representación completa
del conjunto. Más fundamental aún, sería
que los mismos actores armados contaran
con un alto nivel de representatividad de
las fuerzas sociales, es decir, que su
acción armada llevara a su vez la vocería
de una amplia gama del conjunto de
fuerzas que se traban en conflicto a lo
largo y ancho de la nación. En el caso

Mark W. Chernick, "Insurgency and
Negotiations...", y del mismo autor, "Negotiated
settlement to armed conflict: Lessons from the
colombian peace process", en Journal of Interamerican
Studies and World Affairs, Volume 30,
Number 4, Winter 1988-1989.

colombiano, los actores armados
protagonistas de la violencia política
organizada carecen de este nivel de
representatividad. Ni el Estado en su
conjunto, ni los partidos que lo sustentan,
ni las guerrillas en su totalidad, cuentan
hoy con la capacidad de representar la
inmensa gama de intereses y conflictos
que se mueven en la sociedad colombiana.
Más grave aún: ninguno de los
polos enfrentados es homogéneo. Tanto
dentro del Estado como dentro del
movimiento guerrillero se mueven
diversas corrientes a veces coincidentes,
muchas veces contradictorias. De allí que
las partes negociadoras -el gobierno por
un lado y algunos grupos guerrilleros por
el otro-, no alcancen siquiera el respaldo
total de los actores a los cua les pretenden
representar. Esta grave limitación ha
afectado en gran medida los procesos de
negociación desarrollados durante la
presente década en Colombia. Pero ella,
por sí sola, no desmiente la necesidad de
emprender el camino de las salidas políticas
para el conflicto armado.

Por otra parte, el proceso de apertura
política se entiende aquí como un proceso
gradual de supresión de las restricciones a
la participación política impuestas
históricamente por el régimen de
"democracia restringida". Se trata tanto
de restricciones normativas, como de
aquellos obstáculos que, de hecho, han
constituido las barreras excluyentes de las
mayorías colombianas: el monopolio
bipartidista sobre el poder estatal y sobre
los mecanismos de acceso al mismo, la
militarización de la sociedad civil, la
criminalización de la protesta ciudadana,
la guerra sucia y la utilización
permanente del estado de sitio, entre
otros.

Ahora bien, el hecho de que se logren
negociaciones exitosas en torno a la


Estudios La paz en la administración Barco…

finalización de la lucha armada y la
iniciación de una reforma política
democrática, no conduce automáticamente
a la paz. La paz no se agota en la
negociación, ni en la cesación del fuego,
ni en la promesa de un "tránsito" hacia la
democracia ampliada. En otras palabras,
la paz "real", que implica la construcción
de una sociedad alternativa más justa y
más democrática, no se agota en la paz
"formal", entendida como el acuerdo para
tramitar el conflicto en forma civilizada.
Aunque esta paz forma l constituye un
paso previo e indispensable para el logro
de la paz real, es preciso no confundir como
se ha hecho en otras ocasiones-,
"los mecanismos para poner fin a la
confrontación armada, con la solución a
las causas que han originado la guerra"4.
Después de alcanzar el armisticio, si
algún día se logra, Colombia deberá
recorrer un largo camino hacia la
transforma ción real de sus estructuras
políticas, económicas y sociales.

LA CANDIDATURA DE VIRGILIO
BARCO FRENTE A LA HERENCIA
DE BETANCUR

El tema de la paz ocupó, como era de
esperarse, un lugar especial en el debate
electoral entre 1985 y 1986. Mientras que
el discurso del candidato conservador,
Álvaro Gómez Hurtado, presentaba un
corte radical frente a la concepción
belisarista del conflicto armado y la
forma de enfrentarlo, la ló gica de
Betancur parecía encontrar su
prolongación en los dis cursos liberales. El
candidato liberal, Virgilio Barco, parecía
compartir ampliamente la tesis sostenida
por la administración en curso según la

Gonzalo Sánchez, —Raíces históricas de la
amnistía o etapas de la guerra en Colombia",

en Ensayos de historia social y política del siglo
XX, Bogotá, El Ancora Editores, 1985, p.223.

cual existen condiciones objetivas de
injusticia social que explican la presencia
de grupos armados en Colombia. Por lo
tanto, según esta interpretación, el Estado
debe emprender una serie de reformas de
tipo económico, social y político, si aspira
a erradicar la violencia5.

No obstante esta afinidad en cuanto al
diagnóstico de la violencia, el candidato
liberal planteó fuertes críticas frente al
proceso de paz que estaba por culminar.
Unas tenían el claro propósito de
diferenciar el programa liberal de las
ejecuciones de un gobierno conservador,
para mantener así la posibilidad de
presentarse como su alternativa. Otras
iban más allá, en el sentido de evidenciar
los errores cometidos por la
administración Betancur en el desarrollo
de su estrategia y proponer los correctivos
necesarios. En primer lugar, según el
candidato liberal, al proceso de paz le
hizo falta la acción directa del Estado, al
no incluir en las comisiones de paz,
verificación y diálogo a miembros del
gobierno 6. La falta de planeación y de
delimitación de responsabilidades
constituirían otra de las causas
primordiales de los deficientes resultados
que arrojaba el proceso de paz. Por otro
lado, Barco le criticaba a Betancur el
hecho de haber adoptado una concepción
"mesiánica" del proceso político y, en
consecuencia, haber pretendido afianzar
la paz sin el concurso de los partidos y de
las fuerzas representativas de los

5

María Emma Wills, "Las posiciones de los
candidatos frente al proceso de paz", en Qué
pasó?, Coyuntura Trimestral, CINEP, Año 4, No.
12, mayo de 1986; "Mi compromiso es con el
futuro de Colombia: Barco". en El Tiempo. 11 de
agosto de 1985, p. 5B; La lógica de la paz ,

Documento No. 10, Partido Liberal Colombiano.
6 "El proceso de paz ha fracasado: Barco", en El
Tiempo, 8 de abril de 1986, pp. lA y 7A.


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diferentes sectores que cons tituyen la
nación7.

Pese a tales críticas, la propuesta liberal
parecía tender, a grandes rasgos, hacia la
concepción de "mano tendida" planteada
desde el discurso inaugural por Belisario
Betancur. A esto se añadiría la
concepción del "pulso firme", sobre todo
a partir de los acontecimientos del Palacio
de Justicia en noviembre de 1985. Frente
a este tipo de acciones y a los grupos que
como "fanáticos" insisten en la vía
armada, el Estado debería, según Barco,
adoptar una política de mano dura
privilegiando la solución militar del
conflicto8. De esta manera, bajo la
consigna de "la mano tendida y el pulso
firme", el candidato liberal integraba la
solución política y la militar, es decir, la
estrategia Betancur combinada con la
estrategia Turbay.

Virgilio Barco obtuvo una significativa
mayoría de votos en las elecciones de
mayo de 19869. Sus propuestas de
campaña debían entonces adaptarse a las
condiciones que heredaba forzosamente
del cuatrienio anterior. El presidente
electo para el período 1986-1990 recibió
un país cuyo régimen político seguía
operando dentro de grados de legitimidad
bastante endebles; un grupo de guerrillas
cohesionado en la Coordinadora Nacional
Guerrillera, CNG, y otro tratando de
mantener una frágil tregua cuya

7 "Crítico análisis del proceso de paz hace Barco",
en El Tiempo, 30 de junio de 1985,p. 11A.
8 Declaración de Virgilio Barco con ocasión de los
eventos del Palacio de Justicia el 9 de noviembre
de 1985, recopilada en El Partido Liberal y la
defensa de las instituciones democráticas,
Documento No. 21, Partido liberal Colombiano.
9 Virgilio Barco obtuvo 4'211.826 votos (58.2%
del total); Alvaro Gómez obtuvo 2'586.825
(35.8% ); Jaime Pardo Leal obtuvo 328.641
(4.5%). Fuente: Registraduría Nacional del Estado
Civil.

prolongación a término indefinido había
sido recientemente firmada; un nuevo
movimiento político -la Unión Patriótica-,
cuya plataforma de lanzamiento, las
FARC, aún no hacían claridad sobre el
problema de las armas. La apertura del
espacio político prome tida durante el
cuatrienio anterior apenas había
comenzado. Las reformas sustanciales en
los campos económico y social seguían
siendo objeto de especulaciones sin que
se hubiera avanzado en su realización.
Los obstáculos que se habían interpues to
en el desarrollo del pro yecto de paz oposición
del Congreso y de las Fuerzas
Militares-, relativos a las caracterís ticas
del régimen, seguían pesando en la realidad
nacional.

Frente a este panorama, sin embargo, el
nuevo gobierno contaba con algunas
condiciones significativamente mejores
que las de su antecesor. Además de contar
con un amplio respaldo electoral, Barco
asumió la Presidencia con el apoyo de su
partido, el Liberal, que además tiene la
mayoría en el Congreso. Esta ventaja, sin
embargo, ha demostrado ser muy frágil
dado el profundo fraccionamiento interno
del partido de gobierno y, por ende, los
grandes esfuerzos que ha tenido que
realizar el Ejecutivo para lograr
cohesionar al partido en torno a sus
iniciativas. El tan anunciado gobierno de
partido del presidente Barco terminó por
ser un gobierno sin partido.

Barco también encontró a su llegada a la
Presidencia una economía en franco
proceso de recuperación10. Esta

10 La variación porcentual del Producto Interno
Bruto (PIB) por habitante, no sólo fue inferior al
1.5% durante todo el período de Betancur, sino que
en dos de esos años fue negativa (1982: -0.9% y
1984: -0.5%). Por el contrario, en 1986 esta
situación había cambiado radicalmente. En ese año
la variación porcentual del PIB por habitante fue


Estudios La paz en la administración Barco…

circunstancia no sólo le permitiría al
gobierno desarrollar los programas
contenidos en su plan de economía social,
sino también evitar la puesta en vigencia
de medidas de ajuste de tipo recesivo
como las aplicadas durante el cuatrienio
anterior. De hecho, las condiciones
económicas favorecían las posibilidades
para intentar una política económica más
acorde con las estrategias de paz, así
como un programa de reformismo socio económico
más agresivo.

No obstante la existencia de estas
condiciones favorables, la administración
Barco encontró desde sus comienzos un
grave obstáculo en la búsqueda de la paz:
la agudización de la vio lencia política por
el crecimiento vertiginoso de la guerra
sucia. Para 1986 ya era claro que la
violencia no se centraba exclusivamente
en el enfrentamiento entre la guerrilla y
las fuerzas del Estado. A este eje inicial
del conflicto armado se habían sumado ya
dos nuevos acto res profundamente
ligados entre sí, los narco traficantes y los
grupos paramilitares, demos trando con
sus acciones una gran capacidad de
acelerar el escalamiento de la guerra. Dos
factores heredados de la administración
anterior contribuían a oscurecer el
panorama: el primero tiene que ver con la
polarización de los acto res armados
resultante de la ruptura de los acuerdos de
paz y, ante todo, de la batalla del Palacio
de Justicia. El segundo, y quizás el más
grave, fue la proliferación de los grupos
de autodefensa, paramilitares y
escuadrones de la muerte que iniciaron en
forma privada labores de
contrainsurgencia como contrapeso a la
apertura de negociaciones con la
guerrilla, promovida por Betancur. Estos

del 3.3%. En 1987 fue del 3.5%. Revista del Banco
de la República, Volumen LXI, No. 730, agosto de
1988, p. 106.

crecieron al amparo de la indiferencia
gubernamental y de la impunidad
propiciada por la crisis del aparato de
justicia, cuando no gracias a la aprobación
y colaboración explícita de algunos
sectores militares dentro del Estado
mismo. Sin duda alguna la polarización
exacerbada por la reanudación del
enfrentamiento, y la guerra sucia
crecientemente descentralizada y privatizada,
constituían para 1986, un contexto a
todas luces negativo para la continuidad
de la tregua con las FARC o la
reanudación de nego ciaciones con la

CNG.
1. LA ESTRATRECONCILIACIÓN,
NORMALIZACIÓN
REHABILITACIÓN
EGIA
DE
DE
Y
LA

ADMINISTRACIÓN BARCO.
PRIMERA ETAPA: 1986 - 1988

La estrategia diseñada por Barco para
enfrentar la violencia partía, en lo
fundamental, del mismo diagnóstico de la
administración Betancur. Pese a ello, y
aunque los objetivos de erradicar el
conflicto armado y relegitimar el régimen
permanecían básicamente inalterados, la
estrategia puesta en marcha el 7 de agosto
de 1986 significó en varios sentidos un
fuerte viraje con respecto a su
antecedente inmediato. Con ella se buscó
aislar a la guerrilla de toda discusión
sobre las reformas, quitarle protago nismo,
rebajar su perfil político. Al adelantar
unilateralmente su programa de cambio,
el gobierno pretendía simultáneamente
recuperar legitimidad para el régimen y
reducir la influencia de la guerrilla al
ganarse el apoyo de sus antiguas bases
sociales. La cuestión de la negociación
quedó desde un principio reducida
únicamente a los temas relacionados con
el desarme, la desmovilización y la
reincorporación del movimiento armado.


Estudios La paz en la administración Barco…

Los tres componentes de la estrategia
diseñada por Barco, la rehabilitación, la
normalización y la reconciliación,
evidenciaron a lo largo de su desarrollo el
énfasis otorgado por la actual
administración a la acción unilateral del
gobierno, buscando con ello reducir la
presencia de la guerrilla y trasladar el
componente de la negociación a un segundo
plano.

El Plan Nacional de Rehabilitación, PNR,
constituyó, durante los dos primeros años
de esta administración, la pieza clave de
su estrategia de paz. Este plan había sido
diseñado desde el gobierno anterior pero
su ejecución había tenido poco éxito. El
gobierno de Virgilio Barco lo retomó y lo
convirtió en instrumento esencial no sólo
de la estrategia de paz sino de su Programa
de Economía Social. Con él se ha
buscado reorientar el gasto público no
sólo hacia las áreas afectadas por la
violencia sino también hacia aquellas
zonas marginadas en lo econó mico,
pretendiendo simultáneamente quitarle
piso político a la guerrilla y corregir los
desequilibrios regionales ocasionados por
el modelo de desarrollo11. De allí que su
cobertura se ampliara grandemente,
pasando de 177 municipios en 1986 a 297
municipios, con una población cercana a
los cinco millones, en 198812.
Paralelamente los recursos apropiados y
ejecutados por el plan también han tenido
que aumentar, hasta llegar casi a duplicar
los del cuatrienio anterior13. La otra

11 Consuelo Corredor, "Discurso y realidad del Plan
Nacional de Rehabilitación", en Análisis, conflicto
social y violencia en Colombia, Documentos
ocasionales, No. 53, CINEP, mayo de 1989, p.

39.
12 Contraloría General de la República, Informe
financiero, junio de 1988, p. 11.
13 Entre 1983 y 1986 el PNR hizo apropiaciones
de recursos del presupuesto nacional por un
monto de 67.917.9 millones de pesos; entre 1987
novedad intro ducida al PNR en la
presente administración ha sido el intento
por involucrar a la comunidad en la
discusión de sus problemas y el diseño de
las soluciones a través de los Consejos
municipales y regionales de
Rehabilitación. Aunque tal propósito no
se ha logrado a cabalidad, por lo menos
muestra la intención de reconocer la
importancia de la participación
comunitaria a la vez que introduce una
cierta descentralización y flexibilidad en
las decisiones, conveniente dada la
diversidad regional del país.

Acertado en su concepción, el PNR sufre,
sin embargo, de serias limitaciones que
habría que señalar. En primer lugar, en lo
que tiene que ver con los recursos
destinados al Plan, no ha habido una
decisión clara por parte del gobierno para
obtenerlos gracias a una mayor exigencia
tributaria dirigida a los sectores más pudientes.
La reforma tributaria aprobada a
principios de la actua l administración así
lo demuestra. Ellos se han obtenido, más
bien, gracias a una redistribución interna
de los gastos del gobierno, mediante la
cual hoy se destina aproximadamente el
cuatro por ciento anual del PIB al llamado
sector social: el Plan Nacional de
Rehabilitación y el Plan de Lucha contra
la Pobreza Absoluta. Este cuatro por
ciento significa, sin duda, una cantidad
apreciable. Pero se trata de aliviar con él
las necesidades, represadas por años de
abandono oficial, del 40 por ciento de la
población colombiana 14.

y 1988 esta apropiación ascendió a 106.813.6
millones de pesos. Por otro lado el PNR ejecutó,
entre 1983 y 1986, un total de 53.176.2 millones
de pesos; entre 1987 y 1988 la ejecución fue de

91.970.3 millones de pesos. Consuelo Corredor,
"Discurso y realidad...", p. 42.
14 Salomón Kalmanovitz, "Economía de la
violencia", en Revista Foro, No. 6, junio de 1988,
p. 21.

Estudios La paz en la administración Barco…

Ahora bien, la extensión de ese gasto
hacia municipios diferentes a aquellos
azotados por la violencia hace que el PNR
pierda su carácter preferencia] y por lo
tanto disminuya en su impacto como
herramienta para la superación del
conflicto armado. Pero además, el Programa
de Economía Social tomado en su
conjunto constituye solamente un plan
marginal aplicado a corregir
desequilibrios, mas no pretende rectificar
en forma radical los rumbos del modelo
de desarrollo colombiano.

También es preciso reconocer que el Plan
se ha estrellado en sucesivas ocasiones
con la rigidez, lentitud e ineficacia de
unas entidades estatales poco
acostumbradas a renunciar a sus prácticas
tradicionales en favor de un programa que
exige ciertamente una gran dosis de
flexibilidad y agilidad, así como una
eficaz coordinación interinstitucional. De
esta rigidez institucional se deriva en
parte el hecho de que el ga sto se siga
orientando fundamentalmente hacia obras
de infraestructura física (vial y productiva)
mientras que se siguen relegando
a un segundo plano las necesidades en
materia social: salud, educación,
servicios, vivienda y justicia. Este hecho
no sólo desdice del verdadero contenido
social del PNR, sino que además abre
interrogantes serios sobre quiénes habrán
de ser sus verdaderos y finales beneficiarios.


Aparte de estas cuestiones, la pregunta
fundamental que debe hacerse sobre el
Plan Nacio nal de Rehabilitación tiene que
ver con su eficacia como instrumento
clave para lograr la paz en Colombia. De
entrada, es cuestionable la concepción
según la cual las condiciones materiales
(hambre, miseria, desempleo, abandono
estatal) constituyen la causa principal de

la vio lencia. La importancia central
asignada al PNR durante la actual
administración lleva implícito un sesgo
en ese sentido. Pero aun si esto fuera
cierto, es innegable que un Plan para
atacar esas "causas objetivas" no puede
aspirar al éxito sino en el largo plazo. En
el intervalo, el gobierno debería haber
acometido otras accio nes
complementarias que redujeran, si no
conseguían erradicar del todo, los niveles
de vio lencia. La administración Barco,
por el contrario, depositó una extrema
confianza en lo que algunos han llamado
el "mito tecnocrático" del PNR15 y dejó
abandonados o relegados a un segundo y
tercer plano los demás factores
generadores de violencia.

La reforma política, por ejemplo, a pesar
de haber demostrado su crucial
importancia como componente de la
política de paz del gobierno anterior, fue
desplazada a un plano secundario por la
actual administración. El gobierno de
Barco redujo el debate acerca de las
transformaciones del régimen político a la
implementación del esquema gobierno oposición.
Este esquema, saludablemente
concebido como un primer paso hacia el
desmonte definitivo del Frente Nacional,
se convirtió en el pilar de la llamada
normalización de la democracia dentro de
la estrategia gubernamental. Las ventajas
de institucionalizar la oposición en el país
son innegables. Ello contribuiría sin duda
a civilizar la contienda política
enmarcando y canalizando el conflicto
dentro de los parámetros de una
democracia amplia y pluralista. No

15 La expresión "mito tecnocrático" ha sido

retomada de una conferencia dictada por
Eduardo Pizarro en el Seminario internacional
sobre "Mediación y negociación de conflictos",
Bogotá, 11 de agosto de 1989.


Estudios La paz en la administración Barco…

obstante, el esquema propuesto por la
actual administración redujo toda la
controversia a los dos partidos
tradicionales buscando con ello absorber
de nuevo, a través suyo, todas las
contradicciones de la sociedad
colombiana. Tan estrecho modelo
continuaba excluyendo no sólo a los
movimientos nuevos como la Unión
Patriótica, A Luc har y el Frente Popular,
sino a la mayoría de las fuerzas sociales
que, sin sentir se representadas ni por el
bipartidismo ni por la izquierda
tradicional, constituyen la principal fuente
de oposición al sistema. Además de esta
severa limitación, el mismo esquema ha
puesto en evidencia la inexistencia de dos
partidos realmente cohesionados, con
programas o ideologías alternativos, que
pudieran darle vida al dúo gobierno oposición.
Sobra decir que ni el Partido
Social Conservador, ni mucho menos el
Liberal, están en condiciones de hacer
realidad tal propósito.

En lo que respecta a las demás iniciativas
que suponen una apertura democrática,
entre 1986 y 1988 el gobierno de Barco
se limitó a regla mentar y poner en marcha
las reformas relativas a la elecció n
popular de alcaldes y la descentralización
administrativa y fiscal, aproba das durante
el cuatrienio anterior. La consulta popular
en los municipios, contemplada en el
mismo Acto Legislativo que aprobó la
elección popular de los alcaldes, sólo
llegó a ser regla mentada durante la
legislatura ordinaria de 1989, cuatro años
después de recibir sanción presidencial.
En suma, los dos primeros años de la
presente administración estuvieron marcados
por un notorio desinterés por crear
y profundizar los canales de participación
ciudadana.

Una difícil coyuntura, desatada a raíz del
asesinato del Procurador General de la

Nación y el visible empeoramiento del
orden público a comienzos de 1988, llevó
a que el Presidente propusiera un
plebiscito como recurso heterodoxo para
llevar a cabo una reforma constitucional.
La oposición de los partidos tradiciona les,
incluido el suyo propio, dio al traste con
esta iniciativa. Luego surgió como
medida última de rescate, el Acuerdo de
la Casa de Nariño que consistía
básicamente en un nuevo pacto
bipartidista para hacer más viable jurídica
y políticamente la iniciativa presidencial
de reformar la Carta Constitucional
mediante refrendación popular16. Pero a
este nuevo intento se opuso el Consejo de
Estado decla rando inconstitucional el acto
administrativo que sustentaba el proceso
de reajuste institucional. En
consecuencia, cinco meses después,
Barco debió retornar a los cauces
legislativos normales presentando su
propuesta de reforma constitucional ante
las cámaras.

El nuevo proyecto de Acto Legislativo
recogió finalmente una serie de
propuestas de reforma política, algunas de
las cuales presentaban avances, y otras,
serias contradicciones. Entre ellas se
contaban la consagración de amplias
garantías y libertades ciudadanas, la
reforma del Congreso, la supresión del
parágrafo del ordinal primero del artículo
120, una nueva formulación para la
norma sobre estado de sitio, el
fortalecimiento de la justicia, la elección
popular de gobernadores, la creación de la
circunscripción nacional para la
representación de las minorías y la
posibilidad de utilizar tres procedimientos

16 Hernando Valencia Villa, "De las guerras
constitucionales en Colombia, Capítulo LXVIII.
Un informe sobre la reforma Barco", en Análisis
Político, No. 6, enero a abril de 1989, P.83.


Estudios La paz en la administración Barco…

alternativos para reformar la
Constitución. Muchas de estas iniciativas
fueron recortadas en su totalidad y otras
fueron disminuidas en su alcance a lo
largo de la primera vuelta en el
Congreso17. Su suerte definitiva quedó
pendiente de la aprobación final que
debía darse al finalizar la legislatura
ordinaria de 1989. Luego de haber sufrido
grandes recortes y cambios a su paso por
el Senado y la Cámara, la iniciativa
gubernamental para reformar la Carta se
hundió definitiva mente, con la
colaboración explícita del partido de
gobierno.

Quizá la reforma más atractiva del
paquete dis cutido a lo largo de los dos
últimos años era aquella que abría las
posibilidades de utilizar varios
procedimientos alternativos, entre ellos la
convocatoria a un referéndum, con el
objeto de abrir espacios de discusión y
legitimar con el voto popular algunos
cambios sustanciales al régimen político.
De haber logrado su aprobación, quizá se
hubieran iniciado en Colombia las
posibilidades de una verdadera apertura
democrática. Aparte de esta novedosa
propuesta, el resto de la reforma
impulsada por el gobierno no llegaba ni
siquiera tangencialmente a constituir el
nuevo pacto político que requiere la
sociedad colombiana. Adicionalmente, es
necesario anotar que la conexión entre el
debate constitucional y el propósito de
pacificación nacional solamente fue
establecida a partir de la iniciación de
negociaciones con el M-19.

Aparte de este tortuoso recorrido de la
reforma en la normatividad institucional,
quizá el factor de mayor gravedad que
afecta una real ampliación de la
democracia en Colombia es la guerra

17 Ibid., pp. 85-96.

sucia que se ha desatado en el país. Más
aún .fue las normas, es el desarrollo real
del proceso político, en el cual juega un
papel creciente la violencia, lo que
restringe en gran parte el juego político
amplio y pluralista. La administración
Turbay dio culminación a la tendencia
represiva que se había desarrollado a lo
largo del Frente Nacional, no sólo contra
los grupos alzados en armas sino también
contra toda manifestación de protesta
legítima. Las detenciones masivas y la
tortura tuvieron en ese cuatrienio su
momento de auge. Luego vino la
administración Betancur, bajo cuyo
discurso de diálogo y apertura se dio paso
a una progresiva clandestinización de la
lucha contrainsurgente.

Se desarrollaron los primeros grupos
paramilitares y las desapariciones
forzadas llegaron a niveles nunca antes
vistos en el país. Finalmente, durante la
administración Barco se generalizó la
formación de grupos de justicia privada
en todo el territorio nacional, ampliando
no sólo su cubrimiento geográfico sino
también el rango de sus víctimas: ya no se
trata únicamente de los guerrilleros
amnistiados o reincorporados. A ellos se
han sumado progre sivamente dirigentes
políticos de todos los partidos, militantes
de los nuevos movimientos políticos de
izquierda, dirigentes sindicales y
populares, periodistas, artistas, sacerdotes
e intelectuales, hasta cubrir una
amplísima gama de gentes a quienes se
vincula directa o indirectamente con la
oposición al statu quo. El asesinato
selectivo que ha ido sustituyendo
progresivamente las desapariciones, la
detención arbitraria y la tortura, ha
alcanzado niveles demenciales durante la
presente administración. Como si ello
fuera poco, durante 1988 el país vio


Estudios La paz en la administración Barco…

aparecer una nueva modalidad de esta
violencia: la masacre colectiva 18.

Alertado por algunas fuerzas como la UP
acerca del alarmante crecimiento de los
grupos paramilitares, el gobierno de
Barco permane ció, no obstante, impasible
frente a ellos durante más de dos años. A
la sombra de la indiferencia del Estado o
cubierto por la ineficacia de un aparato de
justicia totalmente desborda do por la
magnitud del conflicto, otras veces
amparado por la colaboración directa de
sectores militares dentro del Estado, se
fue configurando un aparato paramilitar
organizado y poderoso, el cual constituye
hoy por hoy el mayor obstáculo para una
real democratización de la vida política
en Colombia. Sólo cuando ese aparato
armado se enfrentó al Estado mismo,
cuando con toda su fuerza comenzó a golpear
a sus propios funcionarios, sólo
entonces decidió el gobierno de Barco
aceptar su existencia y emprender una
acción decidida contra ellos19. Quizá era
ya demasiado tarde.

18 Entre enero de 1988 y agosto de 1989 se
cometieron en Colombia un total de 106 masacres.
Véase Cien días, números 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
publicados entre marzo de 1988 y septiembre de
1989, CINEP. Véase también: Americas Watch,
Informe sobre derechos humanos en Colombia,
Bogotá, CEI-IEPRI, 1989.19 Me refiero específicamente a la masacre de La
Rochela (Santander) en la cual fueron asesinados
doce funcionarios de la rama judicial en enero de
1989. Luego de otros atentados contra
funcionarios estatales el gobierno expidió, el 20
de abril del mismo año, tres decretos de estado
de sitio mediante los cuales se integró una
comisión encargada de presentar al gobierno un
plan integral contra los grupos paramilitares, se
creó un cuerpo armado especial para combatirlos
y se suspendió la vigencia de algunas normas
que podían ser utilizadas para darle fundamento
legal a los "grupos de autodefensa". El
Espectador, 21 de abril de 1989, p. 1A.

La existencia y proliferación de los
grupos paramilitares se opone, por
supuesto, no sólo a la normalización de la
controversia democrática sino también a
los propósitos de reconciliación
contemplados como tercer componente de
la estrategia Barco. Sin duda este hecho
tiene mucho que ver con las dificultades
de la Unión Patriótica para consolidar su
espacio como alternativa política y, por
ende, con la imposibilidad de que a través
de ella se reincorpore la totalidad del
movimiento armado que le sirvió de
plataforma de lanzamiento: las FARC.
Este, que debería haber sido el objetivo
principal de la estrategia de reconciliación
se vio obstaculizado además por otros
factores. La administración Barco había
heredado una tregua con las FARC,
prorrogada en marzo de 1986 sin térmi no
fijo ni compromisos definidos. Subsistían,
por lo tanto, numerosas ambigüedades en
torno a la desmovilización y
reincorporación definitiva de ese
movimiento. Frente a ellas, sin embargo,
el gobierno de Barco no intentó avanzar
clarificando el proceso para salvar el
débil éxito obtenido por la administración
Betancur. Por el contrario, dejó la tregua
con las FARC a la deriva, sujeta a los
continuos y cada vez más frecuentes
enfrentamientos con el ejército. Nunca se
pensó en reconstituir la desaparecida
Comisión de Verificación. El gobierno se
limitó a constatar el deterioro y la ruptura
gradual de la tregua hasta llegar a afirmar,
en la clausura de las sesiones ordinarias
del Congreso en 1988, que de los
acuerdos de La Uribe "no nos queda hoy
sino su espíritu"20.

20 "Informe del presidente de la República,
Virgilio Barco, en la clausura de las sesiones
ordinarias del Congreso Nacional, el 16 de
diciembre de 1988". Reproducido en Conseje ría
para la Reconciliación, Normalización y
Rehabilitación, El Camino de la Paz. Historia de


Estudios La paz en la administración Barco…

Para el gobierno de Barco las FARC
nunca fueron el interlocutor privilegiado
que habían sido al finalizar el cuatrienio
anterior. Desde el comienzo, su
administración buscó restarle
protagonismo a la guerrilla al disminuir la
relevancia del diálogo y la negociación
directa como componentes de la
estrategia de paz. Sin desconocer el
acuerdo de La Uribe, que había heredado
forzosamente, Barco minimizó su
importancia. La negociación quedó
reducida al tema del desarme, la
desmovilización y la reincorporación de
las guerrillas mientras que la cuestión de
las reformas (agraria, urbana, política,
etc.) se decidía e implementaba por
canales paralelos en los cuales el
movimiento armado no tenía ninguna
participación. En tales condiciones, la
concertación con el go bierno perdió todo
interés para la guerrilla en general, pero
sobre todo para las FARC que habían
logrado un protagonismo sin precedentes
durante el proceso de paz de Betancur.
Esto significó un distanciamiento
creciente entre las FARC y el gobierno y,
por consiguiente, un acercamiento
paulatino entre esta agrupación y los
demás miembros de la CNG, que culminó
con la incorporación de las FARC en la
recién creada Coordinadora Guerrillera
Simón Bolívar, CGSB, en octubre de
1987.

El enfrentamiento entre el movimiento
insur gente y el Estado volvía, a finales de
1987, a retomar las características del
período que antecedió a 1982. Los
caminos de la negociación se deterioraban
cada vez más con las FARC y estaban
definitivamente cerrados para las demás
guerrillas agrupadas en la CGSB. Frente a

un proceso, Vol. II, Bogotá, Imprenta Nacional
de Colombia, 1989, p. 80.

éstas se dio desde 1986 rienda suelta a la
acción represiva, a través de la cual los
militares ratificaron su tradicional
autonomía en el manejo del orden
público, totalmente recuperada a raíz del
episodio del Palacio de Justicia. El
tratamiento dado a la guerrilla por la
administración Barco entre 1986 y 1988
fue sin duda re gresivo frente al intentado
por Betancur. Cierto es que en 1986
probablemente no esta ban dadas las
condiciones para reanudar nego ciaciones
con la CNG, como también lo es que el
acuerdo vigente con las FARC carecía de
aclaraciones en torno a temas vitales,
como el de las armas. En lugar de afrontar
y superar estas dificultades, el gobierno
decidió abandonar todo intento de
negociación de un solo tajo. Con ello
contribuyó al escalamiento progresivo de
la guerra: el mismo que dos años después
le haría retornar por los caminos del
diálogo y concertación.

Mientras tanto, el gobierno encaminó
toda su voluntad a la reconciliación entre
el Estado y la comunidad, en los paros
cívicos y las marchas campesinas. Esta
actitud, si bien novedosa y positiva, no
tocaba la médula del conflicto vio lento
que continuaba azotando la sociedad
colombiana. Muy pronto, además,
presionado por los militares y por algunos
sectores políticos dominantes que veían
con alarma la presencia de la guerrilla en
las movilizaciones populares, el gobierno
recayó en un error una y mil veces
cometido en la historia colombiana:
confundir la movilización legítima con la
subversión y darle, en consecuencia, un
tratamiento represivo21. Así, la

21 La represión contra este tipo de movilizaciones
apareció desde el paro regional del nororiente
realizado en junio de 1987, pero se hizo mucho
más evidente con ocasión de las marchas
campesinas de mayo de 1988 en la misma región.
Al respecto véanse entrevistas realizadas en


Estudios La paz en la administración Barco…

reconciliación, como componente de la
estrategia de paz de Barco, no sólo
cambió de sentido sino que había desaparecido
casi totalmente del panorama al
mediar el año de 1988.

Dos años después de iniciada la
administración Barco, su modelo de paz
auguraba un fracaso aún peor que el
anterior. El Plan Nacional de
Rehabilitación avanzaba lentamente
superando los obstáculos propios de la
burocracia, el clientelismo y la escasez de
recursos. La reforma constitucional, sin el
apoyo decidido del bipartidismo, debía
todavía superar una vuelta más por el
filtro antirreformista del Congreso. La
reconciliación con la comunidad entraba
en franco deterioro mientras que los
canales de concertación con la guerrilla se
encontraban prácticamente rotos.
Paralelamente, la guerra sucia prosperaba
dando muestras de una creciente pérdida
del siempre frágil monopolio de la
violencia por parte del Estado
colombiano, frente a lo cual lo único
previsible era la anarquización acelerada
del conflicto interno.

Fue de nuevo un acto de fuerza
proveniente del movimiento guerrillero el
que puso sobre el tapete la necesidad de
buscar salidas políticas para el conflicto
armado. El secuestro de Álvaro Gómez
realizado por el M-19 en mayo de 1988
desencadenó una serie de reacciones que,
por sobre todo, demostraron que el anhelo
de paz seguía estando presente y resurgía
con fuerza en diversos sectores de la
sociedad civil dispuestos a idear
mecanismos para la búsque da de la paz,
alternativos a la estrategia gubernamental.

Barrancabermeja (Santander), entre el 22 y el 29

de agosto de 1988, Archivo del Instituto de
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales,
Universidad Nacional de Colombia.

El M-19 produjo entonces un comunicado
a través del cual lanzó la propuesta de un
alto al fuego y una cumbre de "Salvación
Nacional". Pese a la desconfianza que
producía este tipo de consignas, ya bien
conocidas desde la toma de la embajada
de la República Dominicana, la propuesta
del M-19 desató un rápido proceso de
acercamiento entre el grupo guerrillero y
dirigentes políticos, gremiales, sindicales
y eclesiásticos que condujo no sólo a la
liberación de Álvaro Gómez sino a la
reapertura del diálogo entre la guerrilla y
algunos sectores de la sociedad civil.

Primero se llevó a cabo la reunión de
Panamá, el 14 de julio de 1988. Durante
ella se convino la necesidad de llevar a
cabo una reunión cumbre entre distintas
fuerzas sociales que debía celebrarse en
Bogotá dos semanas más tarde. En efecto,
la cumbre se llevó a cabo el 29 de julio en
Usaquén, con representantes de la Iglesia,
los partidos tradicionales, la UP, la
guerrilla, los gremios, los sindicatos y los
indígenas. La reunión terminó con la
convocatoria de una Comisión de
Convivencia Democrática que debía
instalarse el 22 de agosto con un término
de 30 días 22. Este imprevisible proceso se
llevó a cabo bajo la mirada intransigente
del gobierno. Su renuencia a participar en
él, aunque justificada oficialmente con el
argumento de que no había negociación
posible a partir de presiones por la fuerza,
sólo dejó la impresión de que se
encontraba totalmente desconcertado y
rebasado por las circunstancias. Finalmente,
obligado por el debate nacional
desatado alrededor del tema de la paz y
canalizado a través de la Comisión de

22 Semana, No. 318, 7-13 de junio de 1988; No.
320, 21-27 de junio de 1988; No. 322, 5-11 de julio
de 1988; No. 323, 12-18 de julio de 1988; y No.
326, 2-8 de agosto de 1988.


Estudios La paz en la administración Barco…

Convivencia Democrática, el gobierno se
vio forzado a responder con el
lanzamiento de la Iniciativa de Paz del lo.
de septiembre de 1988. Esta planteó,
indudablemente, un viraje fundamental en
la estrategia que se venía adelantando

desde 1986.
2. SEGUNDA ETAPA DE LA
ESTRATEGIA DE PAZ DE LA
ADMINISTRACIÓN BARCO: LA

NEGOCIACIÓN COMO
COMPONENTE FUNDAMENTAL
1988-1990

Las críticas a la Iniciativa de Paz de
Barco no se hicieron esperar. En primer
lugar, se le criticaba el enorme retraso
con que había sido diseñado un verdadero
plan de paz que el país reclamaba de
tiempo atrás. En segundo lugar, se le
calificaba como una reacción defensiva
frente al acorralamiento que había sufrido
el gobierno con motivo del secuestro de
Álvaro Gómez y las negociaciones
desatadas con ocasión del mismo.
Reacción que, de paso, paralizaba el
proceso de participación de la sociedad
civil que venía gestándose meses antes.
En tercer término, se le criticaba por su
extrema rigidez, en la medida en que
planteaba condicio nes inamovibles y
plazos fijos como prerrequisito para un
objetivo único y preciso: la desmo vilización
y reincorporación de la
guerrilla.

Pese a estas críticas, la Iniciativa de Paz
dejó planteado a partir de septiembre de
1988 un viraje importante con respecto a
la estrategia que venía impulsando el
gobierno desde 1986: se volvía a
reconocer en la guerrilla un inter locutor
válido y se abrían con ello las posibilidades
de una negociación directa aunque
su alcance estuviera todavía reducido al
tema único de la desmovilización y la

reincorporación. Con el tiempo y el hábil
manejo que de la coyuntura hizo el M-19,
el gobierno tuvo que aceptar, finalmente,
una mayor flexibilidad en los
procedimientos y, sobre todo, aceptar la
inclusión del tema de la apertura política
en la agenda de las negociaciones.
En los días posteriores al lanzamiento de
la Iniciativa nadie creía posible que tal
"itinerario de rendición" -como fue
llamada-pudiera dar otro resultado que la
negativa rotunda por parte de la guerrilla
a aceptarla y, por consiguiente, la
agudización de la guerra. Sin embargo, el
M-19 comenzó a dar pasos tendientes a
un acercamiento con el gobierno, hasta
que finalmente, en diciembre de 1988, el
Presidente reconoció ante el Congreso
que estimaba conveniente la iniciación de
diálogos formales y directos con el M-19,
"organización que en un plazo prudencial
ha demostrado voluntad de explorar
caminos hacia la reconciliación"23.

El M-19 tuvo que vencer el escepticismo
gubernamental y nacional frente a su
verdadera voluntad de paz a fuerza de sus
demostracio nes de hecho -el
mantenimiento de una tregua unilateral
desde el secuestro de Gómez Hurtado-y
de la coherencia y sensatez de su
discurso. La nueva cara del M-19 no era,
como suponían algunos, una nueva
máscara para disfrazar su voluntad de
guerra. Más bien pue de afirmarse que el
movimiento sufrió una transformación
interna desde la ruptura de la tregua en
1985 que lo llevó, finalmente, a replantearse
con seriedad y realismo la
viabilidad de la lucha armada dentro de
las actuales circunstancias por las que
atraviesa el país.

23 "Informe del presidente de la República,
Virgilio Barco, en la clausura de las sesiones...",

p.82.

Estudios La paz en la administración Barco…

Varias razones propias de la dinámica
interna del Movimiento pueden explicar
en parte esta transformación. En primer
lugar, es innegable que su debilidad
militar los condujo a repensar su posición
dentro del conjunto de fuerzas
enfrentadas y a sopesar con mucha mayor
modestia y realismo su capacidad de
incidir en el desenlace final del conflicto
armado. Sin embargo, según el
Comandante General del M-19, "ese (el
de la debilidad militar), no es el problema
central, porque es una circunstancia que
se puede modificar"24. En efecto, no basta
con afirmar que el M-19 está diezmado
militarmente para explicar su disposición
al diálogo. Tal como lo afirma Iván
Orozco, "un grupo diezmado, pero
fanatizado en su derrota, siempre podrá
apelar al recurso último del terrorismo
para mantener en zozobra el régimen que
no consigue destruir"25. Otra opción
distinta al camino terrorista hubiera podido
ser la de permanecer dentro de la
Coordinadora y reforzar su proyecto
militar pese a la debilidad propia. Sin
embargo, la opción fue utilizar una
coyuntura favorable para la negociación
política y llevarla hasta sus últimas consecuencias.
Motivos de diversa índole
explican esta escogencia por parte del M


19.
Aparte de las consideraciones de tipo
militar, el golpe recibido en el Palacio de
Justicia también debió contribuir a la
toma de conciencia en el M-19 sobre los
límites de su acción arma da que, aunque
todavía espectacular, había perdido ya sus
posibilidades de proyección política. Más
allá del reconocimiento de errores en la

24 Entrevista con Carlos Pizarro, comandante

general del M-19, Santo Domingo (Cauca), 3 y 4
de junio de 1989.
25 Iván Orozco, "Por qué negocia el M-19", artículo
inédito.


táctica militar o en los objetivos políticos
del asalto, la gran lección que debió
dejarle al M-19 la derrota en el Palacio de
Justicia tie ne que ver con la imposibilidad
de contar con una legitimidad ganada a
priori que se mantie ne sin modificaciones
en el tiempo. Aprendida esta lección, el
nuevo M-19 se expresa así: "La guerrilla
opta ahora por el proceso de paz porque
hoy no se puede avanzar si no se recupera
una inmensa legitimidad. No se trata de
reclamar legitimidad..., todos la reclaman;
sino de conseguirla, construirla,
mantenerla y actuali zarla"26.

Existe otro factor que puede ayudar a
explicar la posición del M-19 frente al
actual proceso de negociación: la
flexibilidad de su proyecto político.
Carente de definiciones concretas, su
discurso, sin embargo, puede enmarcarse
dentro de los parámetros de una corriente
nacionalista de izquierda democrática y
reformista, susceptible de ser integrada
dentro de un régimen demoliberal. La
democracia y no la revolución ha sido el
leitmotiv permanente en el discurso
político del M-19. En palabras del
Comandante General, "el 'eme' nunca se
ha planteado el objetivo total de la
revolución absoluta. No hay modelo. Por
eso hemos podido variar, buscar nuestro
propio camino"27. Esta ambigüe dad, que a
la vez explica buena parte de los virajes
táctico-estratégicos del pasado, bien
puede haberse convertido en un punto a
favor a la hora de modificar el rumbo de
acción hacia la paz. Por último, habría
que considerar la continuidad en la
Comandancia General desde la muerte de
Álvaro Fayad en 1986 como un factor que
contribuye a la coherencia en el discur so
y el accionar del Movimiento. Luego de
un lento proceso de reconstrucción de la

26 Entrevista con Carlos Pizarro... 27. Ibid.

27 Ibid


Estudios La paz en la administración Barco…

dirigencia, duramente fracturada y
debilitada por la muerte, en escasos tres
años, de tres comandantes generales, la
comandancia del M-19, unificada bajo el
mando de Carlos Pizarro, tenía en 1988
mejores posibilidades de proyectar una
línea de acción y un discurso mucho más
consistentes que en el pasado.

Finalmente, la construcción de una nueva
actitud en el M-19 responde en gran parte
a la actual situación nacional, para no
mencionar las drásticas transformaciones
que ha vivido el mundo socialista en el
último año. En cuanto al panorama
nacional, la proliferación y el fortalecimiento
de los grupos paramilitares,
respaldados en buena parte por un socio
excesiva mente poderoso como el
narcotráfico, es uno de los retos que debe
enfrentar la guerrilla, sobre todo en lo que
hace a las condiciones de viabilidad de
una victoria revolucionaria en el corto o
mediano plazo. Entendido no sólo como
enemigo militar con suficiente capacidad
para enfrentarla, sino también como
enemigo político que le disputa la lealtad
de sus antiguas bases sociales, el dúo
paramilitares-narcotráfico constituye uno
de los principales factores del
enturbiamiento de la violencia política en
Colombia. La complejidad y dispersió n
del conflicto en la década de los ochenta,
aumentada por la intervención del tercer
agente mencionado, constituye un
elemento de peso para dudar de la
viabilidad estratégica de la lucha guerrillera
en Colombia.

Esta falta de viabilidad en el largo plazo
no sig nifica, por supuesto, que la guerrilla
no conserve aún una gran capacidad de
perturbación militar y política en vastas
regiones del país. Se refiere más bien a
las condiciones que, en el momento
actual, hacen impensable una victoria
revolucionaria de corte radical. Lo

paradójico de esta situación es que esa
incapacidad de triunfo en términos
estratégicos por parte del movimiento
armado no va acompañada de un
fortalecimiento en el polo estatal que
podría, en tal caso, capitalizar a su favor
las condicio nes desfavorables para el polo
guerrillero. Ante el deterioro de los dos
polos enfrentados y su incapacidad mutua
para derrotarse -el empate negativo-, el
único futuro previsible para la situación
colombiana no es la guerra civil con
posibilidades revolucionarias, sino la
prolongación indefinida del conflicto,
cada vez más fragmentado y anarquizado.
Ante los eventuales costos de esa
prolongación, vastos sectores de la
sociedad civil se aíslan cada vez más de
los actores armados y, presas de pánico
en tanto víctimas de la guerra, prestan
cada vez menos apoyo a aquellos que
insisten en la vía armada como única
salida al conflicto. De tal suerte, tampoco
puede esperarse en el corto plazo un
acercamiento entre la guerrilla y el
movimiento popular que pudiera llevar
hacia la insurrección general28.

Fueron, entonces, tanto las circunstancias
internas del Movimiento como este
complejo panorama nacional las razones
que llevaron al M-19 a ingresar en el
proceso de concertación planteado por el
gobierno a través de su Inicia tiva para la
Paz. Gracias a esta decisión del
Movimiento guerrillero y no a la
generosidad gubernamental, se reabrieron
en Colombia las posibilidades de pensar
el problema de la vio lencia y la paz en
términos políticos, y no sólo en términos
militares o de rehabilitación, como se
venía haciendo desde 1986.

28 Véase, Eduardo Pizarro Leongómez, "La

guerrilla y el proceso de paz", en Gustavo Gallón
(compilador), Entre movimientos y caudillos,
Bogota, CINEP-CEREC, 1989, pp. 247-260.


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El proceso de negociación Gobierno-M


19. Enero de 1989 - Marzo de 1990
La negociación entre el gobierno y el M19
se inició formalmente con la Primera
Declaración Conjunta suscrita en el
Tolima el 10 de enero de 1989. Esta
implicó un primer logro significativo en
el proceso en la medida en que clarificó el
objetivo final del mismo. El documento
afirma que el Gobierno Nacional y el M19
convocan a un diálogo directo "para
que en él, se acuerde un camino hacia la
solución política del conflicto de la
Nación Colombiana, que tiene que
expresarse en un itinerario claro hacia la
democracia plena y en un camino cierto
hacia la desmovilización guerrillera con
las garantías necesarias"29.

La inclusión de la expresión "itinerario
claro hacia la democracia plena" significó
un avance sustancial con respecto a la
Iniciativa guberna mental en cuya
formulación inicial se reconocía como
único objetivo del diálogo directo el de
"acordar los procedimientos para su
incorporación (de los grupos alzados en
armas) a la nor malidad"30. Gracias a esta
fórmula de la Primera Declaración se
vincularon de nuevo los dos temas
cruciales del proceso de negociación: el
abandono de la vía armada como recur so
de acción política y la apertura
democrática, entendida no como un
vuelco total del régimen político (la
"revolución por decreto"), sino como el

29 Numeral 2 de la "Primera Declaración Conjunta
suscrita en el Tolima por el Gobierno Nacional y
el Movimiento 19 de Abril, M-19, el 10 de enero
de 1989", recopilada en Consejeria la
Reconciliación, Normalización y
Rehabilitación, El Camino de la Paz..., p. 87.


(El subrayado es mío).
30 "Desarrollo de la Iniciativa de Paz", en Ibid., p.


37.
establecimiento de nuevas reglas del
juego político que permitan que los
actores, antes enfrentados, puedan entrar
a debatir sus proyectos y a competir por
el consenso nacional dentro del marco de
una democracia ampliada.

El consenso de las dos partes
negociadoras sobre el objetivo último del
proceso es requisito indispensable para su
avance. Para ello es además
absolutamente necesario que exista
claridad sobre el mismo. Durante el
proceso de paz de Betancur no hubo
nunca claridad sobre el objetivo final.
Hubo acuerdos sobre metas parciales: la
necesidad de un cese al fuego, de una
tregua, de un diálogo nacional, de una serie
de reformas de amplio espectro. El
diálogo, utilizado como medio para
alcanzar el ambiguo fin de "afianzar la
paz nacional"31, terminó convertido en un
fin en sí mismo. La falta de claridad en
torno al objetivo estratégico condujo a un
círculo vicioso en el que cada actor,
interpretando la meta final a su propio
acomo do, condicionaba su logro al difícil
cumplimiento de las ambiciosas metas
pactadas como compromisos parciales.

En este caso el objetivo final se planteó
en forma clara e inmodificable. Como
también se precisaron las condiciones
para ingresar al pro ceso de diálogo: "se
exige como prerrequisito la pública
aceptación de participar en él. Por parte
de los alzados en armas, un cese unilateral
de las hostilidades por un tiempo
prudencial que geste el clima de
distensión y de confianza"32. Por el
contrario, durante el proce so de paz

31 Texto del Acuerdo firmado entre el Gobierno y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, FARC-EP, en Enrique Santos
Calderón, La guerra por la paz, Bogotá,
CEREC, 1985, p. 292.32 "Primera Declaración Conjunta...", p. SS


Estudios La paz en la administración Barco…

anterior fue el propio gobierno el que dio
claras muestras de su voluntad (amnistía,
cumbre política, Comisión de Paz)
mientras que a la guerrilla no se le exigió
ninguna condición previa para iniciar
negociaciones. Esta diferencia obedece
sobre todo a las condiciones
prevalecientes en cada coyuntura. En
1982 la guerrilla venía en un proceso de
ascenso y tenía ganado un alto grado de
legitimidad como consecuencia de lo
ocurrido durante la administración
Turbay. Era el régimen el que necesitaba
con urgencia buscar una salida y recuperar
para sí la bandera de la paz. Para
1989, por el contrario, el fracaso del
anterior proceso había generado un
innegable escepticismo frente a la real
voluntad de paz de la guerrilla, lo cual
exigía de ella, en este nuevo contexto,
demostraciones concretas de su
disponibilidad al diá logo.

También se clarificó, a través de la
Primera Declaración Conjunta, quiénes
habrían de ser los interlocutores en el
proceso de diálogo. La Declaración dice
en su numeral 2: "El Gobierno Nacional y
el M-19 convocan a un diálogo directo a
las Direccio nes de los Partidos Políticos
con representación parlamentaria y a los
comandantes de los grupos de la
Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar"33. En representación del
gobierno ha actuado el Consejero
Presidencial para la Reconciliación,
Normaliza ción y Rehabilitación, cargo
creado desde comienzos de la
administración Barco con el objeto de
centralizar e institucionalizar las múltiples
y dispersas comisiones ad hoc del
cuatrienio anterior. Este cambio en el
manejo del proceso redujo el ámbito de
participación de diversas fuerzas sociales

33 Ibid., p. 87.

que las comisiones de Betancur habían
logrado crear. Pero condujo, por otro
lado, a corregir numerosas fallas atribuidas
a la "comisionitis" del pasado. Al
centralizar las funciones de las
comisiones en una sola persona se superó
la falta de coordinación que las había
aquejado. Por otro lado, la dele gación
directa del poder presidencial en manos
del Consejero corrigió el vacío más grave
de las comisiones: su falta de capacidad
para tomar decisiones en asuntos de paz.

La situación ideal en aras de la claridad
de los acuerdos y el cumplimiento de los
compromi sos es que la negociación
bilateral que se desarrolla, en este caso,
entre el Estado y el Movimiento
guerrillero, sea asumida por dos
interlocutores representativos de los polos
en conflicto. Sin embargo, en una
situación tan compleja como la
colombiana es preciso advertir que ni el
Estado, ni la guerrilla, constituyen actores
homogéneos. De allí que las partes que
intervienen en la negociación no
representen del todo a los actores en
conflicto. El gobierno, por ejemplo, no
representa a la totalidad de un Estado
inmensamente fragmentado y dividido
por diversas y aun contrapuestas
interpretacio nes del conflicto nacional.
Este fue uno de los principales obstáculos
que se opusieron al éxito del proyecto
belisarista. En lo que respecta a la actual
administración, es claro que el Ejecutivo
no tiene capacidad de control sobre los
agentes que, desde el Estado, promueven
la guerra sucia. Tampoco logró imponer
una disciplina sobre el partido de
gobierno y, en consecuencia, el Congreso
volvió a convertirse en uno de los más
grandes obstáculos para el proyecto de
reconciliación nacional.
Ahora bien, si no puede hablarse de
coherencia en el interior del Estado,
tampoco puede pensarse en la unidad de


Estudios La paz en la administración Barco…

la contraparte: el movimiento armado
colombiano. A pesar de los intentos
recientes de cohesión alrededor de la
CNG y posteriormente de la CGSB, la
guerrilla en Colombia es aún un conjunto
heterogéneo de movimientos sin
posibilidades de unificación en el corto
plazo. La Coordinadora sólo cumple un
papel formal como canal para el
intercambio de ideas y el logro de algunos
acuerdos parciales, pero no tiene ninguna
capacidad de "meter en cintura" a la
totalidad de las organizaciones que la
conforman. Ante esta inmodificable
dispersión del movimiento guerrillero,
sería preciso diseñar estrategias lo
suficientemente coherentes pero a la vez
flexibles, que pudieran dar cuenta de tal
realidad. La Comisión de Paz del período
Betancur inició negociaciones
simultáneas con casi todos los grupos
guerrilleros en forma espontánea y sin
condiciones previas. Estas condujeron
luego a la firma, por separado, de
acuerdos muy diferentes entre sí. A su
vez estos acuerdos contemplaban diversos
compromisos que generaron, además de
las numerosas comisiones, cursos
divergentes en el proceso de negociación.
La complejidad del entramado tejido a lo
largo del período 1982-1986 produjo
finalmente la anarquización del proceso
mismo y la rup tura de algunos acuerdos
hasta quedar reducido a uno solo de ellos:
el de las FARC.

Barco ha intentado el proceso inverso:
una sola estrategia contemplada en la
Iniciativa de Paz se ofrece a todos los
grupos guerrilleros, exigiendo de ellos,
indistintamente, el cumpli miento de
condiciones previamente establecidas. La
propuesta, tal como fue concebida inicialmente,
sólo fue aceptada por un
movimiento armado: el M-19. El resto de
la Coordinadora se abstuvo de ingresar en
el proceso de negociación argumentando

que las condiciones exigidas para ello
eran inaceptables. El gobierno inició la
negociación con un solo interlocutor
esperando seguramente que, ante el
cambio de condiciones que ello
produciría, los demás grupos insur gentes
se verían forzados a ingresar en el

proceso.

Sin embargo, esto no sucedió. Por el
contrario, de la Coordinadora Guerrillera
surgieron por lo menos tres propuestas
alternativas a la iniciativa gubernamental:
el ELN ha manifestado que está dispuesto
a conversar con el gobierno acerca de la
humanización de la guerra y de la política
energética, pero nunca estará dispuesto a
entrar en negociaciones conducentes a la
finalización del enfrentamiento armado;
el EPL, por su parte, ha reiterado su
disposición a entrar en el proceso de
negociación pero sobre la base de
condiciones aceptables para la gue rrilla y
luego de que el gobierno se haya comprometido
a promover acciones contra la
guerra sucia y a favor de la solución de
conflictos regionales como el de Urabá;
finalmente, por iniciativa de las FARC34
fue creada la Comisión de Notables
conformada por los expresidentes Misael
Pastrana y Alfonso López Michelsen, el
cardenal Mario Revollo Bravo y el
presidente de la ANDI, Fabio Echeverri
Correa, con el fin de constatar la buena
voluntad de ese grupo para iniciar
conversaciones con el gobierno alrededor
de los temas de inte rés que fueran
identificados a través de los contactos con
la misma Comisión. El gobierno tuvo que
aceptar, finalmente, la multiplicación y

34 "Carta de las FARC a la opinión pública, que
propone la conformación de una Comisión de
Alto Nivel, 23 de febrero de 1989", recopilada en
Consejería para la Reconciliación, Normalización
y Rehabilitación, El Camino de la Paz..., pp. 147


149.

Estudios La paz en la administración Barco…

descentralización de los escenarios de
diálogo con el movimiento guerrillero.

No obstante, los acercamientos con el
EPL y las FARC no lograron concretarse
en un esfuerzo serio de negociación
debido, en buena parte, a la persistencia
de la guerrilla en presionar el camino del
diálogo por las vías violentas. Así, pues,
el proceso con el M-19 constituyó el pilar
estratégico sobre el cual se apoyó el
renovado proceso de paz bajo la
administración Barco.

Una vez señalada la incompleta
representatividad de los interlocutores
básicos (gobierno y M-19), es preciso
referirse al tercer interlocutor incluido en
este proceso: los partidos políticos con
representación parlamentaria. La
inclusión de este nuevo actor implicaba
no sólo una novedad sino, sobre todo, un
avance con respecto al proceso de paz de
Betancur, si se tiene en cuenta que la
ausencia de compromiso de los partidos
políticos, para no señalar su franca
oposición, constituyó uno de los factores
del fracaso del mismo. En esta nueva versión
del proceso se los incorporó como
participantes activos del diálogo y la
negociación buscando con ello
comprometerlos directamente, para
garantizar así el cumplimiento de algunos
de los acuerdos pactados. La Segunda
Declaración Conjunta del Gobierno
Nacional y el M-19 estableció la creación
de una Mesa de Trabajo con el fin de
facilitar el desarrollo del diálogo tripartito
convenido en la Primera Declaración. Su
función principal sería la "búsqueda de
acuerdos políticos concertados con el
objetivo de transitar hacia la democracia
plena"35.

35 Numeral 6 de la "Cuarta Declaración Conjunta,
suscrita por el Gobierno y el M-19 en Santo

La asignación de esta tarea a la Mesa de
Trabajo tenía la virtud de corregir tres
errores que mantenía vigentes la
Iniciativa para la Paz: en primer lugar, en
ella aparecían totalmente divorciados el
diálogo directo y la discusión sobre la
reforma política. A partir de la creación
de la Mesa de Trabajo se reiteró la
necesaria vinculación entre la cuestión de
la reforma del régimen y el proceso de
negociación. En segundo lugar, en la
Iniciativa gubernamental el tema de las
reformas institucionales quedaba
circunscrito únicamente al debate sobre el
paquete de reforma constitucional que
cursaba entonces por el Congreso. Al
hablar de la búsqueda de "acuerdos
políticos" como labor fundamental de la
Mesa de Trabajo, se amplió el espectro de
temas y opciones más allá del Acto
Legislativo en mención. Finalmente,
quizá lo más importante es que la
decisión de crear esta Mesa de Trabajo
evitó que el Congreso pudiera torpedear
la eventual realización de un debate
acerca del tema. Los antecedentes
experimentados durante el cuatrienio
anterior eran un mal augurio para el
cumplimiento del numeral 3 de la Fase de
Distensión contemplado en la Iniciativa
gubernamental, que proponía la realización
de audiencias y la designación de
voceros para dialogar en torno al reajuste
institucional, "dentro de un marco de
diálogo institucio nal promovido por el
Congreso de la República, si este cuerpo
lo considera conveniente"36.

Con la creación de la Mesa de Trabajo se
sustrajo el debate sobre la reforma
política de la aceptación por parte del

Domingo, Cauca, el 17 de marzo de 1989",
recopilada en Ibid., p. 190.
36 "Desarrollo de la Iniciativa para la Paz", en Ibid.,


p. 37. (El subrayado es mío).

Estudios La paz en la administración Barco…

Congreso pero se intentó mantener, a la
vez, el compromiso de los partidos
políticos tradicionales y de la UP,
buscando asegurar de alguna forma la
concreción de los acuerdos a que allí se
llegara bien fuera mediante su traducción
en proyectos de ley y acto legislativo o
bien, a través de medidas ejecutivas
respaldadas por el consenso de los
partidos37. Estos correctivos pretendían
subsanar el permanente divorcio que,
durante el proceso de paz de Betancur, se
mantuvo entre la labor del Congreso y la
dinámica de la negociación y el diálogo
nacional. Pese a la novedad del
mecanismo y a su pretendida eficacia, la
Mesa de Trabajo se fue quedando sin piso
a medida que se hizo evidente la falta de
compromiso de los partidos políticos con
la búsqueda de una solución negociada al
conflicto interno. Las conclusiones de la
Mesa de Trabajo que debían ser
presentadas antes del inicio de las
sesiones ordinarias del Congreso, es
decir, antes del 20 de julio del año en
curso, tardaron casi cuatro meses en
aparecer. En el intervalo, el Congreso dio
inicio a la discusión de la reforma
constitucional aprobada en primera vuelta
durante 1988 y se enfrascó en la
preparación de la actividad electoral para
1990. La demora de la Mesa de Trabajo
en configurar el tan anhelado "acuerdo
político" redujo el espacio para el debate
acerca de las medidas de apertura
democrática que constituían parte
esencial del proceso de negociación.

Pero, además, las circunstancias en que
fue firmado finalmente el Pacto Político
por la Paz y la Democracia, el 2 de
noviembre, con la ausencia de la Unión

37 "Reglamento de la Mesa de Trabajo por la Paz y
la Reconciliación Nacional", en [bid., pp. 257


258.
Patriótica y del Partido Social
Conservador, dice mucho sobre la voluntad
de los partidos frente al problema de
la paz. La UP había decidido marginarse
totalmente del proceso a raíz del asesinato
de José Antequera el 3 de marzo de 1989.
El Partido Social Conservador por su
parte, participó en todas las
deliberaciones de la Mesa de Trabajo
pero decidió abstenerse de firmar el Pacto
Político como un arma de "regateo
político" para presionar al gobierno y al
Partido Liberal en algunos puntos de la
reforma constitucional. Así, pues, la
aprobación de las normas que habrían de
darle vida efectiva al Pacto quedaron
sujetas a las negociaciones que el
gobierno lograra hacer con un disperso y
fragmentado Partido Liberal que, pese a
estar formalmente a favor de lo pactado,
torpedeó insistentemente las
probabilidades de aprobación de las reformas
en la pasada legislatura. De
nuevo, los partidos políticos mostraron en
toda su dimensión la mezquindad política
que los acompaña y el Congreso, de
espaldas al país como siempre, se ratificó
como un gran obstáculo para la
superación de la crisis nacional.

Por el contrario, algunas fuerzas de la
sociedad civil, entre ellas algunos
partidos y movimientos políticos sin
representación parlamentaria, dieron
muestras de una gran voluntad de participación
en las instancias que para el
efecto se abrieron durante el proceso. Al
respecto hay que aclarar que el hecho de
que las negociacio nes directas se lleven a
cabo entre interlocuto res claramente
definidos -los adversarios en conflicto-,
no quiere decir que la sociedad civil deba
ser excluida del proceso general de
reconciliación. Por el contrario, su
participación es fundamental en aras de
gestar un consenso nacional a favor de la
solución negociada del conflicto. Tal


Estudios La paz en la administración Barco…

participación puede darse contribuyendo
al acercamiento entre las partes en
conflicto (como lo hizo la Comisión de
Notables), participando en el debate sobre
las medidas necesarias para erradicar la
violencia y consolidar la paz (diálogos
regionales, mesas de análisis y
concertación) y, eventualmente, puede
llegar a cumplir un papel en la verificación
de los acuerdos cuando ello sea
necesario y conveniente (tal era el papel
asignado a los Consejos Regionales de
Normalización contemplados
originalmente en la Iniciativa para la
Paz).

La administración Barco aceptó a
regañadientes la creación de algunos
escenarios propicios para la participación
de la sociedad civil en el actual proceso.
Después de oponerse enérgicamente al
diálogo regional que se llevaba a cabo en
el Caquetá, terminó incluyendo este
mecanismo dentro de la Iniciativa de Paz
como complemento de la negociación
directa entre el gobierno y la guerrilla. El
desarrollo de estos diálogos ha sido
desigual dependiendo de las condiciones
propias de cada contexto regional.
Algunos, como el del Cauca, ha n tenido
un avance significativo. Otros, la
mayoría, no han superado el carácter
reivindicativo convirtiéndose en
asambleas comunitarias donde, lejos de
proponer soluciones a la violencia, se
reiteran una vez más ante el Estado las
necesidades más urgentes de la población
local. En su conjunto, los diálogos
regionales se han desarrollado en forma
paralela al proceso de paz sin que se haya
logrado establecer una conexión precisa
entre los dos procesos. Quizá en ello haya
influido la escasa presencia regional del
único movimiento guerrillero involucrado
en la negociación: el M-19.

La otra instancia propuesta por la
Iniciativa de Paz que contemplaba la
participación de la sociedad civil en
asocio con los protagonistas del diálogo,
cabe decir los grupos guerrilleros, los
partidos políticos y funcionarios del
Estado, infortunadamente no fue puesta
en marcha. Se trataba de los Consejos
Regionales de Normalización que debían
actuar durante la Fase de Transición
establecida por la Iniciativa. Aparte de
incluir algunos representantes de la sociedad
civil, los Consejos tenían la virtud de
vincular a los militares, a la policía y al
Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS, en labores de
coordinación, supervisión y verificación
de los acuerdos pactados38.

La tercera instancia de participación de la
sociedad civil, creada por iniciativa de las
FARC y no del gobierno, es la Comisión
de Notables. Su composición, a la cual ya
se ha hecho referencia, tuvo el acierto de
incluir no sólo a dos expresidentes, de
alguna forma voceros del bipartidismo,
sino también a la Iglesia y a la ANDI, el
gremio más influyente en el país después
de los cafeteros. Se trataba de una comisión
mediadora, de acerca miento. Ella fue
quizá lo más parecido dentro del actual
proceso a la extinguida Comisión de Paz
de Betancur. Pero frente a ella tenía dos
ventajas importantes: la primera, el
reducido número de sus miembros lo cual
agiliza su funcionamiento; la segunda, la
clara delimitación de sus funcio nes. Los
propios miembros de la Comisión de
Notables se encargaron de aclarar, desde
un principio, que ella no reemplazaba ni
sustituía el papel necesario y protagónico

38 Entre los integrantes de los Consejos Regionales
de Normalización se encontraban, entre otros, el
comandante de la Unidad Operativa Militar con
jurisdicción en la región, el comandante de Policía y
el director sectional del DAS. Véase, "Desarrollo de
la Iniciativa para la Paz", en Ibid., pp. 40 y 41.


Estudios La paz en la administración Barco…

que debe cumplir el gobierno en la
negociación directa. Se trataba más bien
de una comisión de "promo tores"
encargados de generar un ambiente de
confianza previa y estimular la
negociación directa39.

Por último, la experiencia más rica en lo
que hace a la participación de la sociedad
civil a lo largo de este proceso fueron las
Mesas de Análisis y Concertación. Estas
fueron creadas por iniciativa de la Mesa
de Trabajo con el objeto de "establecer
otros mecanismos de participación a fin
de canalizar e integrar los aportes de
todas las fuerzas de la Nación"40. Ellas
pueden considerarse como la nueva
versión del fracasado Diálogo Nacional,
pero esta nueva experiencia resultó
mucho más fructífera. El Diálogo
Nacional surgió como una exigencia del
M-19 para la firma del acuerdo de agosto
de 1984; nunca fue visto con buenos ojos
ni por el gobierno, ni por los partidos
políticos. Peor aún: el mismo M-19 no
logró darle forma a su propia iniciativa,
llegó al Diálogo sin propuestas concretas
y terminó abandonándolo a su propia
suerte. En esta ocasión la iniciativa surgió
en el seno de la Mesa de Trabajo en la
que por supuesto se encontraba el M-19
como promotor de la idea, pero
acompañado por el go bierno y los
partidos tradicionales. El movimiento
guerrillero presentó esta vez un total de
12 propuestas cuyo común denominador
fue el realismo y la sensatez política 41.

39 "Primer comunicado de prensa de la 'Comisión de

Notables' creada a instancias de las FARC, 28 de
febrero de 1989", en [bid., pp. 167 y 168.40 "Segunda Declaración Conjunta del Gobierno
Nacional y el M-19 en las montañas del Tolima, 4 de
febrero de 1989", en Ibid., p. 110.41 Las 12 propuestas del M-19 pueden consultarse
en "Plan de Emergencia: orden público",

Documento No. 7. "Plan de Emergencia:
económico-social", Documento No. 8; "Plan de

Buena parte del éxito de las Mesas de
Análisis y Concertación debe ser
atribuido a la claridad con que se
definieron de antemano su composición,
sus funciones, los temas a discutir y los
plazos. En total se reunieron tres mesas,
en las cuales se discutió un número igual
de temas: 1) Convivencia, justicia y orden
público; 2) Aspectos socioeconómicos, y
3) Asuntos constitucionales y en materia
electoral, que fueron a su vez
subdivididos en subtemas específicos42.
Su función principal consistía en discutir
estos temas y formular propuestas que
contaran con el respaldo unánime de los
participantes, para ser llevadas a la Mesa
de Trabajo. Esta se encargaría, como se
dijo antes, de elaborar con base en ellas
una serie de acuerdos políticos que serían

Emergencia: constitucional-electoral", Documento
No. 9, en "10 Documentos sobre el proceso de
paz", secretaría de Información Alvaro Fayad,
Movimiento 19 de Abril, M-19 (mimeo).

42 Mesa No. 1-Convivencia, justicia y orden
público: a) Mecanismo de juzgamiento de los
delitos cometidos por los agentes de la guerra
sucia; b) Autodefensas, grupos paramilitares y
grupos armados extremistas; c) Estatuto antiterrorista;
d) Narcotráfico; e) Derecho

Internacional Huma nitario. Mesa No. 2 Asuntos
socioeconómicos: a) Planeación
participativa; b) Ingresos, salarios y aspectos
labora les; c) Recursos naturales; d) Alimentos y
seguridad alimentaria; e) Vivienda y
asentamientos humanos; f) Salud; g) Fondo
Nacional para la Paz. Mesa No. 3-Asuntos
constitucionales y en materia electoral: a) Nuevo
pacto político; b) Reforma constitucional,
referéndum y Asamblea Constituyente; c)
Régimen electoral y de partidos: voto secreto y
obligatorio; circunscripción nacional;
financiación estatal de los partidos y las
campañas electorales; acceso a los medios de
comunicación; d) Continuidad de la política de
paz; e) Creación de una cuarta rama del poder
público que organice los servicios públicos de
radio y televisión.


Estudios La paz en la administración Barco…

traducidos en proyectos de ley o medidas
de carácter ejecutivo. Había entonces un
mecanismo diseñado para articular los resultados
del debate en las mesas con las
instancias públicas representativas. Las
Mesas de Análisis y Concertación
cumplieron con el plazo que les había
sido fijado de antemano: sus
conclusiones, presentadas a la Mesa de
Trabajo el 13 de julio de 1989, fueron la
base del Pacto Político por la Paz y la
Democracia firmado el 2 de noviembre
por el Gobierno, el Partido Liberal y el
M-19.

En cuanto a la participación de los
diversos sectores de la opinión nacio nal
en este tipo de foros, se diría que el
Diálogo Nacional contó con una
participación amplia pero poco representativa.
Sus integrantes estaban allí a
título personal y no en representación de
ningún sec tor de opinión. En las Mesas de
Análisis y Concertación, en cambio,
debían participar "ade más de
representantes autorizados de los
miembros de la Mesa de Trabajo,
representantes autorizados de sectores y
fuerzas representativas de la sociedad"43.
En virtud de esta disposición, un gran
número de organizaciones de la sociedad
civil fue invitado a participar. Entre las
que acogieron la invitación cabría resaltar
la presencia activa y el trabajo realizado
por las universidades pública y privada,
algunos movimientos y partidos políticos
como el Movimiento Democrático
Alternativo y la ANAPO, los militares
retirados, algunos movimientos cívicos y
comunales, así como varias asociaciones
de profesionales44.

43 "Reglamento de la Mesa de Trabajo...", pp. 256
y 257.44 Participaron con ponencias: 4 universidades, 4
centros de investigación, 8 asociaciones de
profesionales, 7 partidos y movimientos políticos,
la Coordinadora Nacional de Movimientos

La gran ausente en esta ocasión fue la
izquierda. A pesar de haber sido invitada
a participar en su calidad de partido con
representación parlamentaria, la Unión
Patriótica decidió marginarse totalmente
del proceso (tanto de la Mesa de Trabajo
como de las Mesas de Análisis y
Concertación) por los motivos arriba
anotados. La coordinadora de ese
Movimiento, en carta enviada al
Presidente Barco, oficializó su retiro del
proceso como protesta ante la ausencia de
garantías para la vida de los militantes de
izquierda45. A Luchar y el Dente Popular,
excluidos de la Mesa de Trabajo por no
tener representación en el Congreso, tampoco
se hicieron presentes en las Mesas
de Análisis y Concertación. La actitud de
las fuerzas de izquierda puede ser
entendida como un reclamo legítimo ante
la escalada de la guerra sucia contra sus
militantes. Sin embargo, también debe
explicarse como consecuencia de las
ambiguas relaciones que ellas mantienen
con algunas organizaciones armadas
opuestas al proceso de negociación con el
M-19, sin descartar tampoco las luchas
por el protagonismo político que han
caracterizado a la izquierda colombiana.
Sea cual sea la explicación, lo cierto es
que la izquierda perdió, al no asistir a las
Mesas de Análisis y Concertación, una
nueva oportunidad para debatir sus ideas
con un buen sector del país nacional y
participar en la construcción de una salida
negociada al conflicto.

En lo que hace a la participación de los
diferentes sectores del Estado, cabe
anotar que esta vez, de nuevo, los

Cívicos, la ANUC, la Comisión Nacional
Comunal, algunos sindicatos, 4 generales en
retiro, y 14 asociaciones y comités populares.
45La Prensa, 15 de marzo de 1989.


Estudios La paz en la administración Barco…

militares estuvieron ausentes. Cuatro
generales retirados tuvieron una
participación activa pero a título personal.
No hubo representantes de las Fuerzas
Armadas en servicio activo. Por lo tanto,
aún está pendiente un urgente y necesario
debate sobre la conveniencia de vincular
al estamento militar en las diferentes
etapas de un proceso de paz. La Iglesia
Católica, por el contrario, ha estado
presente a lo largo de todo el proceso en
calidad de "tutora espiritual", es decir,
como "testigo y garante ético de lo que
allí se hable, se convenga y finalmente se
pacte"46. Su participación en las actuales
negociaciones ha sido mucho más notoria
que en el pasado.

En suma, pese a la ausencia de algunos
actores claves (la izquierda, la mayoría de
los gremios y los militares), las Mesas de
Análisis y Concertación cumplieron con
éxito la función que les había sido
asignada. El resultado de esta experiencia
de participación de la sociedad en el
proceso de concertación fue resaltado
como uno de los logros alcanzados por el
mismo, en la Declaración Conjunta
suscrita por el Gobierno y el M-19, el 17
de julio del año pasado. Allí también se
resaltaba, como uno de los resultados más
positivos, "el cumplimiento de los
compromisos, etapas y tiempos
establecidos en los sucesivos acuerdos"47.
A este logro contribuyó la modalidad
adoptada de producir declaraciones
conjuntas cada cierto tiempo, en las que
se reiteraba el objetivo final acordado
inicialmente y se fijaban metas parciales a
alcanzar en el corto plazo. Ello permitió
una cierta flexibilidad, gracias a la cual
fue posible corregir el rumbo e introducir

46 "Reglamento de la Mesa de Trabajo...", p.254.

47 "Pacto para la desmovilización gradual del M19",
en El Espectador, 18 de julio de 1989, lA y
12A.

algunas rectifi caciones sin perjuicio del
compromiso original. Además, obligó a
una sana confrontación permanente entre
las partes en cuanto a la percepción de
cada una sobre los desarrollos del proceso.
Esta vez, la evaluación de los pasos
adelantados y de los obstáculos
encontrados no se dejó a la libre
interpretación de cada uno, como ocurrió
durante el proceso de paz anterior en el
que las partes calificaban, cada una a su
mane ra, el cumplimiento o
incumplimiento de lo pactado, hasta
llegar a la ruptura unilateral de los
acuerdos.

Otro factor que favoreció enormemente el
normal desarrollo de las negociaciones
fue la designación de una zona geográfica
para la ubicación territorial del grupo
guerrillero durante el lapso de las
conversaciones previo a su reincorporación
definitiva. La ubicación del M19
en la vereda de Santo Domingo,
municipio de Toribío, Cauca, contribuyó
sobre todo, como lo afirma la Cuarta
Declaración, a darle "transparencia al
proceso, en el sentido de impedir que
sectores enemigos del diálogo y la
concertación puedan incurrir en acciones
de las cuales pudiera inculparse al M-19 o
al Gobierno"48. Buena parte de las
hostilidades entre el ejército y la guerrilla
que torpedearon el proceso de paz de
Betancur, entre ellas el ataque de Yarumales
contra el campamento del M-19 en
diciembre de 1984, tuvieron su origen en
la ausencia de definición de territorios
donde el movimiento armado pudiera
permanecer durante el período de
transición.

Así las cosas, el proceso debía culminar
en diciembre de 1989 con la entrega de

48 "Cuarta Declaración Conjunta...", P.188. 49.


Estudios La paz en la administración Barco…

las armas del M-19 en Santo Domingo y
la reincorporación definitiva del
movimiento a la vida civil. Antes de ese
acontecimiento, sin embargo, debían
cumplirse todavía varios pasos indispensables.
En primer lugar, debía ser
aprobado el proyecto de ley de indulto
presentado por el gobierno, cuyo trámite
se inició en la Cáma ra de Representantes
el 15 de noviembre del año en mención.
Este proyecto encontró numerosas
dificultades a su paso por el Congreso a
raíz de las modificaciones introducidas
por el ponente, quien amplió los
beneficios de la medida a miembros de
otros grupos guerrilleros e incluso a
culpables de delitos comunes, como el
narcotráfico49. La inclusión de la figura
de indulto para los narcotraficantes estuvo
a punto de dar al traste con el proyecto.
Una vez solucionado el impasse, el
Congreso dio su aprobación a la ley de
indulto, cuya reglamentación se hizo
mediante decreto en enero de 1990.

Paralelamente, debía darse cumplimiento
a las medidas contempladas en el "Pacto
Político por la Paz y la Democracia",
como requisito indispensable para el
desarme, la desmovilizació n y la
reincorporación del M-19. El Pacto,
firmado el 2 de noviembre de 1989 por el
Gobierno Nacional, el Partido Liberal, los
presidentes del Senado y la Cámara, un
representante de la Iglesia Católica y el
M-19, contenía un total de 27 puntos que
recogían, en su .gran mayoría, las
recomendaciones de las Mesas de
Análisis y Concertación sobre
convivencia, justicia y orden público,
asuntos socioeconómicos y aspectos
constitucionales y electorales.

49 El Tiempo, 15 de noviembre de 1989, p. 7A.

Algunos de los compromisos pactados
son competencia directa del gobierno, los
ministerios, los departamentos
administrativos o los institutos
descentralizados. Es el caso de la mayoría
de las modificaciones propuestas en
materia social y económica. También
compete directamente al gobierno llevar a
cabo las acciones dirigidas a restablecer
la convivencia, fortalecer la justicia y
normalizar el orden público, como
condición inaplazable para garantizar el
regreso del movimiento insurgente a la
lucha política legal. El asesinato de una
docena de miembros del M-19 a lo largo
del proceso de negociación plantea serias
dudas acerca de sus posibilidades de
constituir un nuevo movimiento político
que no corra la misma suerte de la Unión
Patriótica. No basta con las rectificacio nes
formales en la normatividad del
régimen político. Es imprescindible,
además, transformar las condiciones
reales en medio de las cua les se desarrolla
el proceso político en Colombia. En este
sentido el gobierno podría seguramente
avanzar si recogiera y pusiera en práctica
los seis puntos contemplados en el Pacto.

Finalmente, estaba en manos del
Congreso la aprobación de las reformas
pactadas en torno a la ampliación del
régimen político, relacionadas con la
Constitución y el proceso electoral. Estas
constituían parte del núcleo central del
acuerdo y además revestían carácter
urgente dada la cercanía de las elecciones
de 1990. La polémica se centró alrededor
de la posibilidad de convocar a un
referéndum en enero de 1990 e introducir
dentro de la consulta la creación de una
circunscripción electoral especial que
daría acceso al Congreso a los miembros
del grupo guerrillero reincorporado. La
discusión acerca de estos dos puntos,
cruciales para el proceso, se enredó en el
debate sobre el paquete completo de la


Estudios La paz en la administración Barco…

reforma constitucional en trámite,
amenazada por serias incoherencias en su
formulación general. Pero además sufrió
el ataque frontal de varios miembros de la
"clase política", incluidos algunos
liberales que, desconociendo por
completo el lento proceso de
configuración de los acuerdos alcanzados
con el M-19, resolvieron torpedearlo a
última hora.

Por un lado, protestaban contra el exceso
de generosidad al ofrecerle al M-19 cierto
número de curules a cambio de su
desarme y desmovilización. Por el otro,
resolvieron incluir en el temario del
referéndum un punto acerca de la
extradición de narcotraficantes. De nuevo
aquí, como en el debate sobre el indulto,
se incluyó el tema del narcotráfico como
una forma de lavarse las manos frente a
un enemigo asumido por el Ejecutivo mas
no por el Congreso. Si se quiere ir más
lejos, el tema del narcotráfico se vinculó a
las discusiones sobre la reforma
institucional como la forma más fácil, por
las contradicciones que suscita, de paralizar
las posibilidades de transformación
del régimen y con ellas, el proceso de
reconciliación. De hecho, el paquete
completo de reforma constitucional,
incluida la eventual convocato ria al
constituyente primario, se hundió el 15 de
diciembre de 1989 con la aprobación del
gobierno mismo que, ante la
imposibilidad de imponer disciplina sobre
su propio partido, pidió que el proyecto
fuera archivado 50.

El desastroso resultado arrojado por la
legislatura ordinaria de 1989 pareció, por
un momento, llevar al fracaso todo el
proceso de negociación con el M-19. De
nuevo, los partidos políticos y sus

50 Semana, No. 398, 19 -25 de diciembre de 1989,
pp. 32 y 33.

representantes en el Congreso, apa recían
como el más grande obstáculo para lo grar
la paz en Colombia. Sin embargo, el M19,
convencido de que el camino hacia la
paz era ya irreversible, mantuvo la tregua
unilateral y promovió contactos con el
gobierno para bus car salidas ante el
incumplimiento de los partidos. La
reglamentación de la ley de indulto hizo
posible que algunos miembros de la comandancia
del Movimiento se hicieran
presentes en Bogotá para adelantar
gestiones conducentes a la finalización
exitosa del proceso.

Sin contar aún con la certeza de que ello
sería posible, el M-19 inscribió listas, en
coalición con otros sectores ajenos al
bipartidismo (el Frente Democrático, la
Democracia Cristiana y el Movimiento
Colombia Unida), para participar en las
elecciones de alcaldes y corporacio nes
públicas el 11 de marzo de 1990.
Paralelamente se avanzó con el gobierno
en la definición de mecanismos y
procedimientos concre tos para la
desmovilización, dejación de armas y
reincorporación de los militantes del
Movimiento. A este respecto, no deben
olvidarse los problemas surgidos con
ocasión de la aplicación de la ley de
amnistía de 1982: falta de preparación de
las entidades estatales, resistencia de la
burocracia, escasez de recursos,
persecuciones, amenazas y asesinatos51.
Ellos indican que la reincorporación no es
asunto fácil y que, por el contrario, la
ausencia de un mecanismo eficaz para
llevarla a cabo o su eventual fracaso
pueden convertirse en un fuerte argumento
para retornar a la lucha armada.

51 Véase, Socorro Ramírez y Luis Alberto
Restrepo, Actores en conflicto..., pp. 127-133.


Estudios La paz en la administración Barco…

Finalmente, una vez superados la mayoría
de los escollos y ante la mirada
indiferente de los partidos, excesivamente
atareados con la cuestión electoral, el
viernes 9 de marzo de 1990 el M-19 hizo
entrega de sus armas, municiones y
demás elementos bélicos para luego
firmar, en la Casa de Nariño, el acuerdo
de paz definitivo con el presidente Barco.
La entrega efectiva de las armas terminó
por despejar todas las dudas y ratificó su
real voluntad de reincorporación. A partir
de este hecho no podrá atacarse al M-19
sobre la base de que este Movimiento
ejerce el "proselitismo armado". Por otra
parte, el hecho de que el armamento haya
sido entregado a una comisión de la
Internacional Socialista tiene a la vez un
valor simbólico y un valor real. En tanto
símbolo, se trataba de dar a las armas un
"destino digno", es decir, evitar que
quedaran en manos del gobierno y sus
Fuerzas Armadas, el enemigo de antaño.
Después de ser inventariadas por los
miembros militares de la comisión técnica
de la Interna cional Socialista, las armas
fueron fundidas con el objeto de impedir
su futura utilización. Su valor real
consiste en promover una especie de
supervisión internacional del proceso en
la medida en que, una vez puesta la
atención mundial sobre la reincorporación
del M-19 a la vida política legal, deberá
darse un mayor nivel de presión sobre el
gobierno para cumplir con los
compromisos adquiridos y, ante todo,
para evitar el aniquilamiento de los
militantes del nuevo Movimiento.

Dos días después de decir "adiós a las
armas", el nuevo movimiento político,
conservando su antiguo nombre, participó
en elecciones y obtuvo una significativa
votación dada su reciente reincorporación
y los inmensos obstáculos que impidieron
la realización de la campaña electoral.
Pasadas escasas veintic uatro horas del

cierre de la votación, el M-19 contaba ya
con un alcalde elegido popularmente, otro
candidato con grandes posibilidades de
llegar a la alcaldía de Yumbo, varios
concejales y una importante votación en
Bogotá52. No obstante, les espera un largo
y difícil camino hacia la consolidación de
este primer paso en la constitución de un
movimiento político alternativo al
bipartidismo.

Ahora bien, es preciso aclarar que la
reincorporación del M-19, por exitosa que
sea, no tiene la capacidad para poner fin a
la violencia, puesto que ella no se agota
en el enfrentamiento con uno solo, quizá
el más pequeño, de los grupos
guerrilleros. A su lado permanecen
activas las demás organizaciones armadas
que, pese a algunos intentos de
acercamiento con el gobierno, persisten
en el enfrentamiento.

Además, a la clásica confrontación entre
las guerrillas y el Estado, se ha agregado
la violencia rural generada por los grupos
paramilitares y el terrorismo urbano de
los narcotraficantes. Este último factor
emergió con fuerza en el segundo
semestre de 1989 debido a la "gue rra"
declarada por el gobierno contra el narcotráfico
a raíz del asesinato de Luis Carlos
Galán el pasado 18 de agosto. Este hecho
obligó al gobierno a enfrentar,
forzosamente, un enemigo que había
pretendido desconocer por más de tres
años. La confrontación con el narcotráfico
en las ciudades ha disminuido gracias
a algunos triunfos del gobierno (el
asesinato de Gonzalo Rodríguez Gacha el
15 de diciembre de 1989) , al agotamiento
de la modalidad de terrorismo utilizada
por los narcotraficantes, al debilitamiento

52 Este artículo se terminó de escribir el lunes 12
de marzo de 1990. Por lo tanto no incluye datos
finales sobre las elecciones.


Estudios La paz en la administración Barco…

y desarticulación de la organiza ción del
narcotráfico por la captura y extradición
de algunos de sus altos mandos, y a la
mediación de los Notables en el caso del
secuestro de Diego Montoya que dejó
planteada la posibilidad de una
negociación tácita. Esta consistiría en
renunciar al narcoterrorismo a cambio de
ser juzgados en el país y de la derogatoria
de la extradición por vía administra tiva.

La lucha contra los narcotraficantes, sin
embargo, ha dejado intacta la estructura
paramilitar, con lo cual se demuestra que
ella no depende exclusivamente del
narcotráfico, sino que hunde sus raíces en
otros grupos de la sociedad civil
empeñados en una lucha contrainsurgente
clandestina con el apoyo de algunos
sectores de las fuerzas armadas. Prueba
de ello es que han continuado las
masacres de campesinos, el asesinato
selectivo de miembros de la Unión
Patriótica (que se agudizó en el período
preelectoral) y el asesinato de periodistas
y líderes cívicos empeñados en buscar
vías alternativas a la violencia para la
transformación del país.

Pese a tan oscuro panorama, la
reincorporación definitiva del M-19 no
debe ser de ninguna manera subestimada.
Suponiendo que esta organización logre
continuar hacia la conformación de un
movimiento político legal con un
proyecto alternativo de izquierda
democrática, ello pondrá definitivamente
a prueba la capacidad del sistema político
para asimilar esta opción y hacerla viable.
De lograrse la consolidación de tal
movimiento de oposición, amplio,
democrático y desarmado, quedaría
demostrada la viabilidad de alternativas
políticas dife rentes a la lucha armada en
Colombia. Esa posibilidad no sólo le
sirve al M-19 o al gobierno. La
constitución de un polo democrático de

izquierda, al llenar el vacío existente entre
el bipartidismo tradicional y la guerrilla,

contribuiría enormemente a
despolarización del conflicto, a
"desmilitarización de la política" .
la
la
CONCLUSIONES

La evaluación del proceso de paz durante
la administración Barco no puede hacerse
sin evaluar de alguna forma, paralela e
implícitamente, los resultados del modelo
de solución política negociada de la
administración Betancur. Por tal razón,
las conclusiones de este trabajo se
refieren en forma global a las estrategias
de paz y apertura democrática impulsadas
por los dos últimos gobiernos. Estas dos
estrategias se enmarcan en el contexto de
la crisis de la sociedad colombiana en los
años ochenta. Esta crisis, definida a
grandes rasgos como una crisis de
legitimidad, de hegemonía o de
credibilidad, afecta en primer lugar al
Estado y al régimen político, pero
también a los demás actores políticos,
incluida la guerrilla en tanto proyecto
estratégico alternativo.

Los modelos de reconciliación que se
ensayan a lo largo de la presente década
como alternativas de solución a la crisis,
constituyen un paréntesis importante
dentro de la histórica tradición de
tratamiento represivo y militar otorgado a
la protesta política y social en Colombia.
Sin embargo, ambos adolecen de una
limitación fundamental: la falta de
representa tividad de los actores armados
protagonistas de la violencia. Ni el
Estado, en su totalidad, ni mucho menos
la guerrilla en su conjunto, pue den aspirar
a representar la inmensa gama de
intereses y conflictos que se mueven hoy
en la sociedad colombiana. Peor aún: los
interlocuto res directos en ambos procesos
de diálogo -el gobierno como


Estudios La paz en la administración Barco…

representante del Estado, y un sector de la
guerrilla en representación del
movimiento armado-tampoco llevan la
vocería de cada uno de los actores en
conflicto. Los actores son heterogéneos,
están dispersos, fragmentados.

No obstante esta inmodificable realidad,
ella no desmiente por sí sola la necesidad
de buscar una salida negociada a la crisis.
La negocia ción, aun limitada por la
escasa representatividad de las partes,
reviste de todas formas un carácter
estratégico. Ella tiene como objetivo
fundamental disminuir los niveles de
violencia, evitar la prolongación y la
descomposición del enfrentamiento
armado que desde hace tres décadas
desangra a Colombia.

Son los costos indeseables de una
prolongación indefinida del conflicto y la
necesidad de recuperar legitimidad, las
razones que llevan a los actores armados
a buscar una salida por las vías de la
concertación política. Para el régimen, en
cierto momento dado (es el caso de las
administraciones Betancur y Barco),
resulta menos costoso permitir una
apertura, que asumir la persistencia de la
guerra. Para la guerrilla, aun
reconociendo que a partir de su acción
armada logró un lugar como interlocutor
válido, resulta en extremo costoso
mantener la lucha armada en un contexto
en el que ya no tiene perspectivas
estratégicas, en el que ya no convoca el
apoyo del movimiento popular y en el
que, por el contrario, está condenada al
aislamiento y la descomposición.

No basta, sin embargo, con la voluntad de
los actores para que el proceso de
negociación resulte exitoso. En primer
lugar, es preciso anotar que en el caso
colombiano él se da en un contexto
altamente conflictivo no sólo por la

violencia de origen político sino por las
demás modalidades de violencia que,
combinadas todas, contribuyen a un
deterioro creciente de la dinámica política
y social. Pero además, existen
limitaciones propias de los actores en
conflicto que obstaculizan el avance de la
solución negociada.

Pese a que el presidencialismo constituye
uno de los rasgos más característicos del
régimen político colombiano, un
presidente sin el apoyo de los partidos
constituye, a todas luces, un factor muy
débil de poder cuando se trata de
transformar el régimen, como condición
para la reincorporación del opositor
armado. Tanto Betancur como Barco
sufrieron de esta falta de respaldo del
bipartidismo que ha llevado al fracaso la
mayor parte de las iniciativas reformistas.
Pero no sólo el Congreso obstruye las
posibilidades de salida a la crisis
escapando al control del Ejecutivo.
También lo hacen las Fuerzas Armadas
cuya autonomía tradicional en el manejo
del orden público logra oponerle, a las
políticas de paz de los gobiernos civiles,
una política contrainsurgente de largo
plazo apoya da en la Doctrina de la
Seguridad Nacional y las concepciones de
guerra de baja intensidad. Así, el Estado,
fragmentado internamente, no logra
configurar una política de paz coherente y
de largo plazo para contrarrestar los
efectos de treinta años de violencia.

La guerrilla, por su parte, no ha asumido
en su totalidad la necesidad de desmontar
el modelo de revolución radical a favor de
una transformación gradual de las
estructuras apoyada en la movilización de
masas. De allí que, como resultado de
casi una década de negociación, sólo se
haya logrado, finalmente, el acuerdo con
uno solo de los grupos que conforman el


Estudios La paz en la administración Barco…

abanico de guerrillas en Colombia: el M


19.
Aunque parcial, este acuerdo no puede ser
subvalorado, por el impacto que puede
producir, tanto en el corto como en el
largo plazo, sobre la dinámica política en
Colombia. Además de muchos otros
significados, el resultado logrado con el
M-19 implica, ante todo, una
revalorización de las soluciones
negociadas como salida viable de la
crisis.

Este es sólo el primer paso. La solución
definitiva de la crisis implica, en el corto
plazo, la obtención de condiciones que
eviten la escalada y degradación del
conflicto. Pero a largo plazo, exige la
realización de transformaciones
estructurales en lo económico, lo político
y lo social, que logren recomponer las tan
deterio radas relaciones entre el Estado y
la sociedad civil colombiana. Exige, en
suma, la constitución de un nuevo pacto
político y social. De lo contrario, las
estrategias de paz y apertura democrática
no pasarán de ser simples programas
instrumentales de corto plazo que, ante la
carencia de redefiniciones en lo
estructural, sólo pueden conducir a la
recurrencia permanente de lo que los
"violentólogos" han definido como el
ciclo violenc ia-amnistía-rehabilitaciónviolencia.



Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

ELEMENTOS PARA UNA
FUNDAMENTACIÓN DEL DELITO
POLÍTICO EN COLOMBIA: UNA
REFLEXIÓN A PARTIR DE LA
HISTORIA

*

Iván Orozco Abad

1. PRESENTACION
Tema central de estas reflexiones es una
aproximación entre histórica y sistemática
a la figura del delincuente político por
excelencia, es decir, el rebelde. Se trata
de determinar su especificidad a través de
indagar la historia jurídico-política
colombiana de la segunda mitad del siglo

XIX. De la realidad sociopolítica de
entonces salta a la vista, con sorprendente
transparencia, la tesis de que el rebelde ha
sido y debe seguir siendo entendido a la
sombra del combatiente. Sólo de esa
manera resulta viable que se lo pueda
distinguir claramente del delincuente
común y del simple terrorista, y sobre
todo, que se le pueda dar un tratamiento
legal adecuado a su realidad. La
posibilidad jurídica de que se recurra, por
parte del Estado, a los mecanismos del
indulto y de la amnistía para efectos de
buscar, eventualmente, una paz negociada
con los insurgentes depende de ello.
Según la terminología de Gabriel Almond
y Lucian Pye, podemos decir que la
Colombia de hoy, de la misma manera
que la Colombia del siglo XIX pero en un
grado menor, debe enfrentar, entre otras
muchas, una crisis de penetración53. Las

*

Abogado, investigador del Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales.
53 Almond y Pye definen la crisis de penetración, el
lado de la llamada crisis de integración, como una
de las dos grandes dimensiones de la crisis de
Estado -por contraposición a la crisis de la Nación
y a la de la consolidación del Estado-Nación. El
sistema político responde a la crisis de penetración

guerrillas colombianas, arraigadas sobre
todo en zonas de colo nización, son
indicadores fehacientes de que el Estado-
Nación no ha conseguido cubrir su
territorio.

La historia de las guerrillas liberales de
los Llanos y, más recientemente, la
historia de las FARC y de otros grupos
guerrilleros, ilustran de manera
sobreabundante cómo la ausencia del
Estado en zonas periféricas facilitó
procesos como la llamada "colonización
armada", mediante los cuales grupos
insurgentes constituyeron, promovieron o
simplemente coadyuvaron a la
articulación de comunidades surgidas en
el seno del proceso de ampliación de la
frontera agrícola y pecuaria desde los
años cincuenta. Las guerrillas, sobre sus
bases campesinas de apoyo, se erigieron
entonces en verdaderos Contra-Estados
locales subordinados a proyectos
estratégicos de conservación y
afianzamiento y aun de expansión
territorial orientada hacia la sustitución
del Estado y/o del régimen. Allí donde la
presencia del Estado era muy precaria o
traumática los comandantes guerrilleros
ejercieron durante décadas funciones
judiciales, notariales y de policía. Son
conocidos, entre otros muchos ejemplos
de la contra-estatalidad guerrillera, los

en la medida en que desarrolla la capacidad para
construir una burocracia racional, para movilizar
recursos fiscales y de trabajó, para controlar de
manera eficaz el orden público y para coordinar
tareas colectivas. El grado de cubrimiento territorial
del aparato de Estado es una expresión inmediata
del grado de desarrollo de tal capacidad. Véanse,
Gabriel Almond y Powell Bingham, Comparative
Politics. A Development Approach, Boston,
1966; Stein Rokkam, Die vergleichende Analyse
der Staaten -und Nationenbildung: Modelle
und Methoden, en Wolfgang Zapt (compilador),
Theorien des Sozialen Wandels, Konigsstein, ed.
Athenälum, 1979.


Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

matrimonios campesinos efectuados
siguiendo los dictados de la "ley del
monte".

Pues bien, en el espacio rural colombiano,
es decir, en un espacio donde los
conflictos armados han podido derivar
todavía hacia proyectos estratégicos de
sustitución del Estado, como culminación
de largos procesos de acumulación de
territorios, las confrontaciones entre el
ejército y las guerrillas suelen conservar
el carácter de verdaderas "guerras" en el
sentido que le atribuye a la expresión él
derecho internacional de los conflictos
armados.

Es cierto que el "ensuciamiento"
progresivo del conflicto armado
colombiano, sobre todo a partir de la
inserción del narcotráfico y muy
especialmente del narco-paramilitarismo
rural y del narco-sicariato urbano, ha
determinado que se pase, en forma
creciente, de una dialéctica de insurgencia
y contra-insurgencia a la dialéctica aún
más macabra del terror y del contra-
terror, así que las guerrillas caen, con
frecuencia, en la práctica de acciones
contrarias al derecho de la guerra como
son el secuestro y el asesinato de civiles.

Y sin embargo, la guerra rural -a
diferencia de la llamada "guerra" contra
el narcotráfico-sigue teniendo
características que hacen pensable
jurídicamente su humanización y aun su
negociabilidad. El guerrillero rural suele
tener más en común con el soldado que
con el simple terrorista.

La guerra en general, tanto en su
dimensión de guerra regular como de
guerra de guerrilleras es conflicto armado
por la dominación del espacio. El
terrorismo que le es propio suele ser de
naturaleza táctica y no estratégica, y con

ello, bajo circunstancias favorables,
residual y controlable. El terrorismo
político urbano europeo de hoy designa,
por el contrario, en lo fundamental, un
tipo de conflicto armado orientado hacia
la dominación del pensamiento. Se trata,
con ello, de un terrorismo estratégico,
sistemático y no humanizable.
Precisamente en esa diferencia entre el
terrorismo urbano y la guerrilla rural y
semi-rural radica la posibilidad y la
necesidad jurídicas de distinguir, por lo
menos en principio, en un medio como el
nuestro, entre rebeldes y terroristas.

La tradición jurídica colombiana sabe de
la cercanía entre el guerrillero y el
combatiente. La figura del rebelde ha
estado concebida siempre a la sombra de
la figura del beligerante. Los artículos
125, 127 y 129 del Código Penal
colombiano vigente no pueden ser
entendidos sino como expresiones de una
simbiosis del derecho penal interno y del
derecho internacional de los conflictos
armados. El rebelde como actor colectivo
portador de un proyecto político y el
combate como interacción en la cual se
confrontan enemigos relativos son los
puntales sobre los cuales está edificado el
tratamiento legal del delincuente político
en el sistema penal colombiano 54.

54 El artículo 125 del Código Penal de 1980, el
cual define la rebelión como un delito de sujeto
plural, y en tal sentido como una acción que sólo
puede ser realizada por un actor colectivo hostes
y no inimicus-dice: Rebelión. Los que
mediante empleo de las armas pretendan derrocar
al gobierno nacional, o suprimir o modificar el

régimen constitucional o legal vigente, incurrirán
en prisión de tres a seis años.
El art ículo 127 del mismo estatuto, mediante el
cual se des criminalizan los actos realizados en
combate, reza: Exclusión de pena. Los rebeldes

o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los
hechos punibles cometidos en combate, siempre
que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o
terrorismo. Y el artículo 127, mediante el cual se


Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

En tal sentido, constituye un desacierto
histórico seguir, en la actual coyuntura, el
ejemplo de países altamente
industrializados y urbanizados como la
República Federal de Alemania, en el
sentido de sustituir, de manera definitiva,
la figura paradigmática del rebelde por la
del terrorista. El Estatuto Antiterrorista y
la legislación de estado de sitio en general
amenazan, ciertamente, con una
sustitución radical del rebelde por el
terrorista. Tratar a los guerrilleros, por
definición, como a terroristas sólo puede
tener el efecto perverso de cerrarles espacios
comportamentales adecuados a la
dialéctica inhumana pero humanizable de
la guerra y transformarlos, de hecho, en
simples terroris tas.

Por el contrario, conservar y afinar la
distinción jurídica entre rebeldes y
terroristas aumenta la libertad de acción
tanto para el Estado como para las
guerrillas, así que se posibilita a ambos,
más fácilmente, la adecuación de sus
prácticas a la lógica del derecho de los
conflictos armados.

La existencia del tipo jurídico "rebelión"
no obsta, por supuesto, para que .a que las
guerrillas puedan ser juzgadas como
terroristas, en el evento en que caigan en
la práctica dominante y sistemática de
actos calificables como de terror.

Es cierto que la Colombia de hoy es bien
distinta de la Colombia del siglo XIX. La
crisis de penetración de que hablábamos

reconoce de manera implícita el carácter de actor
colectivo que deben tener los rebeldes en cuanto
organizados según una estructura jerárquica y
subordinación de mando, dice: Circunstancias
de agravación punitiva. La pena imponible se
aumentará hasta en la mitad para quien
promueva, organice o dirija la rebe lión, sedición

o asonada.
al comienzo tiene hoy otras proporciones.
En aquel entonces la precariedad del
aparato de Estado iba tan lejos que llegó a
parecer funcional sustituir la figura del
rebelde por la del combatiente. Hoy no
tendría sentido llegar tan lejos. Lo que
hoy se requiere es, simplemente, que se
salve el sistema del Código Penal en el
sentido de que se reivindique teórica y
prácticamente la noción del delito político
y se la interprete, como corresponde, a la
sombra del derecho internacional de los
conflictos armados.

Y sin embargo, ahora más que nunca,
cuando la figura del rebelde amenaza ser
devorada por la figura del terrorista,
resulta necesario adentrarse en los
orígenes de esa tradición que nos ha
permitido conservar la especificidad del
delito de rebelión como cercano a la
lógica del derecho de la guerra. Pues bien,
a esa tarea, eminentemente histórica pero
igualmente útil para pensar el presente,
están dedicadas las páginas de este
ensayo.

2. LAS VIEJAS GUERRAS CIVILES
COMO LUCHAS REGULARIZADAS
POR LA DOMINACIÓN
TERRITORIAL
Cuando el general Tomás Cipriano de
Mosquera, luego de múltiples
escaramuzas sostenidas entre los días 12
y 13 con las tropas de la Confederación,
consiguió por fin el 18 de julio de 1861
entrar, por el camino de Usaquén, en la
capital, había pasado más de un año
contado a partir de los días en que en su
calidad de presidente del Estado Soberano
del Cauca decretó la separación de su
enorme "feudo" y declaró la guerra al
gobierno conservador de Mariano Ospina
Rodríguez.


Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

Tras salir de Popayán, se dirigió hacia
Cartago para combatir con el ejército
caucano del norte a las fuerzas
antioqueñas, que amenazaban llegar hasta
la misma Popayán. Chocó con ellas en el
Alto de las Guacas, descendió hasta Santa
Rosa de Cabal y se dirigió hacia
Manizales. Luego de haber regresado, tras
largas y difíciles marchas hasta la capital
de la gran provincia del sur y de haber
combatido en sus inmediaciones, junto al
general Obando a los ejércitos
gobiernistas del general París, emprendió
el largo y tortuoso camino hacia Bogotá.

Resulta exótico y hasta sobrecogedor para
la mirada retrospectiva de un intelectual
urbano de nuestros días seguir en detalle,
haciendo composiciones imaginarias de
lugar y poniéndose en la situación de los
protagonistas de entonces, el relato de
don Ángel Cuervo sobre el largo y difícil
ascenso hacia la capital: el cruce de los
ríos, los esfuerzos de las mulas cargadas
de culebrinas, el paso por los pueblos y
las haciendas, el temor de las celadas, las
huidas en la noche, los choques de tropas
y los armisticios, hasta llegar, por el
camino de Guaduas y de Villeta hasta las
frías alturas de Subachoque y de la
Sabana, donde los contingentes de ne gros
reclutados en los calores ardientes del
lejano valle del Patía morían
"emparamados". Resulta de veras difícil
para nuestra sensibilidad burguesa de
cemento y antejardines ima ginar que
mientras Mosquera adelantaba su
campaña en algún pequeño teatro de
operacio nes, otros frentes, en otras
regiones libraban otras batallas, y eran
necesarios largos días de camino para
superar la inmensa y fracturada geografía
nacional, así que se pudiera poner al

general en conocimiento de los resultados
de otras campañas55.

Igualmente exótico resulta a quien ha
vivido bajo el imperio de la guerra de
guerrillas moderna con su omnipresencia
irregular en la geografía y en el tiempo
colombianos de las últimas décadas,
constatar el espíritu y los modales de
guerra clásica y regularizada, que a pesar
de la pobreza, acompañaron a los bandos
enemigos en la serie de los enfrentamientos
que se sucedieron entonces en las
goteras de Bogotá y que preludiaron la
caída el gobierno de Ospina.

Disueltas las imágenes de un pasado que por
lo menos aparentemente-apenas si
nos pertenece, le queda, en todo caso, a
nuestro modo abstracto de pensar una
idea clara y distinta: la guerra civil de
1860-1861 y con ella la generalidad de las
grandes guerras civiles del siglo XIX
colombiano estuvieron dominadas por la
idea de la guerra clásica -como guerra
interestatal-y por la realidad del espacio
rural como escenario dominante.

La estrategia del general Mosquera
durante la guerra del 60, orientada hacia
el derrocamiento del gobierno
conservador, debió proceder, a la manera
de un Contra-Estado, a través de una
ocupación y acumulación progresiva de
territorios. La sucesión de decretos
dictados por el general en campaña y a
través de los cuales se hicieron pactos
interregionales, se crearon Estados y se
anexaron regiones a los ya exis tentes,
puede ser entendida, desde un punto de
vista militar como la expresión jurídica de
esta necesidad de concebir la guerra como
un proceso de apropiaciones territoriales
sucesivas que deben culminar con la

55 Angel Cuervo, Cómo se evapora un ejército,
Bogotá, ed. incunables, 1984.


Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

sustitución de la vieja dominación
territorial-estatal. Las afirmaciones de
soberanía regional, tan frecuentes en la
época, eran, de manera inmediata, afirma ciones
de dominio territorial.

Nótese, en tal sentido, que la concepción
clásica de la guerra, como fue elaborada
por el Ius publicum europeaum desde el
siglo XVI hasta las Convenciones de La
Haya de 1907 y aun hasta el presente
(artículo 1 del Protocolo II de Ginebra de
1977), está profundamente marcada por la
noción de espacio rural y con ella por los
conceptos de soberanía de dominio
territorial56.

El concepto clásico de soberanía,
fundamento del Estado moderno como
Estado territorial -y del derecho clásico
de la guerra-designa una modalidad de la
dominación política esencialmente
territorializada . El Estado moderno
europeo de los siglos XVI y XVII se
consolidó como tal a través de la fijación
más o menos definitiva de sus límites
espaciales, es decir, a partir de la
determinación de un adentro y de un
afuera como expresió n de la
consolidación del monopolio de la
violencia en un ámbito espacial preciso y
cerrado sobre sí mismo. En un sentido
análogo, los dominios territoriales de que
habla el moderno derecho internacional
humanitario constituyen un equivalente radicalmente
secularizado-de la
soberanía. Nótese, en tal sentido, de

56 Carl Schmitt, El Nomos de la Tierra en el
Derecho de Gentes del Jus Publicum Europaeum,
Madrid, ed. Centro de Estudios Constitucionales,
1989; del mismo autor, Der Leviathan in der
Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und
Fehlschlag eines politischen Symbols, Colonia -
Lövenich, 1982; Reihardt Kosellek, Kritik und
Krise. Ein Beitrag zur Pathogene der bürgerlichen
Welt, Friburgo-Munich, ed. Suhrkamp, 1959; Carl
Schmitt, Der Begriff des Politischen, Berlín, 1963.

conformidad con lo expresado en la
presentación, que las guerrillas modernas,
por lo menos en cuanto guerrillas rurales
tienden a articularse a manera de
pequeños y precarios Contra-Estados
locales, sobre el horizonte de una crisis de
penetración del Estado central57.

Ya hacia 1830, como prefigurando lo que
habría de ser la historia colombiana -y
latinoamericana -de la segunda mitad del
siglo XIX, escribía don Andrés Bello:

Cuando en el Estado se forma una facción
que toma las armas contra el soberano,
para arrancarle el poder supremo o para
imponerle condiciones, o cuando una
república se divide en dos bandos que se
tratan mutua mente como enemigos, esta
guerra se llama civil, que quiere decir
guerra entre ciudadanos. Las guerras civiles
empiezan a menudo por tumultos
populares y asonadas que en nada
conciernen a las naciones extranjeras;

pero desde que una facción o

57 La noción de Contra -Estado tiene por lo menos
una dimensión socio-económica y otra político-
militar. En un sentido socioeconómico debe
asociarse al proceso de ampliación de la frontera
agrícola y con ello al de la colonización. Desde
esta perspectiva no está necesariamente referido a
la guerra y se confunde, por lo menos en parte,
con nociones como la del Estado-Región. Esta
última categoría ea, sin embargo, insuficiente para
agotar el sentido de la contra-estatalidad, sobre
todo en los términos de la contraestatalidad
guerrille ra de las últimas décadas del presente
siglo. En un sentido político-militar la noción de
Contra-Estado está asociada de manera inmediata
al fenómeno de la Guerra en la medida en que
ésta, entendida en los términos del derecho de los
conflictos armados, se orienta hacia la
acumulación progresiva de territorios y en última
instancia, por este camino, hacia la sustitución del
Estado. Sobre el Estado-Región véase, Orlando
Pala Borda, La insurgencia de las Provincias:
hada un nuevo ordenamiento territorial para

Colombia, Bogotá, Ed. Siglo XXI-Instituto de
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales,
1988.


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parcialidad domina un territorio algo
extenso, le da leyes, establece en él un
gobierno, administra justicia y, en una
palabra, ejerce actos de soberanía, es
una persona en el derecho de gentes; y
por más que uno de los dos partidos dé al
otro el título de rebelde o tiránico, las
potencias extranjeras que quieren
mantenerse neutrales, deben considerar a
entrambos como dos estados independientes
entre sí y de los demás, a ninguno
de los cuales reconocen por juez de sus
diferencias 58. (El subraya do es nuestro).

Supuesta la extrema debilidad del Estado
colombiano en el siglo XIX, era viable
pensar la guerra civil como una simple
duplicación de la soberanía y la
estatalidad. De hecho los Contra-Estados
insurgentes eran entonces susceptibles de
defenderse a través de una guerra entre
regular y cuasi-regular de posicio nes.
Hoy, cuando la dominación estatal ha
conseguido entre nosotros estabilizarse,
así que se puede pensar sobre todo en una
crisis de legitimidad pero no en una crisis
de dominación, cobra sentido hablar, ya
no de un ejercicio de la soberanía por
parte de los rebeldes, sino sólo -y
eventualmente- de que ejercen un dominio
territorial. En la Colombia de hoy los
precarios Contra-Estados guerrilleros no
pueden ser defendidos en guerra de
posiciones sino apenas mediante una
guerra irregular de movimiento.

Para que pueda hablarse de paz hacia
adentro y de guerra potencial hacia
afuera, para que pueda hablarse de policía
hacia adentro y de ejército hacia afuera, y
sobre todo, para que tenga sentido
funcional decir que en el adentro
normativo del derecho público interno no

58 Andrés Bello, Principios de Derecho de
Gentes, París, imprenta de Bruneau, 1840, pp.
898 y ss.

existen sino delincuentes, así que la
categoría del enemigo, y muy en especial
la del enemigo relativo (beligerante),
pertenece exclusivamente al ámbito de la
política exterior y del derecho de gentes,
es necesario que la guerra civil haya
dejado de existir como posibilidad
empírica inmediata y aun como categoría
jurídico-normativa.

El derecho público interno, edificado
sobre el presupuesto fáctico y normativo
de la paz -llamada orden y seguridad-no
tiene, a diferencia del derecho de gentes,
ninguna posibilidad de tematizar la guerra
civil como lo que es o por lo menos como
lo que debe ser, como una dialéctica de
enemistades relativas59.

Dados el carácter endémico -normal-de
la guerra civil y la impotencia del
discurso jurídico-político moderno en
general y del discurso liberal en
particular, para tematizarla como algo
distinto a un "estado de excepción", en la
Colombia del siglo XIX el genio de la
desesperación hizo posible que, con base
y a través de una marcada

59 El concepto de lo político como expresión de la
polaridad amigo-enemigo y los conceptos de
enemigo absoluto y enemigo relativo fueron
desarrollados, en el período de entre guerras, por
el jurista alemán Carl Schmitt. Al respecto véanse,
Carl Schmitt, Dar Begrifl des Politischen Berlín,
1963; del mismo autor y concebido como un
corolario del concepto de lo político, edificado
asimismo sobre la distinción entre enemigos
absolutos y relativos, Teoría del Partisano
Madrid, Ed. Instituto de Estudios Políticos, 1966;
Reihardt Kosellek, Vergangene Zukunft: Zur
Semantik Geschichtlicher Zeiten, Frankfurt, Ed.
Suhrkamp, 1979; Heinrich Meier, Carl Schmitt

Leo Strauss und "Der Begriff des Politischen".
Zu einem Dialog untar Abwesenden Stuttgart,
Ed. J. B. Metzlerche; Franz Hinkelammert, "El
concepto de lo político según Carl Schmitt", en
Norbert Lechner (compilador), Cultura política y
democratización, Santiago de Chile, Ed. Clacso,
1987.


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internacionalización del espacio político
interior, se internalizara la idea de la
guerra como conflicto jurídico. De la
misma manera que en la Europa medieval
también la Colombia del siglo XIX
conoció, pues, el ius in bello interno.

Ya el viejo discurso teológico-político de
la antigua república cristiana había
dejado de existir, y las instituciones
demo-liberales adoptadas por las élites
criollas no podían tematizar los conflictos
armados internos, en principio, sino sólo
como delitos. La noción asimétrica del
delincuente presentaba sin embargo el
inconveniente de transformar la guerra
civil, desde el punto de vista del gobierno
de turno, en un bellum iustum y lo que
es aún peor, en un bellum punitivum60.

Basta pensar, para evidenciar el drama
impli cado en ello, en la obstinación del
presidente Ospina en dar al general
Mosquera, de confor midad con la
Constitución, un tratamiento
rigurosamente delincuencial. Enredado en
la trama legal de una Constitución de paz,
no pudo -y acaso tampoco quiso-el
presidente Ospina encontrar mecanismos
para humanizar la guerra ni para negociar
la paz. La esponsión de Manizales (29 de
agosto de 1860) y el armisticio de
Chaguaní (3 de marzo de 1861) pasaron
por sus manos como simples imposibles
jurídicos. Sólo la derrota pudo curarlo de
su insta causa y de su empeño
criminalizante respecto de los
insurgentes61.

60 Reiner Steinweg, Der gerechte Krieg:
Christentum. Islam, Marxismus, Flankfurt, Ed.
Suhrkamp, 1980.
61 Alejandro Valencia, "La humanización de la
guerra y el Derecho de Gentes en Colombia: una
aproximación histórica", en CEI, Documentas
Ocasionales , marzo-abril 1909, Bogotá.


La verdad es que no se requiere de
complejos argumentos para explicar por
qué las guerras civiles colombianas del
siglo XIX tanto a nivel nacional como
regional eran, en los términos del derecho
de los conflictos armados, verdaderas
guerras y no prácticas de terrorismo por
cuanto se trataba de luchas armadas por el
dominio del espacio y no simplemente del
pensamiento -como las que son propias
de las grandes urbes industriales-. En
cambio, resulta necesario explicar todavía
con mayor hondura: ¿por qué tales
guerras civiles pudie ron ser concebidas y
vividas por las élites colombianas
decimonónicas como guerras regulares?
¿Por qué fueron sometidas a la
racionalidad del derecho de gentes?

3. LA INTERNACIONALIZACIÓN
DEL ESPACIO POLÍTICO
INTERIOR Y LA SUSTITUCIÓN
DEL REBELDE POR EL
COMBATIENTE EN EL SISTEMA
DE LA CONSTITUCIÓN DE
RIONEGRO
3.1 Algunos antecedentes del sistema de
Rionegro
La guerra de independencia, mediante la
cual el Virreinato de la Nueva Granada
entre los años de 1810 y 1826 se separó
del imperio colo nial español, evolucionó
paradójicamente, por lo menos durante su
primera fase, es decir, hasta los días de la
llamada "Pacificación" (1816), no hacia
una verdadera guerra internacional sino
apenas hacia una guerra civil vivida como
una guerra internacional. Luego de más
de tres siglos de dominación colonial, la
identidad nacional española estaba tan
profundamente arraigada en el alma
criolla, que la guerra de independencia
constituyó en realidad una negación de la
propia identidad y en último término, una


Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

auto-mutilación. No debe, por ello,
extrañar que las guerras de la independencia
hispanoamericana, a diferencia
de las guerras de liberación nacional de
las últimas décadas, hayan sido
entendidas, en gene ral, por los grandes
internacionalistas del siglo XIX no como
guerras internacionales sino como guerras
civiles y aun como guerras de secesión. Y
sin embargo, dada la terrible fragmentación
en que se encontraban
entonces las unidades político-territoriales
dominantes, la guerra civil de
independencia derivó hacia un conflicto
armado que entonces fue tematizado, por
lo menos en parte, como inter-estatal. El
primer gran enfrentamiento entre
centralistas y federalistas, expresado
sobre todo a través de la confrontación
entre el Estado de Cundinamarca y la
llamada Confederación Granadina tuvo,
indudablemente, un hálito de interestatalidad.
Los primeros intentos del
partido dirigido por Nariño en el sentido
de imponer el centralismo, fueron
interpretados como expresiones de la
vocación "hegemónica" del Estado de
Cundinamarca. La estrategia del "Hombre
de las leyes" orientada hacia la anexión
de las regiones aledañas a Santa Fe,
fueron asimismo percibidas por el partido
contrario como "expansionismo".

Fue necesario que Pablo Morillo, luego
de aprovechar el desgaste de las tropas
independentistas, restaurara con sus
ejércitos la dominación española para que
se evidenciara de nuevo que se trataba de
una simple sublevación inter-estatalcolonial.
El "Pacificador", en nombre del
derecho público interno colonial y a
través de tribunales militares especiales
constituidos para el efecto, juzgó y
condenó a muerte a buena parte de la
inteligencia criolla. A los ojos del general
español, los caudillos de la insurrección
eran delincuentes políticos.

Y sin embargo, la concepción estatal-
colonial del adentro y el afuera llevaba en
su seno un germen de contradicción.
Morillo castigó a los criollos por ser
granadinos y no por ser traidores a la
Corona. Apenas si distinguió entre justos
y pecadores. En tal sentido, los juicios
criminales del "Pacificador" fueron un
inverso simétrico de la llamada "guerra a
muerte" que había desarrollado el
Libertador Simón Bolívar entre los años
de 1813 y 1816. Como ella, también la
Pacificación contribuyó a la definición de
una nueva línea de demarcación entre las
nacionalidades. España empezó a ser
distinta de su América. La guerra de
independencia, que durante los primeros
años se había desarrollado como una
guerra civil, empezó, luego de la
transición pacificadora, a evolucionar hacia
la condición de una verdadera guerra
internacional. En el curso de la contienda
el enemigo interior se transformó en un
enemigo exterior. Ya el tratado "dé
armisticio y suspensión de armas"
firmado por Bolívar y Morillo el 25 de
noviembre de 1820 en Trujillo
(Venezuela), constituye indudablemente
un tratado internacional. De la misma
condición internacional gozó el tratado
subsiguiente de "regularización de la
guerra" firmado por ambos generales en
representación de los gobiernos de
España y Colombia.

En 1821, como expresión de la voluntad
de Bolívar -y de su ejército y partido-,
pero acaso sobre todo como resultado de
la presión integradora ejercida por la
presencia de un enemigo exterior
(España), nació la llamada Gran
Colombia. Tanto su construcción como su
rápido derrumbamiento fueron
indudablemente el resultado de la
ausencia casi total de una identidad
estatal-nacional. Entonces la territo



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rialidad era maleable, y el adentro y el
afuera eran confusos. En el año de 1832,
luego del colapso del sueño estatal-
territorial bolivariano; de las primeras
amenazas secesionistas de las provincias
granadinas del sur y aun, de la primera
guerra de fronteras con el Perú, nació la
república de la Nueva Granada. La
respuesta a la amenaza de disolución fue
entonces un proyecto de Estado central y
unitario, que se fortaleció en 1843 y
sobrevivió hasta el advenimiento de la
República Federal en 1858.

Durante la segunda administración del
general Santander (1832-1837) se expidió
por el Congreso -en ausencia de poderes
de excepción-la llamada ley del 3 de
junio de 1833 contra conspiraciones,
mediante la cual se crearon nuevas y
hasta casi absurdas figuras delictivas y se
aumentaron las penas a algunas de las ya
existentes.

Con base en ella se pudo entonces
condenar a muerte a los 17 sindicados por
la tristemente célebre conspiración del
general Sardá contra la vida del
presidente.

Luego, durante la administración
Márquez, en el año de 1837 se expid ió el
Código Penal de la Nueva Granada, hijo
espiritual del Código Penal napoleónico y
como él marcado por un espíritu si no
restaurativo por lo menos marcadamente
represivo, mediante el cual se instituyó la
pena de muerte para el delito de rebelión.
El artículo 232 del Código Penal de 1837,
expresión de una Constitución unitaria
lejana a la realidad del desmembramiento
territorial que caracterizaba la realidad
política de la época, acaso con rabia
autoritaria compensatoria, definía la
rebelión en los siguientes términos:

Es rebelión el levantamiento o
insurrección de una porción más o menos
numerosa de súbditos de la República,
que se alzan contra el Gobierno supremo
constitucional de la Nación, negándole la
obediencia debida, o procurando
sustraerse a ella, o haciéndole la guerra
con las armas.

Y el artículo 233 agregaba:

Los que en la rebelión hayan procedido
como autores principales, son traidores,
serán declarados infames, y sufrirán la
pena de muerte.

Algunos años después, el general
Mosquera, bajo el entusiasmo de la
victoria y en su calidad de constituyente
de Rionegro llegó, por el contrario, a
afirmar que "los Estados Unidos de
Colombia no reconocen delitos políticos
sino errores en cuanto no haya hechos
criminosos por violación de las garantías
individuales".

¿Por qué pudo llegar a producirse, en el
lapso de poco más de dos décadas un
cambio tan radical en la concepción
jurídica del "enemigo interior"? Pero
sobre todo, ¿qué tipo de experiencias y de
argumentos pudieron llegar, en el seno
del pensamiento liberal, a servir como
fundamento a un cambio tan radical en
los criterios jurídicos de juzgamiento del
rebelde?

3.2 El marco estructural para la
internacionalización y la regularización
de la guerra
Acaso sea cierto como lo afirma
Alejandro Valencia Villa en su reciente
monografía sobre "la humanización de la
guerra y el derecho de gentes en
Colombia" que la introducción del
artículo 91 de la Constitución de


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Rionegro (1863) mediante el cual se
adoptó, a la manera de un ius in bello
interno, el derecho de gentes como el
estatuto fundamental para la regulación y
tramitación de las guerras civiles en la
Colombia de la segunda mitad del siglo
XIX, tuvo su origen inmediato en la
voluntad del general Mosquera y de otros
convencionistas -sobre todo de Camacho
Roldán-de poner coto a intransigencias
como la del derrocado presidente Ospina
para hacer viables la humanización de las
acciones y las soluciones nego ciadas62.
También es cierto, sin embargo, que
además de esta razón coyuntural, importantes
razones de índole estructural se
conjugaron para hacer posible y aun
necesaria esta sorprendente solución. La
voluntad de Mosquera acaso no habría
sido suficiente para imponer la fórmula
correspondiente. Basta adentrarse,
siguiendo el relato apasionante de don
Salvador Camacho Roldán, en los
vericue tos de la Convención de Rionegro
para darse cuenta de que el general
Mosquera fue el gran derrotado político
en aquella ocasión. La Cons titución de
Rionegro no fue tanto la institucio nalización
de su victoria militar sobre el
conservatismo, como la
institucionalización de su derrota política
en el seno de la Convención. El
liberalismo radical le tejió entonces al
Caudillo recién encumbrado una camisa
de fuerza cons titucional. El desgaste y
desmoronamiento de su fracción política
terminó en un gran drama de soledad.
Cuando se votó de manera definitiva la
fórmula del artículo 91, ya Mosquera era
-por lo menos como constituyente-una
sombra de sí mismo63.

62 Alejandro Valencia, op. cit., pp. 16y ss.

63 Salvador Camacho Roldán, "La Convención de
Rionegro", en, del mismo autor, Escritos de
Economía y Política, Bogotá, Ed. Instituto
Colombiano de Cultura, 1976.

Este énfasis en los factores estructurales
que determinaron la adopción de la
fórmula en cuestión proviene menos de la
pasión por el detalle que del deseo de
poner en evidencia que la internalización
de la racionalidad de la guerra no fue
entonces el resultado de un ca pricho sino
de una decisión profundamente funcional
a la realidad política de entonces. En
síntesis, cabe decir que, dada la
cuasiinterna cionalización fáctica del
espacio político interior, el constituyente
de Rionegro, siguiendo en alguna medida
las pautas de la Constitución de 1858,
resolvió dar un marco normativo-institucional
adecuado a dicha
cuasiinterna cionalización y sobre todo
internalizar el dere cho de gentes para
efectos de regularizar y humanizar la
guerra.

Entre las condiciones de índole
estructural que deben contribuir a explicar
el fenómeno en cuestión cabe mencionar
las siguientes:

1. El derrumbamiento del Estado colonial
había liberado una serie de fuerzas
sociales y políticas de carácter centrífugo.
La debilidad del nuevo aparato central de
administración hizo entonces posible que
se afirmara con nuevo brío, alrededor de
las viejas oligarquías provinciales, una
pluralidad de centros regionales de poder.
Sobre el marco físico y cultural de las
diversidades regiona les y sobre el marco
económico de múltiples economías
locales incomunicadas se hicieron fuertes
formas locales y regionales de la
dominación política-territorial,
delimitadas por múltiples fronteras
interiores. La existencia de estructuras de
dominación político-territorial
delimitadas por múltiples "afueras" al
interior del territorio nacional era en sí
misma funcional a la internacionalización

Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

del derecho público interno y con ello a la
internalización del derecho internacional.
La afirmación de soberanías regio nales,
expresión jurídico-institucional de las
autonomías descritas, favoreció
indudablemente la concepción de las
guerras como guerras interestatales.

El no desmembramiento definitivo de la
Nueva Granada como resultado de las
presiones centrífugas arriba descritas fue,
por lo menos en parte, función de la falta
de interés de los poderes imperiales de la
época y de la debilidad de los países
vecinos.

2. La debilidad del Estado como aparato
central determinó asimismo el que
cualquier pequeño conflicto socio político,
no importa su motivación,
abandonara muy fácilmente los cauces de
la legalidad, y lo que es tanto o más
importante, derivara rápidamente hacia la
condición de una guerra civil. Se trataba,
por supuesto, de confrontaciones armadas
entre ejércitos relativamente pequeños,
mal organizados y peor armados, pero
ello no obsta para atribuirles el carácter
de verdaderas guerras civiles. La magnitud
de un conflicto interno es siempre
relativa y debe medirse en función de la
fortaleza del orden estatal que se niega o
se relativiza con su sola existencia.
3. El primado de la identidad de clase y
hasta de familia de las viejas oligarquías
agrarias y comerciales sobre sus
pertenencias regio nales determinó el que
sus miembros, los aristoi criollos -como
la nobleza medieval europea-, en cuyas
manos recaía entonces tanto la
conducción política como la conduc ción
militar de la guerra, pudieran recono cerse
recíprocamente como iguales en el evento
de una confrontación armada y mostraran
con ello una alta disposición a asumir la
guerra como dialéctica de enemistades
relativas. Nótese, en tal sentido, cómo las
identidades de clase y de familia ofrecían
un marco socio-cultural común que hacía
viables las negociaciones de los
conflictos.

4. El relativo empate político-militar de
los grandes partidos -del liberalismo
radical y del conservatismo-, manifiesto
en su incapacidad recíproca para
aniquilarse militarmente, hizo posible que
las guerras civiles fueran asumidas, por lo
menos por sus capitanes, como
confrontaciones entre ejércitos
regulares. Dicho con otras palabras, la
inferioridad estructural de uno de los
partidos en términos de su capacidad
político-militar habría determinado que la
guerra irregular de guerrillas, en el evento
en que un "caba llero" criollo contrariando
los códigos de honor de la época se
hubiese decidido a ello, no hubiera sido
una forma subordinada -como de hecho lo
fue- sino la forma fun damental de la
lucha armada.
El empate entre los partidos de que
hablaba Núñez estuvo, en todo caso,
durante los decenios de la república
federal, favorecido por la extrema
fragmentación del poder. Triunfos y
derrotas de carácter local y regional
debían compensarse, de manera que se
pudo conservar un equilibrio global de
fuerzas a nivel na cional.

Las guerrillas de entonces estaban
concebidas dominantemente, por lo

menos desde el punto de vista de las
élites político-militares -nótese esta
restricción-, como una suerte de tropas
ligeras que debían preceder o
acompañar a los ejércitos regulares
hostigando al enemigo, pero a las cuales
no se les concedía ninguna capacidad
para definir las contiendas. El saber
estratégico de la época subordinaba las


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guerrillas a la racionalidad de la guerra
regular. Los guerrilleros, en cuanto no
inmediatamente subordinados a un
ejército regular, eran tenidos por simples
criminales. Los artículos 1099 y 1351 del
Código Militar de la Unión de 1881
reiteran, en tal sentido, la regla clásica del
viejo -no del moderno-derecho de gentes,
según la cual la irregularidad es idéntica a
la ilegalidad.

Así las cosas y como la aplicación del
derecho internacional público como
derecho de la guerra era evidentemente
funcional a todas estas realidades, se
procedió a adecuar el marco
constitucional, para que las grandes
guerras civiles -a diferencia de las
puramente regio nales y locales-pudieran
ser manejadas, por lo menos en parte,
como duelos ampliados entre
beligerantes, con reglas de
comportamiento, con teatrum belli, con
testigos (el gobierno central y/o los
Estados regionales no involucrados en el
conflicto) y hasta con espectadores (la
población civil).

Resulta importante hacer una última
aclaración en torno al carácter regular o
irregular de los conflictos armados que
como una plaga inundaron la Colombia
del siglo XIX. La verdad es que una era la
guerra de los señores y otra bien distinta
la de los hombres de tropa. Indígenas
montunos, negros libertos y campesinos
arrancados de haciendas o parcelas no
configuran fácilmente ejércitos regulares.
La indisciplina de las tropas debía ser
aterradora y debía refle jarse, por
supuesto, en los medios y métodos de
lucha. La guerra no era, pues, siempre
una guerra limpia. Y sin embargo, en la
medida en que según el saber y entende r
de las viejas oligarquías "debía serlo",
resultaba, por lo me nos en el evento de
que fuera extensa y comprometiera de

veras a las élites criollas, regula rizable y
humanizable. No se trata de mistificar las
guerras del siglo pasado como guerras
caballe rescas. El derecho de gentes como
derecho interno no era un simple reflejo
de lo que "era", sino, ante todo, norma de
lo que "debía ser". Pero era un deber ser
adecuado y funcional a las realidades
socio-políticas de la época64.

3.3 El marco institucional para la
sustitución del rebelde por el
combatiente
El marco jurídico-institucional dispuesto
por la Constitució n de Rionegro para la
tramitación de los conflictos armados
internos en general estaba caracterizado,
entre otros, por los siguientes elementos:

l. El Estado fue concebido como una
mezcla entre Estado Federal y
Confederación de Estados. Basta para
confirmar este aserto tener presente cómo
según el artículo 16 de la Carta en
cuestión la cláusula general de
competencia -al contrario de lo que sucede,
siguiendo el paradigma constitucional
europeo, en una verdadera federación-fue
puesta en cabeza no del Estado central
sino de los Estados regionales. Más
importante aún, desde un punto de vista
práctico era el hecho de que los Estados
regionales debían constituir sus propias
milicias, así que los ejércitos de la Unión
dependían de los aportes de las regiones.
2. El Estado central y con él el gobierno
de la Unión fueron concebidos a) como
árbitros, con derecho de intervención,
para el evento de que tuviera lugar una
disputa entre Estados regionales (artículo
64 Alvaro Tirado Mejía, Aspe ctos sociales de las
guerras civiles en Colombia, Bogotá, Ed.
Instituto Colombiano de Cultura, 1976.


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8 numeral 8, artículo 17 numeral 11 y
artículo 19), y b) como simple "tercero
neutral", sin derecho de intervención, en
el caso de las disputas puramente
internas. Al respecto resulta interesante
recordar cómo ya la Constitución de 1858
en su artículo 15 numeral 4 había
consagrado la no-intervención del Estado
central en los asuntos internos de los
Estados asociados. La no-intervención,
seudo definida en la Constitución de Rio negro
en el marco del artículo 66 y
precisada años más tarde, en franca
confrontación con el presidente Mosquera
por ley del día 16 de abril de 1866, tenía
antecedentes constitucionales.

3. Dentro de un marco tal de
internacionaliza ción del espacio político
interior no debe causar extrañeza que se
haya procedido, a través del artículo 91, a
adoptar el derecho de gentes como
estatuto fundamental para la tramitación y
la solución de las guerras civiles, es decir,
de los conflictos armados de carácter
interestatal.
3.4 El artículo 91
La norma adoptada por el constituyente
río negrero reza así:

El Derecho de Gentes hace parte de la
legislación nacional, y sus disposiciones
regirán especialmente en los casos de
guerra civil. En consecuencia, puede
ponerse término a ésta por medio de
tratados entre los beligerantes, siendo
obligatorio para éstos respetar las
prácticas humanitarias de las naciones
civilizadas. (El subrayado es nuestro).

El derecho de gentes como se lo conoció
en el siglo XIX colombiano era todavía,
de manera indiferenciada, derecho de la
guerra y derecho humanitario. Y sin
embargo, ya desde entonces, cuando el

apremio de las circunstancias lo requirió,
se lo interpretó, desde el gobierno, como
el ámbito para la vigencia de una voluntad
política no limitada por el derecho. En
circunstancias de guerra civil -y la
invocación al derecho de gentes constituía
simultáneamente una afirmación de que
se estaba en guerra civil-el Estado -vale
decir: el gobierno debía tener el poder de
suspender la Constitución.

El gran general Tomás Cipriano de
Mosquera, rebelde transformado en
presidente por triunfo militar, fue, con su
vida, la encarnación de esta ambigüedad
que ha acompañado, entre nosotros, a la
invocación del derecho de gentes.
Todavía desde la perspectiva del rebelde,
es decir, teniendo como marco de
referencia la guerra civil de 1860 y para
efectos de asimilar su condición de
rebelde a la de beligerante apeló al
derecho de gentes, para que pudiera
interpretar la guerra en un sentido diverso
al de la visión punitiva propia del derecho
público interno agenciada por el gobierno
conservador de Ospina Rodríguez. Tras la
victoria y en ese acto de su
institucionalización que fue la Constitución
de Rionegro, contribuyó a que el
derecho de gentes fuera elevado a la
condición de sustituto del estado de sitio
punitivo -propio del derecho público
interno- en condiciones de guerra civil
(articulo 91). Pero ya desde la perspectiva
del poder y teniendo que enfrentar a los
nuevos rebeldes, el general Mosquera
empezó a invocar el derecho de gentes
para efectos de desembarazarse de la
multitud de las trabas que le imponía la
camisa de fuerza constitucional. Son, en
tal sentido, de ingrata recordación los
fusilamientos caprichosos de prisioneros
de guerra que en más de una ocasión
ordenó el soberbio general. Sólo la caída
de Mosquera en el año de 1867 puso fin,
provisionalmente, a la interpretación


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arbitraria del viejo caudillo y señor
patrimonial.

El sentido restrictivo y humanitario del
derecho de gentes estaba en general fuera
de duda. Sólo los demonios del poder
pudieron en su momento determinar que
se lo interpretara como un recurso legal
de la arbitrariedad gubernamental. El
derecho de gentes no se introdujo para
legitimar la suspensión de las garantías
constitucionales, sino para restablecer un
standard mínimo de respeto a los
derechos humanos en circunstancias en
que la dinámica de las confrontaciones
hubiera dado al traste, de hecho, con la
Constitución.

Los constituyentes de Cundinamarca de
1867, mediante el artículo 51 de la Carta
regional, explicaron con claridad evidente
el sentido de la vigencia del derecho de
gentes:

Artículo 51. El artículo 91 de la
Constitución Federal, por el que se
incorpora el Derecho de Gentes en la
legislación federal, no faculta a ninguna
autoridad del Estado para ejercer durante
la guerra contra las personas, sus
derechos o sus bienes, ningún acto o
función que pueda pretermitir en algún
sentido el cumplimiento fiel de la garantía
de los derechos individuales, consignados
como condiciones de asociación de los
Estados, en el artículo 15 de la
Constitución Nacional.

La inteligencia que por la presente
Constitución y para el Estado de
Cundinamarca se fija al artículo 91 de la
Constitución Nacional no hace más que
imponer el deber de admitir entre los
beligerantes el Derecho de Gentes, y las
prácticas de los pueblos cristianos y civilizados
para la calificación del carácter de

la guerra, y el empleo de Ida medios
pacíficos para su terminación.

4. LA LEY 20 DEL 16 DE ABRIL. DE
1867: EL PRINCIPIO DE LA NOINTERVENCIÓN
Y LA
SUSTITUCIÓN DEL REBELDE POR
EL COMBATIENTE
No es la intención de este ensayo hacer
un aná lisis detallado del sentido y
vigencia de las normas del derecho de
gentes en la legislación colombiana del
siglo XIX.

Nuestro interés inmediato se limita a la
idea de: 1) describir, en una perspectiva
histórica, el marco
cuasiinternacionalizado de la "no intervención"
y 2) mostrar y demostrar
por qué y en qué sentido la figura del
rebelde fue pensada y desarrollada, en la
Constitución de Rio negro y de
conformidad con las necesidades de la
época, por lo menos de manera
dominante, a la sombra de la figura del
combatiente (beligerante).

Expedida el 16 de abril de 1867 por el
Congreso de los Estados Unidos de
Colombia en circunstancias que costaron
su caída al general Mos quera, la ley 20
sobre no-intervención decía lo siguiente:

Artículo 1. Cuando en algún Estado se
levante una porción cualquiera de
ciudadanos con el objeto de derrocar el
gobierno existente y organizar otro, el
Gobierno de la Unión deberá observar la
más estricta neutralidad entre los bandos
beligerantes.

Artículo 2. Mientras dure la guerra civil
en un Estado, el Gobierno de la Unión
mantendrá sus relaciones con el Gobierno
constitucional, hasta que de hecho haya
sido desconocida su autoridad en todo el


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territorio; y reconocerá al nuevo
gobierno, y entrará en relaciones oficiales
con él, luego que se haya organizado
conforme al inciso lo., articulo 8o., de la
Constitución.

Artículo 3. Quedan derogadas todas las
disposiciones que sean contrarias a la
presente (... (El subrayado es nuestro).

La verdad es que la expedición de la ley
20 representa la culminación de un largo
y conflictivo proceso que acaso comenzó
cuando en el año de 1857-1858 el
gobierno central asumió como un asunto
local en el cual no debía intervenir la
revolución de Vieco en Magdalena.
Desde entonces y hasta cuando la
recentralización del manejo del orden
público en el año de 1880, todavía dentro
del régimen federal y en los albores de la
Regeneración, otorgó de nuevo al
Ejecutivo de la Unión plenos poderes
para intervenir en las disputas internas de
los Estados regionales, la decisión de
intervenir o no intervenir se convirtió en
uno de los temas fundamentales de la vida
política colombiana. En torno a la
pregunta por la legitimidad o ilegitimidad
de las intervencio nes del gobierno central
y de los gobiernos regionales en los asuntos
internos de los Estados se cruzaron
mil veces los argumentos y las espadas.

Muchas razones hablan en el sentido de
que el principio de la no-intervención
tenía rango constitucional y no
simplemente legal. Supuestos sus
antecedentes en la Constitución de 1858 y
su equívoca pero de todas maneras
constatable presencia en la Carta de
Rionegro cabe, ciertamente, presumir que
se trataba de una norma constitucional. El
principio de las sobe ranías regionales sólo
podía tener sentido pleno en el seno de
una organización política que proscribía,
por lo menos en parte, la intervención.

Así, se puede decir que la ley 20 constituyó,
en su momento, apenas una precisión
legislativa del sentido de la no-
intervención.

La condición de tercero neutral derivada
de la no-intervención para el Estado y el
gobierno de la Unión fue, en todo caso, a
pesar de sus frecuentes impugnaciones, el
centro de articula ción del sistema
internacionalizado de la Federación. De la
misma manera -por supuesto que en
condiciones tan distintas que apenas si
resisten la analogía -en que el llamado
sistema de equilibrio continental europeo
de los siglos XVI a XIX estuvo articulado
sobre la idea del equilibrio entre las
potencias, así también el sistema de
equilibrios regionales de la República
Federal, durante buena parte de la segunda
mitad del siglo XIX colombiano,
estuvo edificado sobre el rechazo a las
hegemonías.

El mayor peligro para las autonomías
locales y regionales lo representaban, en
tal sentido, a niveles diversos, la
consolidación del Estado y del gobierno
central, la hegemonía de Cundinamarca y
de Bogotá, y el triunfo del caudillismo
nacional de figuras como Mosquera sobre
los caudillos y las oligarquías regionales
y locales. Así, no debe resultar extraño
que la federación haya derivado hacia un
sistema análogo al del derecho clásico
interestatal europeo.

El llamado Pacto Berrío-Murillo Toro,
mediante el cual el gobierno de la Unión
reconoció en el año de 1864 al nuevo
gobierno revolucionario luego del triunfo
militar del conservatismo en Antioquia,
estuvo indudablemente edificado sobre
una tal filosofía del equilibrio. El partido
conservador tuvo en Antioquia su válvula
de escape, y el radicalismo tuvo un
enemigo definido que le permitió


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aglutinarse. Aún más: suponiendo, como
frecuentemente se afirma, que el Pacto
Berrio-Murillo Toro trajo consigo una
cierta estabilidad en la medida en que
favoreció la consolidación de los partidos
en las regiones en que eran dominantes,
entonces cabe decir que él constituye un
análogo criollo y por supuesto que más
humilde de la paz de Westfalia, cuya
fórmula de distribución y estabilización
de los dominios político-territoriales, el
famoso cujus regio eius religio (la
religión del príncipe determina la religión
del Estado), sirvió de fundamento,
durante siglos, al equilibrio de las
potencias en el sistema central-europeo.

Basta, de otro lado, echar una mirada
rápida al artículo 91 para entender que el
esfuerzo por pensar al rebelde como
combatiente llegó, dentro del marco de la
no-intervención, tan lejos que en realidad
se sustituyó, por lo menos parcialmente,
al primero por el segundo.

Don Salvador Camacho Roldán,
convencionista por el Estado de
Santander y autor del proyecto que
modificado se transformó en el arriba
transcrito artículo 91, hablaba en el
primero de los casos de guerra civil y de
rebelión, aplicando a ambos la noción de
beligerancia.

Hoy resulta difícil saber cuál fue la
verdadera intención de convencionistas
como los doctores Ferro y Gómez al
oponerse a la propuesta de Camacho
Roldán. La palabra rebelión fue, en todo
caso, excluida del proyecto definitivo.

El sueño inicial de Camacho Roldán sólo
pudo cumplirse años más tarde, cuando el
Congreso de la Unión, mediante ley 20
del 16 de abril de 1866, le impuso al
general Mosquera el principio de no-
intervención en los asuntos internos de

los Estados regionales mediante el expediente
de exigirle, en el evento de que una
parte de la ciudadanía se levantara contra
el go bierno regional, que esperara, en
actitud de tercero neutral, al resultado de
la guerra civil entre los beligerantes.

El concepto de guerra civil se amplió
entonces al ámbito ínter-estatal-regional,
así que la figu ra del beligerante se hizo
presente en el derecho público interno de
la totalidad de los Estados regionales.

5. EL DERECHO DE GENTES Y LA
DESCRIMINALIZACIÓN DE LA
FIGURA DEL REBELDE
Es de presumir que el concepto de
rebelión no tuvo nunca, dentro del marco
de la república radical, un sentido
unívoco. A veces designaba el delito y a
veces también el derecho de rebelión. En
su uso empírico se lo distinguió del
concepto de guerra civil para efectos de
separar dos magnitudes diversas de
conflicto y aun conflictos armados co n
objetivos estratégicos diferentes. Y lo que
es acaso más importante, en su uso
jurídico se hizo mil veces la distinción
entre guerra civil y rebelión con la
intención manifiesta de legitimar -acaso
sobre la base de que designaba un
conflicto menor- el tratamiento punitivo
de esta última. La semántica de la guerra
civil y de la rebelión fue, pues, una
cuestión de oportunidad. En tal sentido,
resulta del mayor interés estudiar con un
poco de detalle la precisión que
recibieron los conceptos de guerra civil y
de rebelión dentro del marco
semánticamente hierático del Código
Militar de 1881, mediante el cual se dio
su desarrollo más definitivo al artículo 91
de la Constitución de Rionegro.

Desde el punto de vista del derecho de
gentes, el concepto de rebelió n pasó a


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designar, en el sistema de Rionegro, sobre
todo, un tipo intermedio de conflicto
armado, situado, por su magnitud y
orientación, entre la simple insurrección y
la guerra civil. Dentro del marco del
Derecho de Gentes se procedió, pues, a
descriminalizar parcialmente el concepto
de rebelión. Se redefinió la rebelión como
categoría ética y jurídicamente neutra, y
los rebeldes fueron asimilados, por lo
menos durante las acciones de guerra, a
los beligerantes.

El libro IV del Código Militar de 1881,
heredero de las ordenanzas que en 1862
expidiera el general Mosquera para la
Guardia Colombiana -enriquecidas con la
Convención de Viena de 1864 y con la
Declaración de San Petersburgo de 1868es
el instrumento mediante el cual, en las
postrimerías de la república federal y
después de la derogatoria de la ley 20 de
1867 en 1880, se desarrolló el artículo 91
y se dio asimismo cuerpo definitivo al
derecho de gentes. Luego de definir la
insurrección y antes de ocuparse de la
noción de guerra civil, decía el libro IV,
en tal sentido, en su artículo 1334:

El nombre de rebelión se da, en Derecho
de Gentes y para los efectos expresados
en el artículo anterior, a la insurrección
que estalla en una gran parte del país, y
que se convierte comúnmente en una
guerra declarada contra el Gobierno
legitimo por varios (Estados o Provincias)
con el objeto de sustraerse a su autoridad
y darse un gobierno propio.

La distinción entre la rebelión y la guerra
civil, como estaban concebidas por el
Código Militar de 1881, dependía menos
de una diferencia en la magnitud del
conflicto que en su cualidad. A diferencia
de la rebelión, la guerra civil no estaba
orientada hacia la sustracción al poder de
la autoridad central y hacia la

conformación de un gobierno propio, sino
hacia la consecución de un dominio
político global exclusivo. El artículo 1335
del estatuto en cuestión dice en tal
sentido:

Guerra civil es, en Derecho de Gentes, y
para los mismos efectos arriba indicados,
la que sostienen, en el seno de la nación
dos o más partidos que luchan para
enseñorearse del poder supremo, y de los
cuales cada uno se atribuye a sí solo el
derecho de gobernar el país.

La asimilación de la insurrección y de la
rebelión a la guerra civil, para efectos de
otorgar a los rebeldes el status y los
beneficios de los beligerantes, resulta
sobre todo evidente en el artículo 1339
del Código Militar:

Las reglas del Derecho de Gentes, que se
han dado en los diferentes títulos de este
Libro, a las cuales deben sujetarse los
jefes de operaciones militares, son también
aplicables por éstos y por el gobierno
federal en los casos de insurrección,
rebelión y de guerra civil, como que así lo
exige especialmente el artículo 91 de la
Constitución Nacional, en cuyo desarrollo
es que se han prescrito dichas reglas.

El problema empírico de determinar la
naturaleza de los conflictos armados para
efectos de atribuirles una u otra
calificación condujo a la necesidad de
establecer -acaso a manera de ejemplo y
no en forma taxativa-indicadores de que
se estaba, en realidad, frente a beligerantes
en guerra civil. Dada la actualidad
que reviste para el debate de hoy sobre el
carácter de los grupos insurgentes y sobre
la naturaleza del conflicto armado
colombiano transcribimos a continuación
el artículo 1338 del Código Militar de
1881:


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Cuando los movimientos populares se
prolonguen por mucho tiempo, o
cuando los intereses que se pongan en
juego, la idea general que se proclame
por causa del levantamiento sean de
significación; cuando las facciones o los
partidos contrarios al gobierno lleguen a
dominar en un territorio extenso,
dándose leyes, estableciendo en él
gobierno propio, administrando justicia, i,
en suma, ejerciendo actos de soberanía,
deberá darse a los beligerantes el carácter
de tales en guerra civil, y reconocérseles
personería mientras se hace la paz. (El
subrayado es nuestro).

Desde entonces, es decir, casi con un
siglo de antelación a los Protocolos de
Ginebra (artículo 1 del Protocolo II) la
insurgencia prolongada (indicador
temporal) y el dominio territorial
(indicador espacial), junto a la existencia
de un proyecto político "significativo",
estaban en el corazón normativo -y ya no
solo doctrinal-de la discusión sobre la
naturaleza del conflicto armado interno y
del tratamiento jurídico correspondiente.

La aparente claridad aportada por las
definiciones transcritas y comentadas de
la rebelión y la guerra civil no debe
conducir al error de creer que el Código
Militar de 1881 consiguió, de manera
unívoca y definitiva, poner fin a la multitud
de equívocos, imprecisiones y
sentidos encontrados que acompañaron la
discusión decimonónica sobre tales
nociones. En honor a la verdad, hay que
recordar que los artículos 1336 y 1337 del
estatuto en cuestión representan poco
menos que una claudicación de la
inteligencia frente al perspectivismo de
quien califica la naturaleza del conflicto y
frente a la inaprehensibilidad de su
dinámica. El artículo 1336 reconocía que
los gobiernos de los Estados regionales
solían llamar guerras civiles a las

rebeliones que tenían lugar en los Estados
vecinos, en tanto que el artículo 1337
observa ba la necesidad de cambiar las
denominaciones y los tratamientos
jurídicos correspondientes en la medida
en que las confrontaciones fueran
evolucionando en el espacio, en el
tiempo, en la intensidad y en la
orientación.

6. ALGUNAS FORMAS
SUPÉRSTITES DE LA REBELIÓN
COMO DELITO
La verdad es, pues, que, a pesar del
artículo 91 y de la ley 20, siguió teniendo
vigencia la vieja pregunta: ¿quis judicat?
Aun desde la perspectiva del Derecho de
Gentes, la rebelión siguió siendo, en
alguna medida, por lo menos respecto de
sus capitanes, el delito de los derrotados.


El artículo 1343 del Código Militar de
1881 decía en tal sentido:

Artículo 1343. Aun cuando en el campo
de batalla se apliquen a los rebeldes las
leyes y usos de la guerra, el gobierno
legítimo debe, sin embargo, juzgar a los
jefes y cabecillas de la rebelión como
reos de traición y tratarlos como tales, a
no ser que estén comprendidos en alguna
amnistía general. (El subrayado es
nuestro).

Aun suponiendo que el concepto de
rebelión, siguiendo los términos del
Código Militar de 1881, hubiera perdido
toda connotación discriminatoria de
naturaleza jurídico-penal, lo cierto es que
los capitanes de la rebelión derrotada
debían ser juzgados por el vencedor como
reos de traición y en tal sentido como
delincuentes políticos.


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Por fortuna, las amnistías fueron durante
el siglo XIX la regla general
comportamental del vencedor. Hay, por
supuesto, casos dramáticos como el de la
guerra civil de 1854. Entonces, y acaso
porque el conflicto entre los artesanos y
militares, de un lado, y la coalición
"legitimista" de las oligarquías liberal-
conservadoras, del otro, tuvo,
excepcionalmente, connotacio nes de
lucha de clases, la rabia criminalizante de
los vencedores no conoció el perdón y el
olvido.

No es, pues, que la figura jurídica del
rebelde haya desaparecido de nuestra
legislación. Aún más, al no haber un
Código Penal de la Unión, sino
únicamente códigos penales provinciales,
era apenas natural que el delito de
rebelión sobreviviera, como de hecho
sobrevivió, como parte de las
legislaciones provinciales.

A manera de ejemplo cabe aquí recordar
el artículo 218 de l Código Penal del
Estado Soberano de Antioquia del año de
1867, que dice:

Es rebelión el levantamiento o
insurrección de una porción más o menos
numerosa de individuos en el Estado, que
se alzan contra el gobierno constitucional
del mismo Estado negándole la
obediencia debida o haciéndole la guerra
con las armas.

Y sin embargo, la figura del beligerante
gravitaba de tal forma sobre la noción
penal provincial del rebelde que ya desde
entonces y hasta el presente el delito de
rebelión fue, en múltiples sentidos,
subordinado a la racionalidad del derecho
de los conflictos armados. En tanto que el
artículo 239 de la legislación penal
antioqueña de la época se preocupó por
descriminalizar las acciones de guerra

propiamente dichas y aun las prácticas de
construcción de Contra-Estado, el artículo
240 puso límites absolutos a la
exoneración de pena por delitos conexos
conforme a los dictados del derecho de
gentes.

Ahora bien, si los capitanes de los
ejércitos regulares eran tenidos por
delincuentes políticos, las guerrillas en
general, por lo menos en cuanto
supérstites de una derrota convencio nal,
no merecían sino la calificación de
simples delincuentes comunes. En tal
sentido resulta interesante recordar
ejemplos como el del decreto 321 del 30
de mayo de 1877, mediante el cual el
presidente de los Estados Unidos de
Colombia criminalizó a los grupos
armados supérstites, luego de la derrota
infringida al conservatismo en la guerra
de 1876. Las gue rrillas y los bandoleros
de entonces fueron excluidos de los
beneficios del derecho de gentes y
sometidos a la jurisdicción penal
ordinaria -no política-de los Estados
regionales. La norma en cuestión decía:

Artículo 1. Les partidas que aún existen
en algunos puntos de la Unión no tienen
carácter político ninguno para los efectos
del articulo 91 de la Constitución, y en
consecuencia quedan, por los atentados
que cometan, bajo la jurisdicción
ordinaria, civil y penal de los respectivos
Estados.

Acaso sea cierto que de hecho las
guerrillas que sobreviven a una derrota
convencional presentan una marcada
tendencia hacia la bandolerización, de
manera que justifican con frecuencia el
tratamiento de delincuentes comunes. Sin
embargo, resulta importante insistir en el
hecho de que la concepción militar caballeresca
dominante entre las élites en el
siglo XIX tendía, por definición, a tratar a


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los irregulares como a simples
delincuentes comunes, prescindiendo de
que estuvieran, en realidad,
bandolerizados. A ello contribuían muy
seguramente prejuicios de clase. La
guerra de guerrillas si bien no era de uso
exclusivo de grupos sociales subalternos
tenía, en todo caso, mayor aceptación
entre éstos que entre los grupos
dominantes. Recuérdese, en tal sentido, lo
enormemente difundida que se encontraba
la práctica guerrillera entre los
indígenas del sur de Colombia.

7. EL LIBERALISMO DEL SIGLO
XIX Y EL DELITO DE REBELIÓN
La idea de la rebelión como "delito de los
derrotados" nos remite, en realidad, a una
discusión más general, cual es la de
funcionalidad o disfuncionalidad de dar
un tratamiento delincuencia] o punitivo al
enemigo, dependiendo de la correlación
de fuerzas entre los partidos que se
enfrentan y de la fragilidad del régimen
en su conjunto. El discurso liberal
decimonónico sobre el delito de rebelión
también estuvo marcado por esta
problemática. Veamos en qué sentido.

La sustitución del derecho penal por el
derecho de gentes operó, sobre todo,
como límite al derecho de intervención
del Estado central, tanto al nivel de los
conflictos interestatales como al nivel de
los conflictos intraestatal-regionales. La
figura del rebelde como tipo delictivo
sobrevivió en la perspectiva de los
gobiernos regionales, en los códigos
penales provinciales. Y sin embargo, a
pesar de la heterogeneidad de los criterios
éticos que in forman el discurso del
derecho de gentes y el del derecho penal
interno, gracias a la idea liberal se redujo
al mínimo posible la distancia valorativa
entre la noción puramente política y con
ello éticamente neutral del beligerante y

la noción jurídico-criminal -y en tal
sentido discriminativa-pero éticamente
privilegiada del rebelde.

El liberalismo radical, el cual veía tanto
en la "soberanía" de los individuos
respecto del Estado en general y del
gobierno en particular, como en la
soberanía de los Estados regionales
respecto del Estado central una garantía
contra el despotismo, quiso hacer, tanto
de los Estados regionales como de los
individuos Iusti hostes.

En el primer caso apeló abiertamente a la
figura del beligerante para efectos de
descriminalizar al oponente armado, en el
segundo, salvando la soberanía regional-
estatal respecto de la insurgencia,
conservó la noción jurídico-penal del
rebelde, pero le quitó, en alguna medida,
el carácter discriminativo.

De la misma manera que la aporía de las
confesiones colectivas condujo
históricamente en la Europa de los siglos
XVI y XVII -dentro del marco cultural de
la secularización-hacia la sustitución de
la fusta causa por el iustus hostis, así que
pudo surgir la figura del combatiente
como una figura simétrica y como tal no
criminalizada, es decir, éticamente neutra,
asimismo la aporía de las convicciones
políticas individuales -soberanascondujo
en la Colombia del siglo XIX a
una neutralización ética adicional del
juicio crimina l sobre el delincuente
político, el cual pudo ser concebido como
un justo enemigo respecto del Estado.

Así como el liberalismo europeo del siglo
XIX evolucionó, gracias a su lectura de la
Revolución Francesa, hacia una visión
profundamente restrictiva de la defensa
del Estado, así también el radicalismo
colombiano, con base en experiencias
análogas, evolucionó, durante la misma


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época, hacia un tratamiento privilegiado
del delincuente político.

Los cambios bruscos en el proceso
revolucionario francés exacerbaron la
conciencia de la puntualidad y
arbitrariedad de los intereses que
determinan el contenido de la justicia
política. El liberalismo europeo tomó, con
ello, conciencia de la arbitrariedad del
poder estatal que sirve de fuente y
fundamento de los delitos políticos. Se
pensó que tales delitos no constituyen en
realidad ataques contra la existencia del
Estado sino sólo contra lo que es mutable
en él.

Si bien es cierto que los giros repentinos
y sangrientos en la vida política
colombiana del siglo XIX fueron más
superficiales, en el sentido de constituir
únicamente cambios de régimen -si no de
gobierno-y no verdaderas y profundas
revoluciones sociales y políticas, eran de
todas maneras, en sus implicaciones para
la vida de las gentes, suficientemente
sangrientos como para ilustrar también, a
su manera, el drama de la volubilidad de
los criterios que fundan la noción de
delito político.

Acaso nadie como José María Samper -él
mismo tan voluble- fue en la Colombia de
entonces tan sensible al absurdo de la
criminalización despiadada del opositor
político por parte de los gobiernos de
turno. Samper cuenta en tal sentido cómo
la famosa ley de conspiraciones de 1833
fue aplicada con igual rigor contra los
antiguos ministeriales cuando perdidas las
elecciones el viejo gobierno pasó a la
oposición.

Tanto la noción de soberanía como el
concepto de rebelión participan de un
status evanescendi entre lo fáctico y lo
normativo, así que su vigencia normativa

depende, por lo menos en parte, de que
una determinada correlación de fuerzas
político-militares les siga siendo favo rable.
Cuando el desarrollo de la guerra es
favorable a los insurgentes éstos dejan de
ser rebeldes y se transforman en
beligerantes. Escribía al respecto don José
María:

La legalidad es la norma común, y tanto,
que igualmente es garantía y salvaguardia
de la libertad y de la autoridad, del pueblo
y del gobierno. Pero una vez que la guerra
civil estalla, es evidente que el rebelde o
insurrecto quebranta la legalidad, se sale
de ella, se declara enemigo del orden
existente, se erige en potencia beligerante
de hecho y rompe el freno legal a que
estaba sujeto. ¿Qué ha de regir desde ese
momento? No la legalidad normal, la del
tiempo de paz, sino la extraordinaria, la
del tiempo de guerra; en otros tér minos:
el derecho de gentes 65.

Con mucho sentido práctico y sin la
angustia kantiana por la separación
tajante entre el ser y el deber-ser, asumen
muchos pensadores y políticos liberales
de la época, acaso sin saber lo, pero en
todo caso siguiendo de cerca la tradición
hobbesiana y spinozista, la referencia
recíproca necesaria entre los conceptos de
potentia y potestas en cuanto
constitutivos de la vigencia de la ley en
general y de la ley penal-política en
particular. Quienes vivieron de cerca la
experiencia de la rebelión triunfante del
general Mosquera, quienes presenciaron
cómo la victoria militar transformó al
rebelde en presidente, conocían muy bien
el carácter límite de las nociones
alrededor de las cuales se articula el
concepto de delito político.

65 José María Samper, Derecho Público Interno
de Colombia, Vol. 1, Bogotá, Imprenta de la Luz,
1896, pp. 287 y ss.


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La misma ley 20, arriba transcrita,
constituye un testimonio privilegiado de
la vigencia de aquello que Georg Jellinek
llamó en su mo mento "la fuerza
normativa de lo fáctico"66. Aún más, y
como para redundar en ejemplos legales
sobre esta sabiduría liberal de los Estados
en formación, cabe citar aquí el último
inciso del articulo 1,342 del varias veces
comentado Código Militar de 1881, el
cual dice con sorprendente pragmatismo:
"La victoria es la que termina la lucha y
establece las relaciones futuras entre los
combatientes".

8. EL IUS IN BELLO INTERNO EN
ACCIÓN: LA GRAN GUERRA DE
1876
Los acontecimientos que, de manera
apretada, evocamos a continuación no
pretenden llevar al lector la complejidad y
la riqueza del drama vivido por las gentes
de Colombia entre 1876 y 1877, sino sólo
servir como ejemplo, de manera que se
tenga algún comienzo de constatación
empírica y se comprenda mejor el sentido
de lo que aquí hemos llamado la
internacionalización del espacio político
interior, en lo que toca a la internalización
del derecho de gentes.

La razón por la cual escogemos la guerra
de 1876 es bien sencilla: se trata de la
confrontación armada más importante,
tanto por su extensión como por las
magnitudes de los ejércitos involucrados
en las contiendas, entre la multitud de los
conflictos armados que sirvieron de motor
a la dinámica político-militar de la
República Federal.

66 Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Berlín,
1900.

Basta echar una hojeada a esa obra
magistral sobre ''la revolución" de 18761877
que son los Recuerdos para la
historia del general Manuel Briceño, para
constatar hasta la sobreabundancia el
carácter cuasiinternacionalizado del sistema
del orden público federal dentro del
marco de la Constitución de Rionegro67.
Es bien conocida la importancia que tuvo
la cuestión de la violación a los principios
de la no-intervención y de la soberanía
regional -junto a las cuestiones religioso-
educativa y electoral-por parte del
gobierno de la Unión, en la determi nación
que tomaron los gobiernos de los Estados
Soberanos de Antioquia y Tolima de
terciar en el conflicto a favor de la
insurgencia conservadora caucana,
cuando el gobierno de Aquileo Parra
decidió apoyar al gobierno radical de
dicho Estado y ocupó con sus tropas el
Estado del Tolima. Es suficiente recordar
este hecho para evidenciar el modo
internacionalizado como se concibió y se
tramitó el conflicto.

Los decretos mediante los cuales los
presidentes de los Estados Soberanos de
Antioquia y del Tolima, a comienzos del
mes de agosto de 1876 y después de
haber agotado el recurso de las
negociaciones, se declararon en situación
de guerra, constituyen una muestra
fehaciente del carácter de "persona
pública de derecho internacional" que
acompañaba entonces a las regiones y que
orientaba su comportamiento respecto del
Estado central y de los demás Estados
regionales.
Siguiendo los recuerdos del general
Briceño sobre la guerra de 1876,
complementados por las memorias de

67 Manuel Briceño, La Revolución (1876-1877):
recuerdos para la historia, Bogotá. Imprenta
Nacional, 1947, pp. 296 y ss.


Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

Aquileo Parra y demás testimonios de lo
que fue aquella conflagración, encontraría
el lector un sinnúmero de documentos,
declaraciones de guerra, cartas ofíciales,
capitulaciones, armisticios, etc., con base
en los cuales resultaría fácil mostrar y
demostrar cómo el espíritu del Derecho
de Gentes campeaba entonces sobre los
espíritus.

8.1 La Batalla de Garrapatas:
Regularidad y humanidad
Dejemos de lado las declaraciones de
guerra, los avatares y el accionar de las
tropas en Cundinamarca y en el Cauca, en
Antioquia y en Santander, y situémonos
en el pequeño valle de Garrapatas, donde
se decidió el destino de la campaña del
Tolima -y acaso el de la guerra en
general-. En la batalla de Garrapatas se
combatió con fuerzas equilibradas y con
bastante respeto de las normas de la
guerra regular. Ejércitos de línea se
situaron frente a frente y con más coraje y
sentido del honor que con genio militar
ejecutaron hazañas y sembraron de
cadáveres el lecho del antiguo lago que
forma el escenario elíptico de la
confrontación.

Para efectos de que el lector de hoy se
pueda hacer una idea aproximada de la
magnitud del drama vivido entonces por
los partidos en conflicto, queremos hacer
a continuación, siguiendo los recuerdos
del general Briceño, un breve inventario
del número de los combatientes y de las
pérdidas que sufrieron ambos ejércitos en
aquella batalla, en la cual se decidió el
futuro del conservatismo y aun se
pretendió escoger sin éxito, luego de
improvisarlo otra vez como gran
"caud illo" a pesar de sus escasas dotes
como militar, al general Santos Acosta
como próximo presidente. El honor
correspondió, en realidad, a Julián

Trujillo ante quien, conscientemente, se
rindieron las tropas conservadoras en
Manizales.

Tropas rebeldes: las fuerzas disponibles
por los rebeldes ascendían en la Batalla
de Garrapatas a 5.141 hombres, con una
ametralladora, una pieza de montaña y

2.384 armas de precisión.
Tropas de la Unión: los ejércitos
liberales contaban con 4.820 hombres,
dos ametralladoras, dos piezas de
montaña y 3.500 rifles de precisión.

Las bajas : las tropas rebeldes perdieron
en total 321 hombres, es decir, tuvieron
108 muertos, 158 heridos y 65
prisioneros. Las pérdidas del ejército
liberal fueron mucho mayores: muertos,
587; heridos, 672; prisioneros, 300;
dispersos, 1.200. Para un gran total de

2.759 bajas.
Nada mejor para ejemplificar el espíritu
caballeresco que animaba el corazón de
los jefes militares encontrados que
transcribir las cartas que se cruzaron los
generales Marceliano Vélez y Santos
Acosta, jefes supremos de los ejércitos
rebeldes el primero y de los ejércitos de la
Unión el segundo, antes de dar comienzo
a las acciones. Dichas cartas son un claro
testimonio de que nuestros viejos
generales cono cían bien el sentido del
Derecho de Gentes.

La carta del general Vélez decía:

Estados Unidos de Colombia-Estado
Soberano del Tolima-Comandancia en
Jefe del Ejército Constitucional -Número
122- Cuartel General de Garrapatas, a 18
de noviembre de 1876.


Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

Señor General Santos Acosta,

Deseo saber si para usted y el ejército que
comanda son sagradas las ambulancias,
los heridos y los rendidos, para acomodar
mi conducta, el día de una batalla, a la
que usted y su ejército observen. Me sería
satisfactorio saber que los dictados de la
humanidad predominan en el espíritu de
usted y de su fuerza, para no verme en la
necesidad de tomar medidas contrarias a
mi carácter y a mi corazón. Al convenir
usted en el filantrópico principio de hacer
inviolables las ambulancias, debemos, en
un tratado, estipular las cínicas personas
que por el servicio que prestan a los
heridos y enfermos deben abrigarse en
ellas, y convenir en una señal que las dé a
conocer claramente para que no se haga
fuego sobre ellas.

Estando en la imperiosa necesidad de
combatir cada uno por las convicciones
sinceras de su alma, debemos por lo
menos evitarle a nuestra querida Patria
escenas salvajes,

Soy de usted atento servidor,

Marceliano Vélez

Entonces el hoy llamado derecho
humanitario no se había desglosado, ni en
Europa ni en América, del derecho de la
guerra y estaba subordinado, en su
aplicación, al principio de la reciprocidad
y con ello a un espíritu un tanto
retaliatorio. La respuesta caballerosa de
Santos Acosta no se hizo esperar:

Estados Unidos de Colombia-El General
en Jefe del Ejército de Occidente-Número
78-Cuartel General de la Esperanza, a 18
de noviembre de 1876.

Al señor doctor Marceliano Vélez Garrapatas.


He tenido el honor de recibir la atenta
comunicación de esta fecha, firmada por
usted y marcada con el número 122, y en
su respuesta y como agente del Gobierno
Nacional, me permito manifestar a usted:
Desde que el Gobierno de que soy agente
declaró civil la guerra que infaustamente
han provocado los hijos despiadados de
una Nación digna de mejor suerte, se
estableció por ministerio de la
Constitución y de las leyes del régimen
del derecho de gentes, que usted, en su
carácter de jefe de una rebelión, y yo, en
mi carácter de agente constitucional,
estamos en el deber de observar y de
hacer cumplir.

Siendo una de las prescripciones de este
derecho la de respetar los cuerpos
sanitarios en todas las formas de su
organización, nada tiene que encarecerme
usted a este respecto; y en cuanto a la
piedad con los prisione ros y rendidos,
espero que usted abrigue los mismos
sentimientos que a mí y al ejército de mi
mando animan, distintos por cierto, de los
caracteres de la vio lencia, salvajismo y
crueldad que las leyes de las na ciones
cristianas tienen proscritos.

Observadores, por lo tanto, de las leyes
humanitarias que hemos tomado por
norma, creo innecesaria la celebración del
tratado que usted me indica. Conocedor,
como usted me anuncia serlo, de los
sentimientos de humanidad de que usted
me supone, en verdad, inspirado, y de los
cuales le reconozco a usted poseedor,
únicamente me es permitido ofrecer a
usted: En cuanto a los depósitos de
heridos, inválidos o enfermos, prometo a
usted que, durante el combate, ese depósito,
sea cual fuere su localidad, será
señalado por nues tra parte con una
bandera blanca, que espero se respete,
como ofrecemos será respetada la que


Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

divisemos de parte de usted con el mismo
objeto.

En la necesidad que usted reconoce de
combatir por los fueros de que cada cual
es defensor, ahorremos a nuestra Patria
común escenas de salvajismo, guardando
los preceptos de las leyes a que usted ha
apelado patrióticamente, y a los cuales ni
yo ni los miembros del ejército de mi
mando faltaríamos en ninguna ocasión.

Soy de usted atento seguro servidor,

Santos Acosta

Dentro del marco del Derecho de Gentes
se convinieron entre los beligerantes
varios armisticios. El día 21 de
noviembre propuso el general Acosta, a
través del coronel Manuel J. Uribe, una
suspensión de hostilidades para enterrar a
los muertos y recoger a los heridos. El
general Vélez se negó inicialmente a
atender a tal solicitud. Al día siguiente,
sin embargo, accedió a ella, así que el día
22 se celebró un armisticio de tres días.
Los distritos de Gua yabal y Mariquita
fueron escogidos como lugares neutrales
para el establecimiento de las
ambulancias.

El clima de negociaciones generado por
este primer armisticio determinó la
celebración de un segundo armisticio de
16 días, orientado a bus car una paz
negociada. A este último atribuye Briceño
el desastre de las tropas conservadoras,
las cuales gracias a él vieron transformada
en simples conversaciones una
victoria militar que a su juicio habría sido
segura y que habría decidido
favorablemente para los insur gentes el
destino de la contienda. Durante el
armisticio se acordó además un canje de
prisio neros, así que fueron
intercambiados los que habían sido

hechos durante la batalla del 20. Se
convino inclusive canjear algunos de los
prisio neros que tenía el gobierno en
Bogotá por algunos oficiales retenidos en
el campamento.

El liberalismo triunfó, pues, sobre los
rebeldes conservadores. Todavía a la
sombra de la victoria el Congreso de la
Unión, en el año de 1877 derogó la ley 20
de 1867. El sistema cuasiinternacionalizado
del orden público
federal adoptado en el seno de la
Constitución de Rionegro quedó entonces
desvertebrado. El principio de no-
intervención dejó de regir, pero no tuvo
un reemplazo inmediato. Fue necesario
esperar hasta el año de 1880, es decir,
hasta los días de la primera Presidencia de
Rafael Núñez para que el vacío
institucional dejado por la derogatoria
pudiera -ser llenado. Dentro del espíritu
de la Regeneración y luego de conseguir
con dificultad las mayorías requeridas en
el Congreso, se expidió por fin la ley 17
de 1880, mediante la cual se acogió el
principio norteamericano de la
"solidaridad", con miras a recentralizar el
orden público.

La medida le dio enorme capacidad de
acción al Ejecutivo pero generó una
flagrante asimetría en el sistema
constitucional. El marco funda mental
siguió siendo el de Rionegro, con sus
Estados cuasi-soberanos, en tanto que la
concepción del orden público pasó a ser
la correspondiente a un sistema unitario y
centralizado. Sobre este horizonte de
sentidos encontrados cada cual quiso
interpretar la ley a su manera y según sus
intereses.

Lo cierto es, en todo caso, que durante la
guerra de 1885, cuando los comisionados
de los Estados gobernados por el
radicalismo se hicieron presentes para


Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

negociar la paz, el presidente Núñez se
negó a recibirlos luego de declararlos
"bandidos". Pero Núñez llegó aún más
lejos y destituyó al gobernador de Boyacá
por cuanto éste, habiendo firmado un
armisticio con los rebeldes había,
implícitamente, reconocido su
beligerancia. Mientras el Gobierno de la
Unión, sobre la base de la ley 17 insistía
en dar un tratamiento punitivo a los
rebeldes, como corresponde a un Estado y
a un Gobierno centrales y soberanos en lo
interior, los rebeldes persistían en su
empeño por tratar al Gobierno de la
Unión como a un "enemigo exterior".

Fue apenas mediante la Constitución de
1886, la cual institucionalizó la victoria
sobre el radicalismo, que se pudo poner
fin, por lo menos desde un punto de vista
jurídico-institucional, a los contrasentidos
derivados de la convivencia imposible de
tratamientos punitivos y polí ticos de los
enemigos interiores.

9. EL SISTEMA DE RIONEGRO:
BALANCE Y PERSPECTIVAS
Dentro de una perspectiva de formación
de Estado-Nación afirma el historiador
Álvaro Tirado, palabras más palabras
menos, que el federalismo fue la
expresión de los intereses de las
oligarquías regionales colombianas en un
momento en el cual no se había formado
todavía una burguesía capaz de articular
una dominación política a nivel nacional.
Y agrega Tirado que el federalismo
constituyó el mejor cami no para disponer
del patrimonio público sin necesidad de
llegar a una confrontación de carácter
general68. Del juicio traído a cola ción

68 "Alvaro Tirado Mejía. Colombia: Siglo y
medio de bipartidismo", en Mario Arrubla y
otros, Colombia hoy, Bogotá, Ed. Siglo XXI,
1979, p. 112; del mismo autor, "El Estado y la

interesa, en este contexto, sobre todo, la
última afirmación. Con otras palabras,
acaso más adecuadas al tipo de lectura
que subyace a este ensayo, cabe decir que
el federalismo radical cumplió, a través
de su cuasi-internalización del espacio
político interior, la tarea histórica que se
había propuesto. El sistema de Rionegro
consiguió, con éxito evidente, regio nalizar,
es decir, fragmentar las guerras
civiles, de manera tal que las grandes
confrontaciones pudieron ser, por lo
menos en parte, diferidas.

Don José María Samper contabilizó entre
1863 y 1885 cincuenta conflictos armados
de carácter regional y sólo dos de alcance
nacional. Las grandes guerras civiles a las
cuales aludía Samper fueron, sin lugar a
dudas, la de 1876 y la de 1885, con la
cual se puso fin al sistema de Rionegro.
Acaso quepa pensar que de la misma
manera que el sistema de equilibrios de la
Europa anterior a la Primera Guerra
Mundial, también el sistema de
equilibrios de Rionegro, guardadas las
debidas proporciones, produjo el efecto
ambivalente de aumentar la cantidad a
cambio de disminuir la intensidad de las
confrontaciones.

Don Carlos Martínez Silva trajinaba,
pues, una verdad de puño cuando dijo:
"La nación ha permanecido en paz
mientras las regiones se encontraban en
guerra".

La Constitución de Núñez y Caro
representó la culminación del proceso de
sustitución del sistema dé orden público
de Rionegro, edificado sobre los
principios del derecho internacional de

Política en el siglo XIX", en Jaime Jaramillo
Uribe (compilador), Manual de historia de
Colombia, Vol. II, Bogotá, 1979.


Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

los conflictos armados, por un sistema de
orden público centralizado, levantado
sobre el concepto de una soberanía
interior única e indivisible y sobre los
principios del derecho público interno. La
figura del beligerante cedió su lugar a la
figura del rebelde. Y sin embargo, la
sustitución no fue radical. El derecho de
gentes y con él la figura del beligerante
fueron acogidos en el nuevo sistema,
hasta 1910 de manera subsidiaria, y a
partir de entonces, de manera principal.
El artículo 121, de la Constitución de
1886, vigente todavía -por lo menos en su
esencia-fue, en tal sentido,
simultáneamente, una respuesta compleja
y profunda a las demandas del pasado 'y a
los retos del futuro.

En el Código Penal de 1890 (ley 19 de
1890), a pesar de ser profundamente
conservador estaba, de la misma ma nera
que su gran matriz constitucional, el
"estado de sitio", muy marcado por la
realidad de la guerra civil y por la del
derecho de los conflictos armados. Las
normas que en el estatuto consagraban la
"conexidad" de la rebelión (artículo 177),
constituían en realidad un reconocimiento
a la necesidad de la exclusión de la pena
para todas las accio nes delincuenciales
asociadas a la práctica de la contraestatalidad.
No sólo los delitos comunes
cometidos en combate, sino sobre todo
prácticas como el establecimiento de un
aparato administrativo y de justicia
alternos por parte de los rebeldes, etc.,
eran tenidos por excusables. Los códigos
penales de 1936 y de 1980 siguieron, en
buena medida, fieles a dicha tradición
(artículos 139, 140 y 141 del Código de
1936 y artículo 127 del estatuto de 1980).

La Carta de 1886 había hecho posible,
pues, la armonización del sistema
centralizado del orden público -vigente
desde 1880-con el conjunto de la vida

constitucional. Dicho conjunto jurídico-
institucional siguió, sin embar go, todavía
durante la década de los noventas,
profundamente desfasado respecto de la
realidad sociopolítica colombiana. Fueron
necesarias dos guerras civiles, la de 1895
y la gran guerra de los "mil días" (18991902),
para que la inercia de la dialéctica
conflictual decimonónica, entre radicales
y conservadores, detuviera su marcha.

Si el Estado, siguiendo la filosofía
hobbesiana es, ante todo, la negación de
la guerra civil, cabe decir que el primer
Leviatán criollo, prefigurado
institucionalmente en el 86, se realizó
sobre la huella dolorosa de una difícil
victoria político-militar, con la guerra de
los "mil días". Aún más: cabe decir que la
batalla de Palonegro, reducción al
absurdo del enfrentamiento entre las
regularidades conservadoras y radicales y
con ello punto de tránsito de la guerra
regular a la guerra de guerrillas como
forma dominante de lucha, constituye un
indicador privilegiado del comienzo de la
estatalidad colombiana moderna. Sólo el
primer año de la confrontación constituyó
un enfrentamiento entre ejércitos
regulares. Los dos años y medio restantes
estuvieron bajo el imperio de la guerra de
guerrillas. Por múltiples razones que
entonces se hicieron evidentes se había
vuelto imposible para el partido de
oposición enfrentar militarmente y en
forma regular al Estado y al gobierno
central. El siglo XIX toca ba, por lo menos
en tal sentido, a su fin. El Estado-Nación
en su dimensión más profunda, como
expresión de un amplio consenso socio político
sigue, por el contrario, esperando.

Resulta fascinante recordar aquí el drama
del general Uribe Uribe, jefe de los
ejércitos rebeldes, sumido en el espíritu
ético y en la concepción estratégica de las
guerras caballerescas e incapaz, a


Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

diferencia de hombres como Avelino
Rosas, aun a costa de condenarse a la
derrota, de entender el sentido de la lucha
guerrillera como forma autónoma de
lucha.

Hijo como era del siglo XIX, el general
Uribe Uribe, mediante decreto del 10 de
octubre de 1900 condenaba, en nombre
del derecho de gentes y de las prácticas
regulares a él debidas, a los grupos de
guerrilla pertenecientes a su propio
partido, calificándolos de simples
delincuentes. En un sentido análogo pero
de signo histórico contrario, el
vicepresidente de la República, mediante
decreto del 18 de febrero de 1901,
declaraba también a los guerrilleros
radicales, esta vez en nombre del derecho
público interno y siguiendo los dictados
del derecho penal, simples delincuentes.
A pesar de que el tratamiento punitivo era
común a ambos, el parámetro de sus
juicios era bien distinto. El jefe rebelde
miraba hacia el pasado. El gobierno
conservador miraba, en cambio, hacia el
futuro.

Es cierto que el proceder de Uribe Uribe
estuvo entonces determinado no sólo por
razones de índole cultural sino práctica.
El debía luchar contra la indisciplina y la
bandolerización de sus tropas. Su
desprecio por la guerra de guerrillas en
general resulta, de todas mane ras, en el
texto en que las condena, evidente. Que
en el caso Uribe Uribe hablaban una concepción
militar y una ética caballerescas y
no simplemente razones de orden práctico
se demuestra fácilmente trayendo a
colación su magnífica proclama "a los
liberales de Colombia" escrita, meses
después de la derrota de Palonegro, en
Nueva York, en abril de 1901, la cual
dice en uno de sus más hermosos apartes:

El objetivo de la apelación a las armas no
es la guerra por sí misma sino el triunfo.
No se trata de ejecutar hazañas sino de
vencer. Reconocido está por el mundo
entero nuestro arrojo; maravillados estén
todos de nuestra entereza heroica y
gallardía caballeresca; nuestros generales
han dado pruebas de pericia militar y de
valor personal. Pero hemos llegado a un
punto en que se impone la cesación de la
lucha. El Gobierno es impotente para
debelar la Revolución, pero la Revolución
es impotente para derribar al Gobierno.
Hace muchos meses que la campaña esté
limitada a un infructuoso tejer y destejer
de operaciones, y a un tomar y dejar
territorios, que a nada conduce. El sistema
de guerrillas, de que siempre he sido
enemigo, sirve para extender el área de
destrucción, más no para resolver el
problema militar, lo cual está reservado a
las batallas libradas entre Ejércitos. No
pudiendo ahora formarlos, envainemos
los aceros para que el pueblo no diga que
los contendores son cuadrillas de locos,
igualmente ominosas ambas banderas,
funestos sus caudillos, infernales sus
armas. Arrastraremos las simpatías y el
aplauso universal si nos mostramos más
sensibles que nuestros adversarios a la ley
de la compasión por la masa neutral y
pasiva, menos tercos ante los sacrificios
de amor propio, más cuidadosos de la
opinión extranjera69.

En síntesis, podemos distinguir por lo
menos tres grandes períodos en la historia
de la tensión entre el tratamiento político
y el tratamiento punitivo de la insurgencia
a partir de la segunda mitad del siglo

XIX. 1) El del sistema cuasi69
Belisario Cuervo, Documentos militares y
políticos relativos a las campañas del general
Rafael Uribe Uribe , Bogotá, imprenta de
vapor, 1904, p. 180.


Estudios Elementos para una fundamentación del delito político…

internacionalizado de Rionegro, dominado
por las figuras del ejército regular y
del beligerante; entonces la noción
punitiva del delito de rebelión conoció
una existencia subalterna asociada, sobre
todo, a la legislación penal regional y al
tratamiento de los conflictos intrarregionales.
Los guerrilleros, en general,
fueron tratados durante este periodo, de
conformidad con el viejo derecho de
gentes, como simples delincuentes
comunes. 2) El del régimen conservador
del cambio de siglo. Entonces, dentro del
marco de la Constitución central y
unitaria de 1886, pero hundido todavía en
la inercia decimonónica, el país conoció
un sistema de transición. En tanto que los
ejércitos regulares y ya no sólo sus
capitanes, rompiendo con el pasado,
dejaron de ser percibidos como beligerantes
para recibir el tratamiento de
rebeldes, los guerrilleros, siguiendo la
tradición del viejo derecho de gentes,
continuaron soportando el mote de
simples delincuentes comunes. La figura
del rebelde fue entendida, sin embargo,
desde Rio negro (artículos 239 y 240 del
Código Penal del Estado Soberano de
Antioquia de 1867), como asociada a la
figura del beligerante. Siguiendo esa
tradición, el derecho de gentes y la figura
del beligerante fueron, en todo caso,
recogidos -y no simplemente negados- en
el sistema constitucional de 1886 y en el
Código Penal de 1890. 3) Fue todavía
necesario que la guerra de guerrillas como
guerra rural y semi-rural-se
enseñoreara definitivamente del espacio
conflictual colombiano de este siglo para
que se hiciera evidente que también la
guerra de guerrillas es racionalizable, así
que los guerrilleros resultaran, por lo
menos en principio, susceptibles de que
también a ellos, en cuanto tipo empírico
dominante, se les diera un tratamiento de
rebeldes.

El sistema decimonónico dominante de
sustitución del rebelde por el beligerante
pudo entonces continuarse, de
conformidad con el nuevo derecho de los
conflictos armados, en un sistema más
adecuado a la nueva realidad de la
dominació n estatal, cual fue el de la
concepción del rebelde-guerrillero a la
sombra del beligerante.


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

RELACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD
CIVIL Y EL ESTADO

Luis Alberto Restrepo*

Los partidos políticos de todo el mundo,
tradicionales o revolucionarios, así como
los Estados de todas las ideologías,
atraviesan por una profunda crisis de
representatividad y legitimación.
Mientras tanto cobran nueva vigencia los
movimientos sociales. Es como si la
sociedad, no suficientemente representada
por los partidos o demasiado absorbida
por los Estados, se levantara y quisiera
representarse directamente a sí misma.

La experiencia histórica de los dos
últimos siglos ha creado en el ciudadano
común una desconfianza instintiva ante
las ideologías políticas. Existe la
persuasión difusa de que el problema de
la democracia no radica tanto en las
distintas ideologías que se inspiran en
ella, cuanto en la forma concreta como se
asume su construcción. El jacobinismo de
las elites y vanguardias, sin distinción de
ideologías, termina en nuevas formas de
suplantación y subordinación
antidemocrática de las mayorías. En
América Latina, la pretensión de las elites
de construir, desde el Estado mismo, una
sociedad moderna y un Estado
democrático, parece haber tocado a su fin.
Después de siglo y medio de violentas
luchas de poder y de es fuerzos de
modernización y desarrollo desde arriba,
el intento se ha mostrado vano y los
resultados son precarios cuando no
francamente catastróficos. Los Estados y
los partidos han sido incapaces de
adelantar una verdadera modernización
social y política, y el continente afronta
hoy una involución histórica.

*

Filósofo, investigador del Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales.

La crisis de las ideologías políticas se ha
hecho plenamente manifiesta desde
comienzos de los años ochenta. Desde
entonces, el movimiento histórico de
construcción social comienza a invertirse
paulatinamente. La sociedad civil y, en
ella, sobré todo los sectores y clases
subalternas se han puesto en movimiento
al margen de los partidos y del Estado. Se
constituyen a sí mismos como actores
sociales independientes, recrean el tejido
democrático de la misma sociedad civil,
se autorrepresentan en el espacio público
y comienzan a imponerle desde allí a los
partidos y al Estado la necesidad de su representación.
La dinámica no apunta ya a
construir la sociedad desde el Estado sino
más bien a reconstruir el Estado desde la
sociedad. Este proceso es hoy
particularmente dramático en las
sociedades del Este socialista. Pero se
desarrolla, de una u otra forma, en todo el
mundo. América Latina enfrenta un
proceso de largo aliento de reconstrucción
societal y política cuyo punto de apoyo
fundamental son los molimientos
sociales. Una sociedad civil popular
plenamente constituida por actores
sociales fuertes e independientes es la
única garantía de existencia de un Estado
democrático.

Esto no quiere decir, ni mucho menos,
que los partidos políticos carezcan de
importancia o que el Estado nacional se
encuentre en vías de desaparición. Los
movimientos sociales requieren, tarde o
temprano, de una adecuada expresión
política a través de los partidos y del
Estado. De lo contrario, su impacto
histórico es reducido o desembocan
incluso en formas de descomposición
social. Si afirmamos el papel fundamental
de los movimientos sociales, es porque el
impulso para la transformación
democrática de los sistemas políticos no


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

viene ya de las élites y sus ideologías,
hoy agotadas, sino de los movimientos
sociales de las clases y sectores sociales
subalternos. A las direcciones políticas
les corresponde la tarea de buscarle
soluciones concretas y eficaces a las
demandas sociales. Para ello, las
doctrinas globales son hoy insuficientes.
Cumplen más bien una función de
horizonte utópico.

Ya en un artículo anterior70, intenté dar
una visión general de los movimientos
sociales en América Latina y de sus
posibilidades de convertirse en actores de
procesos de emancipación. En este
ensayo, busco una primera aproximación
teórica al tema más general de la relación
entre sociedad civil y Estado, que sub yace
al papel que allí le otorgaba a los movimientos
sociales. En una primera parte,
hago un rápido recuento crítico de la
concepción de esta relación en los
principales autores europeos y, en la
segunda, intento una formulación propia
acerca del tema, más adecuada a la
América Latina. Más allá de la actualidad
coyuntural que puedan tener los
movimientos sociales, el ensayo intenta
mostrar su lugar específico en la sociedad
civil y en su relación con el Estado.

Debo hacer dos advertencias previas. En
primer lugar, el artículo parte aún de la
perspectiva moderna de una
emancipación posible. Este horizonte no
es hoy evidente. En los países
industrializados se encuentra en franca
crisis 71. Con todo, en los países de la

70 Luis Alberto Restrepo, "Theory and Practice of
Liberation in Latin America. The New Social
Movements and the State", en Theory and
Practice of Liberation at the End of the XXth
Century, Emile Bruylant, Bruxelles, 1988, pp.
413-436.

71 Asi lo testimonia toda la reflexión sobre la post


modernidad

periferia aparece todavía como una
esperanza y un imperativo inmediato. Es
como si la modernidad, ya realizada en
los países industrializados de Occidente,
se les hubiera reducido a ilusión, mientras
sigue siendo todavía una utopía y un
futuro de emancipación posible para las
nacio nes de la periferia. También en esto
los países menos industrializados se ven
obligados a luchar por una esperanza
prestada y de segunda mano, pero
conservan la ilusión de poderle dar un
nuevo contenido más auténtico.

Desde el punto de vista emancipatorio,
este ensayo presupone y asume, en parte,
las críticas a la sociedad capitalista y al
Estado liberal formuladas por el
pensamiento, marxista pero se coloca
también críticamente ante las supuestas
alternativas propuestas por el marxismo
que habían estado vigentes hasta ayer. En
segundo lugar, el artículo se refiere sobre
todo a las sociedades latinoamericanas.
No podría tal vez aplicarse, sin más, a las
sociedades industrializadas de Occidente,
a sociedades asiáticas o africanas, con
otras culturas y tradiciones. Sin embargo,
no está ausente de él una cierta pretensión
de universalidad sujeta a la crítica.

LA SOCIEDAD CIVIL Y EL
ESTADO EN LOS CLÁSICOS
EUROPEOS

Para comprender la sociedad
latinoamericana de hoy y su relación con
el Estado, ninguno de los clásicos
europeos ofrece una noción satisfactoria,
aunque todos aporten un marco referencia
importante y elementos de análisis que
deben ser conservados, corregidos o
complementados. Aquí sólo pretendo
exponer, de manera más sistemática y en
discusión con algunos teóricos clásicos
europeos, el enfoque analítico que
subyace a mi artículo sobre "Los


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

Movimientos sociales en América
Latina"72. Se trata, desde luego; de líneas
de reflexión abiertas a la discusión.

1. La noción de sociedad y su relación
con la política desde la antigüedad
clásica hasta la modernidad
Como es sabido, la noción de sociedad
civil es propia de la modernidad europea.
Ni los filósofos antiguos ni los teólogos
medievales establecen distinción entre
sociedad y Estado. La polis griega es a la
vez, indiferentemente, societas o societas
política (koinonia politike). La actividad
económica de la época, reducida al
ámbito doméstico (oikos), se orienta a la
satisfacción cotidiana de las necesidades
familiares. No se dirige hacia el mercado.
No crea una red de nexos sociales que
unifique la nación bajo las "leyes" del
intercambio entre equivalentes. La
ausencia del mercado hace que la
sociedad no tenga una dinámica propia y
una consistencia independiente frente a la
voluntad del gobernante. A decir verdad,
la sociedad no existe. Tampoco existe el
individuo moderno, libre productor y
consumidor, movido por intereses
contrapuestos a los de la sociedad. La
individualidad permanece aún absorbida
en la totalidad de la familia, del clan o del
pueblo. La vida en común de los pueblos
tiene su fundamento en la unidad mítica
de su origen y se manifiesta a través de la
sumisión a la voluntad del gobernante:
jefe de familia, del clan, príncipe, rey o
emperador.

En la polis antigua, la convivencia y la
acción conjunta de una colectividad en
pro del beneficio común tienen su
fundamento en la ética: dependen tanto de
las costumbres del pueblo como sobre
todo de la virtud del príncipe. Para los

72 Op. cit.

antiguos, los hombres tienen el deber de
imitar y reproducir, en el microcosmos
generado por su acción, el gran
ordenamiento de la naturaleza. Y en ello
se realiza su dimensión humana más
esencial. Según Aristóteles, el hombre es,
por naturaleza, "animal político". A los
dictados de la naturaleza, los teólogos
medievales anteponen, a su vez, la
voluntad divina. Los hombres deben
ponerla en prác tica.

Con el surgimiento de la sociedad
moderna, Adam Smith reconoce la
aparición de un nuevo nivel de acción
social, independiente de la voluntad de
los gobernantes: la actividad económica,
ya no limitada a la mera satisfacción
inmediata de las necesidades familiares,
sino destinada al mercado nacional. La
producción para el mercado es entonces
el nuevo objetivo inmediato de la
actividad social. Y su destino final es la
"felicidad", la satisfacción de las
necesidades individuales. Según Smith, el
mercado se autorregula. La mano
invisible que lo rige se encarga de
conciliar el interés individual y el interés
general. No requiere de la intervención de
terceros. La moralidad y la justicia no son
resultado de la virtud, sino produc to del
interés individual y de la libre actividad
económica. La economía deja de ser
simple modo de subsistencia para
convertirse en actividad política que
garantiza la convivencia armónica entre
los hombres: economía-política.

Como para los filósofos antiguos y
medievales, tampoco para Smith hay
diferencia entre socie dad y Estado. Pero
en este caso, la identifica ción se hace en
beneficio de una noción de sociedad
reducida a su dimensión económica de
producción, distribución, intercambio y
consumo de mercancías. El Estado
aparece como innecesario. Si acaso, se le


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concede el papel de simple árbitro
externo de aquellas relaciones sociales
que el mercado establece por sí mismo.
Es un medio establecido por la misma sociedad
civil para ratificar y confirmar las
reglas de su dinámica económica, y para
garantizar la satisfacción de las
necesidades del individuo. En Smith, el
individualismo político de Locke
encuentra su expresión económica.

2. Sociedad civil y Estado en Hegel
Es Hegel quien, por primera vez,
establece la diferencia entre la sociedad
civil o, más literalmente, burguesa
(bürgerliche Gesellschaft) y el Estado y le
atribuye a cada una de las dos instancias
su propia esfera de acción. Recoge de
Adam Smith y de los economistas
clásicos la existencia de la sociedad, la
enriquece con la filosofía política de la
Ilustración, pero la enmarca en el cuadro
del Estado, propio de la filosofía griega y
de la concepción rousseaunia na de la
"voluntad general". Liberalismo de Locke
y de Smith, y colectivismo de Rousseau,
conviven así en una síntesis en la que el
prime ro se subordina al segundo sin
desaparecer en él, sobre el fundamento
común del derecho natural moderno y
secular. Conviene detenernos en el
análisis de la sociedad civil y del Estado
en Hegel, y en su mutua relación, ya que
de su concepto se derivan las
elaboraciones de Marx, Lenin y Gramsci,
que marcan la aproximación
contemporánea al tema. De la concepción
hegeliana de sociedad civil toman uno u
otro elemento, lo transforman, y
abandonan el resto. El concepto hegeliano
es el más amplio y complejo, lo que no
significa que sea por ello el más
adecuado. Por eso me extenderé más en él
y añadiré luego, más brevemente, las
modificaciones y complementos
aportados por los demás autores.

La filosofía política de Hegel -"filosofía
del espíritu objetivo" o "filosofía del
derecho "nos presenta una organización
sistemática de la acción humana y de sus
obras en la historia: las "objetivaciones"
del espíritu. La acción del hombre se
articula, según Hegel, en tres niveles:
familia, sociedad civil y Estado. Para
nuestro propósito nos interesan los dos
últimos: Sociedad y Estado. Toda acción
humana está movida por intereses
dirigidos al logro de bienes específicos.
Sin interés, no hay acción. Lo que
caracteriza y diferencia a la sociedad civil
y al Estado es, para Hegel, la naturaleza,
particular o general, del interés que
mueve a los hombres a la acción o del
bien que persiguen mediante ella. Las
acciones que se derivan de un interés
particular dan origen a la sociedad civil y
se inscriben en ella. En cambio, el Estado
es producto de una acción que obedece al
interés general de toda la colectividad. Se
dirige hacia el bien universal. Este
principio de distinción entre sociedad
civil y Estado es, desde un punto de vista
puramente metodológico, de utilidad para
establecer la diferencia entre lo social y lo
político.

A la sociedad civil, Hegel la denomina
también "sistema de las necesidades"
(Bedürfnisse). Surge de la dinámica
impuesta por la satisfacción de las
necesidades particulares. La acción que
conduce desde las necesidades hasta su
satisfacción genera un flujo de nexos
recíprocos entre los hombres, y crea un
nivel específico de interacción y
comunicación: la sociedad civil.

Sigamos brevemente la lógica del interés
privado y de la acción a la que da lugar.
Su punto de partida es el hombre
considerado como sujeto de necesidades.
El individuo. La sociedad se construye a


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partir de la necesidad individual, de la
propiedad y del trabajo. Gracias a la
propiedad, el individuo existe social y
jurídicamente. Para satisfacer sus
necesidades, se ve obligado a trabajar e
incrementar su propiedad. Pero nadie
puede satisfacer solo, mediante su propio
trabajo, todas sus necesidades. Lo que el
uno necesita lo produce y posee el otro y
viceversa. Así, todos necesitan de los
productos del trabajo ajeno. De este
modo, a través del mercado, se
desarrollan vínculos de interdependencia
generalizada entre todos los miembros de
una colectividad. Es lo que Hegel llama
"la cadena de la necesariedad" (Notwendigkeit)
de la que cada individuo es
apenas un eslabón mecánico.

Este sistema de interdependencia es
dinámico. El trabajo transforma
permanentemente los medios de
satisfacción de las necesidades (tanto los
"medios de producción" como los bienes
de consumo), y éstos a su vez van
modificando las necesidades. Se engendra
entonces una dialéctica permanente entre
trabajo, medios de satisfacción y
necesidades humanas (entre oferta y
demanda, según los economistas), que le
confiere su peculiar dinamismo a la
sociedad civil. En términos de Marx,
tanto las necesidades como los medios
para su satisfacción son un producto del
trabajo colectivo, producto "social" y no
meramente natural. La produc ción, la
distribución, el intercambio y el consumo
de mercancías, objeto de la economía
política clásica, configuran este sistema
que pone en conexión las necesidades de
los unos con los medios para su
satisfacción poseídos por los otros.

De acuerdo al tipo de actividad
económica que desempeña, la población
se divide, según Hegel, en tres grandes
"masas" o "clases". Obviamente, su

concepto de clase poco tiene que ver con
el de Marx y se aproxima más al de
estamento de la sociedad medieval. Las
tres clases o estamentos son: el sustancial,
formado por los agricultores, el general,
constituido por la burocracia del Estado, y
el intermedio o de los industriales. Para
Hegel, cada uno de estos estamentos
ofrece un aporte específico a la
satisfacción de las necesidades sociales.
Tiene su identidad, sus costumbres y su
propia ética. La identidad de cada
estamento y su carácter complementario
con los demás es un elemento
fundamental de la cohesión y coherencia
de la sociedad civil hegeliana. Aunque la
noción de clase social esbozada por Marx
es muy diferente, puede transponerse sin
dificultad a este lugar sistemático de la
sociedad civil hegeliana. El reparo
fundamental proviene de que, para Hegel,
los estamentos son complementarios,
mientras que, para Marx, las clases sociales
son antagónicas. De esta dificultad nos
ocuparemos más adelante, a propósito de
Marx. Como puede verse, en esta primera
instancia de la sociedad civil, Hegel
integra los hallazgos de Smith y de la
economía política de la época. Pero
extiende luego la dinámica del interés
individual y la noción de sociedad civil a
otros campos. Conviene observar que,
más tarde, Marx reducirá nuevamente el
campo de la sociedad civil a esta primera
instancia económica de las relaciones
sociales.

La reconciliación entre el interés
particular y el general no es inmediata, ni
se logra mediante la mano invisible de las
leyes del mercado, como en Adam Smith.
Por el contrario, Hegel piensa que la
actividad económica moderna,
abandonada a sí misma, genera extremos
de riqueza y de miseria, disolución ética y
política y decadencia de las instituciones.
Desde este punto de vista, se puede decir


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que Hegel pone las bases para la noción
de lucha de clases de Marx. Pero si la
regulación de la actividad eco nómica no
surge directamente del mercado, sí nace
por exigencia interna del mismo. Una larga
cadena de mediaciones necesarias
elevan a los hombres desde su interés
individual hasta la realización del bien
común.

Bajo la conducción del Estado, y al ritmo
del desarrollo de la actividad económica,
cada pueblo avanza progresivamente en la
universalización de su acción histórica.
Es lo que Hegel denomina cultura o
civilización (Bildung significa
literalmente formación pero equivale, en
cierta manera, a cultura o civilización,
según se quiera entender estos términos).
La cultura es, pues, un proceso histórico
de formación de un pueblo que lo
capacita para actuar de acuerdo a
principios cada vez más amplios y
generales. Mediante ella, lo general se
imprime progresivamente en el espíritu
como forma o principio de acción.
Configura la sujetividad colectiva. La
cultura habilita a un pueblo, al menos formalmente,
para subordinar el interés
particular al bien general.

El proceso cultural transforma tanto la
actividad teórica de los hombres como su
actividad práctica, y abarca diversas
instancias en cada una de estas dos
direcciones. En el terreno teórico, lo
primero que se modifica y universaliza en
torno a la actividad económica es el
lenguaje común. En la misma medida en
que la produc ción, el mercado y el
consumo se amplían y diversifican, los
hombres se ven obligados a crear un
lenguaje cada vez más complejo, ca paz de
captar relaciones más amplias y generales.
La economía es, pues, según Hegel, la
matriz más importante de la evolución del
lenguaje común en la sociedad civil, y

hace parte de ésta. A la par con el
lenguaje, evolucionan también las
ciencias modernas. Surgen y se
desarrollan a partir de las neces idades
humanas, del trabajo y de los nuevos
medios para su satisfacción. Estas
modalidades más generales de la
actividad teórica van imprimiendo la forma
de lo universal como principio de
acción en la sujetividad teórica de una
sociedad, en su actividad cognoscitiva y
comunicativa. Desde el punto de vista
práctico, el desarrollo cultural trae
consigo un mayor desarrollo de las habilidades
técnicas, de lo que podríamos
llamar el "saber hacer" de una nación.
También se desarrolla la moral por la que
el ind ividuo moderno, afincado por su
propiedad y su trabajo cotidiano en la
instancia antiética del interés individual,
concibe principios generales, intenciones
y propósitos sujetivos en la bús queda de
un bien general puramente ideal, de un
"deber ser" siempre inasequible. Digamos
de paso que, para Hegel, la intención
moral cobra tanto más fuerza cuanto la
vida ética de un pueblo, sus costumbres e
instituciones políticas, se hallen más
descompuestas. La rebelión moral se
convierte entonces en principio sujetivo
de revolución. Pero ésta, por estar basada
en abstracciones ideales, se traduce,
según el filósofo de la revolución
francesa, en terror contra todo lo concreto
y real.

Como podemos ver, la noción hegeliana
de sociedad civil desborda ya
notablemente la dimensión puramente
económica que le asignara Smith y se
extiende también al vasto terreno de la
cultura. Marx y Lenin recortarán de
nuevo su alcance a la economía y a las
rela ciones sociales que de ella se derivan,
mientras Gramsci intentará recuperar la
cultura para su concepto de sociedad
civil. Hasta ahora, sin embargo, apenas


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comienza la construcción conceptual de la
sociedad civil en Hegel. La fuerza de lo
universal debe imponerse aun por sobre el
interés particular hasta llegar a
transformarlo, a "civilizarlo", hasta
convertir al individuo, miembro de la
sociedad civil, en ciu dadano de un
Estado.

Inicialmente, el interés general, lo que
hoy llamaríamos la "dimensión social del
hombre" aparece como un producto
extraño a la actividad individua l aunque
nace como exigencia de sus mismas
relaciones económicas y de los conflictos
a los que ésta da lugar. Parece imponer se
desde fuera a los individuos mismos cuyo
libre arbitrio coacciona. Hegel denomina
a esta fase del desarrollo de la sociedad
civil, el "Estado exterior". Tal
designación corresponde al punto de vista
liberal, según el cual el individuo es el fin
del Estado y éste es apenas un instrumento
para la satisfacción de las
necesidades de aquél. El individuo liberal,
sin embargo, incapaz de instrumentalizar
por sí solo el Estado a su servicio,
experimenta la función normativa de éste
como una coacción a su libertad. Lo
admite, finalmente, como arbitraje
necesario entre la multitud de intereses
opuestos para no caer en la guerra
autodestructiva de todos contra todos
formulada por Hobbes. Desde este punto
de vista, el Estado aparece como un
aparato coactivo, cuya peculiaridad
fundamental consiste en el monopolio de
la fuerza. Esta visión instrumental del
Estado coincide también con la de Marx,
que lo considera como un aparato
puramente exterior a la sociedad civil.
Más aún, como la expresión política de la
"enajenación" de ésta (Marx joven) o
como "fetiche" político que suplanta las
relaciones de colaboración entre los hombres
(Marx maduro). El Estado, para
Marx, ya no es árbitro entre individuos

atomizados sino instrumento de
dominación de clase. Para Hegel tal
concepción mecánica tiene un fundamento
en la realidad, pero no agota la
naturaleza última del Estado, a la que nos
referiremos más adelante, así sea muy
brevemente. Esta diferencia con Marx es
esencial. Gramsci volverá a la visión
hegeliana.

Lo general se manifiesta de múltiples
formas. Aparece, en primer término,
como interdependencia económica de los
hombres en la satisfacción de sus
necesidades. Ya antes habíamos visto
surgir esta "cadena mecánica de la necesariedad"
entre todos los productores y
consumidores de mercancías. Tal
interdependencia generalizada es, según
Hegel, la primera manifestación del
interés general, de la "dimensión social
del hombre", aunque en figura de fuerza
extraña a su voluntad ("enajenada", según
Marx). El nexo recíproco se establece a
través del mercado. Cada uno queda
reducido a la condición de un eslabón en
la cadena de la interdependencia general,
tanto en lo que toca a la posibilidad de
satisfacer sus propias necesidades, como
incluso en la definición del contenido de
éstas. La mercancía es su expresión
concreta. Lo general, el carácter social de
las necesidades y de su satisfacción, se
imponen aquí sobre el individuo con una
ciega fatalidad.

Más allá de esta interdependencia de
hecho, aparece la ley. Bajo su forma de
prescripción o prohibición general, la ley
coarta el libre arbitrio individual. Pero lo
que no percibe el individuo encerrado en
su propio interés es que lo hace para
protegerlo de sí mismo. La anarquía
generalizada del libre arbitrio conduciría
a su autodestrucción. La actividad
económica de la sociedad civil,
abandonada a sí misma, sólo puede


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conducir al "estado natural de guerra".
Pero la ley sola no basta para que lo
general imponga su dominio sobre el libre
arbitrio individual. Debe ser aplicada a
cada caso particular y adquirir fuerza
coactiva. Esta es la función propia de los
tribunales de justicia y de la policía. Ley,
justicia y policía configuran el cuadro del
"Estado exterior" hegeliano que, se gún él,
hacen parte aun de la dinámica propia del
interés privado y de la sociedad civil. Mediante
la fuerza coactiva de la norma, del
juicio y la sanción, se hace posible la
satisfacción de las necesidades
individuales pero, a la vez, se imprime el
interés general en el espíritu de un
pueblo. Marx ubicará estas instancias
simplemente en el Estado, o entre los
"aparatos del Estado", como dice
Althusser, con una expresión que pone
aún más de relieve la visión instrumental
de lo político, propia también del
pensamiento liberal. Para Marx, el Estado
se identifica con lo que Hegel designa
como Esta do exterior.

El último elemento de la sociedad civil
hegeliana es la corporación, es decir, la
organización de un estamento social o de
un sector de él en orden a la promoción y
defensa de su propio interés particular.
Como la noción hegeliana de "clase",
también la de "corporación" es más
próxima a la organización medieval del
trabajo. Pero una y otra pueden ser
transpuestas, sin agravio teórico, al
lenguaje postmarxiano. La corporación,
en cuanto asociación de intereses
privados en función de su representación
pública, equivale al gremio o al sindicato
de hoy. Partiendo del interés individual
que caracteriza la actividad de la sociedad
civil, la corporación o la asociación
gremial es el grado más alto de
transformación del interés individual en
interés general. Los individuos se asocian
en una corporación buscando la defensa

de su interés privado pero, defendiendo el
suyo, promueven el interés de todos los
miembros de la corporación. Aquí el
interés general no se impone por cocción,
como acontecía con la ley, los tribunales
y la policía, sino que brota desde dentro
de las aspiraciones de los miembros de la
corporación. En este sentido prefigura,
para Hegel, la verdadera naturaleza del
Estado, su idea ética de verdadera
comunidad humana. La asociación
gremial es la principal escuela del
ciudadano.

Como trataremos de mostrarlo más
adelante, también la asociación gremial o
sindical es hoy la instancia prepolítica de
organización social más importante. Le
da una coherencia decisiva a la sociedad
civil. La agremiación es la forma de
organización propia de las clases sociales,
en cuanto están movidas por intereses
propios y particulares de su clase. Y es
también la forma de asociación de toda
suerte de intereses comunes, como los
que dan origen a numerosos movimientos
sociales de hoy, agremiacio nes no
institucionalizadas y no orientadas simplemente
como instancias reivindicativas.

Hegel no conoció los partidos políticos.
¿Los habría adscrito a la sociedad civil,
como forma suprema de interpretación de
los intereses particulares? Gramsci parece
inclinarse a esta lectura. ¿O los habría
ligado más bien al Estado en cuanto
portadores de un proyecto global de
sociedad? De esta doble naturaleza se
deriva la condición ambivalente de los
partidos modernos, que pertenecen a la
sociedad civil cuando no están en el
poder, pero se identifican con el Estado
cuando acceden a él. Olvidar esta ambivalencia,
como lo hace Gramsci, puede
conducir a costosos equívocos.


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

Otras instancias de la actividad colectiva
que han llegado a ocupar un lugar
importante en la sociedad actual, están
ausentes de la construc ción hegeliana por
razones obvias, pero el cuadro teórico
trazado por él permitiría definir su
ubicación y articulación. Me refiero, por
ejemplo, al sistema educativo, ligado a la
familia, a la sociedad civil o al Estado,
según el caso; o los medios de
comunicación y, más allá, el ámbito
global de la comunicación73, vinculados a
una de las dos últimas instancias. Pero no
es ésta nuestra pretensión aquí.

Con la corporación se cierra la
arquitectura hegeliana de la sociedad
civil. La corporación prefigura la noción
definitiva ("absoluta") de Estado como
finalidad ética de toda la actividad social.
Forma al ciudadano. No vamos a entrar
aquí en un análisis de la controvertida
versión final del Estado en Hegel.
Digamos que no es solamente un aparato
exterior a los individuos, a las clases
(estamentos) y a toda la sociedad civil. Es
también, y sobre todo, el principio interno
de acción que dirige y le da forma ética,
humana, "social", a toda la acción de los
hombres, incluso sin que éstos lo pretendan.
Es su finalidad histórica intrínseca.
Desde este punto de vista la forma del
Estado está invisiblemente ligada a la
obra desde la dinámica de los intereses

73 Hablo del ámbito de la comunicación ya que la
expresión "medios de comunicación", referido a la
prensa escrita, la radio, el cine y la televisión, no
alcanza a expresar ya el actual fenómeno de la
comunicación que tiende a abarcar cada vez más
todos los ámbitos de la actividad social. El
computador, las redes de información, el telefax y
todas sus aplicaciones van generando un sistema
comunicativo que escapa al control del Estado y
que se convierte en expresión de la sociedad civil.
Al mismo tiempo, es cierto, le da al Estado un
poder de control hasta ahora inimaginable sobre la
sociedad civil.

privados que constituyen la sociedad civil
y no se puede establecer entre ambas
instancias -sociedad y Estado-una
separación radical. Gramsci reafirmará, a
su manera, la identidad relativa entre la
sociedad c ivil y la sociedad política.

La acción ética es aquella que hace
posible la convivencia y la cooperación
entre los hombres. El Estado es la más
alta realización histó rica de esta
comunidad humana. Aquella que se
expresa ya en las costumbres mismas de
un pueblo formado, cultivado. Podríamos
decir, anticipando a Gramsci, que el
Estado es el intérprete y gestor del
consenso de las clases sociales. Un
Estado que se ajuste a su naturaleza es
punto de encuentro dialéctico del interés
particular con el general, en donde el segundo
prevalece sobre el primero sin
negarlo.

Es lugar de mediación de los conflictos de
la sociedad civil. Hegel retorna así a la
concepción rousseauniana del Estado
como concreción histórica de la "voluntad
general" (cuya concepción Hegel critica,
por demás), y más atrás, a Platón y
Aristóteles, para quienes el hombre es,
ante todo, "animal político", miembro de
la polis.

Antes de continuar y para comprender
mejor los desarrollos ulteriores de Marx y
sus discípulos, conviene hacer una breve
incursión en la última parte del sistema
hegeliano: en la filoso fía del espíritu
absoluto. Esta parte del sistema difiere,
no sólo de la noción de sociedad civil,
sino también del Estado y de toda la
filosofía política del espíritu objetivo
hegeliano. Sin embargo, nos permitirá
comprender mejor la sociedad civil en
Marx y en Gramsci. En efec to, su
contenido será objeto de la crítica de
Marx como alienación o ideología,


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

justificación o encubrimiento ideal de la
explotación capitalista, mientras que
Gramsci tratará de recuperarla como
elemento esencial de la sociedad civil.

La filosofía hegeliana del espíritu
absoluto presenta el concepto del arte, la
religión y la filosofía. La sociedad civil y
el Estado son produc tos objetivos de la
acción histórica de los pueblos. Como
realizaciones objetivas que son, hay en
ellas un resto de exterioridad, de hecho
bruto, irreconciliado e irreconciliable con
la interioridad sujetiva. En ellas el espíritu
humano se siente en alguna medida
extrañado, ena jenado, fuera de casa. El
arte, la religión y la filosofía le permiten
al hombre, según Hegel, reconciliarse con
la objetividad histórica del Estado. Hegel
se sitúa así en la antípoda de la
Ilustración. Para el pensamiento ilustrado
de Marx, la religión y la filosofía serán la
representación enajenada o ideológica de
una sociedad igualmente enajenada. Para
Gramsci, sin embargo, el arte, pero sobre
todo la filosofía y en alguna medida
también la religión, pasan a formar parte
esencial de la sociedad civil, ya no
simplemente como enajenación e
ideología sino como poder de dirección
social, vehículos de consenso y
hegemonía.

3. Sociedad civil y Estado en Marx
Como él mismo lo confiesa en el Prólogo
a la Contribución a la Crítica de la
Economía Política (los Grundrisse) de
1859, la noción hegeliana de sociedad
civil fue para Marx el "hilo conductor" de
su propio desarrollo teórico. Es conocida
la rápida evolución de su pensamiento y
sus numerosas "rupturas" internas. No es
posible, pues, establecer en Marx un
concepto único y terminado de sociedad
civil o de su equivalente. Además,
proliferan las relecturas de Marx, y son

efectivamente posibles. Para los
propósitos de esta presentación, me
atengo a los rasgos esenciales de la
sociedad civil en Marx, obtenidos de una
lectura "ortodoxa", acorde a la letra de
sus obras.

Lo primero que salta a la vista es que
Marx recorta de nuevo el denso concepto
hegeliano de sociedad civil y lo reduce,
con Smith y los economistas clásicos, a la
instancia económica de la actividad
social. Desciende a saltos desde la crítica
a la filosofía a la crítica del Estado, pasa
luego a la crítica social en El Problema
Judío, para llegar, en los Manuscritos de
1844, a la crítica de la sociedad civil.
Pero ésta es comprendida solamente
como el ámbito de la economía política.
En adelante, esta sociedad será el "hilo
conductor" del discurso de Marx hasta su
última versión en El Capital. Casi to das
las demás instancias de la sociedad civil
hegeliana, así como el Estado y el espíritu
absoluto, quedan explícitamente por fuera
y "por encima" de la sociedad, agrupadas
bajo el concepto de "superestructura" o de
reproducción de las relaciones sociales de
producción. Sobre este punto volveremos
enseguida.

Ante todo, Marx establece en la sociedad
civil una distinción y una relación
dialéctica entre dos niveles: los medios de
producción y las relaciones sociales de
producción. Los medios de producción
serían la garantía del progreso histórico,
lo único rescatable para el futuro de una
sociedad. Su desarrollo jugaría un papel
de ilustración crítica y emancipadora
frente a las relaciones sociales de
explotación. Estas, en cambio, llevan el
sello de la explotación, del fetichismo, de
la ideología y de la opresión. La
humanización de la sociedad es así obra
de la máquina. Es conocida la crítica de la
escuela de Frankfurt a esta visión


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

positivizada del progreso histórico. Para
Marcuse y para Jürgen Habermas,
discípulo de la escuela, el desarrollo de
los medios de producción no sólo no ha
traído consigo la prometida ilustración
crítica y emancipadora, sino que se ha
convertido en el núcleo tecnocrático de la
ideología dominante en las sociedades
avanzadas.

La noción de sociedad civil en Marx es, a
la vez, el concepto de su existencia
ilusoria, de su no existencia real. Las
relaciones sociales capitalistas son, para
Marx, contradictorias. Mientras que para
Hegel las "clases" o estamentos guardan
entre sí una relación de
complementariedad orgánica, en Marx se
definen por su relac ión antagónica. Esta
es la diferencia esencial entre los dos
autores. Capitalistas y trabajadores
parecen no tener nada en común, ni
siquiera la unidad de especie, puesto que
su antagonismo toca a las raíces mismas
de la vida: Para el Marx joven, en efecto,
la esencia del hombre es su actividad
productiva. El capital es trabajo muerto y
acumulado en manos ajenas. El trabajo es
capital vivo en constante proceso de
enajenación. Capital y trabajo,
explotadores y explotados sólo existen
como clases debido a su mutua relación
contradicto ria. Los unos viven de la vida
enajenada de los otros. Todas las
relaciones sociales capitalistas están
contaminadas por esta oposición antagó nica.
Hasta el punto de que el concepto
mismo de "relaciones sociales" en Marx
equivale a explotación y lucha entre las
clases. La red de relaciones sociales -la
sociedad civil-sólo existe como unidad
engañosa, en la medida en que su división
y enfrentamiento permanezca oculto,
velado por la ideología o reprimido por la
fuerza del Estado. De lo contrario, ya no
hay sociedad, sino lucha abierta de clases.
Revolución, en última instancia.

Lo general, que para Hegel forma,
cultiva, civiliza progresivamente el
interés particular, es, para Marx,
fetichismo, ideología, opresión.
Reproduce la división y la dominación
entre las clases. En torno al concepto de
relaciones sociales, Marx anuda casi
todas aquellas instancias en las que Hegel
ve la presencia unificadora, o
"civilizadora" del interés general, así éste
se presente aun bajo la forma de una fuerza
externa, enajenada. Así, por ejemplo,
la cadena de interdependencia general
creada por el mercado equivale para Marx
a la fetichización de la mercancía,
convertida en sustituto de la unidad real
de la especie: el Estado exterior (ley,
tribunales y policía) se convierte en la
estructura jurídico-política que oculta la
explo tación o la impone mediante la
coacción; moral, religión y filosofía son
ideologías que la encubren o justifican.
Todas estas formas de la actividad social
no hacen directamente parte de la
actividad productiva de la sociedad civil,
pero se entrelazan en torno a las
relaciones sociales de producción para
protegerlas y reproducir la explotación.

Vistos de este modo, el derecho, la moral,
la religión o la filosofía hacen parte del
enfrentamiento. No son eventuales
instancias de comunicación auténticas,
sino solamente formas veladas de
dominación. La cultura no es un terreno
común, ni un espacio abierto donde las
clases se puedan disputar la dirección y el
consenso social. Frente a ella sólo es
posible desarrollar una "contra-cultura"
que cohesione la fuerza de choque de los
trabajadores. El enfrentamiento de clases
se desplaza entonces, fundamentalmente,
hacia la lucha por el control del único
instrumento de poder tangible, material,
expropiable: el aparato coercitivo del
Estado. La noción misma del poder queda


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

tácitamente identificada con la coerción y
la fuerza. El carácter esencial del Estado
se define, al modo liberal, por el
monopolio de la fuerza. Esta dimensión,
apenas esbozada por Marx, será
desarrollada plenamente por Lenin.

Marx adopta como arquetipo de toma del
poder el episodio de la Bastilla y la
Comuna de París. Parece echar al olvido
que el derrocamiento y destrucción del
Antiguo Régimen y la posterior
implantación del Estado moderno francés
fueron apenas el resultado final de un
consenso cultural conquistado
progresivamente por las nuevas clases a
lo largo de varios siglos. Estuvo
precedida, en efecto, por el Renacimiento
humanístico del siglo XV, por la Reforma
religiosa del XVI, por el resurgimiento de
las ciencias en el XVII y por la filosofía
de la Ilustración en el XVIII, para citar
solamente algunas de las principales
evoluciones culturales que la prece dieron.
Estos amplios y vastos procesos culturales,
con todas las nuevas formas de
organización y de producción que los
acompañaron, constituyeron la identidad
de las nuevas clases sociales europeas, les
permitieron dirigir intelectual y
moralmente a la sociedad y crear un
amplio consenso alternativo en torno a
una visión moderna del mundo. Les
permitieron, finalmente, implantar su
hegemonía. Mediante ese vasto desarrollo
cultural habían construido ya las bases
sociales del poder. La Bastilla sólo fue la
consecuencia. El culto ritual a los
símbolos históricos ha llevado, sin
embargo, a identificar, falsamente,
revolución, cambio de poder de clases y
toma de la Bastilla. Tal acontecimiento no
fue, en el conjunto del ascenso de las
nuevas clases sociales europeas, más que
un efímero episodio simbólico.

Antes de seguir adelante, vale la pena
observar que, dentro de su esquema de
interpretación, Marx deja sin definir la
condición de clase de ciertos niveles
importantes de la sociedad civil y del
espíritu absoluto hegelianos: no ubica la
función del lenguaje común, de las ciencias
y del arte, por ejemplo. ¿Son parte
del freno ideológico de las relaciones
sociales o juegan, como los medios de
producción, una fun ción de progreso? El
marxismo se ha debatido sin cesar sobre
estos puntos.
El análisis del carácter conflictivo de las
rela ciones sociales es el aporte decisivo
de Marx a la comprensión de la sociedad
civil y de todas las demás instancias de la
actividad social. Pero es posible
preguntarse, sin embargo, si la
confrontación de clases debe ser
concebida como antagonismo. En este
caso, no permitiría ningún nivel de
convivencia entre las clases, ningún
terreno común en disputa, ni siquiera el
del respeto recíproco a la vida, al pensamiento
y a la libertad ajenos. La noción
de "especie" (i.e. de género) y la "unidad
específica" que Marx pretende
restablecer, quedaría así reducida de
antemano a uno de los dos polos del
conflicto y excluiría por completo al otro
como "no humano". Este antagonismo
radical ha inspirado con mucha frecuencia
el discurso y la práctica "revolucionaria".
Marx da pie para ello. Para Gramsci, por
el contrario, el antagonismo de clases se
despliega sobre un terreno compartido.
De este modo, la lucha a muerte entre
enemigos se transforma en conflicto entre
adversarios.

Marx no tuvo la oportunidad de analizar
más profundamente la relación de la
sociedad civil con el Estado y, más en
general, con toda la "superestructura"
jurídico-política e ideológica. Los trazos
fortuitos que ofrece sobre el Estado,


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

corresponden más bien, como ya lo he
dicho, a lo que Hegel denomina "Estado
exterior" y los neo-marxistas "aparato
estatal". El Estado es sólo un "producto"
externo de las relaciones sociales, no
intrínseca finalidad ética de las mismas.
Es "dictadura de clase", máquina de
dominación. Por ninguna parte aparece el
concepto griego, rousseauniano y
hegeliano del Estado como finalidad de la
acción social, como forma ética de la
acción humana en la historia, como lugar
de mediación de los intereses particulares
en conflicto, como expresión institucional
del consenso lo grado en una sociedad.

Como alternativa al capitalismo, Marx
propone el imperio transitorio de lo
general sobre lo particular, del aparato de
Estado sobre la so ciedad civil. En un
artículo de prensa, propone la "dictadura
del proletariado", entendida mediante el
modelo de la Comuna de París: el pueblo
en armas. El proletariado, como representante
universal de las clases oprimidas,

o incluso, del género humano, es el
portador material del interés general
expresado de manera enajenada por la
ley, la moral, la religión, la filosofía y,
finalmente, por el Estado capitalista. Su
dictadura significaría entonces, en
términos de Rousseau, la imposición
armada de la "voluntad general". Marx no
avanza en la elaboración de una
concepción más compleja acerca de la
organización propia de las clases
trabajadoras para la "toma del poder", y
menos aún, acerca del Estado socialista.
La "dictadura del proletariado", esa
expresión periodística de Marx, será
tomada por Lenin como categoría
científica. Stalin la convertirá en Estado
socialista.
La dictadura del proletariado y el
socialismo deben ser, según Marx, una
forma de poder político transitorio y

destinado a desaparecer en beneficio del
comunismo. Este ya no sería sociedad
civil ni tampoco Estado. No es el reino
del interés privado por oposición al
interés general, sino la reconciliación de
ambos en la actividad creadora de todos,
particular y general a la vez.

4. Sociedad civil y Estado en Lenin
Lenin se atiene a la lectura ortodoxa de
Marx, pero sistematiza y divulga la visión
instrumental de éste acerca de la
"superestructura" y la traduce a la
práctica revolucionaria. Como Marx,
Lenin parte del antagonismo entre burguesía
y clase obrera. El antagonismo
radical de las clases no deja espacio
común que permita una auténtica
interacción y comunicación entre ellas o
entre sus organizaciones. Todas las
formas de la comunicación e interacción
quedan inscritas en el dominio de las
tácticas, y subordinadas a la estrategia
final de la toma violenta y la
conservación del poder. Una vez obtenido
el fin, los medios se pueden desechar.

Para Lenin, como también para Marx, el
poder se concentra en el Estado como
aparato que monopoliza la fuerza. Es
concebido, en última instancia, como
dictadura de clase, poder de coacción,
violencia. Ciertamente para ambos la
"ideología" es poder, pero está al servicio
unívoco de las clases dominantes y no
puede ser arrebatada por la fuerza o por
un decreto de la voluntad revolucionaria.
Como ya lo señalaba a propósito de
Marx, la lucha se desplaza entonces al
combate por el control del aparato del
Estado como fuerza de coacción. Se
enfrentan así violencia revolucionaria y
violencia estatal.

En principio, el sujeto primario y la
finalidad última de la práctica


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

revolucionaria es la clase obrera y, por su
medio, todas las demás clases oprimidas.
El partido debe ser solamente el
instrumento de la clase para la toma del
poder del Estado, y el mismo Estado
instrumento del partido para el ejercicio
de la dictadura del proletariado. Pero en
la práctica, los términos se trastocan.
Nada hay en el pensamiento de Lenin que
garantice la representación de las clases
explotadas por el partido y el Estado.
Estos, que deberían ser instrumentos de
aquéllas, se convierten más bien en

principio y fin de la acción
revolucionaria, mientras las clases
explotadas quedan reducidas a la

condición de meros instrumentos al
servicio del partido. La sociedad civil se
convierte en un medio de acción del
Estado. Esta inversión radical de la
revolución comienza desde el proceso
mismo de construcción del partido.

Según Lenin, la tarea del partido es la de
"elevar" la conciencia de las clases
explotadas. Para garantizarla, el partido
leninista penetra las orga nizaciones
independientes de las clases subalternas,
y si es posible, las subordina a su
dirección. Si no lo logra, trata de
destruirlas o de controlarlas mediante
alianzas. La elevación de la conciencia
revolucionaria consiste, de hecho, en la
sustitución de los intereses particulares de
éstas por los proyectos globales de Estado
diseñados por la vanguardia. De esta
manera, ya desde antes de la toma del
poder, se va efectuando la anulación de lo
particular por lo general, de la
multiplicidad y complejidad social por la
generalidad del proyecto de Estado. De
este modo, no sólo no garantizan el
crecimiento, la consolidación y la
participación de las clases subalternas en
el poder, sino que interfiere su
constitución como actor social.

Una vez conquistado el aparato estatal, el
partido leninista impone a todas las clases
su propio proyecto en nombre de los
trabajadores, sin que ni siquiera estos
mismos puedan ejercer libremente el
control y la crítica sobre él. Se impide la
organización independiente de la
sociedad civil. A decir verdad, se la
suprime. Queda convertida en una
prolongación del Es tado, gracias al poder
policial y coactivo del mismo. Toda
crítica y oposición es eliminada como
burguesa y contrarrevolucionaria. En
nombre del proletariado, se ins tala simple
y llanamente la dictadura del partido. El
imperio del interés general, cuyo portador
histórico sería el proletariado, se
transforma en la dictadura del interés
particular del partido y de la burocracia.
A propósito de la crítica a la filoso fía del
Estado de Hegel, Marx señalaba que la
burocracia del Estado (la "clase general"
de Hegel) convierte "el interés general del
Estado en su negocio particular". No se
ve por qué razón este-principio no se
cumpla también en la burocracia del
Estado revolucionario, desliga da de todo
control social. Esta posibilidad, inscrita
en la concepción instrumental de Marx y
en su idea de subordinar todo interés
particular al interés general, desarrollada
en la teoría e iniciada en la práctica por
Lenin, alcanzó su expresión plena bajo
Stalin. La verdadera Perestroika deberá
tocar estos nervios teóricos, prácticos e
históricos de la revolución socialista.

Conviene señalar que, en la dialéctica de
confrontación generalizada que se ha
extendido por el mundo después de la
segunda guerra mundial, un
instrumentalismo ajeno a toda ética ha
impregnado el ámbito de la política contemporánea,
particularmente en el campo
de la seguridad interna de los Estados y
en el de las relaciones internacionales.


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

5. Sociedad civil y Estado en Gramsci
Con la intención de recuperar la
democracia política para el socialismo,
Gramsci cambia sustancialmente la
concepción marxista del poder y, en
consecuencia, la noción del conflic to
entre las clases, de sociedad civil, de
Estado y de su mutua relación. Sin
abandonar la rique za crítica de Marx,
retorna de alguna manera a Hegel y a los
clásicos. Heredero, sin embargo, del
voluntarismo de Lenin, Gramsci piensa
que el vínculo entre la sociedad y el
Estado para la transformación
revolucionaria debe ser el partido clasista.

Como es sabido, Gramsci propone dos
instancias de la práctica social: la
sociedad civil y la sociedad política. Fiel
a la intuición esencial de Marx, pone a la
base de su noción de sociedad civil la
actividad económica, la extorsión de
plusvalía y la existencia de las clases en
conflicto. Pero incluye en el concepto de
sociedad civil una dimensión nueva: la
"dirección inte lectual y moral" que una
clase ejerce con relación al conjunto
social.

El autor italiano modifica ante todo,
sustancialmente, la noción de poder.
Como ya lo he dicho, para Marx y Lenin
el poder es fundamentalmente fuerza de
coacción. Finalmente, control del aparato
del Estado, monopolio de la violencia,
dictadura de clase. Para Gramsci, en
cambio, el poder de una clase se define,
ante todo, en el campo de la cultura,
terreno esbozado por Hegel y criticado
desde fuera por Marx y Lenin como
simple ideología. Gramsci, en efecto,
muestra cómo el poder de una clase no
depende tanto del control del aparato
estatal, sino, ante todo, de su capacidad
para dirigir, intelectual y moralmente, al
conjunto de la sociedad y para generar

"consenso" en torno a su propio proyecto
histórico. En esa medida puede llegar a
ejercer una "hegemonía" sobre las demás
clases sociales. Pero la hegemonía aquí
no significa control y coacción, como en
el pensamiento leninista, sino capacidad
de persuasión y de gestación de consenso.
El control del Estado es apenas la
consecuencia.

Según Gramsci, una clase ejerce su
dirección intelectual y moral gracias a sus
intelectuales: filósofos, políticos,
maestros, funcionarios, etc. Estos son
"orgánicos" a la clase en la medida en que
interpretan su proyecto histórico y no por
el hecho de compartir sus condiciones de
vida o de lucha. La capacidad de
dirección no se limita a la reivindicación
y a la crítica de la dominación burguesa.
Reside, fundamentalmente, en la fuerza
creadora de los "grandes intelectuales",
en la medida en que abren horizontes
positivos a la acción colectiva. Los
intelectuales menores no pueden suplir la
ausencia de los creadores. Menos aún la
puede suplir el mero control burocrático
de las instituciones culturales.
La cultura no es, pues, un terreno al
servicio unívoco de la dominación,
ideología. Es un campo común en disputa
entre las clases. Su modo de dominación
es la propuesta creadora, la seducción, la
persuasión. La "lucha" por el consenso no
tolera el ejercicio de la coacción. No es
posible el asalto ni la toma de la conciencia
pública. Por el contrario, la coacción
impide el consenso. Si es asentimiento
forzoso, no es consenso. La existencia de
éste requiere de algún grado de
espontaneidad. El presupuesto común de
las clases en conflicto es entonces,
cuando menos, el respeto a la vida y a la
libertad ajenas y a la palabra como medio
de comunicación auténtico. No puede ser
el producto del simple engaño táctico, ni


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

el asentimiento forzoso de los esclavos, ni
el mutismo irreme diable de los muertos.

Vale la pena observar que un Estado cuyo
poder se funda ante todo en el consenso,
es asumido por la sociedad civil como
finalidad intrínseca de su acción. En esta
medida es un Estado "ético", como el
postulado por Hegel, Rous seau y la
filosofía clásica, y no un mero instrumento
de poder en manos de una clase.
Esto no quiere decir que Gramsci se forje
una visión idílica de armonía social.
Reconoce con realismo que, en la
conducción del Estado, siempre está
presente una determinada conjunción de
consenso y coerción, de dirección
intelectual y dominación violenta. Pero en
la medida en que la orientación
intelectual y moral de la clase dirigente
sea más amplia y profunda, y en que el
consenso en torno suyo sea mayor, tanto
menos necesaria es la fuerza. Y al
contrario: el recurso a la violencia por
parte de una clase pone de manifiesto la
fragilidad de su poder. Lejos de
fortalecerla, la debilita aún más. Lo que
caracteriza a un Estado democrático no es
tanto el monopolio de la fuerza, cuanto el
consenso, la real hegemonía sobre la que
se asienta. Si se quiere, lo distingue el
"monopolio" de la dirección intelectual y
moral.

Estas nociones modifican sustancialmente
la concepción instrumentalista del poder y
recuperan la comprensión clásica del
Estado, sin perder nada de la riqueza
crítica aportada por Marx. El
antagonismo sin cuartel de las clases
sociales se transforma en conflicto
civilizado y civilizador. De la noción de
sociedad civil como mera apariencia
engañosa, Gramsci nos devuelve a un
concepto de real sociedad, aunque
atravesada por conflictos profundos.

Para su noción de sociedad civil, Gramsci
recupera elementos que estaban presentes
en el concepto hegeliano. El filósofo
alemán mostraba cómo la dinámica de los
intereses particulares impone la evolución
teórica y práctica de la cultura:
transforma el lenguaje común, las
ciencias, la moral e incluso las
habilidades técnicas de un pueblo. A otro
nivel, modifica la ley y el derecho
positivo. Todas éstas son instancias
importantes de lo que Gramsci deno mina
"dirección intelectual y moral" de una
clase. El autor italiano incluye también en
la sociedad civil el contenido del espíritu
absoluto hegeliano: el arte, la religión y la
filosofía, desechados antes por Marx y
Lenin como ideología. Todas estas
instancias, y en particular la filosofía, son
para Gramsci elementos esenciales de la
sociedad civil, a través de los cuales toda
clase dirigente orienta al conjunto de la
sociedad. Es el terreno en disputa. De este
modo, Gramsci devuelve a la noción de
sociedad civil, la riqueza que Marx y
Lenin le habían recortado.

El teórico italiano deja de lado, sin
embargo, elementos prácticos (técnicos y
organizativos) de la sociedad civil, ya
anotados por Hegel, que son de suma
importancia en la constitución misma de
las clases como actores sociales: desde las
formas de propiedad y de gestión del trabajo,
hasta las múltiples formas de
asociación gremial o "corporativa". Para
una clase no sólo es necesario ejercer una
"dirección intelectual y moral" de la
sociedad, sino sobre todo encarnarla en
formas concretas de acción y de
organización. Es en ellas donde
materializa su dirección, socializa sus
valores éticos, su visión del mundo, su
identidad de clase. En la construcción de
la sociedad civil, reviste particular
importancia la creación de una densa y
sólida red de organizaciones gremiales.


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

Esta es, a mi juicio, la esencia de su
dinámica. Sin organizaciones gremiales
con una clara identidad consolidada en
torno a los intereses que representan,
independientes frente al Estado y los partidos,
no existe verdadera sociedad civil.
No existe un "pueblo", sujeto de
soberanía, sino "masa" atomizada y
utilizada a su arbitrio por las élites como
legitimación y defensa de su poder.

Gramsci toma distancia radical del
concepto de poder de Lenin,
estrechamente ligado a la idea de
dictadura y coerción. Pero, influido aún
por el voluntarismo leninista, le asigna de
nuevo la función de dirección a una élite:
a los intelectuales constituidos en partido.
En primer lugar, hay que señalar que,
como condición indispensable para que
una clase pueda dirigir a las demás, es
necesario garantizar su constitución como
clase, el desarrollo de su identidad y de
sus oposiciones esenciales. El partido
político no es la instancia propia para
ello. La dinámica social, libre de la tutela
del Estado, gene ra por sí misma
instancias anteriores, como las
agremiaciones (corporación hegeliana) o,
incluso, más originarias, como los
movimientos sociales. A ellos me referiré
más adelante.

Por otra parte, Gramsci reproduce así la
presunción directiva de las minorías
ilustradas que terminan sustituyendo a las
clases subalternas en su propio nombre.
En adelante, serán los intelectuales
autodenominados orgánicos, quienes se
disputen el control cultur al sobre las
clases subalternas, proyecten sobre ellas
sus propios debates y divisiones y se presenten
en la escena pública como sus
únicos representantes.

Con Lenin, Gramsci reitera la necesidad
de construir un partido de clase como

instrumento de creac ión de consenso y de
poder de las clases subalternas. Esta idea,
sin embargo, se opone al propósito de
generar consenso. Los partidos modernos
son órganos gestadores de consenso
justamente por su condición pluricla sista.
Por su medio las clases dirigentes
convocan a otras clases y sectores y
extienden hacia ellas su propia visión de
la sociedad y del Estado. Un partido de
clase se cierra, desde su mismo concepto,
la posibilidad de dirigir al conjunto de la
sociedad, de construir consenso y de
ejercer he gemonía. De antemano, se
encie rra en su propia isla. Gracias a las
asociaciones gremiales y a los
movimientos sociales, los partidos
modernos, siendo originariamente poli-
clasistas, reciben de los poderes
constituidos en la sociedad civil un
contenido y una dirección de clase.

Al rezago leninista de la visión
gramsciana se suma el que, con
frecuencia, sus intérpretes dan de ella,
nuevamente, una versión empobrecedora.
No faltan quienes confunden la creación
intelectual y cultural con el control,
burocrático de las instituciones culturales.
El resultado de esta práctica no es otro
que la rapiña burocrática, la decadencia
cultural, el imperio de la consigna y del
manual, y la negación de toda real
dirección intelectual y moral.

Gramsci conserva, pues, la rica visión
crítica y conflictiva de la sociedad
concebida por Marx. Pero desmonta su
carácter de lucha antagónica entre fuerzas
materiales que no comparten nin gún
terreno común de valores. Sobre la base
implícita del respeto a la vida y la libertad
ajenas, desplaza el eje del conflicto hacia
la disputa civilizada por el consenso
social. Reincide, sin embargo, en la
noción de vanguardia y partido de clase


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

cuyas consecuencias históricas y políticas
son conocidas.

II. HACIA UN NUEVO CONCEPTO
DE LA RELACIÓN ENTRE
SOCIEDAD CIVIL
Y ESTADO
Apoyado en estas premisas de
importantes teóricos europeos, trazo a
continuación algunas líneas conceptuales
acerca de la sociedad civil y de su
relación con el Estado, teniendo en
cuenta, además, características específicas
de las sociedades latinoamericanas. En
ese cua dro ubico el lugar y la posible
función de los movimientos sociales. Con
estos apuntes provisorios sólo pretendo
abrir debates y caminos para
elaboraciones ulteriores.

1. La visión global de la sociedad y del
Estado
Debo decir ante todo que, en términos
generales, me atengo a la visión
gramsciana de la sociedad civil, de la
sociedad política y de su mutua relación.
Parto de la existencia del conflicto de
clases, de la concepción esencial del
poder como consenso que se gesta en el
seno de la sociedad civil y que articula a
ésta con la sociedad política, presupongo
y asumo sus demás nociones de
hegemonía, bloque histórico, etcétera.

Presuponiendo el conocimiento de estos
conceptos, me limito a presentar mis
propios aportes, correcciones y
complementos, que considero esenciales.
Amplío la concepción conflictiva de la
sociedad a otras oposiciones que no son
de clase y señalo otras formas de
dirección sobre toda la sociedad, previas a
la mera "dirección intelectual y moral".
Antepongo a esta noción gramsciana, el
concepto de identidad de clase o de sector

social, de la que depende la dirección que
éstos puedan ejercer sobre el conjunto de
la sociedad. Señalo de qué manera se
desarrolla la identidad social en otras instancias
organizativas distintas del partido
político, como en los gremios y en los
movimientos sociales. Este
desplazamiento, que no es pro ducto de la
arbitrariedad sino expresión más ajustada
de la dinámica social, modifica desde
luego la concepción del partido político
leninista, del cambio o de la revolución
social, del socialismo incluso. Espero que
estas nociones, apenas enunciadas aquí,
queden suficientemente aclaradas en el
escrito.

2. Principio metodológico
Como Hegel, Marx, Lenin y Gramsci
considero necesario conservar la
distinción entre sociedad civil y Estado, o
en términos del último de los autores,
entre sociedad civil y sociedad política,
como principio analítico de las socie dades
contemporáneas. A diferencia de Marx y
de Lenin, esta diferencia no debe ser
suprimida en aras de una supuesta
emancipación social que conlleva el
establecimiento de una dictadura política.
Para que la emancipación sea real y
mientras el Estado siga siendo necesario
(¿podrá dejar de serlo alguna vez?), debe
existir una instancia de la actividad y de
las relacio nes sociales que goce de una
cierta autonomía frente al Estado: la
sociedad civil.

Ante todo, me parece útil y esclarecedor
conservar el principio metodológico de la
distinción entre ambas instancias,
establecido por Hegel y desdibujado
después progresivamente. Pertenece a la
sociedad civil toda actividad que se
ordena a satisfacer el interés
explícitamente particular y los nexos que
ésta genera, así como el desar rollo inicial


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

del interés general como algo extraño y
ajeno al interés particular. A la esfera
estatal, en cambio, pertenece la actividad
que busca la promoción del interés de
toda la sociedad, sin negar por ello el
interés particular y procurando darle
satisfacción. La distinción no siempre es
fácil en la realidad, pero el principio es
válido. Que la actividad pública se ponga
al servicio del interés privado o de clase,
acontece a diario en todo tipo de Estado.
Pero son desviaciones de la función del
Estado, sometidos a la vigilancia y crítica
de la sociedad civil. Son el punto de
partida de la gestación de nuevos
consensos alternativos. El servicio al
interés general, con el respeto debido al
interés particular, es el principio de legitimidad
del Estado y de los proyectos
políticos que aspiran a conducirlo.

3. Elementos para un concepto de
sociedad civil
Con Gramsci, me parece clarificador
establecer la distinción entre dos niveles
básicos de la sociedad civil: el nivel de la
producción económica y de las relaciones
sociales a las que da lugar, y el de su
orientación intelectual y moral. Sin
embargo, creo necesario ampliar el
contenido de las dos instancias propuestas
por el autor italiano. Establezco, en un
sentido más general, la distinción entre el
nivel de produc ción de conflictos y el de
la dirección social de los mismos.

Me refiero, pues, en primer lugar, a un
nivel de "producción de conflictos", en
general, y no sólo al conflicto generado
por la producción en su sentido
económico, o conflicto de clases. Este,
aunque sea muy importante para la comprensión
de la sociedad capitalista, no es
el único conflicto social existente y
significativo. Hay muchas otras formas de
opresión, comparables a las que se

derivan de la relación entre las clases, que
generan hoy tensiones, movimientos,
agremiaciones, debates y enfrentamientos,
y que deben ser igualmente
tenidas en cuenta en su especificidad. Me
refiero, por ejemplo, al conflicto entre la
sociedad moderna en general y la
naturaleza que está generand o
desequilibrios ecológicos cada vez
mayores que amenazan incluso a la
especie humana y a la vida misma; a las
formas seculares de opresión derivadas de
la polaridad de los sexos y que afectan -a
toda la humanidad, en un sentido o en
otro; a los conflictos étnicos, religiosos,
generacionales, etc., relaciones
conflictivas que no pueden ser reducidas
al forcejeo entre las clases, por más que
se crucen con él. Todas ellas constituyen
el nivel de producción de conflictos que
se inscribe en el entramado de las
relaciones privadas, en la sociedad civil.

En segundo lugar, en vez de la "dirección
intelectual y moral" de la que habla
Gramsci, me refiero a una instancia
también más general de "dirección social"
de los conflictos. En efecto, la dirección
"intelectual y moral" gramsciana es una
forma específica y muy importante de
elaboración y de eventual definición de
los conflictos sociales. Pero esta
instancia, unilateralmente teórica, no da
cuenta de toda la realidad. Tanto más que
la dimensión práctica implicada en la
dirección "moral", postulada por
Gramsci, desaparece luego en su
concepto de los "intelectuales" orgánicos,
intérpretes de la dirección de clase. Allí,
la dirección se restringe a una actividad
intelectual. Más aún, la intelectualidad
puede ser aglutinada en un partido. Pero
un nuevo consenso y una nueva
hegemonía social no surgen solamente de
una tal dirección intelectual. Implica
también una cultura práctica, en el sentido
hegeliano, que se materializa


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

primeramente en las formas de propiedad
y de trabajo, pasa por el desarrollo de una
"moral" o ética de clase o de sector social,
y se expresa, sobre todo, en formas de
organización como los movimientos
sociales y las asociaciones gremiales
("corporaciones" de Hegel ) . El consenso
y la hegemonía no son sólo el producto de
la dirección intelectual y moral confiada a
los intelectuales, por importante que esta
labor pueda ser, sino también y sobre
todo el resultado de las formas de organización
y de la nueva ética que las clases
como tales o los se ctores sociales
subalternos en general, sean capaces de
generar. A la dirección intelectual y moral
de Gramsci, le hace falta una base
práctica, material y social de sus tentación.
Los intelectuales, si quieren ser
orgánicos, necesitan la presencia de los
sectores que pretenden representar y de
sus propias formas de organización. Estas
consideraciones se refieren en primer
lugar a las clases pero son aplicables;
desde luego, a la dirección de todos los
sectores sociales envueltos en conflictos
de cualquier naturaleza y no sólo de clase:
no basta la presencia de intelectuales
orgánicos que orienten el movimiento o la
organización. Es indispensable, ante todo,
la dirección moral o ética que se deriva de
la nueva práctica colectiva del
movimiento mismo.

3.1 La producción de conflictos
Acogiendo los rasgos esenciales de la
visión gramsciana de la sociedad, adopto
también, desde luego, al menos en un
sentido muy general, la visión conflictiva
de la sociedad propuesta por Marx, más
acorde a la realidad social que la
concepción orgánica de Hegel.

3.1.1 Conflicto de clases
La actividad productiva material genera,
en la sociedad capitalista moderna, la
oposición entre capital y trabajo, y esta
tensión conflictiva condiciona
significativamente la totalidad de la
práctica social, política y cultural. En este
sentido asumimos aquí, aunque sólo en
términos muy generales, los análisis de
Marx sobre el capital como relación
social de explotación. Pero la visión
clasista de la sociedad requiere de una
revisión y modificación profundas.

Ante todo, en la concepción misma de la
naturaleza del conflicto de clases y del
campo en el que éste se desarrolla, Marx
y Lenin deben ser corregidos por la visión
gramsciana. Y ésta introduce ya una
ruptura sustancial con los padres del
marxismo. El terreno primero y
fundamental de la confrontación de clases
no es la lucha por el control de la
coerción estatal, sino la disputa por el
consenso social. Este, y no el aparato del
Estado, es el eje del poder político. La
gestación de consenso se opone a la coerción
y la fuerza. La disputa por el
consenso social presupone, como base
fundamental de valores compartidos, el
respeto recíproco a la vida y libertad
ajenas y la auténtica comunicación
humana, no concebida como mera táctica.
Sobre esta mínima base ética de
convivencia, el concepto de antagonismo
y contradicción debe ser sustituido por el
de oposición y conflicto, y la noción de
enemigo de clase por la de adversario.
Así entendido, y teniendo en cuenta las
profundas modificaciones en curso, el
conflicto de clases que surge de las
relaciones de producción es una
característica importante de la sociedad
civil capitalista.


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

Pero la relación entre capital y trabajo
está sometida hoy a un profundo y
acelerado proceso de transformación.
Enunciemos acá, por vía de ilustración,
algunos de estos problemas. Debido a la
progresiva informatización de toda la
actividad social en los países
industrializados, el trabajo manual, al que
Marx le asignaba la producción de
plusvalía y que caracterizaba a la clase
obrera, tiende a ser desplazado por el
ordenador y el robot. Toda la esfera del
trabajo se hace así más intelectual y la
división entre trabajo manual e intelectual
cede su lugar a la separación entre
quienes deciden y quienes ejecutan. Los
ejecutores no desempeñan tareas
uniformes, que den lugar a una cier ta
unidad laboral, como podía acontecer con
los obreros de otro tiempo. Desempeñan
tareas altamente especializadas,
diferenciadas y ais ladas. En los países
atrasados, esta moderniza ción informática
crea una nueva polaridad so cial mucho
más fundamental que la oposición entre
capital y trabajo: la tensión entre los sectores
minoritarios que encuentran aún
empleo en los espacios laborales
"reconvertidos" alas nuevas tecnologías, y
el número creciente de los desempleados,
desplazados por la máquina, que se ven
obligados a sobrevivir gracias a una
economía paralela, denominada informal,
por no hablar de la economía ilegal, como
la de la droga. Entre estas divers as
"masas" sociales se generan conflictos
ligados a la producción que no pudieron
ser tenidos en cuenta por Marx en su
época y que no dan lugar tampoco al
surgimiento de clases en el sentido
tradicio nal del marxismo.

3.1.2 Otros conflictos sociales
Además, en la sociedad contemporánea se
han hecho manifiestas otras muchas
oposiciones paralelas al conflicto de

clases e irreductibles a él. Ciertamente, la
oposición clasista es una tensión profunda
de la sociedad capitalista actual. Pero
otras muchas cont radicciones, algunas
derivadas de la producción y otras
independientes de ella, atraviesan a la
sociedad contemporánea, capitalista o no,
y reproducen muy diversas formas de
opresión. Así por ejemplo, la concepción
productivista y consumista de la sociedad
contemporánea, surgida de los ideales de
la modernidad europea, ejerce su
dominación destructora sobre la naturaleza
y amenaza la vida, incluida la del
mismo ser humano. Diferencias de sexo,
de raza, de cultura, de credo, etc., dan
origen a otros tantos tipos de relaciones
sociales opresivas, a veces tan opresivas y
duraderas o más que la explotación
capitalista. Ninguna de ellas puede ser
reducida, inmediatamente, al conflicto de
clases. Una reducción similar sólo puede
conducir al desconocimiento de los
mecanismos específicos de opresión, a su
ocultamiento y reproducción continuada,
a título de la emancipación de clase. Pero,
a la vez, no se puede desconocer tampoco
que, en la sociedad capitalista, y sobre
todo en el capitalismo periférico, el
conflicto de clases es uno de los más
significativos. Atraviesa y les impone su
sello a todos los demás conflictos, así
como es también cruzado y modificado
por éstos. Desde luego, para una
comprensión más amplia de la instancia
de producción de conflictos, sería
necesario establecer una tipología de las
tensiones más significativas de las
sociedades de hoy y señalar en qué nivel
de la actividad social se sitúa cada una de
ellas, pero un trabajo similar desborda los
límites genéricos del presente ensayo 74.

74 Ver a este propósito, las rápidas observaciones
avanzadas en el artículo ya citado.


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

3.2 Dirección social de los conflictos
Los distintos conflictos sociales dan
origen, tarde o temprano, a respuestas
colectivas y públi cas a través de las
cuales se constituyen los actores sociales.
Cada uno de los actores impli cados busca
una solución al conflicto desde su propia
perspectiva. En la medida en que estos
actores sociales -movimientos o
agremiacio nes-tengan una identidad más
definida, a la vez práctica e intelectual, es
decir, alguna forma de organización más

o menos estable, una experiencia más
clara de su comunidad de intereses,
costumbres y valores, una mayor
independencia con respecto a otras
instancias de poder, un mejor
reconocimiento de los conflictos y
sectores sociales a los que se enfrentan, se
consolida el sistema de interacción social
o sociedad civil. En esa misma medida
los actores sociales se encuentran en
condiciones de presentar demandas y/o
propuestas definidas al Estado a través de
partidos políticos pluriclasistas.
Particularmente por medio de éstos, cada
clase y sector social puede ofrecer su
dirección intelectual y moral al conjunto
de la sociedad.
En las sociedades latinoamericanas, en las
que los organismos gremiales de las
clases y sectores subalternos son, por lo
general, débiles y fragmentarios, en
donde no han podido constituirse como
actores sociales independientes de los
proyectos políticos que los cruzan, el solo
desarrollo de movimientos sociales
fuertes e independie ntes tendría un efecto
transforma dor sobre el conjunto de las
relaciones sociales y sobre el sistema
político, más profundo que cualquier
proyecto revolucionario de las élites
ilustradas. Más aún, sin pretenderlo, éstas
contribuyen tanto como las clases
dirigentes a la debilidad endémica de los

sectores subalternos. Un eventual triunfo
de las vanguardias no garantiza, tampoco,
la constitución democrática de los
sectores subalternos como actores
sociales. Más bien ratifica y prolonga
indefinidamente su subordinación bajo
nuevas modalidades.

3.2.1 Actores sociales, conflictos y
democracia
Es necesario insistir aquí en la necesidad
de la sólida constitución de los actores
sociales y de sus formas de organización
con miras a la construcción de sociedades
y de Estados realmente democráticos.
Esto es particularmente importante con
relación a los sectores sociales
subalternos. En este punto, me apoyo
parcialmente en Hegel y Gramsci, pero
me distancio sustancialmente de Marx y
de Lenin. Si hablo a este propósito de un
cierto "deber ser" del desarrollo de la
sociedad civil es porque las teorías y
decisiones políticas, los intelectuales y los
activistas tienen aquí una incidencia
innegable, que con frecuencia desvía,
interfiere o debilita los actores sociales
subalternos, incluso con la mejor
intención de fortalecerlos. El "deber ser"
se refiere, pues, tanto al tipo de intervención
social que es necesario abandonar
como a aquella que es necesario
emprender.

La existencia de actores sociales en
conflicto y su clara confrontación pública
son elemento indispensable de una
sociedad civil fuerte y bien constituida.
Podemos decir que, en buena medida, son
la sociedad civil. Generan la dinámica
indispensable a toda verdadera democracia.
Sin actores colectivos coherentes,
bien organizados, provistos de una
identidad y una ética propias, capaces de
representar y defender sus propios
intereses en el ámbito público; sin


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

conflictos definidos que puedan ser
canalizados y resueltos, repito lo que ya
decía antes: no hay un "pueblo" sino
simple "masa", multitud atomizada de
intereses individuales, utilizada por
minorías poderosas para su propia
legitimación y fortalecimiento.

Es una ilusión frecuente en las minorías
dominantes la de imaginar que los
conflictos sociales puedan desaparecer
por el simple hecho de negarles el
derecho a su expresión social y política.
Reprimidos, derivan hacia la anarquía y
descomposición social, hacia la "guerra
de todos contra todos" enunciada por
Hobbes. Sin actores sociales organizados,
el Estado, exento de toda fiscalización
orgánica por parte de la sociedad civil, se
convierte, a su vez, entonces sí, en botín
patrimonial de algunas familias, en
instrumento de dominación de clase o en
propiedad privada de la burocracia. Si se
trata de una democracia representativa,
los partidos que controlan el Estado se
ven obligados a recurrir a todas las
formas del reclutamiento clientelista para
buscar su legitimación electo ral. Puesto
que no hay actores sociales constituidos
ni demandas colectivas a las que los partidos
puedan responder, éstos buscan el
voto a cambio de prebendas particulares.
Con estas prácticas, los partidos no sólo
responden a una fragmentación y
atomización ya existentes, sino que las
reproducen indefinidamente. Auspician,
sin saberlo, la anarquía social y la
carencia de legitimidad política.
Finalmente, los conflictos sociales
acumulados pueden dar lugar, en
determinadas circunstancias, a la
descomposición política: a la canalización
armada de la inconformidad por minorías
en nombre de un supuesto portador del
interés general, llámese proletariado,
pueblo o nación. Pero esta alternativa
radical, manifestación de la rebeldía

moral ante lo intolerable, no suele
conducir a un fortalecimiento de la
sociedad civil y de los actores sociales,
sino a su eliminación radical en nombre
del sujeto universal. Y así se reproduce el
ciclo de la antidemocracia.

3.2.2 Constitución de los sectores
subalternos como actores sociales
La indispensable constitución de los
sectores subalternos como actores
sociales, es producto de procesos
históricos profundos, económicos,
sociales y culturales. No basta, por
ejemplo, la mera existencia de la relación
social de explo tación para afirmar que
existen realmente las clases sociales. Tal
concepto economicista, que podría
derivarse de una lectura literal y orto doxa
de Marx, es insuficiente. Una "clase en
sí", es sólo la posibilidad objetiva de su
existencia como real actor histórico.
Solamente su experiencia de sí y su
propia organización la constit uyen como
actor real y "clase para sí". Con acentos
muy diferentes, Lenin y Gramsci tratan,
justamente, de subsanar este vacío. Pero,
urgidos por el voluntarismo revolucionario,
se proponen infundir conciencia y,
organización a las clases subalternas
mediante un partido que se autodesigna
como su representante. En realidad, como
lo hemos señalado, el partido tina
sustituyendo a las clases subalternas
como actor social.

Quien experimenta la rebeldía contra la
opresión, busca la abreviación de los
procesos históricos, la pronta constitución
de las clases y sectores subalternos como
actores sociales dotados de poder real.
Esta ha sido la eterna tentación de todos
los jacobinismos. Las teorías
revolucionarias han contribuido a
fortalecerlos. La reacción moral de las
clases medias es comprensible y justa.


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

Por ello es explicable el afán teórico de
muchos intelectuales por hallar sujetos
sociales portadores del sentido de la
historia que de algún modo puedan
acelerarla, e instrumentos eficaces de
poder, como el partido o el aparato del
Estado.

Pero, en el justo propósito de propiciar un
cambio social, es necesario evitar todo
elitismo voluntarista que termine por
reproducir, de otra forma, la dominación
que se pretende abolir. Hay que
fortalecer, en cambio , teórica y
prácticamente, las formas propias de
organización de todas las clases y
sectores sociales subalternos, aquellas que
se derivan espontáneamente de sus
conflictos reales. En esta función, el
activista y el intelectual deben abandonar
toda pres unción directiva, para ser
simplemente acompañantes,
interlocutores y, en este sentido limitado,
si se, quiere intelectuales orgánicos. Por
ello, me propongo ahondar un poco más
en las condiciones que les pueden
permitir a las clases subalternas mismas,
y más en general, a los sectores
subordinados, llegar a ejercer una real
dirección sobre el conjunto de la
sociedad.

3.2.3 Identidad de clase y dirección
social
En adelante tendré que referirme en
ocasio nes, exclusivamente, a las clases
sociales ya que las categorías analíticas
con las que es necesario dialogar
provienen de Marx, Lenin y Gramsci y
giran en torno a las clases. Con todo, lo
que decimos de ellas es aplicable en
alguna medida a todos los sectores
subalternos y a los movimientos y
organizaciones que de ellos se derivan.

Gramsci se refiere a la "dirección"
intelectual y moral que una clase o actor
social puede ejercer. Pero descuida
quizás, o da por supuesta, una condición
previa y fundamental que no es siempre
evidente, al menos en América Latina: la
constitución de su identidad. La dirección
social no es producto de un decreto
voluntario. Es la consecuencia no
pretendida de la identidad de los actores
sociales. Un sector social desarticulado,
inorgánico, sin experiencia de sí mismo y
de los conflictos que lo constituyen, sin
una ética propia, simplemente no existe.
Mal puede dirigir a otros. No se puede
comparar la profunda identidad histórica,
social, cultural y política de las clases
sociales europeas, en las que piensan
Marx y Gramsci al redactar sus obras, con
la desarticulación, fragmentación y
desdibujamiento social, político y cultural
de las clases y sectores subalternos en
América Latina, interferidos además por
los proyectos de sus múltiples y
pretendidos representantes.

La construcción de la identidad de una
clase o sector social es un proceso a la
vez práctico y teórico. El proceso
práctico, que Gramsci olvida, arraiga en
las formas de propiedad y de trabajo de
cada clase y sector, se expresa en el
desarrollo de costumbres compartidas y
de una ética propia, se manifiesta a través
de movimientos sociales y culmina en
formas de asociación gremial. El proceso
teórico, que arraiga y cobra su sentido en
el anterior, se identifica con la "dirección
intelectual y moral" de cada acto r, a cargo
de sus intelectuales orgánicos. Supongo
aquí conocidos los ricos análisis de
Gramsci en este sentido, y me remito
simplemente a ellos. Cambio sólo el lugar
social de los intelectuales, ya que no
propongo -de modo voluntarista-su
constitución en partido, sino su
vinculación normal a las clases, a sus


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

organizaciones gremiales o a los partidos
políticos pluriclasistas, como sucedería
sin necesidad de ninguna teoría política.
Me limito, pues, a la exposición sintética
de mi hipótesis sobre el proceso práctico
de constitución de la identidad de los
actores sociales subalternos.

3.2.4 Identidad de clase y gremios
En principio, es sobre todo a través de la
organización gremial como un sector
social desarrolla su identidad y se
convierte en actor social. Con todo, hay
una diferencia esencial entre los gremios
de las clases dirigentes y las agremiaciones
de las clases subalternas. El
desarrollo de aquéllos muestra lo que les
falta a éstas. Suplir esa carencia es la
dosis de teoría y voluntad política que se
le puede conferir a la dinámica social, sin
caer en el elitismo antidemocrático. El
punto de apoyo para el fortale cimiento de
la identidad de las clases y sectores
subalternos es el que ofrecen (he ahí mi
cuota de voluntarismo político, fundado
en la dinámica social espontánea) los
movimientos sociales.

Las distintas asociaciones gremiales de
las cla ses dirigentes son los órganos
fundamentales de su propia identidad.
Gracias a ellas reconocen sus intereses
comunes y actúan como grupo,
consolidan los patrones éticos y culturales
que les dan cohesión interna, hacen
presencia pública, ejercen presión sobre
los medios de comunicación, los partidos
y el Estado, dirigen la sociedad. El
reconocimiento social y jurídico de las
agremiaciones empresariales no tropieza
con obstáculos jurídicos o políticos, ni
con condicionamientos legales. Son
instancias esenciales del orden social. La
capacidad de dirección de las clases
dirigentes es fruto espontáneo de su
identidad y cohesión gremial, y apenas si

difiere de ella. No podría ser de otra
manera. Sin identidad y cohesión gremial,
las clases dirigentes no podrían ejercer,
por simple decreto de la voluntad,
ninguna dirección. Requerirían, en ese
caso, de otras instancias que asumieran su
representación como portavoz indirecto
(la Iglesia en ciertos casos, por ejemplo) o
como simple instrumento de dominación
(las Fuerzas Armadas).

Buena parte de la dirección intelectual y
moral de las clases dirigentes, a la que se
refiere Gramsci, se gesta en los gremios o
en torno a ellos. Sin el poder de las
agremiaciones, difícilmente los
intelectuales tendrían articulación
orgánica y repercusión real. El soporte
práctico y organizativo de una clase y de
sus intelectua les es, ante todo, la
organización gremial.

Los gremios de las clases subalternas
corren una suerte muy diferente. Son
mirados con temor y desconfianza por las
clases dirigentes, por los partidos y por el
Estado, por lo menos en América Latina.
Se los ve como un peligro. En tiempos de
crisis y lucha social, se los califica de
amenaza a la democracia y se los somete
a la represión estatal. En realidad son sólo
una amenaza a las limitaciones de la
democracia impuestas por las clases
dominantes. Su reconocimiento social y
legal es difícil, y está sujeto a
restricciones y condicionamientos.
Requieren haber alcanzado, previamente,
una sólida coherencia interna y una fuerte
incidencia en alguna esfera de la vida
social para que logren imponerse como
una realidad inevitable al Estado. Pero, en
ese caso, el Estado y los partidos
demoliberales hacen todos los esfuerzos
posibles por mantenerlos bajo su control.
En América Latina, particularmente, las
clases dirigentes, los partidos y el Estado
utilizan todos los medios a su alcance


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

para lograr la subordinación política de
los gremios de los trabajadores o, si esto
no fuera posible, para dividirlos y
destruirlos. Las organizaciones
revolucionarias de inspiración leninista
tratan, a su vez, de penetrarlos, de
arrebatarlos a la influencia del Estado y
de los partidos tradicionales y de
someterlos, en cambio, a su propia
dirección.

La rapiña política a la que se ven
sometidos los gremios laborales les
acarrea múltiples daños. Enunciemos tres:
en primer lugar, desvirtúa su naturaleza
social, tratando de darles una orientación
política, bien sea tradicional o revolucio naria.
Impide que las clases subalternas se
hagan conscientes de sus propios
intereses sociales, de sus conflictos
específicos y de su identidad y, sin
mediación, se intenta transferir sus
preocupaciones y su dinámica a otra
esfera, la esfera estatal, que requiere
proyectos globales en donde los intereses
específicos de clase se desdibujan. La
subordinación de los gremios a los
partidos prefigura o reproduce la
absorción de la sociedad civil (de las
clases trabajadoras en este caso), por el
Estado. En segundo lugar, al modificar su
naturaleza social de los organismos
gremiales, se proyecta la división
partidaria en el seno de las clases
subordinadas. Nada de esto acontece,
obviamente, con los gremios
empresariales. En tercer lugar, cooptados
por organizaciones políticas a través de
sus dirigentes, las agremiacio nes de los
trabajadores desarrollan esquemas de
acción profundamente autoritarios y
clientelistas, muy distantes de la práctica
democrática de gestión colectiva. El
Estado y los partidos tradicionales
parecen ignorar que, debilitando las
instancias institucionales de expresión de
los conflictos, atomizan y anarquizan la

sociedad civil de las clases subalternas, y
estimulan las expresiones no
institucionalizadas de lucha social. Los
partidos revolucionarios contribuyen a la
división y debilitamiento de la clase que
quieren fortalecer y comienzan, sin
saberlo, el proceso de su suplantación
como actor social.

El resultado de la cooptación de los
gremios laborales son organizaciones
dependientes de proyectos políticos y
partidarios, con escasa identidad de clase,
sobornados en las cúpulas o reclutados y
divididos en la base. El efecto final, es la
crisis endémica de su representatividad, la
fragmentación, atomización y debilitamiento
de las clases subalternas o, por el
contrario, su reacción no
institucionalizada, a través de
movimientos sociales que buscan la
independencia y la participación directa
en la vida pública.

Por las limitaciones que les impone la ley,
por el entrabamiento permanente de su
autono mía, por la corrupción y
cooptación de sus dirigentes, los gremios
de las clases subalternas se ven sometidos
a una crisis endémica de su
representatividad y son desbordados,
siempre de nuevo, por los movimientos
que surgen de las clases a las que
pretenden representar. Se genera entonces
una constante dialéctica, una permanente
oscilación, con momentos de
acercamiento y convergencia y fases de
agudo distanciamiento entre
agremiaciones institucionalizadas de las
clases subalternas y movimientos
sociales. Las clases dirigentes, en cambio,
rara vez crean movimientos sociales
porque sus necesidades e intereses están
suficientemente representados y
canalizados por las institucio nes vigentes.
Si así sucediera, es signo inequívoco de


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

que el Estado y los partidos atraviesan
una profunda crisis de dirección.

3.2.5 Identidad de clase y movimientos
sociales
Aquí podemos situar, entonces, el papel
de los movimientos sociales. El gremio es
el órgano institucionalizado de expresión
de una clase o sector social. Para llegar a
constituir una organización gremial se
requiere haber alcanzado una gran
coherencia interna, haber obtenido
reconocimiento social e incluso jurídico.
El movimiento social, en cambio, expresa
una necesidad común no reconocida
socialmente, una identidad colectiva en
formación, un conflicto hasta ahora
ignorado por el conjunto de la sociedad y
por el Estado. El movimiento social es un
gremio en camino de constitución. El
gremio es un movimiento social
cristalizado, institucionalizado. Los
movimientos sociales son la instancia
organizativa más próxima a la "clase en
sí", su primer nivel de formación y de
organización para la actividad pública
como actor social, como "clase para sí".
Son la primera instancia que permite el
desarrollo de su identidad. Por su carácter
no institucional, aún no tan sometido a las
presiones de arriba y de abajo, es en ellos
donde se puede (¿se debe?) impulsar y
fortalecer la capacidad de autocontrol
democrático y de autonomía política de
las clases y sectores subalternos.

Habitualmente, los movimientos sociales
se han caracterizado por su transitoriedad.
Carentes de institucionalización, aparecen
y desaparecen al azar. Por esta misma
razón, han sido descuidados por el
pensamiento político. Pero hoy, en
América Latina, cuando los partidos de
todas las tendencias están sometidos a un
profundo desgaste, se ha producido una
cierta institucionalización de la para


institucionalidad propia de los
movimientos sociales. Los movimientos
buscan un protagonismo directo en la
escena pública. Y, ante la profunda crisis
actual de proyectos políticos en el continente
(y en el mundo), este fenómeno no
puede sino incrementarse en los años por
venir.

3.2.6 Importancia de los movimientos
sociales en América Latina
La constitución de la identidad de las
clases y sectores subalternos a través de
los movimientos sociales reviste, además,
en América Latina, una importancia
adicional porque éstos son espacios de
creación de una sociedad civil participativa
y democrática, inexistente en
las cla ses populares del continente
latinoamericano. Sobre las bases de una
sociedad civil autoritaria no es posible
construir un Estado democrático. La
construcción de la democracia en América
Latina no es solamente una tarea
política, de transformación de los partidos
y del Estado, sino también social, de
cambio de las relacio nes de poder
existentes en la sociedad civil.

Cierto romanticismo populista
revolucionario, de ascendencia religiosa,
se hace la ilusión de que, si bien las clases
dominantes latinoamericanas son
autoritarias y explotadoras, el "pueblo"
(no el de Rousseau, sino el del populismo
revolucionario) es democrático y
participativo. Nada más lejano a la
realidad. En las clases subalternas de
América Latina podríamos dis tinguir tres
sectores: uno rural, menos integrado al
mercado capitalista, en el que predomina
aún la tradición; un segundo sector,
ligado al sector moderno a través de la
relación salarial, más secularizado; y un
tercero, continuamente expulsado "hacia
fuera" por el modelo de desarrollo, que lo


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

desaloja del campo y no lo integra en la
ciudad: los excluidos que buscan
sobrevivir a campo traviesa, en la
economía del "rebusque" o sector
"informal", como dicen los economistas
formales75. En cada sector, el
autoritarismo adquiere formas diferentes
por razones específicas.

El "pueblo" latinoamericano en su
conjunto es heredero de una ancestral
cultura autoritaria que penetra todos sus
nexos sociales, hasta los más cotidianos y
domésticos. En este sentido hay que decir
que el poder político del Estado
demoliberal y de sus partidos se ha
asentado hasta ahora sobre otra estructura
de poder social preexistente, de carácter
profundamente machista y autoritario e,
incluso, en muchos casos, violento. Es
como si, en la débil "sociedad civil
popular", se hubieran sedimentado los
rasgos de las estructuras de poder político
históricamente superadas, pero
convertidas ahora en costumbre, en
tradición cultural: el predominio del
cacique de las comunidades indígenas, el
señorío del encomendero español, la
prepotencia del hacendado, todas est as
formas de dominación se condensan hoy,
transformadas, en la omnipotencia del
jefe político local. Los jefes locales no
son criaturas del Estado ni de los partidos.
Son una estructura de poder social que

75

No se debe confundir este tercer sector con el
primero, de tipo rural, acomodándolo en la categoría
engañosa de sector tradicional, atrasado, no
integrado en el sector moderno y formal de la
economía. No. En América Latina una población
cada vez más numerosa es expulsada de las formas
tradicionales de la economía rural por el sector
moderno, sin que la incorpore después a sí mismo.
Simplemente, el desarrollo la expulsa por fuera del
modelo. Es un desecho. La economía informal es
una economía de sobrevivencia y resistencia.

subyace a la estructura de poder formal
del Estado, y sobre el que éste se asienta,
cualquiera sea su estructura o ideología.

Obviamente, desde la implantación del
Estado demoliberal y el nacimiento de los
partidos, éstos han entrado en una
relación dialéctica con las estructuras
heredadas de poder soc ial, en la que
ambos se han ido transformado, sin que
ninguno de los dos haya desaparecido en
el otro. Los partidos se han desarrollado
como una confederación de gamonales
locales que manejan clientelas electorales.
Por otra parte, el liderazgo local se ha
fortalecido al convertirse en intermediario
privado de los servicios y de la autoridad
del Estado. De este modo, se refuerzan
recíprocamente las estructuras antidemocráticas
del poder social y del
Estado central. Entre Estado y comunidad
local se erige una capa de intermediarios
individuales todopoderosos. Este
empalme de las dos estructuras de poder,
político y social, no depende de las
ideologías de los partidos y del Estado, ni
se modifica con ellas. Facilita y sirve de
correa de transmisión de la dominación
de clases o de una eventual burocracia
revolucionaria.

Tales mecanismos de poder, más
presentes en el campo y en regiones
apartadas, se conservan también,
debilitados, en todos los sectores
populares. El creciente sector del
"rebusque" está simplemente atomizado y
carente de expresión, lanzado a la selva
de la supervivencia económica, social y
política. Es la mejor encarnación del
individuo imaginado por el liberalismo,
impotente ante la sociedad y el Estado.
Sus necesidades individuales lo venden al
mejor postor. Los movimientos sociales
le dan una identidad colectiva y una
representación social. Finalmente, las
clases asalaria das del sector moderno,


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

más independientes en principio, están
sujetas a todos los mecanismos de control
antidemocrático de los que ya hemos
hablado a propósito de los gremios. Esto
es particularmente claro en los sindicatos.

Los movimientos sociales contribuyen a
transformar esta cultura popular
autoritaria. Constituyen actores sociales
colectivos, dotados de poder propio,
capaces de actuar en la escena pública sin
necesidad de intermediarios. Sus
organizaciones adoptan formas más
democráticas puesto que nacen de abajo,
de las necesidades sentidas de la
comunidad o de la clase, y no de la
dependencia clientelista. Desarrollan así
las bases sociales de un posible Estado
demo crático. Los movimientos sociales
son la revolución emancipadora frente a
los poderes dominantes en la sociedad
civil. Sin esta democratización social, las
eventuales modificaciones democráticas
del Estado carecen de sujeto capaz de
apropiárselas.

3.2.7 Gremios, movimientos, propiedad
y trabajo
Como ya lo señalé antes, la sociedad civil
es, esencialmente, el entramado dinámico
y conflictivo de la acción de todos los
actores colectivos. Los gremios y
movimientos constituyen la sociedad civil
de las clases subalternas y son la clave de
su poder. Sólo en la medida en que estas
clases logren desarrollar organizaciones
sociales autónomas, identificar sus
intereses comunes y consolidar una ética
compartida, pueden convertirse en actores
sociales dotados de poder y presentar con
claridad sus demandas al Estado y los
partidos.

Antes de continuar, conviene hacer una
observación con relación a una dimensión
importante en la constitución práctica de

la sociedad civil: las formas de propiedad
y de trabajo. No podemos olvidar que
tanto para Hegel como para Marx, éstas
constituyen el embrión práctico de la
sociedad civil. Es imposible entrar aquí
en este tema complejo de manera más
amplia, pero haga mos al menos tres
observa ciones. La primera es que las
formas de propiedad y de trabajo también
están sujetas a la voluntad colectiva de los
actores sociales y políticos. No hay un
determinismo económico que no pueda
ser intervenido o revertido, en el mediano
y largo plazo, por la dinámica de los
grandes actores sociales. Estos también
modelan la propiedad y no sólo al
contrario. Justamente las formas de
propiedad y de trabajo, y no sólo la
distribución del ingreso, hacen parte
esencial del debate político en los Estados
pluralistas. Y puesto que, en este campo,
no hay fórmulas únicas, universales ni
eternas, la democracia política es el
escenario para este debate permanente.
En segundo término, es importante que
los movimientos sociales bus quen, como
lo están haciendo en muchas par tes de
América Latina, modalidades alternativas
de propiedad y de gestión del trabajo
colec tivo. Finalmente, y ésta es la
observación más importante y que deseo
destacar, quizás sean los gremios y los
movimientos sociales de las clases y
sectores subalternos, el único sujeto
posible de los procesos de socialización
real de propiedad y del trabajo en la
sociedad moder na. La nacionalización, ya
lo sabemos, equivale a estatización. Y la
estatización, bien sea en manos del
Estado socialista o del Estado demo liberal,
no es sinónimo de socialización,
es de cir, de control de los trabajadores
sobre la propiedad. Aunque pueda ser
necesaria para la preservación y
aprovechamiento social de ciertos
recursos estratégicos de la nación, debe
estar sometida a un claro control


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

institucional por parte de todos los actores
sociales. Si la nación no existe sino como
entelequia, si el Estado no puede ser el
sujeto de la propiedad socializada, si el
individuo es el extremo opuesto a la
colectividad, no quedan sino los actores
sociales: gremios, movimientos,
comunidades locales o étnicas (en el caso
de poblaciones más tradicionales), como
sujetos reales de los procesos de
socialización. De acuerdo a sus necesidades,
cada actor social puede y debe
desarrollar muy diversas formas de
control colectivo, no sólo de los recursos
y de los medios de producción, sino de la
gestión del trabajo. No hay un socialismo,
sino muchos procesos de socialización,
cuyo sujeto privilegiado no pue de ser el
Estado, sino la sociedad civil y sus
actores colectivos. Incluso, la regulación
general de estos procesos sectoriales o
locales de socialización, debe ser sobria y
respetuosa de la iniciativa de los actores
colectivos. Son ellos el sujeto real de la
socialización, y no la abs tracción general
del Estado central. De esta manera, la
nueva ética de los movimientos sociales
se podrá ir materializando también en las
formas de apropiación del medio natural
y del destino colectivo.

3.2.8 Gremios y partidos políticos
Para comprender la manera como una
clase puede ser dirigente, hay que analizar
la relación entre gremio y partido. En los
gremios se constituye la identidad de las
clases pero es sobre todo a través de los
partidos pluriclasistas como éstas pueden
ejercer su dirección y gestar amplios
consensos en torno a su proyecto societal.
Pero la capacidad de dirección es apenas
una consecuencia necesaria de la identidad
de clase.

De modo general, digamos que la
vinculación entre gremios y partidos

define la relación entre sociedad civil y
sociedad política (partidos y Estado).
Sólo una relación adecuada entre estas
dos formas de organización puede
garantizar, a largo plazo, una verdadera
democracia. La relación inadecuada entre
ellas conduce a las diversas formas de
Estado antidemocrático,
independientemente de la voluntad de sus
gestores. Un Estado sin partidos,
entregado a la dirección de los gremios,
es un Estado fascista: la sociedad civil de
los empresarios se convierte en Estado.
Un Estado con un solo partido que impide
la formación independiente de los
gremios es un Estado totalitario: el interés
particular del partido anula a la sociedad
civil. Un Estado con pluralidad de
partidos, asentado sobre gremios
empresariales fuertes y política mente
autóno mos, y agremiaciones débiles o
inexistentes de las clases subalternas, es
una democracia formal de contenido
autoritario o dictatorial, según la
debilidad o fuerza de los movimientos
sociales: descansa sobre una so ciedad
civil de empresarios y garantiza una
democracia para ellos. Sólo una real
sociedad civil, conformada por todas las
clases y sectores, libremente constituidas
como actores sociales independientes de
los partidos, y partidos que se vean
obligados a representar las demandas de
tales actores sociales, puede ofrecer, en lo
político, la mayor democracia posible.

En esta relación entre gremios y partidos,
las clases dirigentes dan de nuevo la pauta
de lo que puede y debe ser la relación
entre movimientos sociales, gremios de
los trabajadores y partidos políticos.
Finalmente, el tipo de articulación que las
clases dirigentes han desarrollado es el
que les permite construir consensos, así
sean limitados, en torno a sus proyectos
históricos. Esta estructura le permitiría a
las clases subalternas constituirse en


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

actores sociales fuertes e independientes,
sujetos reales del Estado, lo que no podría
suceder, en América Latina, sin poner en
cuestión el orden económico, social y
político mantenido hasta ahora por las
clases dominantes.

Las agremiaciones empresariales son
políticamente autónomas. Ni los partidos
tradicionales ni el Estado intentan
penetrarlos o controlarlos. En ellos reina
el más absoluto pluralismo político. Las
diferencias de afiliación partidaria nunca
ponen en peligro la unidad corporativa de
la clase. En el gremio se extinguen o se
acallan hasta las más agrias divergencias
políticas. Las discrepancias internas, casi
siempre ocultas, giran en torno a sus
intereses específicos de clase. Sus
propuestas públicas aparecen, de
ordinario, bajo apariencias exclusivamente
económicas. Las clases dirigentes
no se reprochan a sí mismas su
economicismo porque saben muy bien,
con Adam Smith, que en la sociedad
moderna la economía es política.

Lejos de dividirse por conceptos
partidarios, la existencia de sólidas
organizaciones gremiales les permite a las
clases dirigentes auspiciar la existencia de
partidos de composición social
pluriclasista. La fuerte identidad, la
presencia pública, la influencia de los
gremios en los medios y en la opinión, les
concede sobre tales partidos y sobre el
Estado una influencia o incluso, en caso
necesario, una fuerza de presión decisiva.
De este modo, le dan a los partidos y al
Estado una fuerte dirección y contenido
de clase. Justamente, la composició n
pluriclasista de los partidos les permite a
las clases dirigentes crear consenso y
ejercer la dirección política sobre las
demás clases sociales. Si de antemano el
partido fuera definido como organización
de una clase, se cerraría a sí mismo la

puerta para atraer y dirigir a otras clases.

El partido se convertiría en una
reproducción de los gremios. Las
agremiaciones empresariales, no

solamente no se dividen por razones
políticas, sino que prestan el apoyo de su
fuerte unidad interna y de su dirección a
los partidos y al Estado, cuando éstos se
ven amenazados de división y
fragmentación. Entonces sé refuerza
claramente la naturaleza corporativa del
Estado.

En esta tensión dinámica entre gremio,
partido y Estado radica la capacidad
directiva de las clases dirigentes: el
gremio les garantiza la fuerte identidad de
clase, los partidos y el Estado de
composición pluriclasista les abren el
espacio institucional para la dirección de
otras clases y para la gestación de amplios
consensos.

En cambio, ya he señalado las
dificultades con las que tropiezan los
gremios de las clases subalternas para
lograr la misma articulación con los
partidos y el Estado (3.2.4). Por razones
distintas y con métodos generalmente
diferentes, tanto los partidos tradicionales
como las vanguardias revolucionarias se
disputan su control. El resultado final es
la fragmentación y debilitamiento de los
gremios del trabajo, y por su medio, de
las clases a las que pretenden representar.
Los movimientos sociales, que podrían
ser definidos como la insurrección
recurrente contra el estado de
subordinación y dé impotencia de las
clases y sectores subalternos, pueden
constituir el espacio privilegiado de
resistencia frente a la instrumentalización
partidaria, los territorios realmente
liberados desde donde una sociedad civil
popular puede formular sus demandas al
Estado y los partidos. En América Latina,
tales movimientos tienen en principio la


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

credibilidad y representatividad de la que
no goza ningún partido, y teniendo en
cuenta el inmenso cúmulo de necesidades
sociales insatisfechas, son una poderosa
forma de presión sobre aquéllos y sobre el
Estado mismo.

4. Elementos para un concepto de
sociedad política .
Bajo la denominación de sociedad
política comprendo no sólo al Estado sino
también a los partidos políticos que
arraigan en los intereses particulares de la
sociedad civil pero están obligados a
trascenderlos, formulando proyectos
globales de Estado. Aunque el centro de
gravedad de esta reflexión es la sociedad
civil, quiero anotar también algunos
rasgos esenciales de la sociedad política y
de la relación entre ambas, que
contribuyen quizás a aclarar la noción de
democracia y su relación con la socialización.


Desde luego, la distinción entre sociedad
civil y sociedad política es sólo relativa y
parcial. Los proyectos globales de
sociedad que caracterizan la esfera
política son la materialización del
consenso que se forja en la sociedad civil
y que, en parte, la constituye. En términos
de Hegel, la ética que se objetiva en el
Estado se desarrolla en el seno de la
sociedad civil y en razón de su propia
dinámica interna. Con todo hay también
diferencia entre ambas dimensiones. El
Estado recibe de la sociedad civil la
potestad delegada para poner por obra los
consensos que se forjan en ella e incluso,
en ciertas circunstancias, para suplir su
ausencia. Para esa tarea cuenta incluso
con un limitado poder de coacción sobre
la sociedad. La diferencia entre Estado y
sociedad civil se hace particularmente
visible y se convierte en contraposición
cuando, abusando del poder coactivo

recibido de la sociedad, el Estado vuelve
su fuerza contra ella.

4.1 Los partidos
Los partidos son el nexo entre la sociedad
civil y el Estado. Su función es la de
escuchar las demandas de la sociedad
civil, interpretarlas y transformarlas en
proyectos generales de Estado que puedan
contar con un amplio consenso y,
eventualmente, tratar de llevarlas a la
práctica desde el Estado mismo. Pero los
partidos sólo escuchan la voz de los
actores sociales existentes. No
interpretan, ni pueden interpre tar al
individuo aislado. Si acaso, lo utilizan
como legitimación electoral. Solamente
las organizaciones gremiales o los
movimientos sociales están en capacidad
de formular sus demandas al sistema
político y ejercer presión sobre él. Desde
el punto de vista político, el verdadero
ciudadano moderno es un ciudadano
colectivo: el gremio o el movimiento
social. Al partido le corresponde la tarea
de incorporar las múltiples expectativas
contradictorias en proyectos generales
que puedan lograr el consenso de las
mayorías. Como en la esfinge, su cuerpo
de león adquiere rostro humano.

El partido único es una contradicción en
sus términos. La noción misma de
"partido" presupone la existencia de una
división, de una contraposición. No hay
partidos si no existe verdadera oposición.
La idea de partido surgió como
alternativa al monopolio hereditario del
Estado absolutista y como condición de la
expresión democrática de la soberanía
popular. El partido único es la restitución
de la monarquía, pero en cabeza de un
monarca colectivo. En el mismo sentido
marcha la tendencia reciente de los
partidos occidentales a la conver gencia
ideológica y política, a la constitución de


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

un monopartidismo velado con varios
rostros aparentes. El uso falseado del
término "consenso" para este acuerdo de
cúpulas partidarias al margen de la
opinión pública, nada tiene que ver con la
intención democrática del consenso
gramsciano. Los partidos son por su
naturaleza el ámbito de formación de
consensos alternativos, indispensable a la
dinámica democrática. El partido de
clase, como ya lo señalé, se enclaustra a
sí mismo en la clase que dice representar
y se impide así la tarea de gestar
consensos de mayorías.

Los partidos de composición pluriclasista
son cajas de resonancia de las demandas
formuladas por la sociedad civil. Son el
eco de sus acto res. Sólo una sociedad
civil constituida por fuertes actores
sociales de todas las clases, puede dar
lugar a partidos de oposición. Si las clases
subalternas están organizadas de mane ra
coherente y sólida, el contenido último de
las oposiciones partidarias es de clase.

4.2 El Estado
Antes de entrar en la breve discusión
teórica acerca del Estado, conviene
anteponer algunas observaciones
históricas que eviten malos entendidos. El
Estado nacional es una creación reciente
de Europa y se ha extendido, por muy
diversas vías, a sus antiguas colonias.
Con la creciente transnacionalización de
la producción, el comercio, la banca y la
comunicación, su carácter nacional está
en crisis y experimenta hondas
transformaciones. Hasta hoy la dinámica
transnacional ha traído consigo una acelerada
enajenación y desnacionalización de
los Estados76. En vez de representar la

76 Véase L. A. Restrepo, "Elección popular de
alcaldes: desnacionalización antidemocrática
del Estado central y reapropiación democrática

voluntad popular e integrar a la nación,
los Estados latinoamericanos se han
convertido en intermediarios entre los
derechos y aspiraciones de la población
nacional y los intereses del capital
transnacional. Juegan el odioso papel de
doble agente. Probablemente los Estados
nacionales de hoy no puedan recuperar su
capacidad de negociación internacional y
de representación interna sino en el seno
de nuevas formas eficaces de integración
regional y continental. Pero este proceso
inducirá hondas transformaciones en el
carácter nacional del Estado. Es imposible
discernir ahora cuál haya de ser su
destino final. De todas formas, mientras
subsista la sociedad civil como sistema de
acción fundado en intereses particulares
(no necesariamente individuales), y no se
ve cómo pueda desaparecer, es necesario
un Estado que medie en los conflictos,
que sea capaz de administrar consensos y
de aplicar la fuerza bajo el control de la
ley para hacerlos vigentes. Que sea el
mismo Estado nacional de hoy, o que la
nación conserve sus mismas dimensiones,
está abierto a la discusión. Procesos como
la integración europea de 1993 señalan
nuevos caminos.

Es claro que, en crisis históricas
profundas, los pueblos no siempre tienen
el Estado que desearían, sino el que les es
efectivamente posible y necesario. En
este sentido, el establecimiento transitorio
de un Estado autoritario puede ser una
emergencia histórica. Pero tal situación
debe ser considerada como excepcio nal y
no como un modelo deseable. Finalmente,
son las concepciones globales del
Estado, asumidas como ideales, las que se

del Estado local", en Elección popular de
alcaldes: Colombia y la experiencia
internacional, Bogotá, FIDEC-FESCOLPROCOMUN,
1988, pp. 94-114.


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

constituyen en fuente de legitimación
política y tienen duración en el mediano y
largo plazo. Hoy no tenemos sino dos
modelos fundamentales, con
innumerables variaciones en su aplicación
histórica: el Estado socialista y el Estado
demo liberal. Como es sabido, los Estados
socialistas surgieron a comienzos de siglo
como supuesta alternativa emancipadora
al Estado demoliberal. Sin embargo, su
evolución actual pone de manifiesto su
crisis radical, ya planteada por muchos
desde antes. Surge pues hoy, con fuerza
renovada, la pregunta por la naturaleza y
estructura de un Estado democrático
moderno.

4.2.1 El fundamento de la democracia
moderna
Como es sabido, en la antigüedad, la
soberanía del monarca era, de una u otra
forma, emanación de la soberanía
suprema de Dios. Sustentado en esta
legitimación teocrática, el poder
convertido en propiedad se transmitía por
herencia familiar. La revolución política
de la modernidad consiste justamente en
haber dado la vuelta al sujeto de la
soberanía: el soberano es el pueblo, y los
magistrados son únicamente sus
representantes. El Estado debe ser, pues,
representativo de la voluntad popular. En
términos de Gramsci, el fundamento de su
legitimidad está en el consenso sobre el
que se apoya. Esta es la esencia de la
democracia moderna, no sólo política,
sino también económica y social. La
democracia social es una radicalización
consecuente de la idea de soberanía
política del pueblo. Sin esta idea
fundamental, basa da en la noción
moderna del derecho natural, se retorna
necesariamente a una variante del
absolutismo.

4.2.2 Democracia directa y democracia
representativa
Rousseau y Marx critican la idea de
representación política. La propia
voluntad no puede ser representada por
otros, sin resultar por ello simplemente
enajenada. El representante termina por
apropiarse de la soberanía de los
representados y por sustituirlos en ella. Y
es cierto, en la representación de la
voluntad popular hay una dosis de
enajenación. La única solución sería
entonces el ejercicio permanente de la
democracia directa: la autodeterminación
permanente del pueblo. Realista,
Rousseau reconoce, sin embargo, los
límites de la demo cracia directa. Es
propia de pueblos pequeños, en asuntos
limitados, imposible de ejercitar en las
decisiones cotidianas que afectan el
destino colectivo. Es un ideal y debe
aplicarse en lo posible. Pero no se puede
implantar de modo general en las
modernas sociedades de masas. Para
Rousseau, es necesario aceptar entonces
la existencia de magistrados que decidan
por el pueblo: la existencia de un Estado,
ya no representativo, sino mero delegado
y comisario del pueblo. La idea de
delegación y mandato no es, en la
práctica, nada distinto de la representación:
se decide en nombre y por encargo
popular. Destaca solamente el sujeto de la
soberanía, la dependencia del magistrado
con relación a ella y, por lo tanto, busca
aumentar el control popular sobre los
magistrados, hasta el punto de consagrar
la revocabilidad del mandato. Sin
embargo, la necesaria estabilidad de un
Estado no puede estar sujeta a cambios
continuos y caprichosos. La revocabilidad
está sujeta a límites. El mandato debe
ceder algún espacio a la representación
estable.


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

Marx es más ambicioso que Rousseau.
Paradójicamente, más idealista. Critica
radicalmente la idea de representación
política y aspira a la pronta extinción del
Estado en la sociedad comunista, en la
que cada uno, mediante su mismo trabajo
orientado al beneficio común, sea
representante de todos77. Sugiere, sin
embargo, la idea de que para llegar a esa
forma última de radical democracia es
necesario el paso transitorio por una etapa
intermedia: la dictadura del proletariado.
El proletariado, como clase universal,
sería entonces el representante de todas
las clases. Su inevitable función
representativa sería, sin embargo, fugaz,
hasta la pronta desaparición de todas las
clases, incluido el mismo proletariado. El
Estado socialista de Lenin y de Stalin se
concibe entonces como dictadura del
proletariado. Para Lenin, el partido, más
que representante del proletariado,
pretende ser su "vanguardia":
prolongación de la clase en su expresión
más esclarecida. Pero, como ya lo he
dicho, el proletariado, y con, él todas las
clases terminan siendo sustituidas por su
vanguardia. Sin mecanismos de control
institucional sobre su función
representativa, el partido restablece, de
hecho, el absolutismo, en este caso, el de
un monarca colectivo, el Partido, cuyo
poder se transmite por cooptación, al
margen de la voluntad popular. Ejerce su
soberanía ya no en nombre de Dios, sino
en el del proletariado, convertido en idea,
en sujeto metahistórico del acontecer
social, en nueva divinidad. El Estado
socialista se sitúa de nuevo antes de la
modernidad política.

Esta suplantación de la soberanía popular
ha entrado en irreversible crisis histórica.
Los países socialistas están abocados a

77 Véase la Crítica a la filosofía del Estado, de
Hegel.

volver a la idea de soberanía y
representación popular, al de sarrollo de
las instituciones que la hagan posible y
que permitan a la sociedad civil ejercer
control sobre ella. Visto desde la
perspectiva de la sociedad civil y del
interés particular, el Estado representativo
es un mal, una forma de ena jenación de la
soberanía popular, pero es, de todas
maneras, el menor de los males. Es
también la realidad histórica siempre
limitada del mayor de los bienes: la
convivencia social hecha posible gracias a
consensos en permanente formación y
evolución.

La pregunta no es, pues, si el Estado debe
ser representativo o no, sino cuáles son
las mejores garantías institucionales de la
representa ción. El reto consiste en pensar
y definir los mecanismos que garanticen
la representación menos inadecuada del
pueblo por el Estado, las garantías
democráticas. Para esta tarea, el modelo
no son, desde luego, los Estados
occidentales de hoy. Gestores iniciales y
cada vez más víctimas de un capitalismo
que desborda sus fronteras-nacionales,
son cada día más liberales y menos
democráticos. El capital y el Estado se
han encargado de fragmentar y disolver
cada vez más los actores sociales, han
atomizado la sociedad civil y refuerzan en
el individuo consumidor la ilusión liberal
de su participación en las grandes
decisiones colectivas.

4.2.3 Arquitectura del Estado
democrático representativo
Los arquitectos intelectuales del Estado
demo liberal trazaron sus líneas básicas:
división y equilibrio de poderes, partidos
en oposición, elecciones, libertades
fundamentales o "derechos humanos". La
experiencia de los conflictos que llevaron
a la guerra, la influencia de las ideas


Democracia Relación entre la sociedad civil y el Estado

socialistas, condujeron al desarrollo de
mecanismos de intervención social del
Estado. Es necesario profundizar esa vía,
con una participación creciente y
organizada de los actores sociales en el
diseño y la fiscalización de esa
intervención. El Estado demoliberal de
hoy, arrastrado por la dinámica del capital
ha entrado, sin embargo, en una tensión
irreconciliable entre liberalismo y
democracia. Por ello, el desarrollo de los
controles democráticos del Estado
interesa hoy únicamente a las mayorías
subalternas. Pero, a su vez, éstas los
pueden ejercer solamente si están
constituidas como actores colectivos,
como actores sociales.

Sobre estas líneas fundamentales, cada
país, según sus peculiares condiciones
históricas, debe crear los mecanismos
institucionales que garanticen la
representatividad del Estado. En este
terreno carece de sentido la copia y el
transplante mecánico. El reto consis te en
desarrollar controles democráticos
adecuados que le permitan a la sociedad
civil llegar a ser el sujeto real del Estado
y que éste se funde sobre un consenso
real, y no sobre la fuerza o la simple
propaganda.

4.3 El cambio social
La mediación fundamental de los cambios
sociales de contenido democrático es
política y no de fuerza. Se basa en la
organización independiente de los actores
sociales subalternos, que obliga a los
partidos y al Estado a buscar nue vos
consensos más amplios. La sociedad
política es el espacio institucional para la
canalización de las demandas formuladas
por los acto res sociales.

En América Latina y en otras regiones del
mundo donde las clases subalternas,

desorga nizadas, han acumulado
demandas seculares, su mera
organización en gremios o movimientos
sociales políticamente independientes, su
constitución como actores sociales, la
creación de una sociedad civil de la que
ellas entren a formar parte, producirá
rupturas instituciona les capaces de
quebrantar y suplantar viejas hegemonías
basadas fundamentalmente en la coerción.

La actual crisis de los Estados socialistas
pone de manifiesto que las así llamadas
revoluciones socialistas que atravesaron
el siglo XX fueron más bien, cuando
menos en su dimensión política, golpes
de Estado. Indujeron, además, la falsa
identificación entre el prestigioso concepto
moderno de revolución y el ejercicio de
la violencia para la conquista del Estado o
su control. Hoy presenciamos el
fenómeno contrario. En los mismos
Estados socialistas los movimientos
sociales llevan a cabo verdaderas revo luciones
sin golpe de Estado y sin la
violencia que éste conlleva. Porque el
contenido transformador y
democratizador de una verdadera
"revolución" no es el sacudimiento social,
ni la dosis eventua l de violencia que
puede conllevar, ni siquiera
necesariamente el cambio de elites
dirigentes, sino el reconocimiento político
y social conquistado por el ciudadano
colec tivo de las clases subalternas.


Coyuntura Por una asamblea constituyente…

POR UNA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICA


Hernando Valencia Villa*

CONTEXTO

Cuando menos desde 1987, Colombia
vive lo que el jurista norteamericano
Bruce Ackerman denomina un momento
constitucional. A lo largo de estos últimos
tres años, en efecto, uno de los temas
centrales de la agenda política nacio nal ha
sido no sólo la conveniencia sino también
la necesidad e incluso la urgencia de
hacer una gran reforma constitucional que
traduzca un gran acuerdo político y
contribuya de este modo a la
democratización del Estado y a la
reconciliación de la sociedad civil. Una
tal centralidad del constitucionalismo
obedece a varios factores que conviene
recordar: la propia tradición reformista
que distingue al régimen colombiano y
que ha convertido los reajustes periódicos
del aparato institucional en sucedáneos
rituales del cambio social y de la participación
popular; la progresiva
deslegitimación de la lucha armada y de
las vías de hecho en general, que ha
producido el paradójico resultado de
revalorizar los procedimientos jurídicos a
pesar de sí mismos; y el descubrimiento
del derecho público como posible terreno
de negociación y convergencia entre
actores sociales enfrentados o entre
Estado y sociedad civil. Por éstas y otras
razones el revisionismo cons titucional
juega hoy un papel protagónico en el
proceso político, en el sentido de que la
enmienda del estatuto estatal podría
contener la clave para desbloquear el
desarrollo democrático de Colombia. Pero

*

Abogado, investigador del Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales.

no se trata de cualquier reajuste. A través
de sus múltiples peripecias, desde las
tempranas propuestas de El Espectador y
las contradictorias iniciativas del expresidente
Lleras Restrepo, pasando por el
abortado Acuerdo de la Casa de Nariño y
los 523 proyec tos societales presentados
ante las audiencias públicas de la
Comisión Preparatoria del Proceso de
Reajuste Institucional, hasta el naufragio
del proyecto de Acto Legislativo No. 11
de 1988 a finales del año pasado, todo el
debate constitucional contemporáneo gira
en torno a una idea central: la
legitimación por el pueblo mediante un
procedimiento reformador nuevo y
distinto. Dicho procedimiento consistiría
en una consulta nacional o en una
asamblea cons tituyente o en una
combinación de ambas fór mulas.
Inicialmente se privilegió la apelación al
pueblo en una especie de reedición de la
experiencia plebiscitaria de 1957, que ha
sido prohijada incluso por la mayoría de
los grupos guerrilleros. En la actualidad,
y gracias a la convocatoria de opinión de
un desarticulado pero energético
movimiento estudiantil, se ha abierto paso
la iniciativa de una asamblea
constituyente amplia, que represente
todas las tendencias de la opinión
nacional y dé una gran reforma al país.
Con el millón y medio o los dos millones
de votos registrados en las elecciones del
11 de marzo en favor de la llamada
séptima papeleta (al lado de las de
Senado, Cámara, Asamblea, Concejo y
alcalde), se ha producido un golpe de
opinión que debe conducir en los
próximos meses a la convocatoria
presidencial de un cuerpo deliberante ad
hoc para modificar la actual o adoptar una
nueva Carta Fundamental para la nación.
En lugar de controvertir los tecnicismos
jurídicos de la séptima papeleta y sus
implicaciones en el proceso electoral en
curso, se proponen aquí una fórmula


Coyuntura Por una asamblea constituyente…

concreta para integrar la constituyente y
una agenda tentativa para orientar sus
trabajos.

FORMULA

Aun cuando cualquier enmienda
constitucional tramitada por fuera del
Congreso o en contravía del
procedimiento canónico previsto en el
artículo 218 de la ley de leyes quebrante
el derecho vigente, estamos en presencia
de un actor extraordinario : el pueblo
como soberano o constituyente primario,
cuyo poder crea nue vo derecho. Así lo
reconoció la Corte Suprema de Justicia en
su sentencia de junio 9 de 1987, que es el
último pronunciamiento importante sobre
esta materia y que resulta tanto más significativo
cuanto que proviene de un
tribunal constitucional que no se ha
distinguido propiamente por su talante
democrático o por su actitud progresista.
A propósito de una nueva demanda contra
el plebiscito de 1957, dijo entonces la
Corte:

Cuando la Nación, en ejercicio de su
poder soberano e inalienable, decide
pronunciarse sobre el estatuto
constitucional que habrá de regir sus
destinos, no está ni puede estar sometida
a la normatividad jurídica que antecede a
su decisión. El acto constituyente primario
es, en tal sentido, la expresión de la
máxima voluntad política, cuyo ámbito de
acción por su misma naturaleza escapa a
cualquier delimitación establecida por el
orden jurídico anterior y, por ende, se sustrae
también a todo tipo de juicio que
pretenda compararlo con los preceptos de
ese orden [...1 Cuando se apela a la
Nación y ésta, en efecto, hace sentir su
voz para constituir o reconstituir dicha
estructura (política fundamental 1, adopta
una decisión de carácter político que, por
serlo, es inapelable y no susceptible de

revisión jurídica. Aun en el caso de
posibles violacio nes del orden precedente
por parte de quienes hubie ren convocado
al constituyente originario, la manifestación
de éste hace inútil e improcedente
todo poste rior pronunc iamiento
jurisdiccional en torno a la validez de la
convocatoria.

Tanto el referéndum cuanto la
constituyente son actos constituyentes o
del constituyente primario y gozan, en
consecuencia, del carácter intangible que
les atribuye la citada doctrina de nuestro
juez constitucional. Hay que añadir, sin
embargo, que consulta mucho mejor los
intereses societales el escenario de la
asamblea que el de la consulta. Mientras
que un cuerpo reformador ad hoc
recogería la más amplia y diversa
representación política de la sociedad
civil, dando así cabida a la expresión de
todas las tendencias y a la construcción de
un genuino consenso nacional, la simple
apela ción al pueblo, para que apruebe o
rechace un texto en cuya elaboración no
ha intervenido de manera decisoria, puede
tener mucho de republicano pero no tiene
nada de democrático. Tal es la
justificación de la constituyente como
procedimiento óptimo de reforma o
sustitución de la Constitución.

Una vez resuelto el problema de la
convocatoria de la asamblea, que es el
primero que debe abocarse y para el cual
se plantean varias alter nativas (petición
ciudadana, proclamación presidencial,
acuerdo multipartidista o decreto de
estado de sitio), la cuestión central de la
constituyente radica en su composición
política. Porque si el órgano reformador o
creador del pacto político entre los
colombianos no es fiel trasunto de la
heterogeneidad constitutiva de la na ción,
el ejercicio mismo resulta estéril al ser
cooptado por el bipartidismo tradicional y


Coyuntura Por una asamblea constituyente…

desembocar en una enmienda minoritaria,
inconsulta e impositiva, como las sesenta
y siete que se han introducido a la
codificación de 1886. Para garantizar una
integración pluralista y democrática del
cuerpo constituyente, bien podría
pensarse en un esquema como el siguiente,
que fue planteado por el autor, en
compañía de Gustavo Gallón Giraldo,
durante las Mesas de Análisis y
Concertación con el M-19, en julio de
1989: la asamblea estaría formada por
doscientos cuatro delegados y recogería
una representación partidista del país
político y una representación sectorial del
país nacional, aritméticamente iguales. La
primera población sería elegida por el
electorado de base en comicios generales,
a razón de tres constituyentes por cada
una de las treinta y cuatro entidades
territoriales de la nación, a saber: los
veinticinco departamentos, las cuatro
intendencias, las cuatro comisarías y el
Distrito Especial de Bogotá. Podría
pensarse además en que un tercio de
todos los representantes partidistas
pertenezca po r fuerza a partidos o
movimientos no tradicionales, es decir,
distintos al liberalismo y al
conservatismo, para asegurar el
pluralismo dentro de la diputación del
país político. Obviamente, entre los ciento
dos constituyentes partidistas no estarían
los senadores, representantes, diputados,
consejeros, concejales y alcaldes electos
para los períodos 1990-1994 ó 19901992,
a fin de precaver conflictos de
interés o lealtad, otorgar opor tunidades a
nuevos sectores y asegurar que los
miembros de la asamblea lo sean de
tiempo completo y dedicación exclusiva,
como lo demanda la estratégica tarea que
han de cumplir. En cuanto al carácter
igualitario de la representación conferida
a los diferentes tipos de
circunscripciones, se trataría de eliminar
la sobrerrepresentación de los

departamentos en desmedro de los
llamados territorios naciona les, para
inducir así una mayor participación de las
poblaciones y regiones periféricas del
país.

La segunda mitad o población de la
asamblea estaría formada también por
ciento dos diputados, en este caso en
representación de diecisiete sectores de
actividad o interés en que se dividiría la
sociedad civil para estos efectos. Cada
sector elegiría o designaría, a través de
sus propios foros y mecanismos pero
siempre mediante procedimientos
democráticos, seis constituyentes que en
conjunto integrarían la delegación del
país nacional. Los diecisiete sectores o
estamentos de la sociedad civil que harían
de la asamblea una auténtica muestra de
la diversa materia de Colombia serían los
siguientes:

1. Gremios o sindicatos patronales;
2. Centrales obreras;
3. Organizaciones cívicas y
comunales;
4. Organizaciones indígenas y de las
minorías étnicas;
5. Organizaciones estudiantiles y
juveniles;
6. Organizaciones campesinas;
7. Organizaciones feministas y de
mujeres;
8. Organizaciones de jubilados y
pensionados;
9. Organizaciones de militares y
policías retirados;
10. Organizaciones ambientalistas y
ecologistas;
11. Organizaciones de derechos
humanos; 12. Asociaciones de
profesionales;
13. Universidades públicas; 14.
Universidades privadas; 15. Iglesia
Católica;

Coyuntura Por una asamblea constituyente…

16. Otras iglesias y denominaciones
religiosas, y
17. Organizaciones guerrilleras.
Salvo mejor opinión, la lista precedente
incluye a la inmensa mayoría de las
llamadas organizaciones no
gubernamentales (ONGs) u organizaciones
de la sociedad civil, a través de las
cuales se aglutinan y movilizan los
múltiples intereses populares. Tales
organizaciones aportarían la
representación sectorial o neocorporativa
del país nacional a la asamblea, de suerte
que cada sector tendría iniciativa
suficiente para convocar a sus miembros
individuales y colectivos, y poner en
marcha el proceso participativo y
decisorio que eventualmente conduciría a
la elección o designación de sus seis
constituyentes. Es obvio que
representantes partidistas y sectoriales por
igual combinan la personería de su
partido o sector y la persone ría de la
nación por manera que la dinámica de la
asamblea y la legitimidad inicial del
documento que ella acuerde, dependen
por entero de la tensión creadora entre el
interés regional o estamental de los
delegados y el interés patriótico de la
constituyente como tal.

Para supervigilar todo el proceso de
convocatoria, integración e instalación de
la asamblea; asistir a la Registraduría
Nacional del Estado Civil en las
elecciones de los representantes
partidistas; orientar a las organizaciones
de la sociedad civil en las elecciones o
designaciones de los representantes
sectoriales; atender los reclamos; resolver
los conflictos; y acreditar a los doscientos
cuatro constituyentes, habría una
Comisión de Garantías y Credenciales.
Integrada por tres miembros: el primero
delegado por los partidos tradicionales, el
segundo por las fuerzas políticas no

tradicionales y el tercero por las ONGs,
esta Comisión actuaría como tribunal
electoral especial para la constituyente
desde su convocatoria por el presidente
entrante hasta su instalación formal en
algún momento durante los próximos
meses. A partir de la iniciación de sus
labores, una cons tituyente es soberana y
el éxito o fracaso de su gestión depende
mucho más de su poder político que de
sus atribuciones jurídicas. Porque el del
constituyente primario no es un derecho
sino un poder. De ahí que la agenda, el
reglamento interno y el término del
mandato del organismo estarían
determinados por el consenso político
inicial, de carácter necesariamente
multipartidista y multisectorial, que se
logre crear en torno a la iniciativa y en
ningún caso por normas o costumbres
jurídicas preexistentes. Ello significa, en
otras palabras, que el desafío inmediato
del movimiento universitario por la
constituyente y de los grupos que apoyan
la propuesta es la construcción de una
vasta coalición de fuerzas y organizacio nes,
que bien podría llamarse la coalición
"arco iris" y que sustentaría la
convocatoria ciudadana primero y
presidencial después de una asamblea
amplia con el mandato de pactar la paz
constitucional en Colombia.

AGENDA

En este orden de ideas, puede ser útil
ofrecer por fin algunas ideas sobre
mandato, reglamento y agenda de la
asamblea planteada. Respecto de lo
primero, si se acepta que la constituyente
es la forma jurídica de un hecho político y
que en tal virtud su cometido no es otro
que codificar el clamor colectivo en favor
de un nuevo arreglo institucional y
normativo que facilite la práctica de la
democracia plena, debe aceptarse también
que el mandato de la asamblea consiste en


Coyuntura
Por una asamblea constituyente…

la reforma radical o la sustitución integral
del estatuto estatal, con la refrendación
popular del documento resultante al final
del proceso. En cuanto a lo segundo,
parece aconsejable que la asamblea
aplique en principio el reglamento del
Congreso, incluyendo su régimen de
dietas, y que se dé las directivas y la
organización interna que considere
convenientes. El quórum o mayoría decisoria
debería ser de los dos tercios o
ciento treinta y seis delegados a favor, a
fin de que las decisiones que
eventualmente se traduzcan en normas
constitucionales provengan de acuerdos
con la suficiente representatividad como
para que resulten legítimos a los ojos de
tirios y troyanos. Un término de seis
meses sería suficiente para compilar las
propuestas, confiar a una comisión
redactora la preparación de un proyecto
de consenso o en su defecto de mayoría, y
forjar las alianzas y coaliciones que permitan
la aprobación del texto en el seno
de la plenaria. Ello no obsta, por
supuesto, para prorrogar las
deliberaciones por tres o seis meses más
si así lo exigiese el desarrollo del
ejercicio constituyente.

Con todo, el interrogante principal que
plantea la constituyente concierne a su
agenda. Como material de trabajo ya
disponible, vale la pena editar las 523
propuestas de la sociedad civil que se
conocieron en marzo de 1988, cuando aún
regía el Proceso de Reajuste Institucional
previsto por lo que en su momento se
denominó el Tratado Barco-Pastrana.
Tales iniciativas expresan mejor que
cualquier sondeo las reivindicaciones
dominantes de las fuerzas democráticas
en materia económica, política, social y
cultural, con la ventaja de que están
formuladas en términos jurídicos. Sería
una insensatez ignorar éste el más rico
ejercicio de inventiva constitucional de la

historia nacional. A su lado hay que poner
otras contribuciones: académicas,
sindicales, partidistas, a través de las cua les
se viene codificando entre nosotros un
nuevo constitucionalismo alternativo o
insurgente y opuesto por definición al
viejo constitucionalismo bipartidista. La
característica principal de este discurso
político de cambio y participación es la
idea según la cual la Constitución debe
ser el verdadero tratado de paz, y de paz
democrática, entre todos los colombianos.
En lugar del constitucionalismo de
guerra, que es la herencia de la república
liberal-conservadora, hay que optar por
un constitucionalismo de paz, que sea la
regla de juego de una democracia
pluralista y participativa. Del mismo
modo que la celebrada revolución
democrática que tiene lugar hoy en los
regímenes socialistas de Europa del Este,
la anhelada reforma democrá tica que se
propone en Colombia debe iniciarse con
la abolición de la norma constitucional
consagratoria del monopolio político del
bipartidismo excluyente que es la versión
criolla del sistema de partido único en las
democracias po pulares, para instaurar a
cambio un sistema abierto y competitivo
en el cual la heterogeneidad de la
sociedad civil se refleje de veras en el
pluralismo y la descentralización del
Estado. A este objetivo estratégico
apuntan las siguientes bases mínimas de
reforma constitucional o de nueva
Constitución, que provienen de muchas
de las iniciativas populares de los últimos
años y que se sugieren aquí con el único
propósito de servir como punto de partida
de carácter metodológico para el debate
nacional acerca del temario de la
constituyente:

1.
Colombia se constituye en una
república democrática, representativa y
participativa, fundada en la soberanía

Coyuntura
Por una asamblea constituyente…

popular y organizada como un Estado
social de derecho;

2. La soberanía reside en el pueblo, que la
ejerce directamente por medio de la
consulta nacional o referéndum y de la
iniciativa popular, y a través de sus
representantes libremente elegidos y
revocables;
3. La república de Colombia es un Estado
de regiones y provincias, cuya unidad
nacio nal se apoya en la autonomía de
los entes territoriales para administrar
sus recursos y tomar sus decisiones;
4. La república de Colombia es un Estado
multiétnico, que reconoce y garantiza
la diversidad cultural de todos los
individuos, grupos y sectores que
forman la nación;
5. La república de Colombia es un Estado
laico, que respeta y garantiza las
libertades de pensamiento, de
expresión y de culto a todas las
personas y comunidades que habitan el
territorio;
6. La república de Colombia es un Estado
democrático que reconoce y garantiza
a todos sus habitantes las más amplias
libertades políticas, económicas,
sociales, culturales, laborales y
educativas, en consonancia con el
derecho internacional de los derechos
humanos;
7. La república de Colombia ejerce
soberanía y dominio sobre el territorio
nacional y todos los bienes,
ecosistemas y recursos que forman la
naturaleza patrimonial, los cuales se
administran y preservan para la
satisfacción de las necesidades y el
enriquecimiento de la calidad de la
vida de las presentes y futuras
generaciones;
8. La república de Colombia cumple sus
fines democráticos por medio de la
Rama Electoral, la Rama Legislativa,
la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial y
la Rama Fiscal, integradas y
controladas con la participación del
pueblo;

9. La república de Colombia reconoce y
garantiza la propiedad privada y la
libertad de empresa en el marco de una
economía concertada y solidaria, para
lo cual se establece la participación de
los trabajadores y empleados en la
propiedad, la gestión o los beneficios
de las empresas;
10. La república de Colombia dispone de
unas Fuerzas Armadas profesionales y
volunta rias para la defensa de su
soberanía, independencia e integridad
territorial.
La Policía Nacional es una institución
civil encarga da de la preservación de
las libertades ciudadanas y del orden
público interno mediante la aplicación
de la Constitución, las leyes y el
derecho internacional de los derechos
humanos y los conflictos armados, y
11.
La república de Colombia no
pertenece a ningún partido, grupo,
sector, ideología, región o clase en
particular. Todos los ciudadanos de
cualquier origen, afiliación u
ocupación tienen derecho a acceder a
los cargos públicos y a las
responsabilidades oficiales según sus
méritos y capacidades.
Estos y otros postulados programáticos
deben informar el texto fundamental que
surja del cuerpo constituyente, en tanto
sean expresión de un consenso
democrático entre fuerzas y
organizaciones representativas de las
mayorías nacionales. Tal es en últimas la
condición co mún de las normas
constitucionales, si es que ellas traducen
legítimamente la voluntad política de una
sociedad civilizada.

Como si hubiesen sido escritas para la
actual realidad colombiana, hay unas
palabras de Norberto Bobbio, el mayor


Coyuntura Por una asamblea constituyente…

jurista de fin de siglo, que subrayan la
naturaleza transaccional de la función
constituyente y su potencial de
reconciliación democrática, el cual
permanece en lo esencial inédito entre
nosotros: "La vida política se desarrolla a
través de conflictos jamás definitivamente
resueltos, cuya resolu ción se consigue
mediante acuerdos momentáneos, treguas
y esos tratados de paz más duraderos que
son las constituciones". Sólo en esta
perspectiva, la del constitucionalismo
como tregua democrática y la democracia
como escenario de procedimientos
legítimos, que no de resultados legítimos,
podemos abrigar espe ranzas en las
virtudes curativas y creativas de una
asamblea nacional constituyente en la Colombia
de hoy.


Coyuntura La conferencia de presidentes de Cartagena…

LA CONFERENCIA DE
PRESIDENTES DE CARTAGENA
PARA LA LUCHA
ANTINARCÓTICOS

Alfredo Vázquez Carrizosa*

La Conferencia de Presidentes de Estados
Unidos y los tres países andinos,
Colombia, Bolivia y Perú, para coordinar
una política de lucha antinarcóticos,
especialmente de la cocaína, se efectuó el
15 de febrero de este año en la ciudad de
Cartagena. Asistieron a ella los primeros
mandatarios de las cuatro naciones, Virgilio
Barco de Colombia; Jaime Paz
Zamora de Bolivia; George Bush de
Estados Unidos y Alan García del Perú.

Se había especulado en los medios de
comunicación de Estados Unidos acerca
del peligro que significaba para el
presidente Bush su viaje al convulsionado
país suramericano que es el nuestro, con
los más altos índices de vio lencia y
terrorismo de parte de los lla mados
"Carteles de la Droga", especialmente de
Medellín y Cali. Sin embargo, el
presidente Bush demostró una
inquebrantable decisión de asistir a la
Cumbre de Cartagena, con un frío cálculo
de las ventajas que aportaría esa reunión
de alto nivel internacional con tres países
de América Latina.

El presidente Bush quiso en primer lugar
darle al presidente Barco de Colombia un
respaldo personal y público por su
política de guerra interior contra el
narcotráfico. Buscaba, además, mantener
ante la opinión norteamericana la
"imagen" de un gobernante valeroso en el
peligro y capaz de afrontar el desafío del
crimen organizado. Además de lo

*

Abogado, investigador del Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales.

anterior, estaba de por medio el
resentimiento latinoamericano por la
invasión a Panamá el 20 de diciembre
anterior. Era, entonces, la oportunidad
para demostrar ante las cámaras de
televisión que estaba restablecida la
cordialidad entre la potencia imperial y
América Latina.

El presidente del Perú, Alan García, había
ostentado su renuencia a asistir a la
Cumbre de Cartagena, en ademán de
protesta por la inva sión de Panamá.
Durante las semanas transcurridas desde
el 20 de diciembre hasta fines de enero
del corriente año, las noticias de Lima
daban por sentado el hecho de la ausencia
protesta del mandatario que tiene el
liderazgo del Aprismo, con su vieja
tradición antiimperialista heredada de
Víctor Raúl Haya de la Torre, como de
los programas del mismo partido. Era
significativa, de esa manera, la presencia
del presidente García en Cartagena por su
investidura de jefe de Estado de uno de
los países comprometidos en la lucha
antinarcóticos y por aparecer
estrechándole la mano al presidente Bush.

Estrictas medidas de seguridad fueron
tomadas por las autoridades colombianas,
en coordinación con Estados Unidos,
tanto en la ciudad de Cartagena como en
el área circunvecina. El espacio aéreo
colombiano quedó despejado y
prohibidos los vuelos comerciales o de
aeronaves particulares el día de la
conferencia. Un patrullaje naval reforzaba
el dispositivo de seguridad en la Bahía de
Cartagena. El interés internacional por los
resultados de la Conferencia Cumbre de
Presidentes quedó demostrado por la
asistencia de numerosos corresponsales
de la prensa, la radio y la televisión
provenientes de Estados Unidos y


Coyuntura La conferencia de presidentes de Cartagena…

Canadá, Europa, América Latina y de
organismos internacionales.

El resultado de la Conferencia de
Cartagena fue consignado en un
documento final suscrito por los cuatro
presidentes, de Estados Unidos,
Colombia, Bolivia y Perú. Un análisis
objetivo del texto publicado al clausurarse
la reunión en la fecha indicada, 15 de
febrero, permite adelantar las siguientes
conclusiones:

El tratamiento multilateral del
narcotráfico: Ficción o realidad?

La Conferencia de Cartagena era, de
suyo, un paso importante hacia el
tratamiento multilateral del problema del
narcotráfico, lo que satisface en primera
instancia el punto de vista
latinoamericano, que encuentra en los
altos consumos de cocaína en el mercado
interno de Estados Unidos una de las
causas principales y evidentes de las
exportaciones de la droga. Lo importante
no era la reunión de los cuatro presidentes,
sino la manera como se hacía el
enfoque de los medios para tratar ese
problema.

La falta de compromisos específicos
para la lucha antinarcóticos

En términos reales el documento final de
Cartagena no contiene compromisos
específicos respecto de Colombia en la
acción bélica que está desarrollando
desde el último año. En cambio se
enuncia una estrategia conjunta de las
cuatro naciones, considerando "que toda
estrategia que las comprometa a poner en
práctica o a consolidar un programa
general intensificado contra las drogas
ilícitas, ha de tomar en cuenta la
reducción de la demanda, el consumo y la
oferta, y comprender entendimientos

acerca de la cooperación económica, el
desarrollo alternativo, el estímulo del
comercio y la inversión, así como acerca
de la lucha contra el tráfico de las drogas
ilícitas y de las iniciativas diplomáticas y
de opinión pública".

Figuran en el párrafo anterior varias
intenciones: en primer lugar, la de
elaborar "un programa general
intensificado contra las drogas ilícitas" y,
en segundo lugar, "entendimientos acerca
de la cooperación económica, el desarrollo
alternativo, el estímulo del
comercio y la inversión". Existen, por lo
tanto, señales de apertura de la
cooperación interamericana fuera del
terreno limitado a la lucha contra las drogas
ilícitas, en lo que dice relación a la
"cooperación económica y el desarrollo
alternativo". No se derivan, empero, del
documento final indicaciones sobre los
temas y las soluciones relativos a esa
segunda parte de los acuerdos generales
de Cartagena.

Los efectos probables del Documento
de Cartagena en la "mala prensa"
internacional contra Colombia

Al establecerse la conexidad de la
producción y el consumo para la
evaluación global del tráfico de cocaína
debería desaparecer la "mala prensa"
internacional que se ha referido de
manera exclusiva e insistente al "Cartel
de Medellín" como el único factor de
peligrosidad para Estados Unidos y,
pudiéramos decir, para el mundo.
Alberto Lleras se refería en 1979, en uno
de sus comentarios periodísticos
semanales a una crónica de Time de
Nueva York, intitulada "The Colombian
Connection". Advertía que con ese título
y en esa revista de tan vasta circulación
en el mundo, "el dudoso honor de estar
narcotizando, envenenando y


Coyuntura La conferencia de presidentes de Cartagena…

corrompiendo a millo nes de
norteamericanos (nuestro país) ya va
camino de todos los archivos, todos los
computadores especializados, todas las
fuentes de información sobre nuestro país
y la América Latina y se seguirá usando
por los próximos diez años, o más, en las
universidades, en las escuelas, en los
colegios de segunda enseñanza, y
dondequiera que alguien quiera saber qué
pasa con Colombia..."

De modo que la constancia reiterada en el
Documento final de Cartagena, de que
también hace parte del problema de la
lucha antinarcó ticos el altísimo consumo
de cocaína en Estados Unidos, es una
importante aproximación a la verdad,
difundida por los miles de corresponsales
de los medios de comunicación que
estuvieron presentes en Cartagena.
Dejábamos de ser el país de "The
Colombian Connec tion". Sin embargo,
ese aspecto de la evaluación de la
globalidad del problema no impide
señalar que el Documento final de
Cartagena fue más enunciativo de
propósitos generales que definitorio de
medidas concretas para un tiempo
inmediato.

El Documento final de la Conferencia de
Cartagena ofrece un anticipo de consultas
posteriores a los respectivos gobiernos de
los países participantes, así como a la
Cumbre Económica de Houston, Estados
Unidos, que se celebrará en julio de esté
año entre las siete grandes potencias
financieras; a las Naciones Unidas; a las
instituciones económicas multilaterales; a
las reuniones de ministros de la OEA,
Organización de los Estados Americanos,
y de la CICAD, Comisión Interamericana
para el Control y el Abuso de las Drogas;
a los organismos especializados de las
Naciones Unidas y la Conferencia
Mundial sobre el Control de las Drogas

ilícitas que se llevará a cabo en Londres
en abril de este año. Está prevista,
además, una reunión de seguimiento de la
Cumbre de Cartagena.

Colombia , Perú y Bolivia a la espera de
la ayuda efectiva para el desarrollo
alternativo

Para el logro de un desarrollo alternativo
que sustituya la economía de producción
del narcotráfico, era indispensable el
estímulo en términos reales del comercio
y la inversión de Colombia, el Perú y
Bolivia.

Una de las peticiones formuladas por el
presidente Barco al presid ente Bush, con
anterioridad a la Conferencia de
Cartagena, fue la de que Estados Unidos
contribuyera efectivamente a reanimar el
Acuerdo Internacional del Café,
suspendido desde junio del último año,
por una actitud de Estados Unidos
favorable al libre comercio de ese
producto, suscitando un deterioro
considerable de los precios en el mercado
internacional, con grave perjuicio para la
Balanza de Pagos de nuestro país. Está,
además, pendiente el reclamo de
Colombia por el impuesto ordenado por
el Departamento de Comercio de Estados
Unidos a la importación de las flores
colombianas, que no las haría
competitivas en dicho país.

Perú y Bolivia necesitan igualmente la
apertura de mercados para sus
exportaciones. Al propio tiempo, el
presidente Paz Zamora de Bolivia fue
muy enfático en sus declaraciones a la
prensa, en el sentido de que la
eliminación de los cultivos de coca
necesitaría una compensa ción en dinero y
un tiempo prudencial para que haya una
cosecha de nuevos productos. "Si
arrancamos las matas de coca, dijo Paz


Coyuntura La conferencia de presidentes de Cartagena…

Zamora en Cartagena, yo qué hago con
los campesinos". En palabras semejantes
se expresó Alan García, y ambos
mandatarios estimaron indispensable una
ayuda financiera para la sustitución de
cultivos cercana a los US$1.000 millones
para cada país. En esa forma, el llamado
desarrollo alternativo tiene relación, en el
contexto de la Declaración final de
Cartagena, con el problema anterior y,
por eso, el documento expresó: "A
medida que esta lucha tenga éxito, los que
se dedican al cultivo de la coca y a su
primera elaboración, buscarán fuentes supletorias
de ingresos por sustitución de
cultivos o por cambio de empleo. Las
partes colaborarán a fin de hallar
actividades financiadas por el exterior que
produzcan ingresos alternativos".

Los montos y procedencia de esos fondos
de ayuda no quedaron determinados en el
documento de Cartagena. Antes bien,
Estados Unidos hizo la advertencia de
que tan solo "están dispuestos a
considerar el financiamiento de
actividades tales como la investigación, la
divulgación, el crédito y otros servicios
de apoyo a la agricultura y el respaldo a
iniciativas dirigidas por el sector privado
para la formación de microempresas y
agroindustrias. Así mismo, los Estados
Unidos cooperarán con las partes andinas
para promover mercados viables tanto
nacionales como externos a fin de colocar
la producción generada por los programas
de desarrollo alternativo y la sustitución
de cultivos".

A pesar de esas limitaciones que aparecen
en el texto del Documento final, el
expresidente Carlos Lleras Restrepo en
artículo aparecido en El Espectador
(25.II.90), esboza la creencia de que en
las conclusiones de Cartagena "aparece
como un principio de resurrección de la
"Alianza para el Progreso". No está

indicada, sin embargo, ni directa ni
indirectamente esta consecuencia, toda
vez que no hay mención alguna de ella en
el texto de las conclusiones de la
Conferencia del 15 de febrero, ni en las
declaraciones posteriores de los cuatro
presidentes. La "Alianza para el
Progreso" fue la iniciativa de un
presidente demócrata de Estados Unidos,
John F. Kennedy, en 1961, y es
improbable que sea revivida en los
mismos términos por un presidente
republicano. Cabe mencionar, en el
mismo sentido, la informa ción dada en el
Miami Herald (21.H.90), de que "a
comienzos de este mes, la administración
Bush anunció un recorte del 36 por ciento
en los fondos de apoyo para
Latinoamérica. Al mismo tiempo,
anunció nuevos programas de ayuda para
los países de Europa Oriental, tales como
Polonia y Hungría".

La coyuntura internacional europea ha
creado para Estados Unidos una urgencia
innegable de sostenimiento de los
regímenes que han escapado -a la sombra
de la "perestroika" y el "glasnost"-a la
satelización del régimen soviético. La
suposición de una "Alianza para el
Progreso", como resultado de la
Conferencia de Cartagena no está en el
orden de las co sas, o si se quiere, de las
urgencias de la política global de Estados
Unidos.

La formulación de futuros encuentros de
Estados Unidos con los países andinos
que asistieron a la Conferencia de
Cartagena se repite una y otra vez en el
Documento final, y en lo concerniente al
estímulo de las exportaciones y a la
inversión extranjera privada, dice única


mente:

"Las partes buscarán conjuntamente el
crecimiento del comercio entre los tres


Coyuntura La conferencia de presidentes de Cartagena…

países andinos y los Estados Unidos,
facilitando efectiva mente el acceso al
mercado de los Estados Unidos y
fortaleciendo la promoción de las exportaciones,
incluyendo la identificación, el
desarrollo y la comercialización de
nuevos productos exportables. Los
Estados Unidos también considerarán la
facilitación de la debida asistencia técnica
y financiera para ayudar a que los
productos agrícolas andinos cumplan con
los requisitos de admisión".

La Conferencia de Presidentes de
Cartagena se efectuó en un momento
crítico para los países andinos, cuyas
medidas internas para combatir el
narcotráfico se hallan agotadas en su
eficacia y requieren el complemento de la
cooperación de Estados Unidos y Europa.
El narcotráfico no es un problema
nacional, sino eminentemente
internacional. Infortunadamente, los
resultados de la Conferencia de Cartagena
se cifran en el reconocimiento de algunas
estrategias nuevas en el campo
económico, sin soluciones reales a corto y
mediano plazo. Se han proyectado
demasiadas consultas con organismos
internacionales que no son asunto de
pocas semanas y el mismo Documento
final prevé un largo camino por recorrer,
cuando dice:

"Las partes negociarán acuerdos
bilaterales y multilaterales, de
conformidad con sus acciones en contra
de las drogas ilícitas, en los que constarán
sus responsabilidades y compromisos con
respecto a la cooperación económica y a
la intensificación de las medidas de
control".

Falta de precisiones sobre el patrullaje
naval y aéreo en el área del Caribe y en
Colombia, Perú y Bolivia

No fueron expuestos en el Documento
final las formas del control aéreo y naval
de Estados Unidos en el área del Caribe y
los espacios de Colombia, Perú y Bolivia
con suficiente claridad. Aunque se alude
en el ordinal B-3 a algunos aspectos. Sin
embargo, con posterioridad a la
Conferencia de Cartagena se han
registrado incursiones navales y aéreas en
Colombia que han sorprendido a la
opinión pública.

En la primera semana de enero último, el
New York Times reveló la presencia en
aguas del Caribe de una fuerza naval de
tarea, integrada principalmente por el
portaviones "John F. Kennedy", para un
bloqueo de la costa colombiana, con el fin
de impedir el envío de cocaína hacia
Estados Unidos. La palabra "bloqueo"
tenía una resonancia inadmisible para
Colombia y, de todas maneras, el ministro
de Relacio nes Exteriores de Colombia,
Julio Londoño, declaró enfáticamente que
nuestro gobierno no había solicitado
tropas, barcos de guerra, ni aviones de
combate de otro país en sus aguas
territoriales.

La fuerza de tarea de Estados Unidos
desvió su curso hacia una de las bases
navales norteamericanas. De igual manera
se anunció que una red de radares sería
instalada a lo largo de la ruta aérea de
Colombia, Perú y Bo livia. Hay la
sensación de que Estados Unidos
desarrolla operaciones de control de la
navegación entre Colombia y su territorio
insular de San Andrés y Providencia y de
sobrevuelo en distintas partes del país.
Recientemente un buque de cabotaje de
bandera colombiana llamado "Tatu" fue


Coyuntura La conferencia de presidentes de Cartagena…

detenido por una nave de Estados Unidos
y requisada durante nueve horas sin
encontrar ningún rastro de drogas. En otra
ocasión un avión-espía de Estados Unidos
hizo un aterrizaje forzado en los Llanos
Orientales de nues tro país. La DEA
prohibió que autoridades colombianas se
acercaran al avión en emergencia.
Como antes lo dijimos, la Conferencia de
Cartagena ha dejado más incógnitas que
solucio nes. Ha quedado pendiente el
debate sobre la verdadera naturaleza de la
guerra del narcotráfico adelantada por un
solo país, Colombia, con medios
militares, cuando Estados Unidos adopta
una actitud que alcanza a ser permisiva
del consumo de cocaína. Para muchos
comentaristas autorizados de Estados
Unidos y de otros países europeos se trata
de un vicio, o de un hábito para otros, que
requiere terapéuticas adecuadas de índole
curativa o previsiva, así como un proceso
educativo de la juventud. Las operaciones
militares vienen a ser una forma drástica
pero no la única de combatir el narcotráfico
en sus distintas fases. El ensayo de
Hernando Gómez Buendía, publicado en
"Lecturas Dominicales" (12.XI.1989),
plantea con mucha objetividad el
problema de "¿Cuál gue rra?" se está
adelantando en Colombia.

Aparte de los factores socioeconómicos
que mantienen el consumo en Estados
Unidos y que impiden o dificultan la
restricción de la producción, la tesis de
The Economist de Londres y del profesor
Milton Friedman, sostiene que el
excesivo control de las materias como el
alcohol en los años veinte en Estados
Unidos o la cocaína en Colombia en la
actualidad intensifican el contrabando,
con la secuela de las grandes ganancias y
la aparición de los grupos criminales que
buscan el control del mercado de
abastecimiento con muy altos precios.

El debate está abierto entre los partidarios
de la política represiva que adelante
Colombia con grandes sacrificios
materiales y humanos, mayores que los de
cualquier otra nación en el mundo, o de
quienes sostienen la conveniencia de
implantar los controles para el suministro
de las dosis individuales con una política
educativa y de recuperación física de los
drogadictos. Son dos puntos de vista que
tienen sus partidarios y enemigos.


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

¿HACIA DONDE VA LA
PERESTROIKA?

Diego Cardona *

El siglo XX ha presenciado algunos
eventos de extraordinaria importancia:
dos guerras mundiales y centenares de
conflictos regionales, revoluciones,
transformaciones científicotecnológicas
impensables hace pocos años, la
polarización del mundo en dos grandes
bloques militares e ideológicos, las
diferencias protuberantes entre Norte y
Sur, el proceso de descolo nización afro-
asiático. Al acercarnos al final de la
centuria, presenciamos la importante serie
de acontecimientos constituida por los
cambios en la Unión Soviética y Europa
Oriental, con una posible redefinición de
las fronteras europeas y de algunos
aspectos aplicados de la ideología
marxista. Pese a que hablar de la
perestroika se ha convertido en un lugar
común, no existe consenso en nuestro
medio sobre el significado económico y
político del término y sobre sus efectos en
las relaciones internacionales. Se ha
sostenido equívocamente que el eje de la
misma son las reformas políticas, o se
desconocen los cambios efectuados a
otros niveles. Para algunos se trata de la
introducción pura y simple del
capitalismo en la URSS. Para otros
ligeramente más ilustrados el asunto se
restringe a las reformas económicas
propuestas en el libro de Gorbachov y, en
fin, para los más se trata de una palabra
que esconde un contenido difuso. Los
próximos años presenciarán discusiones
sobre el tema en todo el mundo. La
importancia del proceso hace necesaria

*

Antropólogo e internacionalista, investigador
del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales.

una primera aproximación descriptiva de
las orientaciones básicas y de la
naturaleza real de las reformas
emprendidas hasta el momento.

El problema de la poca competitividad de
los regímenes de planificación
centralizada ya se había planteado en más
de una ocasión. También es conocido que
el problema nacional nunca fue realmente
resuelto en Europa, especialmente en el
Este y con mayor razón en ese Imperio
heterogéneo e inmenso que es la URSS.
De otra parte habían existido polémicas
frente a las nociones del leninismo y en
especial del stalinismo, y ha habido
brotes esporádicos de disidencia. Pero el
verdadero comienzo del actual proceso
coincide con los primeros años de la
década de los ochenta.

En pleno recrudecimiento de la segunda
guerra fría, ya desde 1982, el prestigioso
Instituto de Economía Mundial venía
publicando en la Unión Soviética una
serie de estudios económicos que
mostraban que la URSS no podría ser un
país competitivo frente a otras potencias,
para la década de los noventa, salvo si
cambia ba aspectos importantes de su
política económica. En efecto, el peso del
gasto militar, la preponderancia de la
industria pesada, el abandono de la
industria de bienes de consumo, el
desangre económico y humano que
comenzaba a representar la guerra de
Afganistán, la burocratización de la vida
política y económica, la falta de
incentivos materiales para los
trabajadores, eran manifestaciones de un
mal profundo: la esclerosis de un sistema
y su poca adaptabilidad a las nuevas
situaciones del mundo. Con el avance de
la década se insistió en la necesidad de
reformas económicas y políticas, y de una
apertura a la ciencia y la tecno logía de los
países desarrollados (Occidente y Japón),


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

pero ello no podía hacerse dentro de las
concepciones brezhnevianas.
Un factor muy importante en los cálculos
de los líderes soviéticos es el gasto
militar. Recorde mos que luego de la crisis
económica mundial de comienzos de los
ochenta, el gobierno de Estados Unidos
procedió a la reactivación de su economía
mediante el estímulo a la dema nda interna
y el desarrollo de los servicios de nueva
generación, y también apoyando de
manera decidida al complejo industrial-
militar, con lo cual lograba dos objetivos:
incrementar el potencial bélico de su país
en medio de una nueva fase de la guerra
fría, por medio de los encargos de
armamentos, activar las industrias con
fines militares directos e indirectos y, por
ende, el empleo. No debe olvidarse que la
administración Reagan optó por
incrementar el gasto bélico, recortando el
presupuesto del Estado en otros rubros
tales como educación, servicios a la
comunidad y salud pública.

En otro sentido la idea era, como sucedió
desde tiempos de Eisenhower, ejercer una
fuerte presión sobre la economía
soviética. En el aspecto estratégico, la
URSS se veía así en la penosa obligación
de estar a la altura del gasto militar de sus
adversarios. El atraso tecnológico en
sectores de la importancia de los
computado res, el software, la fabricación
de microcircuitos, la biotecnología, es
decir, en sectores de punta de la nueva
industria, hacía más difícil y costoso
mantener el equilibrio. El desmesurado
costo de una posible respuesta a la
Iniciativa de Defensa Estratégica de los
Estados Unidos, mal llamada "Guerra de
las galaxias", constituía una carga
adicional para los soviéticos. Frente a los
nuevos hechos no podía continuarse con
el tradicional mantenimiento de un poder
militar semejante al de los Estados
Unidos, a costa de continuar y aun

agravar la situación de descontento de la
población. Ello implicaba entrar al siglo
XXI como un país de gran potencial
militar pero subdesarrollado en otros sectores,
un poco a la manera de China
aunque con un mejor nivel de vida. Al
mismo tiempo, los proyectos de la unidad
europea a partir de 1993 y la competencia
creciente de Japón y los países del
Pacífico, representaban nuevos factores
en el escenario mundial. Los países de
Europa Oriental estaban también
condenados a convertirse en productores
de baja calidad y poca diversificación de
diseño, mientras la CEE bajaba costos de
producción y representaba en potencia un
gigante del lado occidental del continente
europeo, con el mayor mercado efectivo
del mundo y su segundo lugar como
potencia económica después de los
Estados Unidos y por encima del Japón78.

El ascenso al poder de Mijail Gorbachov
en 1985 marca en perspectiva uno de los
episodios más importantes de nuestro
siglo, si los cambios ya comenzados
logran consolidarse. En efecto, el
diagnóstico del Instituto de Economía
Mundial, con todo lo correcto que pudiera
ser, no hubiera tenido mayor efecto de no
haber sido acogido por sectores
responsables de decisiones políticas y
económicas dispuestos a realizar los
cambios que la situación requería. Es así
como Gorbachov y su equipo han
emprendido una labor que en lo
fundamental consiste en un proceso de
reestructuración (perestroika) y otro
simultáneo de transparencia en dirección

78 Con sus 320 millones de habitantes, el Producto

Bruto de la Comunidad Económica Europea se
calcula en tres mil millones de dólares,
doblando el monto del Japón aun cuando está
por debajo de los Estados Unidos.


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

hacia la vida democrática realmente
participativa (glasnost).

Los principales cambios han sido:

EN LA ESFERA ECONÓMICA

En primer lugar, el desmonte del
centralismo: desde las primeras etapas de
la revolución, comenzando por la
aplicación de la "Nueva Política
Económica" se había establecido un
rígido centralismo en la planificación y en
la toma de decisiones en general. Las
iniciativas podían provenir de la
población y sus diversas agrupaciones
gremiales, profesionales y por empresas y
regiones, pero las decisiones eran
finalmente asumidas de manera rígida en
la cúspide de la pirámide, sin
explicaciones ni oposición posible. Con
ese régimen se estable ció en el pasado en
la URSS un manejo burocrático y en
ocasiones autocrático de la vida
económica, sin autonomía de las
instancias medias. A partir de las
reformas que se anunciaron en la segunda
mitad de los ochenta anterior, cada sector
de la economía y cada empresa
comenzaron a tener autonomía para determinar
el nivel óptimo de producción, las
necesidades reales de insumos y su
procedencia, los procedimientos de
trabajo más aconsejables, la cantidad y
calidad de trabajadores requeridos -en
lugar de la determinación artificial de
empleo-, la cantidad y calidad de la
producción y los precios a fijar en el
mercado de acuerdo a sus leyes. Se
exceptúan las indus trias estratégicas, las
cuales por obvias razones conservan un
estricto control estatal. Esa auto nomía
implica la responsabilidad por las ganancias
y pérdidas, la disponibilidad para
pago de mayores salarios y obviamente el
cierre de industrias ineficientes, de vieja

tecnología o que no están en capacidad de
vender sus productos por baja calidad.

Una segunda reforma se dirige a
estimular las industrias de bienes de
consumo para satisfacción de la
población. En este punto, cabe anotar que
en 1989, por primera vez en toda la
historia de la URSS, el ritmo de
crecimiento de los bienes de consumo
superó el de la industria pesada. De todas
formas, ese proceso debería tener
continuidad durante toda la década para
producir resultados notorios en el nivel de
vida de la población soviética.

Otro aspecto central tiene que ver con el
proceso de reconversión tecnológica: es
sabido que las industrias se vuelven
obsoletas por envejecimiento de
materiales, por transformaciones del
mercado o por nuevas tecnologías puestas
en operación por industrias competidoras.
En Europa Occidental se efectuaron
importantes cambios en la dirección de la
reconversión industrial -a un alto costo
social, por demás-mediante medidas que
se aplicaron primero en la República
Federal Alemana y luego en Holanda,
Francia, Gran Bretaña, Italia y España en
especial, si bien se trató de un movimiento
más o menos generalizado desde
finales de los setenta. Ese proceso, que
también se dio en Estados Unidos y
Japón, no ha tenido lugar en Europa
Oriental y mucho menos en la URSS.
Uno de los fundamentos de las actuales
reformas consiste en esa renovación del
parque científico-tecnológico y
productivo por medio del cierre de
empresas y fábricas de tecnología
obsoleta, por ser poco productiva o
altamente contaminante, por utilizar
demasiada mano de obra, o por no
encontrar compradores para sus
productos; también por la apertura de
nuevas empresas de alta tecnología, con


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

un alto costo incorporado y, por ende, con
importación de tecnología o capital79.-En
una primera fase puede existir un
incremento del desempleo, como sucedió
en Europa Occidental, pero el proceso
debe acompañarse de medidas que
permitan la adaptación de los trabajadores
de las antiguas empresas a las nuevas
tecnolo gías, y la capacitación y
especialización de los nuevos
trabajadores requeridos. El sistema
educativo y el de capacitación tecnológica
intermedia deben modificarse para
acompañar este proceso.

Otra serie de medidas económicas tiende
a sanear el enorme déficit presupuestal
del país: al efecto, se comienzan a tomar
medidas de importancia como la
reducción aún tímida del gasto militar,
pero en proceso creciente. Ha comenzado,
además, un proceso gradual de cierre de
empresas ineficientes y, por ende,
deficitarias; en los próximos meses
veremos posiblemente la aplicación de
una medida ya aprobada de introducción
de accionistas occidentales y
probablemente japoneses en algunas
empresas, con lo cual desciende el gasto
estatal. Un asunto aparte es que la
situación de pleno empleo venía
garantizándose mediante un
procedimiento artificial: la asignación a
las empresas, fábricas y granjas estatales
de un número de trabajadores superior a
las necesidades reales. En cierta forma,
con la gradual desaparición de esta
medida, puede producirse un incremento
del desempleo que posiblemente será
asumido en contrapartida por el Estado,
mediante el expediente de subsidios a los
desempleados, pero de carácter
descendiente mes tras mes, tal como

Véase el informe de Gorbachov ante el
Parlamento, marzo de 1990.

existe en los países más desarrollados de
Europa Occidental80.

Una medida complementaria tiene que
ver con la economía subterránea: su
existencia no es de por sí un serio
problema para la economía de un país,
como lo demuestra el caso italiano en el
cual dicho sector representa un porcenta je
muy importante del Producto Interno
Bruto (PIB), lo cual no ha impedido que
Italia sea la sexta potencia industrial del
mundo. Pues bien, en el caso soviético la
economía subterrá nea representa un
porcentaje que no se ha calculado
debidamente, pero que según algunos
analistas puede llegar al 20% del PIB del
país. Reconocer su existencia y permitir
su libre funcionamiento tiene ventajas
evidentes no sólo en el sistema
productivo sino en los aspectos fiscales.
Uno de los proyectos más importantes de
las reformas económicas de Gorbachov
va en esa dirección.

EN EL CAMPO POLITICO

En cuanto al tema de las libertades
políticas y la transparencia de la vida
democrática, las reformas de Gorbachov
tienden a una mayor participación de la
población en las decisiones y a un
desmonte gradual de la tutela del Partido
Comunista. Recordemos que comenzando
el siglo, Lenin publicó la obra que

80 En la mayor parte de estos países el trabajador
temporalmente desempleado recibe el 100% del
salario promedio del último año, durante los
primeros seis meses de paro laboral. Luego
comienza a recibir cuotas decrecientes. En
algunos países europeos recibe de acuerdo a su

propia cotización y participación previa en una
especie de seguro para cubrir la eventualidad
del desempleo. A mayor cotización, mayor
ingreso en caso de encontrarse sin trabajo.


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

constituye el fundamento de su
concepción sobre el Partido y el Estado:
Qué hacer. En dicha obra, el que después
se convertiría en el más importante
inspirador del socialismo marxista en la
URSS, argumentaba que en la Rusia de su
tiempo sólo existía la autocracia zarista
con la nobleza y los pocos grandes
propietarios de la industria y la tierra por
un lado, y por el otro los desposeídos del
campo y las ciudades, los campesinos y
trabajadores. Y que cualquier
reivindicación de estos últimos
confrontaba directamente a las clases
altas, por la inexistencia de una amplia
clase media y la falta de cultura política
de la población en general. En esas
condiciones -afirmaba-era imposible
pensar para Rusia en el establecimiento
de un Partido de masas a la manera
occidental y, por el contrario, era
necesaria una agrupación rígidamente
centralizada y altamente selectiva de
conspiradores profesionales, que pudiera
asumir el poder err nombre de las masas
sin cultura política. Esa concepción
leninista del partido político se impuso en
Rusia en el momento de la Revolu ción y
luego con las purgas sucesivas de Lenin y
Stalin, llegando a dominar la vida política
y económica, con exclusión del juego
político a otras colectividades o
anulándolas mediante la imposición
burocrática. Con el tiempo, el Partido
llegó a tener una visión patrimonialista
del Estado y se confundió con éste a tal
punto que el ingreso al Partido se
convirtió en el mejor mecanismo de
cooptación en el seno del Estado, no sólo
en la URSS sino en los demás países de
Europa Oriental. La corrupción, el
clientelismo y la indebida utilización de
los haberes del Estado se convirtieron en
la norma. Las primeras reformas políticas
del período Gorbachov se han dirigido en
primera instancia a depurar de manera
gradual la burocracia del Partido en los

niveles locales, regionales y na cionales.
Esto se expresa en la sustitución de la
gerontocracia por miembros más jóvenes
y en la agilización de la administración
pública, aus piciada desde el poder central.
Gorbachov ha desarrollado una remoción
gradual de la vieja guardia, a la cual ha
contribuido eficazmente la presión
popular que comienza a aparecer en el
país. Por otra parte, con el principio de
autosostenimiento de las empresas,
comienzan a desaparecer los
administradores ineficaces. Parte de la
burocracia del Estado se irá recortando
poco a poco con la disminución de
funcio nes estatales en ciertos sectores de
la actividad económica. De todas formas
subsiste aún el grueso de los funcionarios
enquistados en el aparato estatal, y sólo la
separación efectiva entre Estado y Partido
podría garantizar un cambio en este
punto.

La reforma del artículo 6o. de la
Constitución, la cual está sujeta a
confirmación por el XXVIII Congreso del
Partido Comunista de la Unión Soviética
(PCUS) a celebrarse a mediados de 1990,
es quizás el hecho más trascendental
desde el ascenso de Gorbachov al poder.
De dirigir completamente los destinos del
Estado, el Partido pasará a "participar"
parcialmente en su dirección81. Ello
implica que el Estado no será en el futuro
dirigido por el Partido y que no le
pertenece a los miembros de éste, con lo
cual tiende a desaparecer la noción patrimonial
y burocrática. Habrá mayor
rotación en los cargos estatales y el PCUS
tendrá que luchar en el futuro por
conservar sus posiciones y privilegios en
la administración estatal, me diante

81 El artículo reformado decía que el "Partido dirige
la función del Estado". La nueva versión dice
que "contribuye a las labores del Estado"


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

programas renovados, captación del voto
de los ciudadanos en competencia con
otros partidos y tendencias políticas y
gremiales. Esta reforma abre la puerta al
régimen multipartidista y a las elecciones
libres, dando de paso un rudo golpe a la
burocracia del Partido.

En otro sentido, la importancia dada por
Gorbachov a los derechos humanos es
una de sus iniciativas más notorias y
excepcionales: desde el comienzo de su
mandato se dio curso cada vez más
abierto a las autorizaciones para emigrar a
los judíos y a miembros de otras
nacionalidades. Además, se ha venido
cambiando el tratamiento a los disidentes
políticos que no han cometido delitos
mayores, comenzando por la liberación y
el posterior ingreso al Congreso del físico
Andrei Sajarov, recientemente fallecido
como héroe y precursor de un proceso de
apertura impensable en la época brezhneviana.
Hecho muy importante, el
tratamiento psiquiátrico como mecanismo
de control político comienza asimismo a
desaparecer. El establecimiento gradual
de una serie de libertades individuales es
un nuevo elemento de gran importancia
en este proceso. Falta empero por
consagrarse en la práctica la libertad de
desplazamiento y de asociación con la
posibilidad de conformar sindicatos
independientes, como ha sucedido en
Polonia. Se ha facilitado también en gran
medida el desplazamiento de ciudadanos
fuera del país, limitado seriamente por
razones económicas pero no políticas: no
poseen divisas fuertes para asumir el alto
costo de vida en Occidente.

La prensa y en general los medios de
comunicación de masas han sido los
primeros favorecidos con el glasnost.
Tímida pero segura comienza a existir
libertad de expresión, libertad para cubrir

casi simultáneamente reuniones
importantes del Parlamento, e incluso del
Politburó, para registrar las diferencias de
opinión de la cúpula dirigente, denunciar
a funcionarios corruptos o ineficaces.
Cierto es que el Estado conserva el
monopolio del papel y de las frecuencias
de radio y televisión, pero no se trata de
una situación exótica pues ella se observa
también en varios países occidentales
desarrollados82.

La posibilidad de que los trabajadores
acudan a la huelga como un mecanismo
de presión para lograr sus propósitos
laborales, acaba de consagrarse, aunque
en circunstancias excepcio nales. Dicha
medida implica un cambio de enorme
importancia por cuanto el descontento, la
falta de motivación e incentivos
materiales, la mala administración, no
tenían ningún mecanismo de expresión
con el pretexto de que siendo un país de
los trabajadores, la huelga hubiera sido
absurda. A partir de ahora, la dirigencia
de los sectores de la producción puede
verse presionada en muchos sentidos.
Puede presentarse en verdad cierta
agitación tempo ral e inusual mientras se
produce un período de ajuste, pero es una
libertad de importancia en el camino de la
democracia entendida como participación
popular en las decisiones.

El establecimiento de un Parlamento con
mayoría de miembros elegidos por
votación popular directa ha sido también
un paso funda mental en el proceso de
democratización. El Partido pierde buena
parte de su poder burocrático sobre los
ciudadanos y debe ganar sus votos en
concurrencia con otros grupos. Además,

82 Para el caso, la casi totalidad de los países del

occidente europeo. Incluso el ciudadano debe
pagar una cuota especial mensual por derechos de
utilización de aparatos de radio y televisión.


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

la participación activa y directa del ciudadano
en este tipo de decisiones es no sólo
democrática sino un principio importante
de motivación. La creación de una
Presidencia fuerte según el modelo
francés y norteamericano, no sólo
protocoliza el fin de la práctica leninista
del Partido y su separación del Estado,
sino también la intermediación de la
población y no de la burocracia en las
decisiones.

LAS RELACIONES
INTERNACIONALES


Las reformas han ido acompañadas en el
ámbito internacional por medidas y
propuestas no menos importantes, la más
notoria de las cua les es el retiro de
Afganistán y la disminución de tropas en
los frentes occidental y oriental83. En
efecto, se prevé el retiro de efectivos de
Europa Oriental en dos años y la
reducción drástica de tropas, material de
guerra y misiles nucleares en la parte
europea de la URSS.

Estas medidas se han complementado con
propuestas de reducción de armas
nucleares y el impulso a las
conversaciones estratégicas START que
buscan la reducción de los arsenales a la
mitad, manera ideal de obviar el problema
de la presión norteamericana en el
aspecto militar. De la misma forma, una
reducción del potencial militar de la
OTAN y del Pacto de Varsovia podría
favorecer a Gorbachov y a la URSS,
pudiendo dedicar mayor energía y
recursos a las nuevas tecnologías y al

83 Son notables al respecto las propuestas de
diciembre 7 de 1988 en la Asamblea General de
Naciones Unidas que iban en esa dirección. No
sólo se ha planteado el retiro total de tropas de
Europa Oriental sino las reducciones de
armamento químico y medidas de verificación.

desarrollo de una industria fuerte en
medios de consumo.

En otro sentido, se ha dado un impulso a
cambios semejantes en Europa Oriental.
Una primera manifestación importante en
esa dirección se produjo a comienzos de
1989 a raíz de una reunión ordinaria del
Comité Político del Pacto de Varsovia,
compuesto por los secretarios de los
Partidos Comunistas de los países
miembros. En esa ocasión, Gorbachov
expresó el derecho de cada país a escoger
su propio camino84.

En el marco de la diplomacia multilateral,
es sabido que el proceso de integración de
la Comunidad Económica Europea
implica la próxima existencia de un
gigantesco bloque económico y político
en el occidente europeo. Una de las
políticas de Gorbachov, no sólo en pro de
la distensión sino como oposición a dicho
blo que, es su propuesta de construcción
de la "casa común europea". Para ello
requiere un alto grado de normalización
política con los demás países europeos.
La más importante de esas propuestas fue
enunciada en la sede del Consejo de
Europa en Estrasburgo, la semana previa
a la celebración del bicentenario de la
Revolución Francesa de 1789 85.

84 Una primera versión (marzo de 1989) que
mencionaba "el derecho de cada país a escoger su
propio camino para la realización del socialismo"
fue sustituida por otra expresada a finales de 1989
como "el derecho de autodeterminación de cada
país" de Europa Oriental, en especial para hacer
referencia a los casos rumano y alemán.
85 El Consejo de Europa no tiene propósitos
militares ni especificamente económicos. Tiende a
impulsar la cooperación entre sus miembros sobre
la base de una serie de valores comu nes. Se
considera más anfictiónico que la CEE, de ahí que
haya sido escogido por Gorbachov para su
importante propuesta.


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

Y por lo que concierne a la diplomacia
multilateral intrasocialista son conocidas
las presiones sobre sus socios del Consejo
de Ayuda Mutua Económica (CAME o
COMECOM) las cuales han propiciado
un principio de reestructuración de dicha
Organización, que conducirá al comercio
entre los países miembros a precios de
mercado con descuentos muy pequeños,
sin subsidios especiales para ninguno de
ellos, estimulando la creación y
utilización de monedas convertibles86. No
olvidemos que la parte europea de la
URSS, por tamaño, población, recursos y
producción, es más importante que todos
los demás países de Europa Oriental juntos,
lo cual crea una importante asimetría.
También se debe tener en cuenta que es el
país más grande de toda Europa, realidad
que suele olvidarse en los análisis.
Además, su parte allende los montes
Urales lo convierte en el mayor país de
Asia.

Como se ve, las reformas de Gorbachov
tienden a abrir el sistema, a hacerlo más
participativo, a superar la burocratización
del Partido y a desmontar las viejas
aplicaciones del leninismo. Se trata de
establecer mecanismos de competencia,
incentivos materiales, mayor participación
de la población en las decisiones,
mejores bienes de consumo. Quizás el
modelo en cuanto a bienestar es el de los
países adelanta dos de Europa Occidental,
como los nórdicos. Se trata de mejorar el
sistema, abriéndolo interna y
externamente, sin que ello signifique
transitar por el camino que conduce a
formas del capitalismo sin contenido
social. En efecto, pese a las múltiples

86 Sobre las reformas del CAME o COMECOM,
ver: Diego Cardona, "El COMECOM y la
apertura del Este, Un laboratorio económico", en
El Espectador, Sección del Mundo, 12 de enero de

reformas efectuadas y anunciadas,
incluyendo el régimen de propiedad de la
tierra, la economía privada no alcanza aún
al 5% del total de la producción. Lo verdaderamente
importante es que se trata
del establecimiento de una serie de
principios contrarios a toda forma
autocrática del Partido, normas de respeto
estricto a los derechos humanos, de
convivencia y de cierta economía mixta
gradual, con posibilidades de incorporación
de inversiones y tecnología
extranjera. Si el modelo funciona,
convertiría a la Unión So viética del siglo
XXI en una potencia económica que
aplicaría ciertos principios democráticos
y una especie de "socialismo en libertad",
haciendo desaparecer el conflicto Este-
Oeste pero siendo una de las grandes
potencias mundiales y compartiendo
responsabilidades en el destino europeo.
El punto más difícil es saber si pueden
combinarse las conquistas sociales con las
libertades políticas, y la gradual libertad
económica. En esta dirección, la actividad
de las organizaciones sociales libremente
determinadas debe constituirse en un
factor fundamental de cambio. Sólo el
surgimiento y desarrollo de una fuerte
sociedad civil podría garantizar la
consolidación de las reformas emprendidas
en una primera fase desde la cúpula.

LAS FUENTES DE OPOSICION A
LA PERESTROIKA

Su identificación en el caso soviético
constituye un asunto de la mayor
importancia para comprender
debidamente el proceso actual. Son ellas:
1) El sector conservador del Politburó y
del Partido Comunista en general que se
resiste a los cambios, máxime teniendo en
cuenta que los mismos pueden desatar la
libre expresión de las minorías étnicas y
políticas antes acalladas. Además, la
pérdida de poder del Partido y de vigencia


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

del leninismo es vista como un sacrilegio
por la vieja guardia. La resistencia de este
sector se ha venido expresando en forma
de oposición política, y en el Partido,
tratando de bloquear separación de este
Partido y el Estado. El líder visible de
esta facción, Igor Ligachev, ha recibido
empero un duro golpe con el triunfo de la
propuesta de Gorbachov sobre elección
directa del presidente, esta vez con
poderes que le garantizan auto nomía
respecto del Partido y sobre todo, con un
primer nombramiento hecho por el
Parlamento. 2) La burocracia, que puede
ver en peligro su poder político y
económico. Su forma de expresión es el
bloqueo pasivo a las iniciativas, sobre
todo a nivel de los mandos medios, y el
retardo a la producción de bienes y
servicios con el consiguiente bloqueo
parcial al gobierno de Gorbachov y los
reformistas. 3) Algunos sectores
militaristas, para quienes la perestroika
significa pérdida de poder en el Partido y
el Estado, lo mismo que restricciones
presupuestales de importancia con la
consiguiente reducción de las Fuerzas
Armadas y de su poder. 4) Los trabajadores
y campesinos que en una
primera instancia pueden perder sus
trabajos como consecuencia de la ruptura
de la artificial situación de pleno empleo.
Esos desempleados constituirán una
fuente de problemas sociales de
importancia en el país. Sin ser nostálgicos
del poder pueden añorar al antiguo statu
quo. 5) Muchos nacionales de la
República Rusa, otrora hegemónica en la
Unión Soviética. El respeto a la
autodeterminación de las nacionalidades
puede llevar a secesiones temporales
previas al establecimiento de una posible
Confederación, o en un caso extremo, a la
pérdida de algunas repúblicas para la
URSS. Se perde ría con ello la hegemonía
del ruso como idioma oficial de muchas
regiones del vasto imperio, y los

funcionarios rusos se verían obligados a
regresar a su país. Sin embar go la
asimetría entre Rusia y los demás países
que conforman la URSS y entre ésta y sus
vecinos europeos es tal que, aun después
de un posible proceso de secesión, la
influencia rusa debe seguir siendo de
vastas proporciones, quizás sólo
balanceada por la presencia de una
posible Confederación alemana y por un
activismo muy grande de la CEE. 6) El
sector de oposición encabezado por
Yeltsin, el antiguo alcalde de Moscú, para
quien las reformas deben ser más
radicales y rápidas. Recordemos que
Yeltsin llegó al Parlamento derrotando al
candidato oficial del PCUS, gerente de la
fábrica de autos de la gran burocracia
central del país, lo cual lo hace
doblemente significativo. Por otra parte,
su movimiento crece día tras día. Su
radicalismo puede servir a Gorbachov
mostrándolo como reformador cauto y
moderado frente a los sectores
conservadores, pero puede desencadenar
una oposición que capte el descontento,
produciendo de paso un eventual
fortalecimiento de la reacción, dando al
traste con todo el proceso. 7) Debido al
peligro real de la desmembración de la
URSS y del incremento de las protestas
étnicas en los países de Europa Oriental,
algunos nacionalistas soviéticos pueden
ver en la perestroika un peligro para la
unidad y el poder del país. Estando de
acuerdo con las propuestas económicas y
algunas de las políticas, se oponen a la
largueza en el tratamiento del problema
nacional por parte de Gorbachov. Eventualmente
podrían coaligarse con sectores
conservadores o con los mismos
rusófilos. En cualquier caso, debe
recordarse que las quince repúblicas que
conforman la Unión Soviética poseen, por
lo menos en principio, el derecho
constitucional de retirarse de ella. No
sucede lo mismo con las otras treinta y


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

ocho unidades nacionales autónomas
(repúblicas y regiones autónomas), las
cuales en su mayoría demandarán una
mayor participación en sus propios

asuntos.

Por lo que hace a Europa Oriental existe
una diferencia en cuanto al procedimiento
y el origen de los cambios. Si en la Unión
Soviética se efectúa desde arriba, desde el
poder del secretario general del Partido y
ahora presidente de la URSS -Gorbachov,
en los países de Europa Central y
Oriental la presión ha venido desde abajo,
desde el pueblo mismo, en ocasiones con
verdaderas revoluciones como la
desarrollada contra el régimen de
Ceaucescu en Rumania. La razón básica
es que en estos países el marxismo no fue
un producto interno y autóctono sino el
resultado de la imposición posterior a la
Segunda Guerra Mundial con la
penetración del Ejército Rojo y los
activistas políticos adiestrados en la
URSS que fueron luego entronizados
como núcleo de los posteriores Partidos
Comunistas o sus equivalentes en el
poder.

En cuanto a las tentativas de reforma, el
primer antecedente de importancia,
además de los experimentos fallidos de
Imre Nagy en Hungría y Alexander
Dubcek en Checoslovaquia87, está
constituido por el movimiento sindical

87 Imre Nagy fue el orientador de las reformas
húngaras de 1956 que condujeron a la invasión
soviética. En el mismo sentido, Dubcek orientó
la apertura checoslovaca de 1968, bajo el lema
de "Un socialismo en libertad". Excluido del
poder por la intervención soviética, ha sido
reivindicado y elevado a la presidencia del
Parlamento checo. Sus propuestas de hace más

de veinte años son en muchos sentidos similares
a las que se tratan de implantar hoy día en
muchos países del Este de Europa.

independiente de Polonia. El mismo
influyó al parecer de manera marcada en
los acontecimientos de la URSS y de sus
vecinos. Quizás lo más importante de
todos estos procesos es que han caído los
gobiernos existentes en la República
Democrática Alemana (RDA), Polonia,
Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y
Rumania, en el lapso de menos de un año,
hecho sin precedentes para cualquier
región del mundo.

Paralelamente se han establecido
gobiernos multipartidistas en Polonia,
Rumania, Checoslovaquia, la RDA, y
pronto los habrá en Hungría y
posiblemente en Yugoeslavia. Ello implica
la pérdida del monopolio del Partido
Comunista o su equivalente en cada uno
de esos países. Incluso en cuatro de ellos Polonia,
Checoslovaquia, Rumania y la
RDA-existen gobiernos encabezados por
no comunistas. En estos casos, el Partido
Comunista conserva ministerios claves
como el de Defensa. En varios casos, los
anteriores partidos se han visto obligados
a cambiar de nombre y de dirigentes
como condición de su supervivencia
política.

En casi todos los países de Europa
Oriental se han comenzado a promulgar
reformas económicas y políticas como las
enunciadas para la URSS. Se exceptúan
Albania y Bulgaria, en los cuales de todas
formas comienzan a producirse pequeñas
reorientaciones. Otro cambio econó mico
de importancia se expresa en el hecho de
que Polonia, Hungría, Checoslovaquia y
Yugoeslavia han solicitado importantes
créditos a los países occidentales y
afiliación al Banco Mundial. La situación
económica de Polonia y la RDA es
angustiosa, y la deuda de Hungría muy


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

elevada para el standard del país 88. Por su
parte, Rumania quedó en la ruina
económica después de la administración
de Ceaucescu. En cuanto a recursos
económicos frescos, comienzan a
recibirse fondos financieros sus tanciales
provenientes de los países occidentales,
especialmente de los europeos. Incluso la
Comunidad Económica Europea (CEE),
en colaboración con algunos países de la
Asociación Europea de Libre Cambio
(EFTA), ha fundado el Banco de
Desarrollo de Europa Oriental89.

Sin embargo, como en el caso de la Unión
Soviética, el proceso es aún muy reciente
y será necesario esperar varios años para
presenciar su consolidación. La situación
económica puede poner en dificultades a
los gobiernos de Polonia, Hungría y
Rumania. Es particularmente notorio el
caso de estabilización econó mica de
Polonia, con un sector productivo casi
paralizado, suspensión de subsidios a
productos de primera necesidad y
restricciones salariales, además de una
deuda exterior muy ele vada y gran
agitac ión laboral.

El problema étnico y nacional, no
solucionado, surge en este momento por
la menor presión centralista y la apertura
democrática, no sólo en la URSS sino en
Europa Oriental. Recordemos que más

88 En efecto, una deuda del orden de los veinte mil
millones de dólares en cada caso no sería un fardo
mayor, si no fuera porque se trata de países con
poquísimas reservas monetarias, una industria en
general poco competitiva con las occidentales y
una balanza comercial que tiende al déficit. Se
exceptúa Rumania, país sin deuda externa al
precio del infra-desarrollo.

Pertenecen a la Comunidad Económica
Europea: República Federal Alemana, Francia,
Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica,
Luxemburgo, Dinamarca, Portugal, Gre cia e
Irlanda. Son miembros de la EFTA: Noruega,
Suecia, Finlandia, Suiza, Austria e Islandia.

del 50% de las actuales fronteras de la
región son posteriores a la Segunda Guerra
Mundial y que prácticamente el 80%
son posteriores a la primera90. Es decir,
son muy recientes y no suficientemente
consolidadas. Los conflictos entre
eslavos, pueblos turcos y germanos se
entrecruzan con el mapa lingüístico y el
nacional, haciendo de la región un potencial
foco explosivo de conflictos
semejantes al del Líbano. Muchas de las
pretensiones na cionalistas se van a
expresar en secesiones, conflictos locales
y partidos nacionalistas cuyos miembros
no necesariamente son contrarios al PC
de la URSS o de sus respectivos países,
pero que ponen sus intereses regionales y
de autodeterminación por encima de los
del Partido respectivo, con el
consiguiente conflicto político. Ese
proceso de reivindicación étnica será un
obstáculo temporal a la integración
industrial, económica y monetaria de
Europa Oriental, salvo que se logre un
proceso mayor de unidad al estilo de la
CEE o de Confederaciones que otorguen
autonomía a regiones en conflicto. El
mapa de Europa Oriental cambia rá
seguramente en los próximos cinco
años91. Sin embargo, una fragmentación

90 Véase, "Six nations de L'Est á la recherche
d'une politique nouvelle: Les sentiers escarpés du
passage á la démocra tie", en Le Monde

Diplomatique, février 1990.

91 Los posibles cambios son parcialmente el
producto de la cuestión nacional no resuelta en
varios países de la región. Puede citarse la
tendencia secesionista de Lituania, Letonia,
Estonia y Moldavia en la URSS; algunas de
minorías yugoeslavas, especialmente la albanesa
del Kosovo y la zona magiar al occidente de
Rumania. Existen también tendencias de
federación de las repúblicas soviéticas del Báltico
por una parte, Austria y Hungría por la otra, y
quizás incluso Checoslovaquia y Polonia. Todo
esto sin contar con la unidad alemana que
posiblemente será un hecho en pocos meses. Y
más adelante, la Comunidad Económica Europea.


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

sólo servirá a los intereses de la CEE y a
los grandes países europeos.

Lo único claro es que se desarrolla
actualmente un proceso importante de
distensión regional en el Este de Europa
en la medida en que los modelos Este-
Oeste comienzan a ser más fluidos y
pierden parte de su sentido. Posiblemente
avancen rápidamente las conversaciones
de Viena sobre desarme en el centro de
Europa. Por otra parte, en los próximos
años habrá seguramente reducciones
sustanciales de las fuerzas del Pacto de
Varsovia y de la OTAN, y es posible que
avancen de manera sustancial las
conversaciones sobre armas estratégicas
entre la URSS y los Estados Unidos, al
mismo tiempo que las relacionadas con
desarme convencional y químico en el
seno de las Naciones Unidas en
Ginebra92. El problema que subsiste de
todas formas tiene que ver ante todo con
el asunto alemán como veremos: la situación
actual de la RDA es altamente
comprome tida. Del país salen diariamente
alrededor de dos mil personas, todas
jóvenes en especial profesionales,
trabajadores calificados, estudiantes
universitarios. A dicho ritmo, serán más
de 700.000 por año, lo cual para la población
de 16.5 millones de habitantes del
país significa un desangre de recursos
humanos imposible de sostener por largo
tiempo. Cierto es que esa migración
también implica una carga apreciable para
la RFA en la medida en que en este país
hay un 10% de desempleados y que los

Un excelente artículo sobre el tema es: "Le
continent de 1'inquietude", en L'Hebdo, 2
novembre 1989, pp. 12 y ss.
92 Sobre el tema de los problema s del desarme
europeo y los diversos escenarios de las
conversaciones, véase, Diego Cardona, "Pactos

para la defensa mundial, La utopía del desarme", en
El Espectador, Sección del Mundo, abril 21 de
1989.

este-alemanes tienen derecho automático
a la ciudadanía de Alemania del Oeste,
con un recarga apreciable para el
presupuesto so cial y de servicios y el
disgusto de los occidentales. Por otra
parte, el marco oriental se cotiza en la
práctica a más de 10 por uno occidental,
pese al mantenimiento artificial de la
cotiza ción de uno por uno.

El deseo del gobierno de la RFA y de
todos los demás actores políticos,
comprendidos socialcristianos, demo cristianos
y socialistas, es la unificación a
la cual nunca se ha querido renunciar. El
costo sería alto, pero posible: una
inyección financiera muy importante para
salvar algunas industrias y establecer
otras evitando así la migración y
ampliando eventualmente la demanda;
una introducción del marco occidental en
la RDA, al costo de pagar a uno por uno
los actualmente existentes; y, hacerse
cargo de la deuda externa de la RDA.
Todo lo anterior es posible para Alemania
Occidental pues tiene el producto
nacional bruto más importante de Europa,
las mayores reservas monetarias del
mundo después de Japón, y el mayor
potencial industrial y financiero del
continente 93. Sin embargo el costo puede
ser tan alto que por lo menos durante 10
años el nivel de vida de la población de la
República Federal puede verse
disminuido entre 10 y 20%. Empero,
seguiría siendo un poco superior al
británico o al italiano. La situación sería
semejante a la de un país que invierte

93

La economía de Alemania Occidental se
considera la más pujante de la Comunidad
Económica Europea. Para 1989 descendió el
desempleo a menos del 7%, y el PNB creció cerca
del 5%. También creció el volumen de las
exportaciones. Su balanza comercial es

excedentaria y su moneda es quizás la más sana y
fuerte de la CEE.


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

para subsidiar el desarrollo de una región
importante dentro de él. El costo es, pues,
alto pero pagable. El problema es de otro
tipo y tiene que ver con la seguridad y la
estabilidad del centro de Europa.

En efecto, por un lado debe existir la
garantía de la integridad de las fronteras
resultantes de la Segunda Guerra Mundial
pues de lo contrario Polonia podría perder
más de la mitad de su territorio, con el
engrosamiento del potencial alemán y la
consiguiente desestabilización regional.
Alemania unida no sería aún superior en
superficie a Francia o España, pero sí lo
sería en gran medida por su población y
potencial industrial y financiero,
provocando una desestabilización en el
seno de la CEE, salvo si los países que la
componen establecen relaciones
importantes con la actual Alemania
Oriental para asociarla debidamente a la
Comunidad e impedir un crecimiento
"alemán". Países como Francia o
Inglaterra no pueden entrabar la unidad si
los alemanes la desean, porque el
desarrollo de una forma renovada de
naciona lismo germano sería la
consecuencia inmedia ta94. Y en cuanto a
la Unión Soviética, deben existir
garantías en el marco de la seguridad, no
sólo por lo que respecta a las fronteras en
especial las polacas, sino tambié n por lo
que concierne a las alianzas militares.

El gran problema consiste en saber cuál
será el estatuto militar de la futura
Confederación o Federación Germánica.
Es absurdo pensar que parte de ella estará
en la OTAN y la Unión Europea de
Defensa y la otra en el Pacto de Varsovia.

94 Véase al respecto el interesante artículo: "Cinco

escenarios para Europa" (tomado de L'Express,
París), en Summa Internacional, No. 31, enero-
febrero de 1990, pp. 34-40.

Tampoco parece aceptable para la URSS
la incorporación de la totalidad al sistema
de la OTAN, y los países occidentales
parecen resistirse a la idea de un estatuto
de neutralidad de la Alemania unida.
Solamente el avance del proceso global
de distensión y de las conversaciones
sobre desarme en el Centro de Europa, al
mismo tiempo que del proceso
democrático de Europa Oriental y la
URSS, pueden permitir exitosamente la
reunificación. Quizás pueda compartirse
la idea de que sin unidad europea no
habrá reunificación alema na. Lo único
claro es que para la mayor parte de los
habitantes del nuevo-viejo continente,
incluyendo los alemanes, la mejor idea
sería "una Alemania europea unida, en
lugar de una Europa alemana".

La unidad alemana sería la culminación
de un proceso de cambio en toda Europa
Oriental y la URSS, con lo cual se
recompondría todo el escenario. En
efecto: la actual RDA dejaría de serlo y
pasaría a ser parte de la Comunidad
Económica Europea, mientras que Europa
Central volvería a ser una zona de
influencia alemana, incluyendo el regreso
del idioma como "lingua franca" de la
región, status perdido después de la
segunda guerra. Se recompondría el mapa
europeo oriental, incluyendo la escisión
de algunas repúblicas de la URSS,
pasando a conformar confederaciones con
la misma Rusia o con sus propios y
nuevos o viejos vecinos. Sobre una base
valorativa muy cercana a la
socialdemocracia, veremos posiblemente
la preponderancia de dos bloques: el de la
CEE y el soviético, y un grupo de
neutrales en el centro europeo. Las
alianzas militares producto de la Segunda
Guerra Mundial irán perdiendo
importancia gradualmente. Por otra parte,
se acentuaría por un tiempo la brecha
Norte-Sur, por lo menos mientras se


Coyuntura ¿Hacia dónde va la Perestroika?

consolida el proceso europeo.
Simultáneamente pueden producirse
cambios en los movimientos marxistas
del Tercer Mundo, posiciones políticas
menos radicales, o en contraste con la
existencia de grupos aislados que no
abandonarán su tradicional lucha militar,
pretendiendo ser los últimos defensores
de la ortodoxia. En cualquier caso,
desaparecerá el apoyo diplomático y
financiero para movimientos marxistas
extraeuropeos.

El efecto, pues, de todo el proceso es
múltiple: recomposición política e
ideológica de Europa con expansión del
modelo social-demócrata, unidad
alemana, desaparición gradual del eje
Este-Oeste y crecimiento de las
diferencias Norte-Sur, y desaparición del
Estado leninista.

Uno de los aspectos negativos de este
proceso para países como el nuestro es
que buena parte de los fondos disponibles
para el desarrollo de los países del Tercer
Mundo está siendo desviada hacia Europa
Oriental. El efecto no puede ser más
negativo para los países subdesarrollados.
Además, es sabido que las inversio nes de
capital occidental son ahora en promedio
más rentables en Europa Oriental que en
América Latina, Asia o Africa, no sólo
por las ventajosas condiciones que
comienzan a establecerse para capitales
extranjeros sino por la alta calificación
laboral de los trabajadores este-europeos.

La perestroika puede tener otros efectos
en nuestra región. En efecto, ya no hay
disponibilidad económica ni voluntad
política para mantener subsidios en el
comercio internacional con países como
Cuba, lo cual implica una presión enorme
para este país de parte de sus socios del
CAME. Su principal socio, la Repúbli ca
Democrática Alemana, se encuentra poco
menos que en quiebra económica, y la

URSS no proseguirá al parecer
subsidiando sus importaciones de azúcar,
níquel y tabaco cubanos, al mismo tiempo
que encarecerá sus importacio nes de
productos manufacturados a la Isla. La
tendencia cubana debería ser, pues, a la
apertura económica hacia sus vecinos,
para lo cual probablemente se deba pagar
un precio en apertura política. Las
restricciones establecidas por la URSS y
los países de Europa Oriental no pudieron
salir en defensa del sandinismo en
Nicaragua. El multipartidismo y las
eleccio nes libres fueron también un
ejemplo y una presión. Por otra parte,
Estados Unidos tiene prácticamente las
manos libres en el hemisfe rio occidental,
razón por la cual posiblemente sea el
momento de comenzar a seguir con atención
el proceso cubano.


Debate Panamá y Nicaragua…

PANAMA Y NICARAGUA: DOS
INTERROGANTES SOBRE
CENTROAMÉRICA

Pierre Gilhodes, Juan Tokatlián

La intervención norteamericana en
Panamá y el resultado de las elecciones
en Nicaragua constituyeron sin duda los
dos acontecimientos más importantes en
nuestro continente en los últimos meses.
La capacidad desestabilizadora de los
Estados Unidos sobre nuestros países y la
viabilidad, en éstos, de un proyecto
democrático verdaderamente endógeno,
volvieron a emerger alimentados por el
recuerdo de un pasado intervencionista y
la inquietud frente a un futuro que se
creía menos expuesto a las reacciones
hegemónicas. Pierre Gilhodes, co-director
del Instituto de Altos Estudios para el
Desarrollo, y Juan Tokatlián, director del
Centro de Estudios Internacionales de la
Universidad de los Andes, discuten, para
Análisis Político, las circunstancias y
consecuencias de esos dos eventos.

Análisis Político: ¿Cuál puede ser el
efecto general de los acontecimientos de
Panamá y Nicaragua sobre América
Central y el Caribe?

Pierre Gilhodes: En términos un poco
cínicos, puede decirse que el efecto
general sobre América Central será
mínimo. Tomando el caso de Nicaragua y
Panamá, vemos lo que podríamos llamar
"normalizaciones". Se les ve como ovejas
que vuelven al redil. El proceso de
Panamá no va a ser muy complicado. El
de Nicaragua lo será un poco más; hay
allí otras implicaciones, comenzando por
la existencia del ejército sand inista
porque es fundamental saber qué va a
pasar con él en el futuro. Por otra parte,
están los "contras" sobre los cuales no

hay un parecer unificado en Estados
Unidos.

El efecto sobre los países vecinos de
América Central, en un momento en que
el mundo los deja librados a su propia
suerte, a sus propias relaciones bilaterales
con Estados Unidos, es muy reducido.
Por ejemplo, la guerrilla salva doreña no
tendrá más alternativa que reincorporarse,
y lo mismo las fuerzas políticas que las
sostenían, tienen que reintegrarse sin que
puedan pretender demasiado. Lo están
buscando a través de un proceso ya
clásico de negociación y forcejeo. Las
incursiones armadas del año pasado sobre
la capital tenían este fin: mejorar los
términos de la negociación. No estoy
seguro que lo hayan logrado, diría que al
contrario. Pero están en ese asunto, que
ahora se les aparece como mucho más
urgente. Nece sitan hacerlo porque se
encuentran mucho más aislados, con muy
poco margen de maniobra.

Juan Tokatlián: Sí, creo que son dos
cuestiones que valdría la pena entender,
ante todo, en términos de las relaciones
entre Estados Unidos y América Latina.
Creo que el mensaje en cada caso,
cruelmente, y sin que signifique resignarnos
a ello, es que las guerras de baja
intensidad han dado resultados para los
intereses de Estados Unidos.

Pierre Gilhodes: No le demos a la
palabra "guerra" el sentido que no tiene.
Una "gue rra" económica no es una
guerra. Son presio nes económicas.
Dejemos la propiedad de la terminología,
si no nos vamos a enredar en que llamar
al embajador es una guerra, o reducir el
número de diplomáticos de otro país es
un acto de guerra. Es cierto que son
formas de hostilizar, de subir la tensión
gradualmente, utilizando formas menores.


Debate Panamá y Nicaragua…

Juan Tokatlián: Pero es que en el fondo
sí lo es. No podemos desconocer que ha
tenido tres elementos fundamentales. En
primer lugar, ha sido parte de una
planeación estratégica, cuando hasta hace
poco tiempo lo veíamos como un
elemento táctico de la política exterior
norteamericana. Segundo, ha sido
consistente y permanente, a diferencia del
ejercicio de otros instrumentos de la
política exterior de Estados Unidos.
Tercero, ha podido ser utilizada contando
con un mínimo grado de respaldo entre
los actores políticos relevantes de Estados
Unidos; el suficiente como para
mantenerse vigente. En los dos ejemplos
veo instrumentos semejantes aunque
aplicados con diferente intensidad,
buscando la destrucción de la base económica
de los dos países, alinearlos
diplomáticamente, privilegiando el uso de
la fuerza y creando aparatos políticos de
oposición totalmente dependientes de
Washington. Cuando se cambia la política
frente a Panamá en 1986, este país pasa a
ser el epítome del narcoestado, de la
antidemocracia y del autoritarismo. Se
privilegia inicialmente la presión
económica, cortando ante todo los
ingresos posibles del país, en particular
desde 1988. En la banca panameña había
aproximadamente cuarenta mil millones
de dólares. En el lapso de pocos meses se
descendió a ocho mil millones. El país
tenía moneda sólo para las transacciones
mínimas necesarias, y tenía embargado su
comercio. Y la destrucción sistemática de
la economía del país se logró. Ese fue el
"gran" triunfo de Estados Unidos: quebrar
una nación.

Pierre Gilhodes: Eso es cierto. Sin
embargo, de las sanciones a Panamá,
Estados Unidos ha extraído una
consecuencia: que las políticas de presión
no deben ser graduales sino masivas, que
si hubieran aplicado de una vez todas las

sanciones económicas posibles a Panamá,
quizás hubieran conseguido la caída
rápida de Noriega. Pero al aplicarlas
gradualmente en ascenso, dejaron tiempo
para que el régimen se adaptara a las
nuevas situaciones, encontrara otros
recursos. Una sanción, para ser efectiva,
no debe ser demasiado gradual sino masiva.


Análisis Político: ¿Y qué puede decirse
sobre la situación económica de esos
países centroamericanos?

Pierre Gilhodes: Es desastrosa. Tienen el
fenómeno de la guerra, las destrucciones,
las pérdidas en vidas humanas, el exilio
de los profesio nales, de los empresarios,
etc., causado por la guerra y el otro
problema que es la crisis económica que
conoce América Latina, y de la cual ellos
son parte.

Análisis Político: ¿Y posibilidades de
inversión privada?

Pierre Gilhodes: Es mínima. Algunas
empresas menores pueden encontrar
interés. Se pue de resucitar a Panamá. Es
fácil de levantar porque su economía se
basa en situaciones un poco artificiales.
¿Pero va a existir interés en resucitar la
plataforma financiera, por ejemplo? No se
sabe. Hay otros sitios que pueden servir a
esos propósitos. Se puede liquidar un
paraíso financiero sin mayores problemas,
porque hay otros para sustituirlo. Están
las islas Caimán, Bermudas, y otra
cantidad de sitios en todo el Caribe. La
zona franca de Colón es la única que
probablemente va a retomar actividad. Es
una zona de contrabando permitido de los
países industrializados con toda América
Latina. Ella y la actividad normal del
Canal puede ayudar a un grado de
recuperación de Panamá. En cuanto a las
actividades no canaleras, probablemente


Debate Panamá y Nicaragua…

permanezcan en cierta mediocridad. Lo
mismo puede decirse de la situación
económica de otros países centroamericanos.
Juan Tokatlián: Pero Estados Unidos no
es ajeno a esa situación. Cuando Endara,
que se había posesionado como
presidente en una base norteamericana del
Canal, asume el poder, solicita dos mil
millones de dólares al gobierno
norteamericano para la reconstrucción
económica del país. Una misión
norteamericana que incluía altos
miembros del Departamento de Estado,
luego de su visita a Panamá, hace su
propia evaluación y dice que Panamá
debería recibir, para superar la
destrucción hecha antes y durante la
invasión, la mitad de esa cifra, es decir
mil millones de dólares. Hasta el
momento, el país ha recibido sólo un
monto muy lejano a sus necesidades. No
hay la voluntad real de comprometerse a
aliviar los problemas que Estados Unidos
trajo. No existe un compromiso decidido
en el Congreso norte americano para
apoyar a Panamá, pese a su "transición
democrática". Los recursos dispo nibles
para Centroamérica siguen fluyendo de
preferencia a El Salvador, Honduras y
Guatemala. Paradójicamente no hay total
congruencia de intereses entre el
Ejecutivo norteamericano y el panameño,
incluso en asuntos básicos como por
ejemplo el secreto bancario. Algo
semejante va a pasar con Nicaragua. La
reconstrucción más o menos básica de
este país puede llegar a costar unos cinco
mil millones de dólares. Estados Unidos
no está dispuesto a aportar mucho dinero.
Veremos gestos como el levantamiento
del embargo, habrá algo de comercio y
algún tipo de asistencia pero condicionada.
Paralelamente, los empresarios
nicaragüenses que han fugado capital y se
han radicado en Miami no desean invertir
en el país, pese al triunfo de la señora

Violeta de Chamorro. El drama es que
para todo el mundo el problema
nicaragüense se solucionó. Nadie quiere
invertir en un sitió en donde no se sabe
cuál es el ejército regular o irregular,
quién se va desarmar o no, quién controla
el país, y qué representantes de los
catorce partidos estarán en el poder.

Análisis Político: A propósito de
Nicaragua, hay allí un gobierno
revolucionario que entrega el poder por
una manifestación democrática en las
urnas. ¿Qué incidencia podría tener el
hecho sobre algunas guerrillas
latinoamericanas?

Juan Tokatlián: El efecto sobre algunos
actores no estatales será muy reducido
por el momento. La racionalidad de los
agentes sociales y políticos internos en
muchos países no cambia al mismo ritmo
que se dan las transformacio nes externas
e internacionales. No creo que los
acontecimientos de Centroamérica deban
ser tomados como un factor inmediato de
modificación, por ejemplo, sobre el
accionar de algunos grupos guerrilleros
colombianos. Que pueden perder ciert os
espacios y cierta credibilidad, es posible,
pero más que por los resultados de las
elecciones en Nicaragua, es por sus
mismas situaciones a nivel interno.
Inclusive puede llevar a endurecer a
algunos sectores. Por ejemplo, en El
Salvador el fenómeno nicaragüense puede
llevar a una mayor rigidez no sólo de la
guerrilla sino del gobierno. No me parece
que vaya a haber grandes cambios en El
Salvador.

Primero, porque desde épocas recientes,
el FMLN no depende ya estratégicamente
de la provisión de armas de Cuba o de
Nicaragua. Segundo, lo que posiblemente
vamos a ver en El Salvador es un
escenario más polarizado. El efecto sobre


Debate Panamá y Nicaragua…

Guatemala puede ser ambivalente pero
conocemos la generación y reaparición de
guerrillas en ese país, con o sin
sandinismo en su vecindad. No creo que
en general la raciona lidad de los actores
varíe gran cosa, por lo menos a corto
plazo.
Pierre Gilhodes: No olvidemos que
ninguna guerrilla se entrega ciento por
ciento. Queda por saber si los que son
hostiles a la idea de la reintegració n a la
vida civil son un cincuenta o un noventa y
cinco por ciento de sus miembros. Por el
momento me parece que algunos grupos
guerrilleros en El Salvador tienen
urgencia de reintegrarse. Otras fuerzas
posiblemente permanezcan por fuera de
este proceso. Desafortunadamente para
ellos, no tienen mayor importancia y
pueden hostilizar pero no crear problemas
mayores que desgasten efectivamente al
gobierno: éste podrá manejar la situación
con cierta facilidad.

Una consecuencia un poco nefasta es que
esta región del mundo va a volver a lo
que era antes: una región sin importancia,
y las promesas de créditos y demás,
probablemente no se van a materializar en
más de un diez por ciento. Estados
Unidos pierde el interés en un país
cuando en el mismo no subsisten los
problemas. Cuando hay peligro para los
intereses de Estados Unidos, se
preocupan y se movilizan de muchas
maneras. Por ejemplo, tenemos la ayuda a
los contras y las promesas de ayuda
econó mica tanto en Nicaragua como en
Panamá. Pero una vez desaparecido el
peligro se olvidan de la región, se olvidan
las promesas y se dan ayudas mínimas.
Estos países vana quedar en una situación
económica bastante complicada.

Análisis Político: Entonces, ¿un
sandinismo fuerte sería incluso

conveniente para la señora Violeta de
Chamorro?

Pierre Gilhodes: Desde esa perspectiva
sí. Pero también es bueno decir que todos
los gobiernos hacen algo semejante.
Amplían los fenómenos de guerrilla
frente a Estados Unidos porque es como
consiguen créditos y ayuda. Ahora bien,
volviendo al tema centroamericano y la
incidencia de Estados Unidos, debemos
tener en cuenta que en términos geopolíticos,
México con el mandato de Salinas de
Gortari cayó incondicionalmente en la
órbita norteamericana con el gran
mercado de los tres, Canadá, Estados
Unidos y México, pese a la resistencia
cultural mexicana. Pero económica mente
es un hecho. Políticamente México jugaba
al enfrentamiento con Estados Unidos
en relación con América Central, y ese
enfrentamiento tiende a la desaparición.

Análisis Político: ¿Y cuál podría ser el
efecto para algunos actores internos en
Colombia?

Pierre Gilhodes: Es un asunto complejo.
Hay varios elementos que juegan no
solamente en América Central sino
también en Europa Oriental, además de
los resultados de las elecciones de marzo.
La capacidad de actuar de los grupos
guerrilleros se ha reducido. Esas fuerzas
contemplan la necesidad de volver a una
lucha política no armada sino civil,
incluso a la manera de los conflictos
sociales cuya legalidad está reconocida en
Colombia. Creo que se hace necesaria una
reflexión sobre el comunismo
internacional, sobre la situación interna
de Colombia y sobre Centroamérica
donde hubo una especie de romanticismo
revolucionario a principios de los ochenta
que después no colmó las expectativas.
Esa reflexión existe. Se desarrolla en
forma distinta en los diferentes grupos


Debate Panamá y Nicaragua…

guerrilleros porque ellos son diferentes.
Hay que ver quiénes van a llegar a una
situación de retorno a la vida civil. Claro
que querrán pactar en las mejores
condiciones posibles. Creo que han
perdido capacidad de negociación. El
posible presidente colombiano, César
Gaviria, les reconoce el derecho a existir,
pero no creo que les conceda mucho espacio
de negociación, probableme nte menos
que Virgilio Barco que fue menos que
Belisario Betancur. Han perdido espacio.

En mi opinión, en Colombia una
circunstancia que va a llevar las guerrillas
a negociar es que el fenómeno que las
hizo surgir es el paso acelerado de una
sociedad rural a una sociedad urbana,
paso exageradamente acelerado y con un
costo social enorme porque el Estado que
no tenía capacidad redistributiva decidió
no acompañar el proceso con reformas, en
especial la agraria. Se deberían haber
escuchado las propuestas de Carlos Lleras
en su momento, aunque siempre hay el
problema de un Estado pobre y poco
estructurado, con muy pocos recursos.
Pero ese paso del campo a la ciudad es un
fenómeno que se está acabando. En contrapartida
la guerrilla generó la
reestructuración del Estado. Primero por
el lado represivo, las Fuerzas Armadas
son de las más fuertes de América Latina,
además de su Policía altamente
especializada, y por otro lado la
prestación de servicios. Por ejemplo el
PNR le quitó mucho terreno a la guerrilla
al solucionar una serie de pequeños
problemas.

Análisis Político: Además se está
modificando el contexto internacional y
eso debilita al movimiento armado en
otros países. Por ejemplo, ya es cada vez
más difícil que un movimiento insurgente
obtenga reconocimiento internacio nal.

Juan Tokatlián: Es cierto. No obstante,
por otro lado, a niveles estatales, el
sistema internacional está cambiando a
ritmo vertiginoso y nos encontramos con
una mayor incertidumbre y complejidad a
la que teníamos hace unos cinco años,
porque esta segunda distensión es
diferente a la anterior de finales de los
sesenta y principios de los setenta. Me
llama la atención que las soluciones
regionales propiciadas por la URSS en
Afganistán o ante el problema camboyano
parecen alentadoras a diferencia del caso
de Centroamérica en donde no hay una
resolución real del conflicto regional y
nacional respectivo, sino que se ha
reafirmado la supremacía norteamericana,
lo cual no augura el final definitivo de las
luchas armadas. Más que hegemonía hay
un ejercicio de dominación
norteamericana que no dejará de ser
respondido con algún nivel de violencia,
aunque transitoriamente florezcan
democracias formales.

Análisis Político: ¿Estaremos quizás
destina dos a ver una década de enorme
inestabilidad centroamericana, con las
consiguientes nuevas intervenciones de
Estados Unidos?

Juan Tokatlián: No creo que podamos
descartarlo, sobre todo porque no veo
ninguna respuesta de América Latina.
Sería la restauración "bushiana" dula
dominación norteamericana en la medida
en que no sería un control garantizado
con el apoyo interno sino la búsqueda del
consenso a partir de la fuerza y su
mantenimiento inestable por la presión y
la amenaza de intervención. Yo me
pregunto qué le costaron a Estados
Unidos y a América Latina los diez años
de inestabilidad centroamericana en la
pasada década. Estados Unidos supo
manejar la situación frente a América La tina,
y no perdió influencia decisiva en la


Debate Panamá y Nicaragua…

región. Y lo más grave, América Latina
no fue capaz de defender con firmeza y
permanencia una serie de principios
centrales de la convivencia internacional.
Es grave ver que la guerra de baja
intensidad en América Central da
resultados. Y lo peor es que se puede
extender a Sudamérica con el argumento
de la lucha contra el narcotráfico.
Análisis Político: Poco se habla de
Honduras. ¿Es previsible una pronta
retirada de las tropas de Estados Unidos?

Pierre Gilhodes: El futuro del país no es
bueno. Honduras recibió dinero porque
fue retaguardia tanto de El Salvador como
de Nicaragua. Las bases norteamericanas
probablemente se van a mantener porque
son útiles para Estados Unidos, para el
entrenamiento de sus tropas. Por otra
parte, las bases y las tropas generan
empleo y un flujo de dólares. Pero no veo
por otra parte ningún esfuerzo de
modernización de la economía
hondureña. Es sólo una econo mía
bananera y así permanece sin que exista
un proceso de modernización del país. Sin
embargo, las tensiones internas son
menos fuertes porque Honduras es un
país menos urbanizado y tiene una amplia
frontera agrícola, todavía la gente puede
tener algunas posibilidades económicas,
mientras que en otros países como El
Salvador es muy difícil. En otro sentido,
tensiones entre países sí puede haber,
pero eso tampoco sería nuevo.

Análisis Político: Hubo tardanza en el
reconocimiento de Endara por parte de
los gobiernos latinoamericanos,
incluyendo el de Colombia. ¿Cuál es su
opinión sobre el asunto?

Pierre Gilhodes: Primero que todo,
existe una especie de actitud de los
gobiernos latinoamericanos de no correr a
rendir pleitesía a un gobierno entronizado

desde afuera. En segundo lugar, hay un
problema de fondo. El gobier no de
Endara no es más legítimo que el gobierno
que lo antecedió, no sabemos cuáles
fueron los resultados reales de las
elecciones. Es un gobierno que necesita
legitimarse. No es pro blema de
reconocimiento porque el gobierno
colombiano, como casi todos los
latinoamericanos, reconoce a los Estados
y no a los gobiernos. Lo que se hizo fue
llamar al embajador a consultas cuando
no hubo resultado electoral. La posición
colombiana fue coherente.

Juan Tokatlián: Comparto su
apreciación. Colombia no tenía por qué
ser el primero en reconocer un nuevo
gobierno instalado por medio de una
invasión, actuando absurda y precipitadamente
según intereses ajenos a los
naciona les. Creo que el gobierno actuó en
forma sensata y lógica dadas las
circunstancias, y al final se terminó
imponiendo una posición casi de consenso.
La condición era el retiro de las
tropas para reanudar relaciones
diplomáticas norma les. En ese sentido,
Colombia hizo un gesto adecuado. Pero
todo lo hecho por Latinoamérica
corrobora, de alguna manera, que el
instrumento diplomático fue el único y
pobre recurso que tuvo América Latina
frente a este problema. Se asimiló interna
y regionalmente el debate sobre si había o
no embajadores y al final esta estéril
discusión, bastante planeada por sectores
internos y externos, desaprovechó la
oportunidad de contrarrestar con más
énfasis y mecanismos la burda acción
invasora de Estados Unidos. Y esa actitud
puede ser trágica a largo plazo.

Pierre Gilhodes: Las intervenciones no
son necesarias. ¿Dónde se vieron
intervenciones? Solamente en Panamá y
como caso extremo, que además en el


Debate Panamá y Nicaragua…

fondo recibió la bendición del mundo
entero, si somos realistas. Todo mundo
pareció aceptar que allí había un
personaje poco recomendable y nadie se
atrevió a hacer algo en contra de la
invasión. Hubo algunos comunicados y
eso fue todo. No creo que en el futuro
vaya a haber necesidad de intervención
por parte de Estados Unidos. En el fondo
los regímenes latinoamericanos se han
potencializado. Tienen berzas Armadas
que nunca tuvieron en El Salvador,
Honduras y Guatemala, por ejemplo.
Ellas tienen hoy día capacidad para
manejar cualquier problema interno. Y las
fuerzas de insurgencia están muy
golpeadas como para intentar alguna
ofensiva de importancia en este momento.
Sólo restan algunos focos de tensión. A
corto plazo usted podría encontrar una
huelga feroz en las bananeras, con
represió n feroz de otro lado, cosas así,
pero no más. Por lo menos a corto plazo.

Pierre Gilhodes: Es cierto. No existió
una actitud coherente de América Latina.
Primero porque la fecha escogida fue
apropiada para los intereses
norteamericanos. Era época de Navidad y
muchos países especialmente del Sur,
estaban en vacaciones. Por otra parte
ningún gobierno se quiso movilizar para
evitar ser aso ciado internacionalmente
con Noriega. No pue de hoy día decirse si
el general es culpable o no, dejemos que
los tribunales lo decidan. Ya se ha dicho
que el juicio comenzará para 1991. A lo
mejor no va a tener lugar nunca porque
no hay pruebas, fue un pretexto. Pero esta
acusación bastó para que nadie quisiera
aparecer al lado de este personaje. Incluso
Colombia quiso adoptar una línea de
defensa latinoamericana y no lo
consiguió. Además tenía intereses directos
en Panamá y por vecindad. Colombia
se encontró más o menos sola. Hubo
gestos pero sólo eso en Perú y ello no le

impidió a su presidente hacerse presente
en Cartagena mientras aún había tropas
en Panamá, pese a que con la mano en el
corazón había dicho que nunca iría.
Parece haber sido más un problema de
legitimación interna. Hubo tentativas de
organizar un frente latinoamericano para
arreglar la situación y no prosperó. Países
que en otros tiempos habrían seguido la
posición colombiana como México, no
respondieron. Tampoco Venezuela, que
está en renegociación de la deuda y
posible aplicación del Plan Brady, además
de tener otra serie de problemas,
adoptó una posición de suma discreción.

Análisis Político: ¿América del Sur
tendría algún papel que jugar en el futuro
si hay demasiadas presiones sobre
América Central?

Pierre Gilhodes: No, no creo que tenga
interés. América del Sur se ha sentido
siempre má s cerca de Europa que de
América Central. Para ellos América
Central está habitada poco menos que por
unos indios desconocidos, tan extraños
como los tibetanos. La distancia es tal que
ellos no conocen, con algunas
excepciones históricas, por ejemplo el
tiempo en que floreció el APRA como
movimiento latinoamericanista, o en los
buenos momentos de la primera parte del
mandato de Perón en que también tuvo
ambición hacia esta parte del mundo, pero
ya no, es una parte muy lejana. Se vio a
milita res argentinos recorrer las colinas
de Honduras y Nicaragua hace diez años,
pero eso me parece que pertenece al
pasado.

Y en cuanto al Grupo de los Ocho no
pudo actuar frente a Panamá, pese a la
voluntad colombiana. Se buscará
seguramente darle nueva vida en las
próximas reuniones, pero hay que tener
en cuenta los cambios de mandato en casi


Debate Panamá y Nicaragua…

todos los países, con excepción de Venezuela.
Los nuevos mandatarios no tienen
los mismos intereses que sus
predecesores porque hubo relevo político.
Lo único claro es que para los
latinoamericanos, América Central va a
perder importancia salvo si pasa algo
extraño que no podemos prever. Incluso
eso alivia la conciencia latinoamericana.
Muchos están satisfechos porque en
apariencia se resolvió la situación. Hay
democracia y los centroamericanos no
causan molestias, sin importar si hay
desbarajuste económico. Los gobiernos
latino americanos no se ven obligados a
"gesticulaciones inoportunas" que pueden
afectar sus relaciones con Estados
Unidos.

Análisis Político: ¿Y eso no implicaría
un descenso de la diplomacia
multilateral?

Pierre Gilhodes: Es uno de los peligros
pero existen otros temas. Lo que pasa es
que el Grupo de los Ocho buscó ampliar
su temario, que no fuera solamente el
resultado del Grupo de Contadora y el
Grupo de Apoyo, sino mirar a otras
problemáticas, sobre todo las económicas.
La próxima reunión del Grupo va a tener
una tónica quizás más económica que
política.

Análisis Político: ¿Y cuál podría ser el
efecto de todo este proceso sobre la
situación de Cuba?

Juan Tokatlián: Aquí tenemos un
Estado que está muy comprometido con
la revolución y que está sufriendo los
efectos de acciones y reacciones de todos
lados: la presión norteamericana, la
perestroika soviética, lo que ocurre en
Centroamérica. Estos dos últimos
elementos tienen un impacto sobre Cuba
en la medida en que ha dejado de tener

Estados aliados, combativos en la región
y fuera de ella, con posibilidades y
recursos de poder, y eso es muy
significativo. Por otra parte, una vez salga
Alan García, creo que vamos a tener
gobernantes civiles de derecha y centro-
derecha en gran parte de América Latina,
y con Rodrigo Borja y Carlos Andrés
Pérez mucho menos reformistas que sus
respectivas retóricas cuasi-socialdemócratas.
La presión sobre Cuba, que
ya es ostensible, va a ser mucho más
seria.

Pierre Gilhodes: Cuba quedó sola.
Además tengo la impresión de que es el
objetivo de Estados Unidos. Esto no hay
que separarlo de la crisis que viven los
países de Europa Oriental, el comunismo
en general. Cuba no va a contar con
muchos amigos, su situación no será fácil,
y el régimen lo sabe. Comienzan a tener
mucha movilidad, como lo demuestra el
hecho de que el presidente Castro haya
estado en Brasilia en la posesión de
Collor de Mello, y va a ir adonde pueda
para buscar formas de so brevivir y
mejorar sus relaciones internaciona les, en
particular con sus vecinos, porque en
otras partes, con excepción tal vez de
China, no va a encontrar mucho apoyo.
China es grande pero está lejos, con ella
puede haber intercambio de varios
productos, pero no está en la región y no
le interesa mayormente, así que no creo
que se dé mucha ayuda para el gobierno
cubano.

En cuanto la política de Estados Unidos,
no parece ayudar a una reintegración de
Castro en la escena internacional sino a
destruirlo, como lo han hecho con los
sandinistas. No va a ser un proceso suave
sino un centro de confrontación
internacional. Probablemente el proceso
se irá preparando con una campaña
propagandística de destrucción de lo que


Debate Panamá y Nicaragua…

queda de imagen cubana, tal como ya
vemos todos los días en la prensa. Es la
primera fase. La segunda va a consistir en
intimidaciones. Por ejemplo un grupo
grande de barcos norteamericanos en
Guantánamo so pretexto de la lucha
contra el narcotráfico, o los aviones que
surcan los cielos del Caribe, destinados a
intimidar a Cuba.

Juan Tokatlián: Pero sería muy grave
aislar a Cuba en este momento, por medio
de presiones, pues podría ser
contraproducente. Podría provocar una
radicalización inútil del régimen. Hay que
defender la democracia, pero no obviar
los principios. Ser realmente demócrata
es apegarse a ellos. La democracia no se
construye destruyendo aquéllos y
sepultando la base de la convivencia entre
naciones.

Análisis Político: Sabemos que las
presiones, incluyendo las del CAME, van
a ser muy graves para Cuba: por ejemplo,
comercio sin sub sidios y a lo mejor en
rublo convertible; sin que pueda obtener
divisas por otras fuentes. ¿Y cuál será la
respuesta?

Pierre Gilhodes: La Unión Soviética no
creo que tenga capacidad, de presionar
mucho a Cuba. Le puede recomendar.
Necesita los productos cubanos a los
cuales se acostumbró, y su economía lo
incluye. Por ejemplo, no se desarrolló
mucho el cultivo de remolacha porque
existía disponible el azúcar cubano. Algo
semejante pasó con el níquel y el tabaco.
Y desde el punto de vista de imagen, la
Unión Soviética aún debe cuidarse un
poco. Lo que pasa es que pueden
desarrollarse dentro de la propia sociedad
cubana elementos de desestabilización
por la escasez de alimentos, por los
problemas ideológicos o la inconformidad
de la juventud que no quiere ya los

modelos de los años cincuenta. Y dentro
de Cuba ya existe Radio Martí y la
televisión que va a aparecer y en general
alguna información. Están expuestos a la
información, tanto como Alemania
Oriental. La situación va a ser muy difícil
en Cuba y es una crisis un poco trágica,

no creo que vaya a ser un proceso
pacífico pero va a ser complicado, porque
Fidel Castro es una persona que tiene
carisma, que tiene respaldo. No es tanto el
símbolo del comunismo, sino más bien de
una especie de nacionalismo, de figura de
reivindicación nacional.

Juan Tokatlián: Bueno, pero Cuba
nunca fue Albania o Yemen del Sur o
Corea del Norte. Los símiles que nos
muestran una Cuba casi histéricamente
autoritaria por vocación de Fidel Castro
no corresponden a la realidad histó rica.
Es más factible que el régimen deba
abrirse más que cerrarse. Por otra parte,
reemplazar a la URSS con China no es
funcional porque China no puede asumir
el costo de sostener subsidiada a Cuba.
Creo que no le queda más solución que
abrirse. El entorno externo puede acelerar
ese proceso positivamente o convertirse
en una variable negativa que exa cerbe
contradicciones difíciles de manejar. Hay
que quitarle a Cuba la mentalidad de isla
sitiada. Es el momento para que Estados
Unidos muestre cierta generosidad y no
prepotencia. Y que América Latina
juegue un rol activo y no marginal en este
tema.

Pierre Gilhodes: Estoy de acuerdo. Por
otra parte no debe olvidarse que hay un
pacto por medio del cual Estados Unidos
se ha comprometido a no invadir Cuba y
lo ha respetado hasta ahora. Pero hay que
pensar en las formas distintas a la
invasión, en todo lo que puede
producirse, como subversión o división
de la cúpula cubana. En este sentido,


Debate Panamá y Nicaragua…

probablemente se puede interpretar el-
incidente Ochoa que vinculó a otros
militares cubanos el año pasado como un
contragolpe preventivo de Fidel Castro
frente a gente que hubiera podido
causarle dificultades en el poder. Otro
asunto es la recuperación del control del
Ministerio de Defensa sobre el Ministerio
del Interior que se había autonomizado y
tenía fuerzas numerosas.

Análisis Político: Se dice que Cuba está
aislada y que cada día tiene menos apoyo
internacio nal. ¿Pero su reciente ingreso al
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas no puede interpretarse como un
apoyo internacional indirecto a algunas de
las posiciones cubanas, así dure sólo dos
años?

Pierre Gilhodes: Para Cuba es un
paraguas muy oportuno, porque estar en
el Consejo de Seguridad le da ciertas
garantías, ciertas posibilidades de
moverse y maniobrar. Entró en buen
momento. Sin embargo, es casi seguro
que su ingreso al Consejo de Seguridad,
en caso de tener que producirse por
decisión de la Asamblea General de este
año, sería mucho más difícil. Ni siquiera
contaría con sus anteriores amigos de
Europa Oriental.


Reseñas

Actores en conflicto por la paz. El
proceso de paz durante el gobierno de
Belisario Betancur (1982-1986)

Socorro Ramírez V. y Luis Alberto
Restrepo M.

Bogotá, CINEP -Siglo XXI Editores,
1989.

Resulta incomprensible que un año
después de publicada la obra Actores en
conflicto por la paz, aún no haya sido
objeto de una especial atención por parte
de la academia como tampoco de una
mayor polémica por parte de los mismos
protagonistas del proceso que constituye
su objeto de análisis. La ausencia de
reseñas, comentarios académicos o de
posturas críticas frente a este libro puede
ser atribuida quizás a la ausencia misma
de un debate abierto en la sociedad
colombiana sobre sus problemas
centrales. El de la, guerra y la paz
constituye, sin duda, uno de ellos. Esta
ausencia de debate amplio y
constructivo es a la vez síntoma y
condición para la repro ducción de esa
“cultura política autoritaria e
intransigente, mayoritaria hoy en la
sociedad colombiana" (p. 192), que
denuncian los autores a lo largo de sus
páginas.

El presente comentario tiene, por lo
tanto, como fin, contribuir a abrir una
inaplazable reflexió n colectiva sobre los
procesos de reconciliación vividos en
Colombia a lo largo de la última década,
a través de esta obra que tiene como
virtud el haber sido concebida con la
mirada del protagonista y escrita con las
manos del académico. En efecto,
Socorro Ramírez formó parte de la
Comisión de Paz desde sus comienzos
en 1982, hasta los eventos del Palacio de
Justicia en 1985, los cuales

constituyeron el motivo de su renuncia
junto con otros miembros de la
Comisión. En compañía con Luis
Alberto Restrepo, esta experiencia
excepcional fue sistematizada y presentada
finalmente para que todos
aquellos que de alguna forma "vivimos"
el proceso de paz, quizás sin entender
muchos de sus avances y retrocesos,
compartiéramos con ellos su visión del
mismo.

La obra abarca el período completo de la
administración Betancur (1982-1986)
con algunas cortas referencias a los
gobiernos anteriores de López
Michelsen y Turbay Ayala. Para introducirla,
sus autores esbozan una especie
de marco interpretativo acerca de la
necesaria constitución de las cla ses y
sectores sociales como sujetos
históricos, capaces de configurar una
identidad propia y de relacionarse con
sus adversarios sociales a través de la
libre confrontación civilizada. Sin duda
alguna, como lo afirman los a utores, "los
factores explicativos de la peculiar
violencia colombiana, contradictoria y
dispersa, habría que bus carlos también
en esta ausencia de clases sociales bien
conformadas y de una clara y
permanente confrontación entre ellas"

(p. 35).
De igual manera, buena parte de las
claves para comprender las dificultades
del proceso de paz intentado en
Colombia a lo largo de la década de los
ochenta, debe buscarse en esta
fragmentación de los grupos que conforman
la sociedad civil, de los acto res
que la representan en la vida pública, de
los dispersos centros de poder, del
Estado y hasta del espacio físico mismo.
Ante esta histórica realidad la pregunta a
hacerse es: ¿qué perspectivas tiene la
posibilidad de que un actor único


Reseñas

aglutine en torno suyo el suficiente
consenso para imponer un proyecto
verdaderamente nacional?

Este marco interpretativo, riquísimo en
sugerencias para la comprensión del
conflicto colombiano es, sin embargo,
abandonado luego por los autores para
adentrarse en un riguroso y detallado
análisis de los eventos acaecidos a partir
del 7 de agosto de 1982. Por supuesto
que el análisis del período Betancur se
basa, implícitamente, en los
lineamientos teóricos expuestos en la
introducción. Pero se pasa demasiado
pronto al estudio concreto de las
propuestas y reacciones mutuas de los
actores, sin haber desarrollado un nivel
intermedio de explicación en el que se
hicieran explícitas las consecuencias de
ese marco de interpretación para el
desarrollo polí tico colombiano.

El recuento histórico del cuatrienio de
Betancur es riguroso en la cronología.
Se describe cada evento con la riqueza
del que vivió el proceso paso a paso. El
cubrimiento de los actores, sus propuestas
y sus reacciones es amplísimo.
Sin abandonar el enfoque principal,
centrado en los protagonistas del
proceso -gobierno y guerrilla-, los
autores se ocupan simultáneamente de
una diversidad de actores que incidieron
definitivamente en su curso: las Fuerzas
Armadas, los partidos po líticos, el
Congreso, los gremios empresariales, las
comisiones negocia doras, la prensa y los
grupos paramilitares. De la misma forma
están incluidos todos los aspectos que,
de una u otra forma, sumados un poco al
azar ante la ausencia de una estrategia
cohe rente, configuraron el proyecto de
paz y apertura democrática: la política
exterior, la Cumbre política multipartidista,
la Comisión de Paz, la ley de
amnistía, el Plan Nacional de Re


habilitación, los acuerdos de cese al
fuego, el indulto, el Diálogo Nacional, la
conformación de la Unión Patriótica y la
reforma política. Tampoco se olvidan,
sino que, por el contrario, se enfatizan,
los obstáculos que impidieron la
consolidación del proyecto de Betancur:
la ausencia de reformas sociales, la crisis
económica, la oposición de los gremios
sumada a la oposición militar, el
bloqueo bipartidista y las contradictorias
respuestas del fragmentado movimiento
guerrillero incluidos los episodios del
Palacio de Justicia y la masacre de
Tacueyó.

Todos ellos son objeto de un cuidadoso
análisis a través del cual el lector logra
reconstruir el proceso, peldaño por
peldaño, hasta llegar a una visión
panorámica, no por global menos nítida,
del mismo. Sin duda alguna el trabajo de
Socorro Ramírez y Luis Alberto
Restrepo constituye la explicación más
completa que hasta ahora se haya escrito
sobre la excepcional coyuntura política
que significó el gobierno de Belisario
Betancur. El libro Actores en conflicto
por la paz tiene, sin embargo, mucho
más que un simple va lor documental. Su
contenido cobra actualidad no sólo
gracias a una cierta continuidad de las
políticas de paz a lo largo de la
administración Barco sino, sobre todo,
debido al hecho de que hoy, pasados
cuatro años de culminada la experiencia
Betancur, permanecen y se reproducen
los mismos obstáculos que la frustraron
en esa oca sión.

Habría que hacer referencia sobre todo a
cuatro factores que, en la opinión de
Luis Alberto Restrepo y Socorro
Ramírez, constituyeron las barreras más
sobresalientes en la realización de un
proceso activo de reconstrucción
democrática de Colombia. En primer


Reseñas

lugar aparecen los partidos tradicionales
que, a través de sus representantes en el
Congreso, blo quearon insistentemente,
por acción u omisión, las posibilidades
de reforma durante la coyuntura del
proceso de paz. Su tradición
antirreformista, alimentada por la
necesidad de preservar un estado de
cosas sobre el cual se sustenta y
reproduce su poder, llevó a que la "clase
política" actuara como un eficaz filtro
bipartidista de la alternativa de solución
política planteada por Betancur. Esta es
quizás una de las lecciones más
relevantes que deja el proceso
adelantado entre 1982 y 1986: no hay
transformación posible mientras no se
intente, paralelamente, una profunda
reforma de los partidos y del Congreso
que permita su vinculación activa al
proyecto de cambio. Ellos, partidos y
Congreso, pese a su crisis interna, son de
todas formas "maquinaria pesada con la
que hay que contar para que no
entorpezca los mejores proyectos" (p.
56). No basta con tratar,
infructuosamente, de eludir sus intentos
de bloqueo. Es preciso reformarlos,
renovarlos y conseguir su respaldo.

Ante la crisis de representatividad de los
partidos, surgieron los gremios
empresariales como los únicos voceros
organizados de la sociedad civil,
representantes de las clases dominantes,
en abierta contradicción frente al
proyecto gubernamental. Lograron
aglutinar en tomo suyo un núcleo sólido
de oposición a Betancur con lo cual,
según los autores, se puso al descubierto
"la real estructura del régimen político y
del Estado colombiano de hoy. Detrás de
las institucio nes democráticas, del
presidencialismo y del Congreso,
subyace una fuerte armadura corporativa
con médula militar" (P. 26).

La permanente oposición de la institución
castrense a la política de paz puede
ser explicada, en parte, por la ideología
anticomunista y antisubversiva que
permea dicha institución, pero, ante
todo, por la ya larga tradición de
autonomía del poder militar frente al
poder civil en materia de orden público.
Tanto en el discurso como en los hechos
los militares dieron amplias muestras de
resistencia frente a las intenciones del
Presidente de restablecer la capacidad de
control del poder militar por el poder
civil y avanzar así en el proceso de
transforma ción democrática. La
oposición militar al proyecto de
Betancur dejó en evidencia que las
Fuerzas Armadas son un actor político
independiente y que sin su aceptación es
imposible adelantar un proceso de
solución negociada del conflicto. Ante
este hecho, en la opinión de Socorro
Ramírez y Luis Alberto Restrepo, los
dirigentes políticos sólo tienen dos
posibilidades: "o emprender una
cuidadosa transfor mación a mediano
plazo de las Fuerzas Armadas, en el
sentido de volverlas a su función
constitucional, o reco nocerlas como
actor político y darles la participación
adecuada, sobre todo en lo tocante a la
paz" (p. 280).

Finalmente, resulta imposible desconocer
las dificultades derivadas de las
características del otro actor en
conflicto: la guerrilla. Su heterogeneidad
en términos tanto políticos como
militares impide su cohesión como
sujeto único de negociación. Sus respuestas
fueron diversas y no pocas veces
contradictorias. El proceso de
negociación hubo de multiplicarse en
diversos frentes dando a su vez paso a la
multiplicación de las comisiones
mediadoras. Las condiciones exigidas
por cada agrupación para dar cumpli



Reseñas

miento a lo pactado fueron también
heterogéneas. Por lo mismo, dificultaron
su puesta en marcha y su verificación.
Más grave aún que todo esto, para los
autores, fue el hecho de que la mayoría
de grupos guerrilleros "asumieron la
política de paz como un medio para
legitimar la continuación y ampliación
de la guerra" (p. 281). Se trataba de
movimientos armados no derrotados
para quienes, dentro de una concepción
militarista, las armas conservaban un
valor estratégico, por encima de la
negociación y la mediación política que
no alcanzaron a concebir como el
espacio valioso dond e las fuerzas
enfrentadas se disputan el consenso
alrededor de sus proyectos societales.

Estos factores y tantos otros, adversos a
la consolidación de la paz en Colombia,
siguen pesando hoy en la realidad
nacional. Las innumerables lecciones
que dejó el proceso de paz de la administración
Betancur no pueden ser
desconocidas. Algunos errores se corrigieron
a lo largo de la nueva experiencia
de concertación de la administración
que está por culminar, sobre todo
aquellos relativos al procedimiento en el
curso de la negociación. Quizá ello
explique, en parte, el relativo éxito que
significa la reincorporación definitiva
del M-19. Muchos otros problemas de
peso siguen, sin embargo, sin resolver.
Ante todo aquellos relativos a las
características estructurales del régimen
que constituyen, a la vez, la principal
fuente de su crisis y el mayor obstáculo
para su resolución. Quizá por ello la paz
seguirá siendo, por muchos años, un
sueño esquivo para los colombianos.

Ana María Bejarano. Politóloga, investigadora
del Instituto de Estudios Políticos
y Relaciones Internacionales.


Reseñas

Un sistema de seguridad y defensa
sudamericano

Prólogo a Edgardo Mercado Jarrín

Lima, Centro Peruano de Estudios
Internacionales (CEPEI), 1989.

Mi amistad con el general Edgardo
Mercado Jarrín, data de los años setenta,

cuando él y yo desempeñábamos
posiciones oficiales en nuestros
respectivos países. Los estrechos

vínculos existentes entré Colombia, el
Perú y las Naciones Andinas, hacían
necesarios los encuentros de cancilleres
en la ciudad de Lima, donde pude
apreciar a través de numerosos diálo gos,
la gran versación de Mercado Jarrín en
las cuestiones de América Latina y del
Tercer Mundo.

El destino de América Latina con la
perspectiva del siglo XXI, es, en realidad,
el trasfondo de esta obra que nos
presenta Mercado Jarrín y que ha sido el
fruto de su larga experiencia a la vez
militar, política y diplomática de un
peruano excepcional por su profundo
conocimiento de los problemas
hemisféricos y mundiales. Diría más. Ha
escrito Mercado Jarrín un texto
apasionante que nos ayuda a descubrir el
entorno de las relaciones hemisféricas y
la originalidad de la solución que ahora
nos somete para resolver el problema de
la seguridad de nuestra región.

En la década de los setenta, vivíamos
todavía en medio del auge de la integración
latinoamericana, en el marco del
Tratado de Montevideo de 1960 y del
Acuerdo Subregional Andino de 1969.
Veíamos que el desarrollo comenzaba a
ser guiado por una política económica
común a fin de hacerle frente a los retos
de la industrialización, evitando la

duplicación de esfuerzos mediante la
aplicación de los planes sectoriales. En
la década siguiente, América Latina
abandona los intentos integracionistas.
Después de haberse asomado a lo que
podría llamarse la iniciación de una
política de bloque para afrontar los retos
de la segunda mitad del siglo XX, con la
necesidad de implantar las industrias
dinámicas en una economía de escala,
América Latina acepta su modesto papel
de zona dependiente de l capital
transnacional que había sido enemigo de
la integración andina y de la Reso lución
24 "sobre el régimen común del
tratamiento al capital extranjero".

En el aspecto económico como en el
político de las relaciones hemisféricas,
la década de los ochenta ha sido un
período recesivo para nuestra región,
cuando registramos:

a) La quiebra del Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca de 1947, el
TIAR, en la Guerra de las Malvinas de
1982;

b) El reforzamiento del hegemonismo
norteamericano en la época de Ronald
Reagan, de la invasión de Granada en
1983 y la utilización de Centroamérica,
como el "Patio Trasero" de la seguridad
de los Estados Unidos.

*La geopolítica de Mackinder y Spyk man
ha tenido pocos seguidores en
América Latina . Somos románticos en la
manera de enfocar para la actualidad las
circunstancias hemisféricas. La
constante evocación del Congreso
Anfictiónico de Panamá de 1826 suple
la indagación de lo que es América
Latina en el mundo de hoy cuando se
acumulan nuevas situaciones de poder,
que nos obligan a hacer un diagnóstico
exacto de la pérdida de influencia de
nuestra región. Estamos aún en plena


Reseñas

edad retórica, mientras la comunidad
internacional se trans forma en nuestro
rededor en una era dominada por la
competitividad industrial utilizando la
tecnología avanza da, basada en la
informática y la robótica.

Es muy precisa la evaluación que hace
Mercado Jarrín de la situación geo-
estratégica actual de nuestra región.
"América Latina y por tanto América del
Sur, no gravita en las relaciones
internacionales, la región desempeña un
rol relativamente irrelevante y enfrenta
en este siglo una situación de
marginalidad geopolítica". En primer
lugar, no tenemos una tecnología
avanzada. Dependemos cada vez más
del "leasing" de los equipos de los
consorcios transnacionales que controlan
los modelos de fabricación, las
cantidades ofrecidas a la exportación y
los precios. Nuestros mercados de
consumo, como lo había advertido Raúl
Prebisch desde los años cuarenta y
cincuenta, son insuficientes para
establecer industrias dinámicas en una
economía de escala. En segundo lu gar,
el impacto petrolero de los países árabes
y la formación de la OPEP, situó en el
Medio Oriente, el centro de decisiones
sobre los precios del combustible que
alimenta las industrias de Europa
Occidental y el Japón, que dando
rezagada nuestra región con materias
primas de exportación no esenciales o de
efectos secundarios como el carbón, el
café y el azúcar. Siendo, por demás claro
y evidente, que la deuda externa de
América Latina viene pesando como un
factor des integrador de las economías de
la región.

Entre tanto, el mundo se transforma en
nuestro rededor. Contemplamos la
división del planeta en una zona nórdica
desarrollada y otra subecuatorial apenas

en desarrollo, cada vez más distanciadas.
La segunda registra estancamiento
económico y en muchos países la
hiperinflación, los disturbios sociales y
aun la violencia, mientras que Europa
Occidental, culmina su unificación con
la moneda común que entrará en
circulación en 1992. La Comunidad
Económica de los seis países asociados
en 1957 en el Tratado de Roma:
Alemania Federal, Bélgica, Holanda,
Francia, Luxemburgo e Italia, se
convirtió después de tres décadas, en la
Comunidad de los doce países,
incluyendo a Dinamarca, España, Gran
Bretaña, Grecia, Irlanda, Portugal, con
los compromisos supranacionales en
todos los campos de la política exterior,
la economía, el movimiento de capitales
y la unificación de servicios, que le
hacen el espacio multinacional más
coherente del mundo. La Comunidad
Económica Europea está dirigida por un
Consejo de Ministros, las Comisiones
técnicas y un Parlamento Europeo,
elegido con el sufragio universal y
directo.

En el futuro contarán menos los Estados
individualmente considerados, que los
grandes espacios económicos o, si se
quiere, los bloques comerciales, al estilo
de Europa Occidental. No se ha
estudiado suficientemente lo que
representará la potencialidad del bloque
europeo para América Latina y la
economía mundial atrayendo inver siones
de los Estados Unidos del orden de los
US$122.000 millones y japoneses de
US$6.600 millones, con exportaciones
de US$83.000 millones de la
Comunidad Económica Europea a los
Estados Unidos y de US$40.000
millones del Japón a Europa Occidental.
Nos estamos quedando atrás de los
nuevos emporios comerciales del
Extremo Oriente, que están girando en


Reseñas

torno del Japón, que es la nueva
potencia financiera, tecnológica, industrial
y comercial del planeta.

Se crean condiciones favorables para un
alto desarrollo de las cuales no somos
beneficiarios en la Cuenca del Pacífico
con el Japón a la cabeza, seguido de
Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y
Taiwan. Abandonando los intentos
integracionistas de la década de los
setenta, América Latina regresó al siglo
XIX, con el tratamiento bilateral de sus
problemas, frente a los bloques de
poder. Ello ha sido particularmente
gravoso en los dos campos, comercio
internacional y deuda externa. Con un
monto superior a los US$400.000
millones, la deuda exter na afecta a los
países de menor desarrollo de la región
como a los más grandes, Argentina,
Brasil y México, teniendo entre ellos,
más de la mitad de la deuda. Argentina,
en particular, ha soportado en este año la
peor crisis monetaria y económica de
toda su historia, con una hiperinflación
de alcances incontrolables, que obligó al
presidente Raúl Alfonsín a dejar prematuramente
el poder en julio de 1989, ante
la imposibilidad de resolver la crisis.
Brasil se debate entre la hiperinflación y
los disturbios sociales por la carestía de
los artículos de primera necesidad y una
semimoratoria de sus pagos al exterior.
México, ha recibido ayudas financieras
especiales de los Estados Unidos, ante la
gravedad de una crisis económica que
afecta, inclusive la estabilidad política
del vecino de la superpotencia.

Se ha denunciado la paradoja de ha berse
convertido los países pobres por el
efecto de la deuda externa, en exportadores
de capital hacia los países
ricos, siendo las remesas de los países
latinoamericanos en un solo año, del
orden de los US$40.000 millones, el

doble de lo previsto en la década de los
sesenta para la Alianza para el Progreso,
con el fin de promover el desarrollo
económico y social de toda la región
durante diez años. Esa situación ha sido
mirada con indiferencia por las grandes
naciones industriali zadas. Fue, inclusive,
abandonando el Diálogo Norte-Sur,
previsto a raíz de la proclamación del
Nuevo Orden Económico Internacional
en las Naciones Unidas, en 1974.

*La decadencia de las instancias multilaterales
es el distintivo de la hora
actual. Las Naciones Unidas son un
mecanismo de discusión, más bien que
de decisión de los problemas mundiales

o regionales. Su utilidad ha crecido con
la participación de más de ciento
cincuenta Estados de todos los
continentes. La Asamblea General de las
Naciones Unidas que se reúne cada año
en Nueva York, es la concreción del
ideal de un Parlamento de los pueblos.
El Consejo de Seguridad depende
exclusivamente del consenso entre las
cinco grandes potencias, Estados
Unidos, Unión Soviética, China, Gran
Bretaña y Francia.
La UNCTAD (Conferencia de las Naciones
Unidas para el Comercio y el
Desarrollo), que despertó tantas esperanzas
a raíz de la Conferencia de
Ginebra de 1964, en la cual surgió el
Grupo de los 77 del Tercer Mundo,
estaba fundada en el diálogo entre los
dos sectores de naciones, industrializadas
y en desarrollo. La crisis del
petróleo de 1974, planteó la negociación
directa entre naciones producto ras y
consumidoras del combustible y, como
ya hemos visto, desplazó a la OPEP,
fuera de la UNCTAD, la deliberación y


Reseñas

decisión de los precios del petróleo.
Queda el GATT (Acuerdo General de
Aranceles y Comercio), como un foro de
negociación producto por producto,
dentro de un esquema más pragmático y
realista que el de la UNCTAD.

De ellos se infiere que el Tercer Mundo
dejó de ser un bloque unificado de
países con intereses comunes. Los
"nuevos ricos" del Medio Oriente
disponen de una capacidad negociadora
comparable a la de los países
industrializados con reservas monetarias
posiblemente superiores. Esto ha
contribuido a debilitar los planteamientos
universalistas sobre el Nuevo
Orden Económico Internacional que se
formulaban antes de 1974, haciendo más
precaria la posición internacional de
América Latina, que como lo anota
Mercado Jarrín es parte del Tercer
Mundo y afronta problemas regionales,
específicos de la región, para cuya
solución dejaron de tener actualidad e
importancia los mecanis mos de la OEA
(Organización de los Es tados
Americanos) con una metodología
anticuada de discursos acadé micos para
una época como la nuestra de profundo
realismo en la contemplación de los
problemas.

*En el terreno de la seguridad hemisférica,
Mercado Jarrín advierte con mucha
propiedad el cambio sufrido por el TIAR
(Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca, firmado en Río de Janeiro en
1947), que resultó inaplicable para una
emergencia tan importante como la
Guerra de las Malvinas entre Argentina
y Gran Bretaña en 1982. Los
compromisos de no agresión y
solidaridad hemisférica se vieron
anulados por la preocupación de los
Estados Unidos de prestarle ayuda a un
país socio de la OTAN como Gran

Bretaña, en contra de un país
sudamericano. Las circunstancias
estratégicas del Archipiélago de Las
Malvinas como punto defensivo de la
OTAN en el hemisferio sur, primó sobre
cualquier otra consideración de tipo
jurídico, para resolver la cuestión de la
soberanía argentina, deriva da de
antiguos títulos de los tiempos del
Imperio Español.

El TIAR se convirtió en un instrumento
del imperialismo norteamericano en sus
relaciones con América Latina. El
concepto de no agresión desapare ció y,
en su lugar, se levanta "el peligro de la
infiltración comunista", esgrimido para
denunciar "la amenaza a la seguridad de
los Estados Unidos" de países del
tamaño de Guatemala, la República
Dominicana, Cuba y Nicaragua, aun la
Isla de Granada en el Caribe. A pesar de
todos los cambios en las políticas de las
superpotencias, el llamado conflicto
"Este-Oeste", continúa siendo el eje de
la acción norteamericana en América
Latina, primordialmente en Centroamérica
y el Caribe.

Ha quedado, inclusive, eliminado el
precepto cardinal de las relaciones
internacionales de la agresión del ataque
armado, contenido en el Artículo 2,
numeral 4, de la Carta de las Naciones
Unidas, según el cual los Estados
miembros, "se abstendrán en sus relaciones
internacionales, de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza contra la
integridad territorial o la independencia
política de cualquier Estado o en
cualquier otra forma incompatible con
los propósitos de las Naciones Unidas",
lo que excluye todas las formas de
coerción de un Estado sobre otro, tales
como las medidas de embargo o de
bloqueo económico, comercial o de las
comunicaciones. Esto implica que el


Reseñas

concepto de soberanía y de no agresión
se divide en dos cate gorías
complementarias:

1.
El ataque armado, que puede ser
directo con tropas nacionales o indirecto,
con grupos paramilitares o
guerrillas.
2.
La agresión económica, por medio
de medidas destinadas a impedir el
comercio o las comunicaciones
aéreas, terrestres o navales.
Fue así como Granada sufrió una invasión
armada para lograr un cambio de
gobierno en 1983, del propio modo, que
lo habían sido Guatemala en 1954; Cuba
en 1961; la República Dominicana en
1965 y Nicaragua desde 1981, por parte
de los Estados Unidos, combinándose en
los casos de Cuba y Nicaragua el ataque
armado indirecto con la agresión
económica del bloqueo comercial. Este
último se utilizó en 1973 respecto a
Chile, para desestabilizar al gobierno
socialista del presidente Salvador
Allende.

Están creadas, por lo tanto, las circunstancias
que hacen propicia la iniciativa
de Mercado Jarrín, para llegar a
un nuevo Sistema de Seguridad y
Defensa Sudamericano, sobre las bases
expuestas en el Capítulo IX de esta obra,
que se resumen en los presupuestos
fundamentales:

1.
El compromiso político de estable cer
una "Zona de Paz" entre los Estados
de la Región Sudamericana; y
2.
De crear un Sistema de Seguridad por
medio de un Tratado de Defensa
Sudamericano, destinado a atender,
tanto los aspectos de la paz y como
los de guerra;
3.
Poner en evidencia la desnuclearización
de nuestro espacio subregio nal;
4.
Reclamar la no intervención y evitar
la regionalización o intemacio nalización
de conflictos internos;
5.
Impedir la proyección militar o política
del llamado "conflicto Este-
Oeste" a la subregión.
Para llegar al resultado final, y como un
buen estratega, Mercado Jarrín propone
una serie de etapas interme dias:

1.
Establecer la "Zona Sudamericana de
Paz", la que implicaría la exclusión de
la fuerza armada para re solver los
conflictos y definir el espacio al cual
se aplicarían los compromisos del
Tratado de Seguridad y Cooperación.
2.
Iniciar la cooperación entre las
Fuerzas Armadas de los países de
América del Sur, mediante reunio nes
de consulta y coordinación cuya
periodicidad será establecida, a fin de
intercambiar informaciones, dentro de
una doctrina de Seguridad y Defensa,
basada en la demo cracia.
3.
Redactar el Tratado de Seguridad y
Defensa Sudamericano, mediante la
convocación de un grupo de expertos
lo que supone la aceptación de las
grandes potencias y el retiro de las
bases militares de países situados
fuera de la región. Ello podrá
adelantarse a través del Grupo de los
Ocho, que por incluir a México se
tropezaría con el inconveniente de
obligar a este país a servir de
intermediario para objetivos que no se
aplicarían a su territorio.
4.
Crear el órgano de consulta propio del
sistema sudamericano, que debería
comprender a todos los países de la
subregión. Sería indispensable
distinguir entre una Comisión
Ejecutiva de pocos miembros y el
Órgano consultivo que agruparía a
todos los Estados participantes.

Reseñas

5.
Aprobación del Tratado de Seguridad
y Cooperación entre todos los Estados
sudamericanos.
6.
Constitución del Estado Mayor
Sudamericano.
7.
Formación de una Academia Sud americana
de Defensa.
El plan así definido es ambicioso y
requiere un análisis profundo en todos
sus aspectos, primordialmente de la
relación con el resto de América Latina
y con la situación particular de la
superpotencia del Norte. América del
Sur no podría ser considerada como una
"Isla" dentro de una comunidad que no
podría desentenderse de lo que
acontezca en América Central y, sobre
todo, en la zona crítica del hemisferio
que es el Canal de Panamá, donde
actualmente existe una situación incierta
respecto de la aplicación integral del
Tratado Torrijos-Carter de 1977, que le
devolvió a la República de Panamá la
plena soberanía en la antigua zona
canalera marca “U.S.A.”

*Los planteamientos que formula Mercado
Jarrín están destinados a suscitar
un amplio debate especialmente
benéfico al terminar la década de la
crisis de los ochenta y aproximamos a
los años noventa, cuando se han consolidado
las manifestaciones de la
política de bloques comerciales y espacios
integrados, llegándose a la
internacionalización del capital. El
enfoque político, como el estratégico y
el económico de América Latina necesita
ser revisado a la luz de las realidades
de un mundo en evolución. Somos no
solamente una zona subdesarrollada sino
también colonizada por las compañías
transnacionales que igualan en ferocidad
a los conquistadores españoles del siglo

XVI. Este libro proporciona los datos
esenciales para considerar a Sudamérica
como un tema de actualidad. En la era
de lo multinacional nos contentamos con
la política internacional del Estado-,
Nación, sin advertir que el mundo se
organiza sin nosotros para no decir
contra nosotros.

El debate que plantea esta densa y bien
estudiada obra geopolítica contemporánea
podría proseguirse en torno
de las siguientes áreas:

a)
La decadencia del Sistema Interamericano
y los límites del "grupismo"
para la orientación política de América
Latina

La Organización de los Estados Americanos
entró en los años ochenta en una
etapa de franca decadencia, con la
política imperial del presidente Ronald
Reagan, excluyente de toda deliberació n
sobre asuntos hemisfé ricos, que son
decididos en la Casa Blanca, dentro de
las pautas de Santa Fe I y Santa Fe II. El
grupo de Contadora quiso ser un sustituto
del Sistema Interamericano, con la
activa presencia de Colombia, México,
Panamá y Venezuela sin haber llegado a
contrarrestar el po der decisorio de la
Casa Blanca. El Grupo de los Ocho,
Argentina, Brasil, Colombia, Perú,
Uruguay, México, Panamá y Venezuela,
ha tomado el relevo del Grupo de Contadora,
siendo aún un tanto precaria la
eficacia real de los comunicados de los
jefes de Estado comprometidos en este
nuevo ensayo de diplo macia multilateral
que se queda reducido al terreno de las
buenas intenciones.

El Grupo de los Ocho tal como está
actualmente constituido no permi te un


Reseñas

funcionamiento regular con la presencia
permanente de los jefes de Estado y
tendría que ser reorga nizado para servir
de órgano político de América del Sur
con un Consejo de Planeación, integrado
por los expertos en las tres ramas
comple mentarias de la política
internacional, la economía y los asuntos
de la seguridad hemisférica. Se deben
superar las reuniones ocasionales para
entrar en la era de las reuniones
funcionales y operativas que permitan
adoptar verdaderos planes de acción
internacional.

b) El espacio geopolítico del nuevo tratado
de seguridad: ¿América Latina o
Sudamérica únicamente?

Cabe preguntar la razón para limitar el
área defensiva a Sudamérica. La
respuesta del autor es que México con
su. "relación especial" con los Estados
Unidos, por una parte, y de otra, las
concesiones de orden financiero que ha
recibido últimamente para saldar el
enorme pasivo de la deuda externa,
tiende a aproximarse a su poderoso
vecino del Norte, sin que ello suponga la
pérdida de su independencia política. La
integración ya existente en el campo
comercial entre Cana dá y los Estados
Unidos podrá ser en el futuro un modelo
para extender el bloque de América del
Norte hasta la frontera mexicana con
América Central, extendiendo la línea de
defensa de la superpotencia hasta el
Canal de Panamá.

Con ello, América Latina quedaría
dividida en dos zonas: la del predominio
de la influencia norteamericana y la de
los países restantes. El concepto de la
seguridad de Sudamérica que propicia
Mercado Jarrín, tiene su razón de ser en
la medida en que no se pierda el
concepto de la unidad y solidaridad de
intereses de toda América Latina mirada

como un conjunto, en los dos aspectos
de la renuncia al uso de la fuerza a fin de
aplicar las solu ciones pacíficas para
resolver los conflictos internacionales,
como en el fortalecimiento de la
confianza, la "zona de paz", para
disponer que sean respetadas la
soberanía como la libre determinación.

c) La coordinación de la política económica
de América Latina como grupo de
presión internacional

El concepto de la seguridad del Estado
comprende no solamente los aspectos
propiamente militares, sino los de
especie económica y social. Para la libre
disposición de recursos de supervivencia
y aun de progreso social, sería necesario
pensar en la actualización de SELA
(Sistema Económico de América
Latina), que deberá desempeñar
funciones coordinadas con las del
Tratado de Seguridad y Cooperación.

La experiencia reciente de Chile, cuando
los Estados Unidos establecie ron trabas
para la exportación del cobre a fin de
desestabilizar al presidente Salvador
Allende, y el embargo contra Cuba y
Nicaragua, nos hace pensar que la
agresión económica podría tener tanta o
mayor eficacia que la misma agresión
militar, sin correr los riesgos de éste.
América Latina es demasiado vulnerable
por su dependencia de la exportación de
materias primas del mercado interna cional
y se requiere fortalecer la coordinación
que le permita actuar como
grupo de presión en el campo internacional.
Economías subdesarrolladas
dependientes, periféricas no pue den
subsistir en el aislamiento del Estado-
Nación del siglo XIX. Han cambiado las
condiciones de la vida internacional y
debemos aceptarlo.


Reseñas

Alfredo Vázquez Carrizosa. Abogado,
investigador del Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales.


Reseñas

Tribunal permanente de los pueblos:
proceso a la impunidad de crímenes
de lesa humanidad

Sección Colombiana de la Liga
internacional por los Derechos y la
Liberación de los Pueblos (?), Bogotá,
1990 (?)

Desde el punto de vista de la sociedad
civil, que no del Estado, el signo más
promisorio del proceso político nacio nal
en la última década es la popularización
de la cultura de los derechos humanos.
A lo largo de los gobiernos de Turbay,
Betancur y Barco, en efecto, ha venido
surgiendo una nueva conciencia
ciudadana acerca de la necesidad de
garantizar a tirios y troyanos el ejercicio
efectivo de las liber tades fundamentales,
por manera que el constitucionalismo se
convierta en democracia , y en
democracia no sólo política sino también
económica y social. Este ethos
humanitario empieza a calar en amplios
sectores de la población y se expresa
tanto en la múltiple gestión
reinvidicativa de los movimientos
sociales cuanto en la creciente actividad
crítica de universidades y centros de
investigación. Unos y otros libran hoy
una decisiva batalla de opinión pública
en defensa de la vida y de la paz, con el
objetivo estratégico de ensanchar el
espacio propio de las iniciativas
ciudadanas dentro del sistema político y
a la vez humanizar, mientras resulta
factible concluir por medios legítimos,
el conflicto armado plural que tiraniza a
los colombianos. Parte esencial de tal
esfuerzo civilizador y democratizador es
la publicación de estudios sobre
derechos humanos que expliquen las
herramientas normativas vigentes y
disponibles o que describan las

violaciones concretas de las libertades
ciudadanas y las luchas democráticas
por defenderlas o resta blecerlas en la
vida cotidiana. Al segundo tipo de
publicación pertenece el libro que
recoge los materiales de la sesión de
instrucción sobre Colombia que el
llamado Tribunal Permanente de los
Pueblos celebró en el país en noviembre
de 1989.

El Tribunal Permanente de los Pue blos
es el sucesor del célebre Tribunal
Russell, que fundara el filósofo inglés a
mediados de la década de los sesenta
para "juzgar" ante la opinión pública
mundial los crímenes de guerra del
ejército norteamericano contra el pueblo
de Vietnam. Se trata de una
organización no gubernamental de
carácter humanitario, que tiene su sede
en Roma y se dedica al juzgamiento
ético de los crímenes contra la
humanidad. Fue fundado en 1979, ha
sesionado trece veces y está integrado
por 60 miembros de 31 países. Su tarea
es doble: instruir o investigar las
violaciones de los derechos humanos por
los Estados, que son los responsables de
reconocer y hacer efectivas las libertades
fundamentales de las personas en cada
país, y decidir a la luz del derecho
internacional si un Estado es o no
culpable de crímenes de lesa humanidad
contra sus propios ciudadanos. Tanto las
investigaciones cuanto las decisiones del
Tribunal Permanente de los Pueblos
carecen de obligatoriedad, por dos
razones: porque provienen de un
organismo no estatal, de la sociedad
civil, y porque la comunidad
internacional no dispone aún de un
sistema de jurisdicción coactiva, que
pueda imponer sus opiniones o
sentencias a los Estados eventualmente
sujetos a su autoridad. Pero los
pronunciamientos del Tribunal tienen en


Reseñas

la práctica importantes efectos políticos,
al poner en evidencia la política opresiva

o represiva de muchos gobiernos y
apelar a la creciente sensibilidad
humanitaria de la audiencia planetaria.
En los últimos cuatro años, el Tribunal
se ha propuesto sustanciar y enjuiciar la
impunidad de los regímenes
latinoamericanos por la comisión de
numerosos y reiterados crímenes de lesa
humanidad contra sus nacionales. La
sesión de instrucción sobre nuestro país,
que constituye la materia del volumen
reseñado, fue convo cada a solicitud de
72 organizaciones de la sociedad civil
(humanitarias, sindicales, profesionales,
religiosas, académicas, periodísticas,
comuna les) y se llevó a cabo en el
Centro de Convenciones de Bogotá
durante los días 4, 5 y 6 de noviembre
del año pasado. El ejercicio se dividió en
cuatro "momentos": la acusación o formulación
de cargos contra el Estado
colombiano por la práctica de
desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales, torturas, masacres y
otros crímenes contra la humanidad, que
estuvo a cargo de 29 de las entidades
convocantes; el examen de los
mecanismos de impunidad; el análisis
del fuero militar; y el estudio del papel
de los medios de comunicación frente a
las violaciones de los derechos humanos.
En los tres últimos momentos la
sesión discurrió de tal manera que hubo
acusación y defensa del Estado, la
institución castrense y la industria
cultural, a fin de que los tres jueces
extranjeros y el auditorio nacional
escucharan cargos y descargos, y se
formaran así una idea cabal de la problemática
investigada por el Tribunal.
Al foral, la secretaría levantó un acta
notarial sobre el desarrollo de la se sión y
los jueces emitieron una opinión
bastante lacónica por cierto, en la cual se
pone en evidencia la responsabilidad
oficial por la generalizada impunidad
que campea frente a los crímenes de lesa
humanidad contra la población
colombiana y se llama a juicio al Estado
por dicha situación. La sesión de
conocimiento o juzgamiento debe
celebrarse en mayo de 1990, de acuerdo
con lo previsto por el Tribunal
Permanente de los Pueblos.

El documento que nos ocupa tiene
interés como fuente de consulta y referencia
para el diagnóstico de los
derechos humanos en Colombia, y como
testimonio del activismo de nuestra
sociedad civil y de la comunidad
humanitaria mundial en ésta, la más
noble de las causas democráticas. Pero
más allá de la denuncia de las
atrocidades cometidas con la
participación o la tolerancia de las
autoridades y ante la impotencia del
sistema judicial, la publicación de la
Sección Colombiana de la Liga Interna cional
por los Derechos y la Liberación
de los Pueblos aporta muy poco a la
reflexión ética, jurídica y política sobre
los derechos humanos en Colombia y
América Latina. Y a pesar de su alto
valor testimonial y divulgativo, la
edición parece pirata pues carece de la
más elemental información sobre editor
responsable, casa impresora, lugar y
fecha, sin mencionar el ISBN
(International Standard Book Number)
cuya omisión priva al libro de su
incorporación automática y gratuita en
los catálogos bibliográficos internacionales.
Peor aún, la obra no contiene
una introducción general de naturaleza
didáctica en la cual los editores
colombianos deberían haber presentado
la compilación documental y ubicado el
trabajo del Tribunal Permanente de los
Pueblos en el complejo y conflictivo
contexto colombiano, para subrayar en
últimas el carácter estratégico del


Reseñas

discurso humanita rio en el proceso
político nacional. Podrían alegarse
razones de seguridad para tales
omisiones pero la defensa de los
derechos humanos de los colombianos
exige no sólo asumir riesgos sino
también demostrar profe sionalismo
cuando se trata de ilustrar a la
ciudadanía por medio de la palabra
impresa.

He aquí otra oportunidad pedagógica
parcialmente malograda, en una coyuntura
crítica en la cual mal pueden
desaprovecharse los escasos recursos
disponibles para enriquecer el debate
público con más y mejores elementos de
juicio sobre los derechos humanos como
ética de la democracia.

Hernando Valencia Villa. Abogado,
inves tigador del Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales.


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